REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

Los Teques,
198° y 149°

CAUSA N° 7014-08.

IMPUTADO: BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO.
DEFENSA PRIVADA: ABG. ALEXIS GOMEZ CASTRO
VICTIMA: GOMEZ SILVA JHONNY JESUS y YANEZ HERNANDEZ ELY JOSE.
FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO: NORA LUZ ECHAVEZ, FISCAL AUXILIAR VIGESIMO CON COMPETENCIA EN MATERIA AMBIENTAL Y PLENA.
DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO EN LA COMISION DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO.
PROCEDENCIA: TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL EXTENSION BARLOVENTO
MATERIA: PENAL
MOTIVO: APELACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
JUEZ PONENTE: DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO.


Corresponde a este Tribunal Colegiado del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, conocer del Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del Derecho: JANETH LEDEZMA, Fiscal Sexta del Ministerio Público del Estado Miranda, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, en fecha 11 de marzo de 2008, mediante la cual, se declaró procedente el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas menos gravosas al ciudadano BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO, consistentes en la presentación de dos (02) fiadores que deberán tener un ingreso igual o mayor a 150 Unidades Tributarias cada uno, y una vez satisfecha dicha fianza deberá presentarse cada ocho (08) días ante la Oficina de Alguacilazgo de la Extensión Barlovento del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

En fecha 13 de junio de 2008, se le dio entrada a la causa asignándole el N° 7014-08, quedando designada como ponente quien suscribe el presente fallo con tal carácter.

En fecha 19 de junio de 2008, se dictó auto mediante el cual se acuerda librar oficio al Tribunal Primero de Control de la Extensión Barlovento de este Circuito Judicial Penal, solicitándole la remisión de copia certificada de la decisión proferida en fecha 11/03/2008, dado que esta Instancia Superior lo considera necesario para emitir el correspondiente pronunciamiento.

En fecha 08 de julio de 2008, se recibe en esta Alzada copia certificada de la decisión dictada en fecha 11/03/2008, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, constante de tres (03) folios útiles.

En fecha 10 de julio de 2008 (f. 299 al 301), esta Instancia Superior ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contra la decisión dictada en fecha 11 de marzo de 2008, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento.

En fecha 18/07/2008, esta Alzada acordó oficiar al Tribunal Primero de Control de la Extensión Barlovento de este Circuito Judicial Penal, a los fines de solicitar que informe a esta Alzada sobre el estado actual de la causa seguida en contra del ciudadano BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO.

En fecha 31/07/2008 se recibe en este órgano jurisdiccional la información solicitada al Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Barlovento, mediante Oficio N° 2038-08.

Este Tribunal de Alzada, para decidir previamente observa:

DE LA DECISION IMPUGNADA

En fecha 11 de marzo de 2008, (folios 294 al 296 de la Compulsa) el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, dictó auto mediante el cual emitió el siguiente pronunciamiento:

“... Vista (sic) las actas que anteceden y por cuanto en fecha 10 de Marzo de 2008, venció el lapso de prórroga concedido a la Fiscal Sexto del Ministerio Público sin que hasta la presente fecha haya materializado la presentación del acto conclusivo, este operador de justicia a los fines de decidir, previamente observa:
PRIMERO: El imputado fue presentado por ante este Tribunal por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, en dicha audiencia se declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público y en Consecuencia se decretó la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con los artículos 250, ordinales 2° y 3° del artículo 251 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal al imputado BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO, por la presunta comisión de un delito HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal.
SEGUNDO: Que en fecha 15 de Febrero de 2008, compareció el Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y solicito una prorroga de conformidad con lo establecido con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fue acordada mediante auto para el 06 de Marzo de 2008.
Ahora bien, quien aquí decide puede evidenciar de las actas que hasta la presente fecha la Fiscalía Sexta del Ministerio Público NO HA PRESENTADO ACUSACION en contra de la imputada de autos y siendo que el artículo 250 de la Ley Penal Adjetiva establece, “… Vencido el lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de Control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva”, en consecuencia, es por lo que lo procedente y ajustado a derecho es otorgarle medida cautelar sustitutiva prevista en el artículo 256 ordinal 8° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 260 del Código Orgánico Procesal Penal…
DISPOSITIVA
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, este Tribunal Primero de Control de al (sic) Extensión Barlovento del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITTUTIVA MENOS GRAVOSA al ciudadano BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO, ampliamente identificad (sic) en autos, bajo las siguientes condiciones:
El imputado deberá presentar Dos (02) fiadores que deberán tener un ingreso igual o mayor a 150 Unidades Tributarias cada uno, y una vez satisfecha dicha fianza deberá presentarse cada (08) días ante la Oficina de Presentación de Imputados llevada por el Alguacilazgo de esta Extensión del Circuito Judicial Penal] de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, los días lunes, y de igual forma presentarse a los actos del procesos (sic) que le sean fijados.”


