TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE Nº 078139

PARTE ACTORA: ALBINA DEL VALLE WIDE VILLAROEL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 4.336.067.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 36.261.

PARTE DEMANDADA: RUBIEL DE JESÚS GARCÍA MURILLO, Extranjero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº E.- 84.287.020.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene Apoderado Judicial constituido.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
SENTENCIA: Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva (Perención)
I
En fecha Primero (1°) de Noviembre de 2007, se recibió por el sistema de distribución, la demanda que da origen a las presentes actuaciones, incoada por la ciudadana ALBINA DEL VALLE WIDE VILLAROEL, siendo asistida por el abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 36.261, contra el ciudadano RUBIEL DE JESÚS GARCÍA MURILLO, por ante este Tribunal. En dicha demanda, la demandante menciona, que suscribió contrato de arrendamiento con el demandado en fecha 11 de Abril de 2006, sobre un inmueble constituido por un
Apartamento situado en el Edificio I, también denominado Paraulata, distinguido con las siglas 10-I-4, piso 10, y el puesto de estacionamiento perteneciente al apartamento distinguido con el N° 33, ubicados en el Conjunto Residencial El Encanto, Los Teques, Estado Miranda. Ahora bien, la accionante alega: A) que en la cláusula Tercera del contrato se estableció como vigencia del mismo, un plazo fijo de un (01) año, es decir, desde el 01 de Abril de 2006, hasta el 01 de Abril de 2007, y que en caso de que el arrendatario haga uso de la prórroga legal, tendrá la obligación de entregar el inmueble al vencimiento de la misma. B) Que en la cláusula Décima del aludido contrato, se estipuló lo siguiente: “En caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, se establece como cláusula penal para el arrendatario la cantidad de Veinte mil Bolívares (Bs. 20.000,00) diarios”, que a la reconversión es la cantidad de Veinte Bolívares Fuertes (Bs. F. 20,00) diarios. C) Que motivado a que el arrendatario ha incumplido con la estipulación contenida en la Cláusula Tercera del Contrato de Arrendamiento, suscrito en fecha 11 de Abril de 2006, acude a demandar por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, al ciudadano RUBIEL DE JESÚS GARCÍA MURILLO, anteriormente identificado, para que convenga, o en su defecto a ello sea condenado por este Tribunal, en lo siguiente: 1°) A dar cumplimiento al contrato de arrendamiento, suscrito en fecha 11 de Abril de 2006. 2°) Se condene a entregar en forma inmediata el inmueble objeto del contrato, libre de bienes y personas. 3°) Se condene a pagar la Cláusula Penal establecida en la Cláusula Décima del referido contrato y 4°) Se condene a pagar las costas y costos del presente juicio. Fundamentando su acción en los artículos 33 y 39 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en los artículos 1.134, 1.159, 1.160, 1.264, 1.269 y 1.167 del Código Civil. Estimando la presente demanda en la cantidad de SEIS CIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 600.000,00), que a la reconversión es la cantidad de SEIS CIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 600,00).
En fecha 12 de Noviembre de 2007, comparece por ante este Tribunal la ciudadana ALBINA DEL VALLE WIDE VILLAROEL, siendo asistida por el abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 36.261, con el objeto de consignar los recaudos necesarios para la continuación del presente juicio.
