JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, San Cristóbal, treinta (30) de abril de dos mil siete 197° y 148° Asumidas como han sido las funciones de quien suscribe como Juez temporal de este Juzgado, ME AVOCO al conocimiento de la presente causa, y en base al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se continúa el proceso en el estado en que se encuentra. A tal efecto, de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, primer aparte, se fija un lapso de tres (3) días de despacho, para que las partes recusen, allanen o el Juez se inhiba, dicho lapso correrá paralelo a los de la causa. De las actas procesales que conforman el presente expediente N° 2224, se evidencia que se trata de un juicio de COBRO DE BOLIVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACION incoado por la ciudadana MARIANELLA LINARES ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad No. V-10.164.398, asistido por el abogado JESUS LEONARDO MORENO ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No. V-10.153.947, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 67.154, quien alega ser tenedora legitima de un cheque del Banco Sofitasa, por un monto de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVARES SIN CENTIMOS, (Bs. 733.635,oo), girado en fecha 20-12-97, y dos letras de cambio emitidas por un valor de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,oo), vencidas y libradas por el ciudadano GUSTAVO MUÑOZ, Extranjero, mayor de edad, con cédula de identidad No. E-81.741.102, a quien demanda por el procedimiento de intimación. En fecha 19 de junio de 1998, el extinto Juzgado 4º de Parroquia de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, admite la demanda por el procedimiento de intimación, (folio 7). En fecha 29 de junio de 1998, el Juzgado anteriormente citado procede a ejecutar medida preventiva de embargo decretada en el auto de admisión. Ahora bien, a los fines de decidir la presente causa, quien juzga observa: Desde el 29 de junio de 1998, fecha de la ejecución de la medida preventiva, la parte actora no realizó actuación procesal alguna en el expediente para impulsar la causa; esto es, no ejecutó ningún acto de procedimiento tendiente a darle continuidad al juicio, se evidencia pues, que no hubo actividad procesal determinante que procure que el juicio transite a su fin. De allí que queda demostrada que la inactividad de parte supero con creces el término de un (01) año El Tribunal precisa respecto a la perención de la instancia: La perención de la Instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso. Cuando esta omisión se prolonga por más de un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se extingue toda instancia. De lo que se infiere que un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, dado que la PERENCION DE LA INSTANCIA es la extinción del proceso que se produce por su paralización de más de un año, en que no realiza impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de la actividad que supone la detención prolongada del proceso. Por lo tanto al no existir por más de un (1) año, actividad procesal alguna en el presente procedimiento, dirigida a movilizar y mantener en curso el mismo, resulta forzoso declarar la perención de la Instancia. ASI SE DECIDE. Por todo lo antes expuesto, este Juzgado TERCERO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA , en el presente juicio conforme a la norma transcrita. No hay condenatoria en costas conforme al artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Déjese copia certificada de esta decisión para el archivo del Tribunal. Juez temporal Juan J. Molina Camacho. La Secretaria temporal,