DE LA ACCION RECURSIVA

Cursa en los folios 257 al 269 de la compulsa, Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho JANETH LEDEZMA, en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contra la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, de fecha 11 de marzo de 2008, en los siguientes términos:

“… LLEGADO EL MENCIONADO DIA PARA CONSIGNAR EL ESCRITO ACUSATORIO, ES DECIR, EL 10/03/2008, ES VISTA (SIC) DE LA IMPOSIBILIDAD QUE TENIA ESTA REPRESENTACION FISCAL DE LLEGAR AL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA EXTENSION BARLOVENTO ANTES DE LAS 07:00 DE LA NOCHE (POR CUANTO ESTE DESPACHO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA POBLACION DE HIGUEROTE), CON EL ESCRITO DE ACTO CONCLUSIVO ALUDIDO, ES POR LO QUE COORDINÓ EN HORAS DE LA TARDE CON EL FISCAL AUXILIAR DE ESTA FISCALIA, MIGUEL A. GOMEZ ARAMBURU, QUIEN SE ENCONTRABA EN EL INDICADO CIRCUITO, PARA QUE EL MISMO ALERTARA DE LA SITUACION A LOS FUNCIONARIOS DE ALGUACILAZGO, HACIENDOLE LA OBLIGADA MENCION DE QUE DICHO ESCRITO LE SERIA ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO, PARA QUE LO RECIBIERA, LO IMPRIMIERA Y LO CONSIGNARA, MOTIVO POR EL CUAL, NO TENIENDO EL REPRESENTANTE FISCAL ESTAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A LA MANO, TUVO QUE TRASLADARSE AL CENTRO DE COMUNICACIONES QUE SE ENCUENTRA EN “TERRAZAS DEL ESTE”, UBICADO ESPECIFICAMENTE AL LADO DEL PROPIO CIRCUITO PENAL, PERO NO SIN ANTES ADVERTIR AL CIUDADANO ALGUACIL JOSE BARCO, APROXIMADAMENTE A LAS 06:50 P.M., DE LA CONSIGNACION DE LA ACUSACION DESPUES DE LAS SIETE DE LA NOCHE, RESPONDIENDOLE EL MISMO QUE YA ESTABAN ENTREGANDO, LO QUE DEJO VER LA DECADENCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO, DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y DEL APEGO EN COLABORAR CON LA JUSTICIA, DE PARTE DE ESTE FUNCIONARIO, ASIMISMO, SE LE SOLICITO LA PRESENCIA DEL COORDINADOR DE ALGUACILAZGO, CIUDADANO RAUL MARCHENA, INDICANDOSELE QUE EL MISMO TAMPOCO SE ENCONTRABA EN LA SEDE.
AL REGRESAR DEL CYBER (sic), APROXIMADAMENTE A LAS 07:40 P.M., A LA SEDE DEL CIRCUITO JUDICIAL, CON EL ESCRITO ACUSATORIO EN CONTRA DE RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA EN LA EJECUCION DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, EN PERJUICIO DE QUIEN EN VIDA RESPODNIA (SIC) AL NOMBRE DE DENNYS GREGORIO VARGAS NAVAS, SE HAYA CON LA SITUACION DE QUE NO HABIA ALGUN FUNCIONARIO DE ALGUACILAZGO QUE LE RECIBIERA EL ESCRITO, ENCONTRANDO SOLO AL COORDINADOR DE SEGURIDAD (VIGILANCIA), SR. FARIÑA, QUIEN LE COMUNICA VIA TELEFONICA DESDE UNO DE LOS TELEFONOS DEL MENCIONADO CIRCUITO AL ALGUACIL ALDEMAR SANCHEZ, QUIEN HABITA EN LAS CERCANIAS DEL CIRCUITO DE LA EXTENSION BARLOVENTO, PERO ESTE LE MANIFESTO QUE YA HABIA MARCADO LA SALIDA Y QUE LE SUGERIA QUE HABLASE CON EL COORDINADOR DE ALGUACILAZGO RAUL MARCHENA Y SI ESTE LE DABA LAS INSTRUCCIONES, EL SE DIRIGIRIA A LA SEDE DEL CIRCUITO A RECIBIR EL ESCRITO, PERO AL COMUNICARSE CON RAUL MARCHENA, ESTE LE INDICA QUE SI NO HAY ALGUN ALGUACIL EN LA SEDE, NO HAY NADA QUE HACER.