Admitida dicha demanda, en fecha trece (13) de Noviembre de dos mil siete (2007), se ordenó el emplazamiento del ciudadano RUBIEL DE JESÚS GARCÍA MURILLO, para que compareciera por ante este Tribunal el segundo día de despacho siguiente a la constancia en autos de la citación debidamente practicada por el Alguacil, con el objeto de que diera contestación a la misma, dejándose en esa misma fecha constancia, que no fueron suministrados los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa respectiva. En esa misma fecha se abrió el cuaderno de medida, en el cual se libró auto negando la medida solicitada por la parte actora.
En fecha 16 de Noviembre de 2007, comparece por ante este Tribunal la ciudadana ALBINA DEL VALLE WIDE VILLAROEL, siendo asistida por el abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, con el fin de consignar los fotostatos para librar la respectiva compulsa. En esa misma fecha la referida ciudadana le otorga poder apud acta, al abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, titular de la Cédula de Identidad N° 5.452.815 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 36.261.
En fecha 19 de Noviembre de 2007, la secretaria de este Juzgado, abogada NOHELIA RAMIREZ ABELLO, dejó constancia que en esa misma fecha, se libró la correspondiente compulsa.
En fecha 29 de Noviembre de 2007, comparece por ante este Tribunal, el abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, para solicitar copias certificadas, siendo acordadas en fecha 04 de Diciembre de 2007 y entregadas en fecha 12 de Diciembre de 2007
En fecha 04 de Diciembre de 2007, comparece el Alguacil de este Juzgado, ciudadano JESÚS ALBERTO VALDERRAMA ALAYÓN, con el objeto de consignar a los autos, recibo de citación y compulsa librados al ciudadano RUBIEL DE JESÚS GARCÍA MURILLO, manifestando el motivo por el cual no pudo cumplir con la citación personal del referido ciudadano.
En fecha 06 de Diciembre de 2007, comparece por ante este Tribunal, el abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, con el objeto de solicitar de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, la citación por carteles, lo que fue negado por auto de fecha 12 de Diciembre de 2007.
En fecha 16 de Diciembre de 2007, comparece por ante este Tribunal, el abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, con el fin de solicitar que se libren oficios al Consejo Nacional Electoral, para que informen el último domicilio del demandado, y a la O.N.I.D.EX., para que informen del movimiento migratorio del demandado. Siendo librados ambos oficios en fecha 18 de Diciembre de 2007.
En fecha 29 de Enero de 2008, comparece el Alguacil de este Juzgado, ciudadano JESÚS ALBERTO VALDERRAMA ALAYÓN, para consignar las copias de los oficios 547-07 y 548-2007, librados al director del Consejo Nacional Electoral Regional Miranda y Director de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), respectivamente.
En fecha 07 de Febrero de 2008, por auto se agrega comunicación procedente del Consejo Nacional Electoral.
En fecha 12 de Marzo de 2008, mediante auto se agrega comunicación procedente de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central, Departamento de Datos Filiatorios de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería.
En fecha 17 de Marzo de 2008, comparece por ante este Tribunal, el apoderado judicial de la parte actora, con el objeto de solicitar la citación por carteles, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue acordado por auto de fecha 25 de Marzo de 2008.
En fecha 27 de Marzo de 2008, comparece por ante este Tribunal, el apoderado judicial de la parte actora, dejando constancia mediante diligencia que recibió de manos de la ciudadana secretaria de este Tribunal, el cartel de Citación.
Establecido lo anterior, este Juzgado procede a decidir de la forma siguiente:

II

Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, al señalar en su Exposición de Motivos lo siguiente: “(...) Se logra así, bajo la amenaza de la perención una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre actualmente, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar actos y evitar la extinción del proceso. Se han escogido para lograr este propósito las mismas circunstancias tomadas en cuenta en el Proyecto mencionado –se refiere al proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil, preparado por el Ministerio de Justicia en el año 1959- que son aquellas que con más frecuencia permiten en la práctica la paralización del proceso por falta de actividad del demandante o de ambas partes, tal como se indica en los ordinales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 267.” Entonces podemos decir, que la perención de la instancia, a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo, por parte del Legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminentemente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores ó cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado, según la cual:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”
En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 268 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de mayo de 2001, sostuvo lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de partes. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido, hable el Código de Jueces de Instancia, o juez de primera o segunda instancia”. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida por este Juzgado en fecha 13 de Noviembre de 2007, en tal virtud se cumple el primer presupuesto de la norma. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. Efectivamente, el legislador estableció que opera la perención por el transcurso de un lapso de tiempo de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado (Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil). No obstante ello, la vigente Carta Fundamental, en su artículo 26, dispone que el Estado debe garantizar una justicia gratuita. Ante tales disposiciones y teniendo en consideración la doctrina que hasta la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la cual la carga que debía cumplir la parte demandante para evitar que operara la perención de la instancia consistía en el pago de arancel judicial, corresponde determinar si la norma constitucional conlleva o no a la derogatoria de la perención breve, prevista en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido es del tenor siguiente:
“(…) También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.
En relación a dicha disposición, el máximo Tribunal de la República interpretó que la única obligación que se impone al actor respecto de la citación del demandado, consiste -repito- en el pago del arancel judicial correspondiente, interpretación que pierde vigencia con ocasión de la garantía constitucional de la gratuidad (Artículo 26 de la Constitución Nacional), y de la disposición contenida en el artículo 254 eiusdem, según el cual: “(…) El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles ni exigir pago alguno por sus servicios”, lo que ha llevado a algunos tribunales ha sostener que tales disposiciones constitucionales derogan “tácitamente”, el citado ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Establecido lo anterior, este Juzgador disiente de dicho criterio, pues considera que la perención breve, independientemente de la garantía constitucional de la gratuidad de la justicia, no debe perder su vigencia y vigor, toda vez que con ella el Legislador pretende una activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa por tiempo muy largo, lo cual, evidentemente, favorece la celeridad procesal, toda vez que las partes se ven obligadas a realizar los actos que constituyen su carga procesal, a los fines de evitar la extinción de la instancia por su inactividad, todo lo cual también aparece consagrado en nuestra Carta Magna, precisamente en el Artículo 26, el cual, además de consagrar la gratuidad de la justicia, también dispone que la misma debe ser expedita y sin dilaciones indebidas. Seguidamente, se transcribe dicha norma constitucional: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (Subrayado por el Tribunal). Ahora bien, uno de los elementos fundamentales del proceso es precisamente la acción, la cual constituye el derecho abstracto que posee toda persona en el seno de una sociedad, consistente en un poder jurídico que se ejerce frente al Estado, a través del órgano jurisdiccional, para reclamar la actividad jurisdiccional, esto es, para que se diriman los conflictos intersubjetivos mediante la imposición del derecho. En razón de esa finalidad de la acción, la misma se alcanza por medio del proceso, el cual a su vez consiste en un “conjunto complejo de actos que se desarrolla progresivamente encaminado hacia la decisión Jurisdiccional”, razón por la cual se afirma que, a través del proceso y de manera específica, se ejerce el dominio de acción y se deduce la pretensión, la cual por su parte, consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de una determinada prestación. Por consiguiente, como en el proceso se deduce la pretensión y ésta se orienta a un sujeto distinto de aquél que la hace valer, para que esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable una relación jurídico procesal, a través de la citación del demandado, la cual constituye una carga procesal para el actor, una vez admitida la demanda que hubiere incoado. En otros términos podemos decir, que los actos que debe efectuar el actor tendientes a que el órgano Jurisdiccional pueda citar al demandado no son simples deberes u obligaciones procesales, que constituyen imperativos impuestos por la ley, en interés de un tercero o de la comunidad, sino que constituyen verdaderas cargas procesales, toda vez que siendo el actor quien deduce la pretensión, es su interés el que ésta pueda serle satisfecha a través de la sentencia, para lo cual deberá constituirse la relación jurídico procesal, mediante –repito- la citación del demandado (formalidad necesaria para la validez del juicio), de allí la importancia de este acto procesal, y así lo consideró el legislador no sólo al contemplar la perención breve por falta oportuna de citación, sino que adicionalmente confiere al accionante, en el Artículo 218 de la Ley Adjetiva, la potestad de gestionarla incluso por intermedio de un Notario de la jurisdicción del Tribunal.
