TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EL JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
GUATIRE, 03 de diciembre de 2008
198º y 149º
Admitida como fue la demanda por DESALOJO intentada por TEOFILA PEREZ PEREZ contra NORKYS DEL VALLE RIVERO ARTIGAS, contenida en el expediente Nro. 2541-2008, consignados como fueron los requerimiento hechos en el auto de fecha 27 de Noviembre de 2008, este Tribunal pasa a pronunciarse con relación a la medida de Secuestro solicitada por la parte actora en su libelo de la demanda y al efecto OBSERVA:
PRIMERO: Plantea la parte Actora, por intermedio de sus apoderadas judiciales en su libelo de demanda, en términos generales, lo siguiente:
1) Que en fecha 30 de Febrero de 2005, dio en arrendamiento mediante contrato verbal un inmueble de su propiedad constituido por una habitación, la cual forma parte de la planta alta de la casa distinguida con el N° 18, ubicada en la Avenida Cementerio, Sector 23 de Enero, Redoma Ramón Alfonso Blanco, Guatire, Municipio Zamora del Estado Miranda a la ciudadana NORKYS DEL VALLE RIVERO ARTIGAS.-
2) Que el terminó del contrato de arrendamiento convenido por ambas partes era a tiempo indeterminado contado a partir del 30 de de Febrero de 2005, con un canon de arrendamiento de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00), (actualmente 150,00 Bs F).
3) Que el día 25 de Agosto de 2008, le solicito la entrega a mas tardar para el 26 de Septiembre para realizar el cambio de zinc, ya que son necesaria de acuerdo a la inspección realizada por Protección Civil, además notificó que posterior a las reparaciones tendrá la primera opción para ocupar de nuevo el inmueble en calidad de inquilino. La arrendataria solicito tiempo prudencial para hacer efectiva la entrega formal del inmueble.
4) Que el día 29 de Septiembre de 2008, la Oficina Municipal de Inquilinato, notifico a la ciudadana NORKYS DEL VALLE RIVERO ARTIGAS, que a solicitud de la ciudadana TEOFILA PEREZ PEREZ, debió hacer entrega formal del inmueble libre de bienes y personas en fecha 26 de Septiembre del año en curso, ya que tenia conocimiento del estado del estado del inmueble de acuerdo al acta N° 151/08 de fecha 25/08/2008, levantada por esta Oficina, además en dicha acta usted reconoció que el techo del inmueble se encuentra deteriorado.
Que la Oficina Municipal de Inquilinato de la Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Venezuela en fecha 03 de Octubre de 2008, remitió el caso a la Jueza de Paz del Municipio Zamora, Licenciada LEDA ROSA VILLALTA, a fin de continuar las negociaciones con los inquilinos por ante su Despacho debido al desacato a las citaciones de esta oficina.-
SEGUNDO: Acompaña al libelo los siguientes instrumentos:
1) Copia simple del Poder acreditado por la demandada a las ciudadanas ANNERIS JOSE LOPEZ QUIJADA y LUISA ELENA LOPEZ QUIJADA, autenticado por ante la Notaria Pública del Municipio Zamora, Guatire, Estado Miranda.
2) Copia simple del Informe de Inspección levantado por la Dirección Municipal de Protección Civil y Administración de Desastre, de fecha 22 de Agosto de 2008.
3) Original del Acta N° 151/08 levantada ante la Oficina Municipal de Inquilinato de la Alcaldía del Municipio Autónomo Zamora del Estado Miranda, de fecha 25 de Agosto de 2008.-
4) Original de Notificación dirigida a la ciudadana NORKYS DEL VALLE RIVERO ARTIGAS.-
5) Original de comunicado dirigido a la ciudadana LEDA ROSA VILLALTA, Jueza de Paz del Municipio Autónomo Zamora, emanada de la Oficina Municipal de Inquilinato, de fecha 03 de Octubre de 2008, en la cual le refiere que continué las negociaciones con los inquilinos por ante su Despacho.
6) Copia simple del documento de propiedad de la demandante ciudadana TEOFILA PEREZ PEREZ, Registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Zamora del Estado Miranda, de fecha 9 de Febrero de 1.994, anotado bajo el N° 23, Protocolo 1°, Tomo 6.-
TERCERO: La parte Actora pide en su libelo de demanda se decrete MEDIDA DE SECUESTRO con fundamento en el ordinal 7º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil.
En relación con tal pedimento cautelar, este Tribunal pasa a hacer las siguientes consideraciones:
Las medidas cautelares están expresamente contempladas a fin de garantizar las resultas de lo que en definitiva sea el objeto de la pretensión, y no pueden recaer sino sobre bienes que sean estrictamente necesarios para la eficacia de tal garantía.
Dispone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Para decidir se observa:
En lo que respecta a la medida de secuestro prevista en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, se hace necesario indicar que la misma es diferente de las otras medidas preventivas previstas en la norma; aquellas requieren para su procedencia el señalamiento de los requisitos previstos en el artículo 585 ejusdem, es decir, el fomus Boni Iuris y el Periculum In Mora, y verificada la concurrencia de los mismos el juez debe acordarlas. En el secuestro; además se requiere que el solicitante señale al juzgador en cual de los supuestos previstos en el artículo 599, se encuentra comprendida la solicitud. En ese sentido, observa el Tribunal que la actora basó su pretensión cautelar, en el numeral 7° del 599 del Código de Procedimiento Civil.
Para que una medida cautelar sea procedente, es necesario que se cumplan dos requisitos necesarios y concurrentes, estos son la presunción grave del derecho que se reclama (fomus boni iuris) y la presunción de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en reciente Sentencia Nº 00773 del 27 de mayo de 2.003, con Ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, sentó:
“...esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades, y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares solo es posible en los supuestos generales previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que quede ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia, y más aún, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.
De allí que considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan la procedencia de las mismas, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte de explanar y acreditar sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión...”
De igual manera, el Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 31 de marzo de 2.000, dejó sentado lo siguiente:
“No basta que el solicitante de la medida acredite los extremos del artículo 585 del Código de procedimiento Civil, desde luego que el Juez no está obligado al decreto de las medidas, por cuanto el artículo 588 del Código de procedimiento Civil dispone que el Tribunal, en conformidad con el artículo 585 puede decretar alguna de las medidas allí previstas; vale decir, que lo autoriza a obrar según su prudente arbitrio. De forma y manera que, no esta obligado el Juez al decreto de ninguna medida, aún cuando estén llenos los extremos del artículo 585 ejusdem, no se le puede censurar por decir, por negarse a ella que…“ “...de los recaudos presentados no se determinan los elementos contenidos en la norma invocada...” “...no se observa que se hayan dado los supuestos del artículo 585 del Código de procedimiento Civil”, desde luego que podría actuar de manera soberana”.-
En el caso bajo estudio, no se cumplen los dos extremos concurrentes para la procedencia de la medida cautelar solicitada pues no se desprende de la lectura del libelo de demanda y de los recaudos acompañados la presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo, por ello es forzoso concluir que la petición de la parte actora en este sentido no debe prosperar. ASÍ SE DECIDE.
En consideración a lo anteriormente expresado se NIEGA LA SOLICITUD DE MEDIDA DE SECUESTRO solicitada por la parte actora. ASI SE DECIDE.
LA JUEZA TEMPORAL,

Abg. YOLANDA DEL CARMEN DIAZ
LA SECRETARIA,

Abg. ROSANA SANCHEZ MONTIEL.

YDCD/RSM/Teo.-.
EXP. 2541-08.-