SIN EMBARGO, EL PROPIO FUNCIONARIO DE SEGURIDAD (VIGILANCIA), LE INDICO AL FISCAL AUXILIAR MIGUEL A. GOMEZ ARAMBURU, QUE EL DR. FRANCISCO LARA (JUEZ QUE CONCOE DE ESA CAUSA Y QUE ADEMAS ESTABA DE GUARDIA PARA ESE DIA), SE ENCONTRABA AUN EN EL CIRCUITO, POR LO QUE AQUEL, EN VISTA DE LA AUSENCIA DE ALGUACILES Y ESTANDO EL MISMO JUEZ QUE CONOCE DE LA CAUSA, EN LA SEDE, Y QUIEN ADEMAS TAMBIEN ERA EL JUEZ DE GUARDIA ESE DIA; SIN QUE EXISTIERA ALGUN TIPO DE PROHIBICION VERBAL NI ESCRITA PARA ACCEDER A LAS INSTALACIUONES SUPERIORES, COMO SIEMPRE LO HEMOS HECHO LOS OPERADORES DE JUSTICIA QUE LABORAMOS HASTA TARDE EN ESE RECINTO; SE DIRIGIO HASTA SU DESPACHO Y LE HIZO DE SU CONCOCIMIENTO LA SITUACION, PRESENTANDOLE EL TANTAS VECES NOMBRADO ESCRITO ACUSATORIO PARA QUE SE LO RECIBIERA, ARGUYENDO EL MENCIONADO JUEZ QUE EL NO ES EL FACULTADO PARA RECIBIR ALGUN DOCUMENTO, POR LO QUE EN PRESENCIA DEL MENCIONADO FISCAL, LLAMO A LA PRESIDENTA DEL CIRCUITO DEL ESTADO MIRANDA, A LOS FINES DE CONSULTARLE LA SITUACION, DEJANDOLE EL MENSAJE EN LA CONTESTADORA; ASI MISMO, ESTABLECIO COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON OTRA JUEZ DE LA CUAL SE DESCONOCE NOMBRE, RESOLVIENDO AL FINAL RECIBIR EL ESCRITO ACUSATORIO, DEJARLO EN SU DESPACHO Y DARLE LA INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA DE SELLARLO, FIRMARLO Y CONSIGNARLO EN EL EXPEDIENTE AL DIA SIGUIENTE; TODO ELLO SIN HABERLE SELLADO NI FIRMADO AL FISCAL LA RESPECTIVA COPIA QUE ACREDITARA SU RECIBO ESE DIA, CONFIGURANDOSE ENTONCES CON ELLO EL RECIBO DE LA ACUSACION, DE HECHO, EN LA MENCIONADA FECHA, ES DECIR, EL 10/03/2008, EN TIEMPO HÁBIL, PUES EL DIA TIENE 24 HORAS Y TERMINA A LAS 12:00 DE LA NOCHE.
AL DÍA SIGUIENTE, ES DECIR, EN FECHA 11/03/2008, EL JUEZ DE LA CAUSA, PROCEDE A REVISAR LA MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD QUE PESABA SOBRE RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA, AL SUSTITUYENDOLA (SIC) POR UNA CAUTELAR MENOS GRAVOSA SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, CONSISTENTE EN FIANZA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 256, ORDINAL 8° Y 3° DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, EN BASE A LA FALTA DE ACUSACION FISCAL…
EN VIRTUD DE ELLO, EL TRIBUNAL 1° DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE MIRANDA, EXTENSION BARLOVENTO CON SU DECISION DEL 11 DE MARZO DE 2008, VULNERO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, DE GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DEL DEBIDO PROCESO, DE EJERCER EN NOMBRE Y REPRESENTACIONDEL ESTADO LA ACCION PENAL CORRESPONDIENTE Y EN EL TIEMPO OPORTUNO, APEGADO A LA LEY, COMO ES NUESTRO DEBER.
