REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL LOS TEQUES

Los Teques, 08 de Enero de 2008
197° y 148°
CAUSA No. 3C-4809/07
JUEZ: YANETT RODRÍGUEZ CARVALHO
SECRETARIA: ROSMARY SALAS ROJAS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Dra. DAMELIS MILAGROS BRAZÓN DE DUQUE, Fiscal Décimo Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.
IMPUTADO: URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581.
DEFENSA PÚBLICA: Abg. NANCY RODRIGUEZ, defensora adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.

DELITO IMPUTADO: Tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Por cuanto presentó la ciudadana NANCY RODRIGUEZ, profesional del derecho actuando en su condición de defensora del ciudadano URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, escrito mediante el cual, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita la revisión de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad decretada en contra de la persona del precitado, requiriendo, en consecuencia, su sustitución por medida cautelar sustitutiva menos gravosa en modalidades establecidas en el artículo 256 eiusdem; corresponde, por tanto, a este Tribunal decidir lo requerido, observando al respecto:

I
DE LA CAUSA

En fecha trece (13) de octubre del año en curso, la Dra. DAMELIS MILAGROS BRAZÓN DE DUQUE, Fiscal Décimo Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con ocasión de la aprehensión practicada por funcionarios policiales respecto de la persona del ciudadano URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581, presentó al mismo ante este Tribunal de primera instancia en función de control, No. 03, con sede en la ciudad de Los Teques, fijando este órgano jurisdiccional como oportunidad para la realización de la audiencia de presentación del aprehendido a que se contrae el artículo 373 del texto adjetivo penal patrio el mismo día diez (10) en hora de la tarde, y, llegada la ocasión indicada, cumplidas las formalidades de ley y una vez oídas las partes, se pronunció esta juzgadora, calificando, a tenor del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia de la aprehensión respecto de los hechos explanados por la representante fiscal, ordenando, asimismo, la aplicación del procedimiento ordinario en la continuación de la investigación, y decretando, además, por encontrarse llenos los extremos del artículo 250 eiusdem, en relación con el artículo 251 numerales 2, 3 y 5, ibidem, privación preventiva de libertad del imputado, ordenando la reclusión de los mismos en el Internado Judicial Región Capital, Rodeo I, librando para la ejecución de tal mandato boleta de encarcelación correspondiente. En tal sentido, se lee en el acta elaborada con ocasión de la celebración de la audiencia en comento, particularmente al recogerse los pronunciamientos del Tribunal, lo que de seguidas se transcribe:
“…(omissis)… PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se califica la flagrancia de los hechos y de la aprehensión practicada a la persona del ciudadano ALIS MIGUEL URIBE MENDOZA, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581, conduciéndose los hechos, en esta etapa del proceso y en forma provisional, al esquema de delito previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con su segundo aparte, esto es, tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de ocultación, quedando, en consecuencia, calificada la flagrancia del hecho in commento y legitimada, por tanto, la aprehensión que se hiciera del ciudadano ALIS MIGUEL URIBE MENDOZA, de conformidad con la norma constitucional del artículo 44 numeral 1, disintiendo así esta juzgadora de la calificación jurídica provisional propuesta por la representante de la Vindicta Pública a efectos de la calificación de la aprehensión como flagrante, siendo que las actuaciones presentadas al Tribunal no permiten, tal y como se muestran, dar por acreditada la modalidad de distribución en el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, pues, por el contrario, revelan suficiencia de elementos de convicción a objeto de calificarse la flagrancia en la acción de ocultación. SEGUNDO: Se acuerda la aplicación del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373, último aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 257 de la Carta Magna y los artículos 11, 13, 24, 280 y 281 del texto adjetivo penal. TERCERO: Decreta la privación preventiva de libertad del ciudadano ALIS MIGUEL URIBE MENDOZA, quien es venezolano, natural de La Guaira, Estado Vargas, hijo de María Antonia Mendoza de Uribe (v) y de Alfonso Uribe (v), nacido en fecha 09/07/1968, de 39 años de edad, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581, de estado civil soltero, en relación de concubinato con Yoselin Fernández, con grado de instrucción primer año de bachillerato concluido, de profesión u oficio obrero, y residenciado en Terrazas del Trigo, sector “Sal si Puedes”, casa sin número, Carrizal, Estado Miranda; por encontrarse llenos los extremos acumulativos contemplados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, encontrarse acreditada la existencia del tipo penal de tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de ocultación, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con su segundo aparte, merecer tal hecho punible pena privativa de libertad – de seis (06) a ocho (08) años de prisión -, y no estar prescrita la acción penal derivada del mismo, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido, presuntamente, autor o partícipe, en la perpetración de tal delito, y existir una presunción razonable de peligro de fuga de acuerdo a los criterios orientadores del artículo 251, numerales 2, 3 y 5, del Código Orgánico Procesal Penal; pronunciándose tal decreto judicial de conformidad con los artículos 9, 243 único aparte, 244, 247, 250, 251 numerales 2, 3 y 5, eiusdem, por lo que el imputado en mención deberá permanecer recluido preventivamente en establecimiento carcelario, quedando a la orden de este Tribunal conocedor del asunto, determinando este Juzgado como lugar de reclusión el Internado Judicial Región Capital “Rodeo I”. Líbrese de inmediato boleta de encarcelación correspondiente oficiando en tal sentido a la directora del Internado Judicial Región Capital “Rodeo I”, así como oficiando al Director del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, a efectos del proceder para ser conducido el encausado al establecimiento carcelario designado. CUARTO: Se acuerda de conformidad la solicitud de la defensa en cuanto a la expedición de copia de la presente acta elaborada con ocasión del acto de presentación del aprehendido. Es todo…(omissis)…”


