REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO. JUEZ PROFESIONAL No.1
Los Teques, 18 de julio de 2008
Vista las anteriores actuaciones esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA:
I
En fecha 23.10.2007, esta Sala de Juicio dictó sentencia mediante la cual decretó medidas de protección a favor del adolescente (Identidad Omitida), en la entidad de atención Casa Hogar Don Bosco del SEPINAMI (F. 287 al 295).
En fecha 13.11.2007, esta Sala de Juicio dicto auto mediante el cual ordeno la ejecución de la sentencia en mención. (F. 297 al 298).
En fecha 14.12.2007, la Trabajadora Social de la Casa Hogar Don Bosco, interpuso diligencia, mediante la cual informa a este Tribunal y Sala que el adolescente abandono voluntariamente el programa de protección que se venía ejecutando a su favor
Posteriormente se realizaron diversas actuaciones, a los fines de la localización del citado adolescente, para su reingreso a la casa hogar para su protección debida.
En fecha 06.02.2008, compareció de manera voluntaria el adolescente (Identidad Omitida), a los fines de que fuera oído por la ciudadana Jueza, dejándose constancia de lo siguiente: “En horas de despacho del día de hoy miércoles 06 de febrero de 2008, comparece por ante esta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda con Sede en Los Teques, el adolescente (Identidad Omitida), de 16 años de edad, en la Matica abajo Panamericana, Nro. 24, quien de conformidad con el articulo 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, presente la ciudadana Fiscal Undécima del Ministerio Público, Dra. NELIDA VILLORIA, manifestando: “Estoy trabajando en la Cascada, en empaquetador pero mi jefe me esta pidiendo mi cedula, y que si no la tengo me voy a tener que ir. Mi cédula esta en el S.E.P.I.N.A.M.I. y mi ropa, porque yo prácticamente estoy usando la ropa de mi hermano. Estoy viviendo con mi mama y mi hermano, estoy colaborando en mi casa por eso no quiero dejar de trabajar. Mi inconveniente es con la cédula que me la piden a cada momento mi jefe o la policía. Yo no quiero volver al S.E.P.I.N.A.M.I y si vuelvo me voy, porque yo ahora estoy bien con mi mamá, no estoy consumiendo ni nada, esta cortada fue con una cerca que la estaba arreglando, yo no se cuando viene o puede venir mi mamá; bueno la verdad es que yo estoy viviendo en el Nacional con mi jeva, lo que pasa es que dije que estaba con mi mamá no sé, yo lo que necesito es mi ropa y mi cédula, yo no puedo estar con mi mamá porque me matan, porque yo tengo muchos problemas en la Matica, mi mujer se llama MARÍA MENDOZA, ella vive en parte baja de El Nacional, El Zanjon, casa Nro. 54, ella tiene 18 años de edad y somos prácticamente concubinos, mañana la traeré para que vea que es verdad, lo que pasa es que fui a saltar la cerca de nuestra casa porque no tenía llave y me corté”. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EL PRECITADO ADOLESCENTE, SIENDO OIDO POR LA CIUDADANA JUEZA, SE LEVANTÓ DE LA SILLA Y ABANDONÓ EL RECINTO DEL TRIBUNAL. Es todo, se terminó, se leyó y conformes firman”
II
Ahora bien, el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone expresamente:
“El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes...Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley...”.
Y, en su artículo 78, ibídem, establece expresamente:
“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales....El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan...”.
De las normas constitucionales antes transcritas se desprende, sin duda alguna, que los niños, niñas y adolescentes en Venezuela dejaron de ser objeto de tutela jurídica, para convertirse en sujetos plenos de derecho y, esto último, involucra que son titulares de todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico a favor de las personas, sin discriminación alguna, además de aquellos de los cuales resultan titulares por su especial condición de personas en desarrollo, pues el Constituyente adoptó la Doctrina de la Protección Integral. Igualmente, reconoce el Texto Fundamental a la familia como asociación natural de la sociedad, previendo una serie de disposiciones, derechos y garantías dirigidas a materializar efectivamente la existencia de ese espacio fundamental.