AUNADO A ELLO Y COMO CONSECUENCIA DE SU DESATINADA ACTUACION, EL TRIBUNAL TAMPOCO SE PRONUNCIO EN CUANTO A LA SOLICITUD QUE EN EL MISMO ESCRITO ACUSATORIO SE LE HIZO DE MANTENER LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD QUE PESABA SOBRE RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA, DESDE EL 25/01/2008, INFRINGIENDO ENTONCES EL MANDATO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 51…
CIUDADANOS MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES, CON EL OBRAR DEL JUEZ PRIMERO DE CONTROL DE LA EXTENSION BARLOVENTO, ES DECIR, AL HABER SUPLIDO LA FALTA DE UN ALGUACIL Y RESOLVER RECIBIR DE HECHO LA ACUSACION PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO EN FORMA OPORTUNA ANTES DE LAS 12:00 DE LA NOCHE DEL 10/03/2008, MANTENIENDOLA EN SU DESPACHO HASTA EL DIA SIGUIENTE; Y POSTERIORMENTE, REVISAR A FAVOR DEL IMPUTADO LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD QUE SOBRE EL PESABA POR CONSIDERARSE QUE HABIAN SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCION PARA TENERLO COMO AUTOR CULPABLE DEL HECHO ILICITO IMPUTADO Y POR VERIFICARSE QUE ESTABA PROBADO EL PELIGRO DE FUGA, TAL Y COMO ARGUMENTO EN SU DECISION DE FECHA 25/01/2008, SUSTITUYENDOLA DESPUES POR OTRA MENOS GRAVOSA SIN HABER CAMBIADO LOS SUPUESTOS QUE MOTIVARON LA PRIVACION DE JUDICIAL (SIC) POR PARTE DE ESE MISMO TRIBUNAL; VIOLENTO DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ELEMENTALES, COMO EL DERECHO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DE SOLICITAR Y RECIBIR OPORTUNA RESPUESTA, DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y DEL DEBIDO PROCESO, TODA VEZ QUE, EN RAZON DE LO NARRADO HA PUESTO CON UN PIE EN LA CALLE, A UNA PERSONA QUE PARA PODER TRAERLA AL PROCESO PENAL HUBO QUE BUSCARLA CON UNA ORDEN JUDICIAL EN VISTA DE SU NO VOLUNTAD DE SOMETERSE A LA PERSECUCION PENAL, DEJANDO EN CONSECUENCIA, INVÁLIDO LA ASEGURACION DE LAS RESULTAS DEL PROCESO, TODA VEZ QUE EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ SATISFACERSE LA FIANZA OTORGADA POR EL MENCIONADO JUEZ DE CONTROL…
HA DEBIDO MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD QUE PESABA SOBRE RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA, PRIMERAMENTE PORQUE AL HABER RECIBIDO LA ACUSACION EN SUS MANOS EN SU DESPACHO, POR PARTE DEL FISCAL AUXILIAR SEXTO DEL MINISTERIO PUBLICO, MIGUEL A. ARAMBURU, QUIEN NO ENCONTRO ALGUACIL ALGUNO PARA HACERLE LA ENTREGA DE TAL ESCRITO, EN TIEMPO HÁBIL Y AL HABERLA MANTENIDO RESGUARDADA EN SU OFICINA TODA LA NOCHE DEL 10/03/2008 HASTA EL DIA SIGUIENTE, PARTIO DE UN FALSO SUPUESTO DE ACUSACION FISCAL Y COMO CONSECUENCIA NO HA DEBIDO REVISAR DICHA MEDIDA A FAVOR DEL IMPUTADO; ADEMÁS DE TODO LO ANTES EXPUESTO, POR CUANTO TAL DECISIÓN TAMPOCO SE AJUSTA EN NADA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 244 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL…
PETITORIO