El día veintitrés (23) del mes de noviembre inmediato siguiente, como acto conclusivo de la averiguación, y dentro del lapso de prórroga que conforme al artículo 250 adjetivo penal le fuera acordada a la Fiscal del Ministerio Público, presenta la representante fiscal escrito de formal acusación en contra del referido imputado, precisando en su contenido atribuir al mismo autoría en el tipo penal de distribución menor de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificado y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y, en igual data, se fijó mediante auto y de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, la oportunidad para la realización del acto procesal consiguiente, esto es, la audiencia preliminar, pautándose para ello el día diecisiete (17) de diciembre de igual año, no obstante, en razón de no haber dado despacho este Tribunal en la data indicada, por razón precisada en auto de nueva fijación del acto, se precisó como fecha para la realización de tal audiencia el jueves catorce (14) de febrero de este año dos mil ocho (2008).
Por último, recibió este órgano jurisdiccional, el último día hábil del mes de diciembre del año dos mil siete (2007), de acuerdo a Circular emanada en tal sentido de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, escrito suscrito por la defensora del imputado ALIS MIGUEL URIBE MENDOZA, mediante el cual lleva a la consideración de este Tribunal, la revisión de la medida de privación preventiva de libertad del precitado ciudadano, requiriendo la sustitución de tal mecanismo por medida menos gravosa.