Como consecuencia de lo anterior, la Carta Magna fija, incluso, la regla general que debe regir las relaciones entre los integrantes del grupo familiar, regla que viene a constituirse en norte de las actuaciones del estado, sean en el ámbito judicial o administrativo; aunado a la circunstancia de que, los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Esto último debe ser el norte de la actuación judicial, de suerte que aquellos solo pueden ser separados de esa asociación natural, en los supuestos excepcionales previstos en el ordenamiento jurídico. En absoluta concordancia con el Texto Fundamental, posterior éste a la Ley Especial, así como en respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente consagra en sus artículos 10, 12, 13 y 14, que sus beneficiarios son sujetos de derecho, por lo que gozan de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, con especial referencia a los consagrados en la mencionada Convención; tales derechos son de carácter enunciativo, de suerte que se les reconocen, incluso, aquellos inherentes a la persona humana que no figuren en la Ley Especial o en el resto del ordenamiento jurídico expresamente, por tanto, sus derechos y garantías son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles; reconociéndoseles el ejercicio personal de éstos de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva y, de igual forma, se les exigirá el cumplimiento de sus deberes.
Y precisamente para dotar de mecanismos que permitan su salvaguarda y su efectivo ejercicio, que les permita la restitución de su ejercicio cuando han sido lesionados o se vean amenazados de violación, el artículo 125 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, expresamente establece:
“Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos.
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes, responsables o de la propia conducta del niño, niña o del adolescente”.
Las medidas de protección vienen a constituir así el mecanismo que permite el cese de la amenaza de sus derechos o la restitución en su ejercicio, cuando han sido lesionados por el propio Estado, por la sociedad, por los propios progenitores o, incluso, aunque el hecho, acto u omisión provenga del propio niño, niña o adolescente; además, funciona como un mecanismo de prevención, en el entendido que, al surgir una circunstancia que podría constituirse en amenaza o lesión de los mismos, se recurre entonces a las medidas de protección, por supuesto a aquella que aparezca en correspondencia con las características de la situación surgida, en el entendido que debe recurrirse a la medida que resulte viable para amparar, proteger o restituir tales derechos.
Ahora bien, es necesario analizar si procede la revisión de la medida dictada, bien para mantenerla o ratificarla o revocarla, supuesto previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, cuando preceptúa:
“Las medidas de protección, excepto la adopción, pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas, en cualquier momento, por la autoridad que las impuso, cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen…”.
Así, se observa en el caso concreto sometido al conocimiento de la juzgadora, que, una vez decretadas las medidas, no ha surgido ningún otro elemento que acredite la solución definitiva del asunto, por lo que la situación debe resolverse atendiendo al interés superior de la niña, debe ser determinado de forma personalizada, según los criterios que señala la propia Ley en su artículo 8, ibídem.
En tal sentido, es deber de la juzgadora actuar en protección de los derechos de (Identidad Omitida), concretamente en cuanto a su derecho a la integridad personal y a ser protegidos debido a la varias ocasiones en que el adolescente el propio adolescente a abandonado el programa de protección que se ejecuta en su beneficio, sin que sea dable revocar la medida dictada; al contrario, debe ser ratificada hasta tanto surjan elementos en autos que acrediten y la Sala constate que, efectivamente, han cesado los motivos que dieron origen al decreto de las medidas, motivo por el cual, en consecuencia, esta Instancia Juzgadora, de conformidad con el artículo 131 ejusdem, en concordancia con el artículo 126 ibídem, RATIFICA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN, dictadas en fecha 23.10.2007, en beneficio de los precitados niños, (Identidad Omitida), Y ASI SE DECIDE EXPRESAMENTE.
III
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 131 ejusdem, en concordancia con el artículo 126 ibídem, RATIFICA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, dictadas en fecha 23.10.2007, a favor del adolescente (Identidad Omitida).
Regístrese y publíquese la presente decisión. Expídase a las partes copia certificada del presente fallo. Cúmplase.
LA JUEZA,
DRA. ZULAY CHAPARRO
LA SECRETARIA
ABG. FRANCYS CASTILLO
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede.
LA SECRETARIA
ABG. FRANCYS CASTILLO
Exp.10070-04
|