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITO DE ESA HONORABLE CORTE DE APELACIONES SE ADMITA EL PRESENTE RECURSO DE APELACION, SE DECLARE CON LUGAR, SE DECLARE PRESENTADA LA ACUSACION FISCAL EN CONTRA DE RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA POR LA COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA EN LA EJECUCION DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, EN PERJUICIO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE DENNYS GREGORIO VARGAS NAVAS EN FECHA 10/03/2008, ES DECIR, EN TIEMPO HABIL Y OPORTUNO CONFORME A LA LEY; SE ANULE LA DECISION IMPUGNADA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2.008, EMANADA DEL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSION BARLOVENTO, CONDUCIDO POR EL DR. FRANCISCO LARA, MEDIANTE LA CUAL REVISA LA DECISION DE FECHA 25/03/2008 Y LA SUSTITUYE POR UNA MENOS GRAVOSA, POR LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIEBRTAD, DE LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 256, ORDINAL 8, CONSISTENTE EN FIANZA, Y EN CONSECUENCIA, SE DECLAREN NULOS TODOS LOS ACTOS QUE HAYAN SIDO INFECTADOS POR EL ÍRRITO; ASIMISMO, SE REESTABLEZCA LA SITUACION DEL IMPUTADO EN DICHO PROCESO, ES DECIR, SE MANTENGA LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD QUE PESABA SOBRE RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA, POR LA COMISION DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCION DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, EN PERJUICIO DE QUIEN EN VIDA RESPODNIA (SIC) AL NOMBRE DE DENNYS GREGORIO VARGAS NAVAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 250 Y 251 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, Y SE FIJE CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 327 DEL CODIGO ADJETIVO PENAL, EL ACTO DE AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, LIBRANDOSE PARA ELLO, CON SUFICIENTE ANTELACION, LAS DEBIDAS BOLETAS DE NOTIFICACION DADA LA GRAN DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL CIRCUITO JUDICIAL PENAL Y LA SEDE FISCAL. FINALMENTE, CON TODO RESPETO Y POR ETICA PROFESIONAL EN LAS LABORES QUE COMO OPERADORES DE JUSTICIA EJERCEMOS, SOLICITO A ESTA HONORABLE CORTE DE APELACIONES SE PRONUNCIE, EN CUANTO A LA NECESIDAD DE PERMANENCIA DE ALGUN ALGUACIL EN LA SEDE DEL MENCIONADO CIRCUITO JUDICIAL EXTENSION BARLOVENTO, MIENTRAS SE ENCUENTRE UN JUEZ DE CONTROL EN LA MISMA, ASÍ COMO EN AUSENCIA DE ESTE, PASADAS LAS 07:00 HORAS DE LA NOCHE, TODA VEZ QUE ESA SERÍA LA UNICA MANERA DE QUE NO SE HAGA ILUSORIO Y UTÓPICO EL CRITERIO SOSTENIDO EN SALA CONSTITUCIONAL DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE QUE EL DIA TIENE 24 HORAS, Y EN CONSECUENCIA, LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PETICIONES DENTRO DE DICHO HORARIO, PUES DE LO CONTRARIO, ESE VACIO ENTRE LAS 07:00 P.M. Y 12 P.M., SEGUIRA SIENDO SOLO ESO, UN VACIO Y UNA MENTIRA TRASTOCA Y VULNERA ABIERTAMENTE EL IDEAL DE JUSTICIA QUE TODOS ESPERAMOS.”
ESTA CORTE DE APELACIONES, A LOS EFECTOS DE SU PRONUNCIAMIENTO, PREVIAMENTE OBSERVA:

El único punto a ser revisado por esta Alzada lo constituye la decisión del Tribunal A-Quo de otorgar medidas cautelares sustitutivas menos gravosas al ciudadano BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO, contenidas en el artículo 256 numerales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en base a la no presentación del escrito acusatorio por parte de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.

La norma adjetiva penal establece en su artículo 250 lo siguiente:

“… el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva…”


De lo anteriormente citado se desprende que el Juez de Control al constatar el vencimiento del lapso legal establecido para que el Fiscal del Ministerio Público presente su acusación y su prórroga, sin que efectivamente la representación fiscal haya realizado su solicitud de enjuiciamiento, debe otorgar la libertad del detenido siéndole facultativa la imposición de una medida cautelar sustitutiva.

Revisado exhaustivamente el presente expediente, se constata en primer lugar, que el Juez Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Barlovento, estableció textualmente en la decisión recurrida lo siguiente:

“… Ahora bien, quien aquí decide puede evidenciar de las actas que hasta la presente fecha la Fiscalía Sexta del Ministerio Público NO HA PRESENTADO ACUSACION en contra de la imputada de autos y siendo que el artículo 250 de la Ley Penal Adjetiva establece, ‘… Vencido el lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de Control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva’, en consecuencia, es por lo que lo procedente y ajustado a derecho es otorgarle medida cautelar sustitutiva prevista en el artículo 256 ordinal 8° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 260 del Código Orgánico Procesal Penal…”

Ahora bien, de autos se desprende que la decisión recurrida mediante la cual se declara procedente el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva menos gravosa al ciudadano BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO, dada la no presentación de la acusación por parte de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, es de fecha 11 de marzo de 2008, constatándose igualmente de los folios 240 al 251 de la presente compulsa, que el escrito acusatorio presentado por el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Abg. MIGUEL A. GOMEZ ARAMBURU, posee fecha de recepción ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, del día 11 de marzo de 2008 a las nueve horas y cinco minutos de la mañana (09:05 a.m.).

Es posible constatar que la presentación del escrito acusatorio resultó ser extemporánea en razón de menos de veinticuatro (24) horas y el Juez ante el cual se presentó esta circunstancia, debió sopesar la entidad del delito presuntamente cometido, los supuestos que hacen procedente el otorgamiento de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y la interpretación de las instituciones procesales, tratando que si bien el proceso debe ser una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

El artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presentes en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado en garantía de la paz social, teniendo en cuenta que el bien individual nunca puede encontrarse por encima del bien colectivo.

Por su parte, los artículos 326 y 327 del Código Orgánico Procesal Penal establecen lo que seguidamente se transcribe:

Artículo 326. Acusación. “Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el tribunal de control…”

Artículo 327. Audiencia preliminar. “Presentada la acusación el Juez convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte…”


En el caso que ocupa la atención de esta Instancia Superior, se observa que la presentación del escrito acusatorio se realizó en la misma oportunidad en que se dictó la decisión objeto de la impugnación que hoy ocupa la atención de esta Alzada, y en el mismo se evidencia la existencia de fundamentos serios en los que se basa la representación fiscal para solicitar el enjuiciamiento del ciudadano RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA, por estimarse su presunta participación o autoría en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA EN LA EJECUCION DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, y es posible constatar que la Audiencia Preliminar a que se contrae el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal se encontraba fijada para el día 29-07-2008 a las 10:00 a.m., ante el Tribunal de la causa, tal como lo expresa el Juez del Juzgado Primero de Control de la Extensión Barlovento, mediante Oficio N° 2038-08, cursante al folio 309 de la compulsa.


El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal señala lo siguiente:

Artículo 250. “El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de la libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”

En el caso de marras, se verifica que el Juez Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Barlovento, en Audiencia de Presentación del imputado, acogió la calificación por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, y en el escrito acusatorio cursante en los folios 240 al 251 de la compulsa, la representación fiscal atribuye al mencionado ciudadano la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA EN LA EJECUCION DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1, en relación con el artículo 458, concatenado con los artículos 80 y 424 todos del Código Penal vigente, observándose que la acción penal no se encuentra evidentemente prescrita y merece pena privativa de libertad, cumpliéndose con ello el primer requisito establecido por el legislador a efectos de otorgar una medida de coerción personal privativa de la libertad. De autos se desprende igualmente la existencia de fundados elementos de convicción en contra del ciudadano BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO, y en virtud de la pena que podría llegarse a imponer en el presente caso, se configura la presunción razonable de peligro de fuga, conforme a lo estipulado en el tercer numeral del artículo ut supra transcrito en concordancia con el artículo 251 eiusdem.