II
DE LA NORMATIVA

Previo a esta revisión y examen de la necesidad de mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada respecto de la persona del imputado URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581, precisa este Tribunal que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho civil inviolable de la libertad personal, instituyendo así mismo el principio de la afirmación de la libertad, desarrollado legalmente en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, no presentándose, sin embargo, absoluta la garantía de la inviolabilidad de ese derecho pues si bien queda establecida como regla el juzgamiento en libertad igualmente el constituyente dejó abierta la posibilidad, por vía de excepción, de ser decretada la privación judicial preventiva de libertad o ser impuestas medidas cautelares sustitutivas, respondiendo tales mecanismos de coerción personal a necesidades del proceso orientados al logro de las finalidades del mismo y a la consecuente preservación del orden y paz sociales, esto es, asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse las medidas cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo tales mecanismos un límite a los derechos del procesado con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de Justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad, sin que ello signifique, claro está, sacrificar los derechos del imputado y, fundamentalmente, su status de inocencia, que sólo podrá ser desvirtuado por una sentencia firme condenatoria. Así pues, aún consagrando el legislador patrio tal derecho de la libertad personal permite, no obstante, restricciones o imposición de medidas de coerción personal sometidas a parámetros precisos que prevén su excepcionalidad, proporcionalidad, interpretación restrictiva, judicialidad, temporalidad, provisionalidad y ejecución humanitaria, todo lo cual se corresponde con el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 49 numeral 2 del Texto Fundamental y en el artículo 8 del instrumento adjetivo penal patrio. En consecuencia, los lineamientos trazados en esta materia extreman el celo por la afirmación de la libertad en el proceso penal y limitan al mínimum las restricciones a dicho derecho, por lo que, sólo de manera excepcional, por exigencias de otro valor igualmente salvaguardado por la Carta Magna, como lo es el de la Justicia, se hace necesario tomar medidas imprescindibles de coerción personal que afectan el derecho fundamental a la libertad y que están destinadas a hacer posible la realización del proceso y evitar que se vean frustradas las exigencias de tal valor siendo que la imposición de estas medidas de naturaleza cautelar responde a características de necesidad y proporcionalidad, esto es, debe atenderse a la relación existente entre la medida a ser aplicada, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, orientadas exclusivamente a los fines del proceso para que, en definitiva, sus consecuencias se garanticen, sin que se desnaturalicen en su finalidad y no sean de imposible cumplimiento. Así, en razón de la necesidad y de la proporcionalidad, únicamente cuando una medida de coerción personal específica es exigida por el proceso, debe imponerse para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, debiendo ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso in concreto así lo indique, constituyendo otra nota característica de estos mecanismos cautelares, su provisionalidad y temporalidad, lo cual impone que las medidas de coerción personal se mantengan vigentes durante el proceso atendiendo a la permanencia o variación de las circunstancias que le sirvieron de fundamento – regla rebus sic stantibus -, por lo que, de verificarse un cambio o modificación en las condiciones, procede la sustitución de la medida en cuestión, previendo en tal sentido el artículo 264 del instrumento adjetivo penal la obligación del Juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares y sustituirlas por otras menos gravosas cuando lo estime prudente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, así como la facultad que tiene el imputado para solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, estableciendo, así mismo, la normativa legal un tiempo de duración máximo de la medida de coerción personal, el cual no podrá sobrepasar la pena mínima prevista para el delito ni exceder del plazo de dos años, salvo la prórroga que pueda ser concedida por el tribunal competente a solicitud fiscal y por vía de excepción durante el término de ley.
De manera tal que, en estricta correspondencia con lo referido, si bien el Texto Fundamental en su artículo 44 consagra el derecho a la libertad como derecho civil inviolable, imperativo que es igualmente establecido en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestra República y que como tal adquieren jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, no menos cierto resulta que el legislador patrio igualmente autoriza, con carácter excepcional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias contempladas en el ordenamiento jurídico, no contraviniendo ello el principio de presunción de inocencia que continúa operando a favor del encausado durante todo el proceso y hasta tanto sea dictada, de ser el caso, sentencia condenatoria firme en su contra, quedando recogidos todos estos principios y situaciones de excepción en normas expresamente contenidas en la Carta Magna y en el texto adjetivo penal, a saber:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…(omissis)... (resaltado del Tribunal)
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: ...(omissis)...2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario...(omissis)... (resaltado del Tribunal)

Código Orgánico Procesal Penal:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado del Tribunal)
Artículo 243. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.” (resaltado del Tribunal)
Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años...(omissis)… (resaltado del Tribunal)
Artículo 246. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados...(omissis)... (resaltado del Tribunal)
Artículo 247. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.
Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…(omissis)...(resaltado del Tribunal)

Artículo 251. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3- La magnitud del daño causado;
4- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5- La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...(omissis)…Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio o a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado (resaltado del tribunal).

Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
1- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de
convicción;
2- Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

Artículo 253. Improcedencia. Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas (resaltado del Tribunal).

Artículo 256. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal;
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa;
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado;
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas o garantías reales;
9. Cualquiera otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria…(omissis)... (resaltado del Tribunal)

Artículo 263. Imposición de las medidas. El tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación.

Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación (resaltado del tribunal)