En conclusión, una vez que ha sido debidamente admitida una demanda, uno de los efectos procesales que se deriva es, precisamente, hacer nacer, en cabeza del demandante, la carga de gestionar la citación del demandado, formalidad necesaria para la validez del juicio, y que debe ser cumplida por el actor, pues es quien tiene el interés primario en que se trabe el proceso para así ver satisfecha su pretensión. Por las consideraciones que anteceden, esta Juzgadora considera que el impulso para lograr tal citación, íntimamente relacionado con la carga, no puede reducirse al pago de un arancel judicial, inexistente en la actualidad, sino que se requiere que el accionante realice actuaciones para la lograr la citación, ello, por supuesto, dentro del lapso que la misma ley otorga, y de esta forma demostrar que tiene interés en impulsar el proceso para obtener con prontitud la decisión respectiva. En este sentido la Sala de Casación Civil ha sostenido que continúa vigente la obligación arancelaria prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, según la cual el demandante debe cubrir los emolumentos necesarios para que el Alguacil practique la citación del demandado si su movilización excede quinientos (500) metros de la sede del Tribunal (T.S.J. S.C.C., Sent. Fechada 06 de julio de 2004).
De allí que el fundamento de la institución de la perención es forzar la pronta integración de la relación procesal con el llamamiento en causa del demandado, ante el cometido de la perención es indispensable que el demandante impulse la citación, mediando entre cada hecho de índole impulsivo, el lapso de treinta días, es decir, entre un acto y otro el cómputo de los treinta días de caducidad re-comienza desde el momento en que re-nazca para el demandante una obligación de gestionar la citación del demandado, como por ejemplo: La de pedir la citación por carteles o por correo en vista de la exposición del Alguacil sobre la infructuosa practica de la citación personal; o la obligación de publicar por la prensa el cartel ya librado, o la obligación de cancelar emolumentos de citación del defensor ad litem, o como en el presente caso la carga que tenía la parte actora de impulsar la citación una vez que tenía en su poder los carteles de citación librados al ciudadano RUBIEL DE JESÚS GARCÍA MURILLO, en fecha 25 de Marzo de 2008, retirados por la parte actora en fecha 27 de Marzo de 2008, y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado ningún acto de impulso a la citación del demandado. Al respecto sustenta lo antes expuesto, la sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 29 de noviembre de 1995, ponente Magistrado Dr. Hector Grisanti Luciani y en los términos siguientes: “...El procedimiento aquí es el siguiente: propuesta la demanda y admitida por el Tribunal, le toca a la parte, la carga de obtener los recaudos para el emplazamiento (copia certificada de la demanda con el auto de comparecencia o boletas), ... y todo ello, dentro del lapso de treinta (30) días; hecho esto, le toca instar al Alguacil a que localice el demandado, o a los demandados, de no ser posible, exigir entonces, la exposición del funcionario. Logrado esto, debe solicitar la citación por carteles y, posteriormente, cancelar la correspondiente planilla, publicarlos y consignarlos, mediando entre cada hecho de índole impulsiva, el lapso de treinta (30) días, pues si aún cumpliendo con alguna de tales cargas abandona el íter procesal y no realiza el acto inmediato siguiente sucesivo al que está obligado, operará en su contra la perención; es indispensable la secuencia orgánica de los actos que le impone la carga de ir, sucesivamente, cumpliendo con todos y cada uno de los actos, ante la amenaza sancionadora de que si no se realiza un acto exigido para la continuidad orgánica de la realización, operará la perención...”. Así mismo, la Sala de Casación Civil, ratificando la doctrina, en su Sentencia N° 369, de fecha 15 de Noviembre de 2000, señala: “…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil”.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal observa que en el caso que nos ocupa, la demanda fue admitida el 13 de Noviembre de 2007, dejando la Secretaria de este Juzgado, abogada NOHELIA RAMIREZ ABELLO, constancia que en fecha 19 de Noviembre de 2007, fue librada la correspondiente compulsa, la cual fue consignada por el Alguacil a los autos junto con el respectivo recibo sin firmar, mediante diligencia de fecha 04 de Diciembre de 2007, por los motivos que allí expresa, que ante tal situación, la parte actora solicito que se libraran carteles de citación en contra del accionado, lo cual fue negado por no haberse cumplido los extremos para librar dichos carteles, entonces el apoderado de la parte actora solicito que se pidiera información del demandado al Consejo Nacional Electoral y a la O.N.I.D.EX., informando ambas instituciones mediante comunicaciones que el demandado no aparece registrado en su bases de datos, por lo que la parte actora solicitó la citación por carteles, lo cual en virtud de la información recibida, fue acordado mediante auto de fecha 25 de Marzo de 2008, librándose lo conducente en esa misma fecha, y siendo retirados los respectivos carteles por el abogado PEDRO RONDÓN PÉREZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en fecha 27 de Marzo de 2008, de lo que se concluye que desde el día 27 de Marzo de 2008, hasta la presente fecha, la parte actora no ha realizado ningún acto de procedimiento para evitar que se verificara la perención breve, y que a su vez evidenciara una solicitud clara e inequívoca de impulso procesal, de la cual se pueda presumir un interés verdadero en proseguir con el curso de la causa hacia la fase de citación de la parte demandada, siendo el caso que ha transcurrido tiempo suficiente sin que la parte interesada haya gestionado la citación del ciudadano RUBIEL DE JESÚS GARCÍA MURILLO, evidenciándose de esa manera, que la parte actora no ha cumplido con la carga procesal de gestionar la citación de la demandada, debiendo este Juzgador acogerse a lo que dispone el ordinal 1° del Artículo 267 y siguientes de la Ley Adjetiva, y en consecuencia, se declara la perención de la instancia por inactividad de la parte actora, por no haber cumplido las diligencias relativas a impulsar la citación de la demandada, y así se decide.
III

Por las consideraciones que anteceden, este Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decreta la PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Para darle cumplimiento a lo ordenado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada de la anterior sentencia.
Notifíquese a la parte actora.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a los dieciséis (16) días del mes de Julio de dos mil ocho (2008). A los 198º Años de la Independencia y 149º Años de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

TERESA HERRERA ALMEIDA.

LA SECRETARIA TEMPORAL,

LESBIA MONCADA DE PICCA.

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las dos de la tarde (2:00pm).

SECRETARIA TEMPORAL,

THA/LMdeP/hisc.
Exp. Nº 078139