Resulta evidente para esta Corte de Apelaciones, que el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas en el presente caso, no atiende los fines de la tutela judicial efectiva, por cuanto el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda de la Extensión Barlovento, realizó una interpretación literal de la norma que hace procedente el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas a la privación de libertad, una vez vencido el lapso de presentación del escrito acusatorio, sin estimar de igual forma el derecho a que, presentada la acusación formal en contra del imputado, los órganos judiciales aseguren la finalidad del proceso para llegar a conocer el fondo de las pretensiones de los particulares, en este caso, de las víctimas que reclaman el resarcimiento del daño ocasionado a un bien jurídico de gran entidad como es la vida de un individuo, a través de una decisión dictada en derecho, de allí que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señale que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, que sin desconocer derechos humanos individuales permita la investigación del hecho punible asegurando los derechos humanos de las víctimas.

A mayor abundamiento, es conveniente señalar lo asentado por nuestro máximo Tribunal en Sala Constitucional, mediante sentencia N° 1079 de fecha 19/05/2006, con ponencia del Magistrado PEDRO RONDON HAAZ:

“…Conforme al régimen legal vigente en Venezuela, de coerción personal aplicables en el proceso penal la privación de libertad y demás medidas cautelares son providencias de excepción que sólo son autorizadas por la ley, como medios indispensables para el aseguramiento de las finalidades del proceso, tal como, clara e indubitablemente, lo preceptúan los artículos 9.3, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 243 in fine del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:… El aseguramiento de las finalidades del proceso es en virtud del carácter restrictivo de la interpretación a las normas sobre restricción a la libertad el fundamento legal de la excepción, que esta desarrollada en los artículos 250 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal, al principio constitucional y legal del juicio en libertad…” (Subrayado nuestro).

Desprendiéndose de lo anterior que las medidas cautelares sustitutivas resultan medios indispensables para el aseguramiento de las finalidades del proceso, las cuales poseen un carácter instrumental o cautelar como su propio nombre lo indica, y vista la acusación formal existente en contra del ciudadano BLANCO PEREIRA RICHARD ANTONIO, así como fundados elementos de convicción que hacen presumir que el mismo es el autor o participe en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN COMPLICIDAD CORRESPECTIVA EN LA EJECUCION DE UN ROBO GRAVADO FRUSTRADO, y dada la naturaleza del hecho delictivo y las circunstancias en que este fue presuntamente cometido, debiendo privar el interés colectivo sobre el interés particular y a los fines de asegurar la finalidad del proceso, encontrándose llenos los requisitos del artículo 250 y el supuesto del parágrafo primero del artículo 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente y ajustado a derecho es REVOCAR la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, y en su lugar DECRETAR la Privación Judicial Preventiva de Libertad del ciudadano RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA; en consecuencia, se fija como sitio de reclusión del mismo el Internado Judicial Capital Rodeo II. Y ASI SE DECIDE.


DISPOSITIVA


Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del Derecho: JANETH LEDEZMA, Fiscal Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
SEGUNDO: SE REVOCA la decisión dictada en fecha 11/03/2008, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, y en su lugar se decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano: RICHARD ANTONIO BLANCO PEREIRA, en consecuencia, se establece como sitio de reclusión el Internado Judicial Capital Rodeo II, quedando el ciudadano antes mencionado a la orden del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento. Líbrese la correspondiente Orden de Captura y Boleta de Encarcelación.

Regístrese, diarícese, déjese copia, y remítase la presente causa a su Tribunal de Origen.

EL JUEZ PRESIDENTE


RUBEN DARIO MORANTE HERNANDEZ



LA JUEZA PONENTE


MARINA OJEDA BRICEÑO


EL JUEZ INTEGRANTE


LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ

LA SECRETARIA


GHENNY HERNANDEZ APONTE


Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado.


LA SECRETARIA


GHENNY HERNANDEZ APONTE



RDMH/MOB/LAGR/meja.
Causa: 7014-08.