III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Atendidas así las disposiciones constitucionales y legales ut supra referidas se observa primeramente que la Dra. NANCY RODRÍGUEZ, defensora del ciudadano URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, presentó a la consideración de este órgano jurisdiccional solicitud de revisión de la medida de privación preventiva de libertad que en fecha trece (13) de octubre del año en curso decretara en contra del precitado este Tribunal de primera instancia en función de control, No. 03, con sede en la ciudad de Los Teques, en oportunidad de realizarse la audiencia de presentación a que se contrae el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ejerciendo así, la defensa, el derecho incuestionable que a favor del encausado establece el artículo 264 eiusdem, resultando, por tanto, procedente entrar esta juzgadora a examinar las circunstancias particulares del caso a fin de determinar la necesidad o no de mantenimiento de tal medida extrema de coerción personal. En tal sentido, revisadas las presentes actuaciones se advierte que, en la data ut supra señalada y con ocasión de la presentación que del aprehendido URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581, hiciera la Fiscal Décimo Novena del Ministerio Público, Dra. DAMELIS MILAGROS BRAZÓN DE DUQUE, se pronunció la juzgadora, entonces a cargo de este Tribunal, calificando de flagrante la detención in commento, ordenando la aplicación del procedimiento ordinario en la prosecución de la respectiva investigación, y decretando como mecanismo de aseguramiento procesal del imputado, medida de privación judicial preventiva de libertad, llenos como se encontraran los extremos exigidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para su procedencia, en relación con el artículo 251, numerales 2, 3 y 5, eiusdem, al considerarlo presuntamente incurso en la comisión del delito de tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de ocultación, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con su segundo aparte, estimando quien suscribe, que a la presente fecha, permanecen invariables las circunstancias que motivaron el aludido decreto judicial de privación preventiva de libertad, siendo que se encuentran vigentes, no han variado, las razones o supuestos que fueran considerados por este Tribunal en función de control para emitir tal pronunciamiento judicial atinente a la procedencia y necesidad de la medida cautelar en cuestión. Así pues, en el asunto sub exámine se investiga la presunta comisión de delito cuyo bien jurídico en protección por el Estado a través de su tipificación y castigo es de especial importancia, siendo que este ilícito merece pena privativa de libertad y la acción penal derivada del mismo no se encuentra prescrita, existiendo, además, los mismos fundados elementos de convicción que fueran precisados por esta juzgadora en el auto de privación preventiva de libertad para estimar que el ciudadano in commento pudo ser el autor del hecho punible en cuestión, elementos de convicción todos estos que quedaran explanados en el auto fundado correspondiente, habiéndose presentado, asimismo, para los corrientes, acto conclusivo de la investigación consistente en acusación formal contra el encausado in commento, manteniéndose, por último, la presunción razonable de peligro de fuga, lo que, a criterio de quien se pronuncia, deviene de la penalidad prevista para el ilícito penal arriba mencionado, sanción que en su término medio es de siete (07) años de prisión, y dada, asimismo, la magnitud del daño que conlleva la perpetración de tal ilícito al tratarse de modalidad delictiva de carácter grave que lesiona intereses celosamente protegidos por el legislador, aunado a ello la conducta predelictual del sub iúdice, resultando, por tanto, de consideración tales circunstancias para este Tribunal al examinar la existencia de tal presunción de peligro de fuga, a la luz de los criterios orientadores establecidos en los numerales 2, 3 y 5 del aludido artículo 251.
De modo tal que, se advierte que posterior a la imposición del mecanismo de coerción personal con fines de aseguramiento procesal, no se ha verificado alguna nueva circunstancia que permita desvirtuar los elementos apreciados para dar por acreditados los extremos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y muy particularmente para modificar las circunstancias a que se contraen los mencionados numerales 2, 3 y 5 del mencionado artículo 251, verificándose, por el contrario, como resultado de una de las fases del proceso penal, la presentación del acto conclusivo de la investigación, siendo tal una acusación formal de la Vindicta Pública en contra de la persona del imputado, atribuyéndole la comisión del delito de distribución menor de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y solicitando la admisión de dicha acusación con orden de apertura a juicio oral y público por considerar haber méritos para un debate acerca de la culpabilidad o no culpabilidad del encausado en cuestión, reforzando tal situación la necesidad de asegurar preventivamente al ciudadano in commento a los fines de su presencia en los actos de pendiente realización y en aras de garantizar las resultas del proceso, evitando de esta manera cualquier evasión respecto de la administración de Justicia.
En consecuencia, de acuerdo a lo hasta ahora esbozado, no han variado las circunstancias de modo alguno que permitan mermar o aminorar la fuerza de los motivos que conllevaron a estimar necesario, en aras de impedir o disminuir el riesgo de fuga, la aplicación de un mecanismo cautelar excepcional pero proporcional a la pena del esquema de delito imputado, estimando nuevamente este Tribunal que los supuestos y la finalidad que determinan la medida de privación preventiva de libertad no pueden ser razonablemente satisfechos en el caso de marras con la imposición de una medida sustitutiva menos gravosa para el encausado, contrariamente a lo que señaló la defensa del mismo, y, por otra parte, no están dados en el presente caso los supuestos previstos en la norma del artículo 253 del texto adjetivo penal para la improcedencia de tal mecanismo cautelar extremo y excepcional, debiendo, por tanto, este Tribunal, a los fines de no hacer nugatoria la finalidad del Estado a través del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y garantizar las resultas del proceso, tomando en cuenta, además de lo ut supra indicado, el tenor del encabezamiento del artículo 244 eiusdem, al ser procedente y ajustado a derecho, decidir acerca de la negativa de sustituir la privación preventiva de libertad decretada en contra del ciudadano URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581, por alguna de las modalidades de medida cautelar sustitutiva a que se contrae el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, o cualquier otro mecanismo de aseguramiento procesal, manteniéndose, por ende, al ser ello necesario, el decreto judicial de privación de libertad proferido en data trece (13) del mes de octubre del año próximo pasado, a tenor de los artículos 250 y 251 numerales 2, 3 y 5, eiusdem, siendo que con tal pronunciamiento no queda vulnerado derecho alguno del encausado dada la aplicación de criterios de excepcionalidad y proporcionalidad que deben evaluarse en la aplicación de las medidas de aseguramiento procesal en relación con el esquema de delito, el daño causado y la pena que pudiera ser eventualmente impuesta, aunado a que el tiempo que lleva privado de su libertad el ciudadano in commento desde la emisión del decreto que así lo acordara – dos (02) meses y veinticinco (25) días - el cual no excede del plazo máximo de dos (02) años que prevé el legislador, y menos aún sobrepasa la pena mínima prevista para el delito imputado, no contradice la norma del artículo 244 del texto adjetivo penal referida a la proporcionalidad de la medida de coerción personal que se imponga en los casos que resulte procedente. Y así se decide.

DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derecho anteriormente expuestas este Tribunal de primera instancia en función de control, No. 03, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dada la revisión de medida cautelar realizada de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara sin lugar la solicitud presentada por la Dra. NANCY RODRÍGUEZ, defensora del ciudadano URIBE MENDOZA ALIS MIGUEL, titular de la cédula de identidad personal número V-10.576.581, en el sentido de ser sustituida la actual medida cautelar de aseguramiento del precitado por modalidad menos gravosa, considerando que se mantienen las circunstancias que acreditan la existencia de los supuestos establecidos en el artículo 250 eiusdem, así como el peligro de fuga de acuerdo a los indicativos del artículo 251 numerales 2, 3 y 5, ibidem, en consecuencia, se niega la imposición de una medida cautelar sustitutiva de la privación preventiva de libertad para el referido ciudadano ratificándose y manteniéndose el decreto judicial proferido en fecha trece (13) de octubre del año dos mil siete (2007) por este Tribunal de primera instancia en función de control, respecto de la aplicación, en base a criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, de medida de coerción personal extrema para el aseguramiento del imputado a los solos efectos del proceso.
Publíquese, regístrese, déjese copia autorizada de la presente decisión, asiéntese en el Libro Diario y, de conformidad con el artículo 175 del instrumento adjetivo penal, notifíquese a las partes y líbrese boleta de traslado del encausado a iguales fines. Cúmplase.
LA JUEZ

YANETT RODRÍGUEZ CARVALHO

LA SECRETARIA

Abg. ROSMARY SALAS ROJAS

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado publicándose, registrándose y dejándose copia autorizada de la presente decisión, con asiento de la misma, además, en el Libro Diario, librándose, por su parte, boletas de notificación al Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y a la profesional del Derecho, Dra. NANCY RODRÍGUEZ, defensora del encausado, con libramiento, asimismo, de boleta de traslado dirigida al establecimiento carcelario donde se encuentra recluido el imputado, ello a iguales fines de notificación, todo lo cual certifico.
LA SECRETARIA

Abg. ROSMARY SALAS ROJAS
















YRC/yrc*
Causa Nro. 3C-4809/07

* Quince (15) folios. Auto de fecha 08-01-2008
Imputado: Alis Miguel Uribe Mendoza
Asunto: Revisión de medida cautelar
Sin enmiendas