REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO.
JUEZA PROFESIONAL No.1
Los Teques, 03 de julio de 2008
197º y 148º
Vista las anteriores actuaciones esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA:
I
Se inicio el presente procedimiento en ocasión a la solicitud de Colocación familiar, interpuesta por la Fiscalía 102º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, en beneficio del adolescente (Identidad Omitida), por ante el Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente del área Metropolitana de Caracas, declinando la competencia la Sala de Juicio III del dicho Circuito Judicial, a este Tribunal y Sala el 02.10.2006, siendo recibido por vía de distribución en fecha 08.03.2007, dictándose auto el 14.03.2007, mediante la cual se admitió la demanda interpuesta.
En fecha 31.07.2007, esta Sala de Juicio decreto la colocación familiar provisional del entonces adolescente (Identidad Omitida), en el hogar de la ciudadana GLADYS PADRON, practicándose posteriormente otras actuaciones.
II
Ahora bien, el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone expresamente:
“El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes...Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley...”.
Por su parte, en su artículo 78 ibídem, establece expresamente:
“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales....El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan...”
De las normas constitucionales antes transcritas se desprende, que niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, titulares de todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico a favor de las personas sin discriminación alguna, además de aquellos de los cuales resultan titulares por su especial condición de personas en desarrollo, pues el Constituyente adoptó la Doctrina de la Protección Integral, reconociendo el Texto Fundamental a la familia como asociación natural de la sociedad, previendo una serie de disposiciones, derechos y garantías dirigidas a materializar efectivamente la existencia de ese espacio fundamental y fija, incluso, la regla general que debe regir las relaciones entre los integrantes del grupo familiar, norte de las actuaciones del Estado en el ámbito judicial o administrativo, por lo cual niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen, principio a regir la actuación judicial, de suerte que aquellos solo pueden ser separados de esa asociación natural en los supuestos excepcionales previstos en el ordenamiento jurídico.
En absoluta concordancia con el Texto Fundamental y en respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente consagra en sus artículos 10, 12, 13 y 14, que sus beneficiarios son sujetos de derecho, por lo que gozan de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, con especial referencia a los consagrados en la mencionada Convención; tales derechos son de carácter enunciativo, de suerte que se les reconocen, incluso, aquellos inherentes a la persona humana que no figuren en la Ley Especial o en el resto del ordenamiento jurídico expresamente, por tanto, sus derechos y garantías son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles; reconociéndoseles el ejercicio personal de éstos de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva y, de igual forma, se les exigirá el cumplimiento de sus deberes.
Y precisamente para dotar de mecanismos que permitan su salvaguarda y su efectivo ejercicio o la restitución en su ejercicio cuando han sido lesionados o se vean amenazados de violación, el artículo 125 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente expresamente establece:
“Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos.
La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, representantes o responsables o de la propia conducta del niño o del adolescente”.
Las medidas de protección son el mecanismo que permite el cese de la amenaza de sus derechos o la restitución en su ejercicio cuando han sido lesionados por el propio Estado, por la sociedad, por los propios progenitores o, incluso, aunque el hecho, acto u omisión provenga del propio niño, niña o adolescente; además, funcionan como un mecanismo de prevención, en el entendido que, al surgir una circunstancia que podría constituirse en amenaza o lesión en la vigencia de tales derechos, se recurre entonces a las medidas de protección, por supuesto a aquella que aparezca en correspondencia con las características de la situación surgida, en el entendido que debe imponerse a la medida que resulte viable para amparar, proteger o restituir tales derechos.
No obstante, en el caso concreto sometido al conocimiento de la juzgadora, el joven (Identidad Omitida), se encuentra bajo protección en el hogar de la ciudadana GLADYS PADRON como consecuencia de que aquel se encontraba viviendo con su padre desde hacia cinco (05) años aproximadamente, y posteriormente la medida cautelar decretada por esta Sala de Juicio el 31.07.2007, como se evidencia de auto obrante a los folios 43 al 44 de la presente causa.
Ahora bien, en la actualidad no es necesario mantener medida alguna, por cuanto (Identidad Omitida), alcanzó la edad de 18 años el 01.02.2008 como se evidencia de acta de nacimiento de aquel obrante al folio 14, habiéndose extinguido la patria potestad que sobre el ejercía sus padres, motivo por el cual, en consecuencia, resulta procedente y ajustado a derecho DECLARAR EXTINGUIDA LA INSTANCIA y consecuentemente TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente. Notifíquese a la Representación Fiscal. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECLARA.
III
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA y consecuencialmente TERMINADO EL PROCEDIMIENTO iniciado en beneficio del joven (Identidad Omitida), de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente, cesando así las medidas de protección dictadas por esta Sala de Juicio el 31.07.2007.
Regístrese la presente decisión. Extiéndasele a las partes copia certificada del presente fallo. Cúmplase.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despachos de este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, en su Sala de Juicio, a los 03 días del mes de julio de 2008. Años: 197 de la Independencia y 148 de la Federación.
LA JUEZA,
DRA. ZULAY CHAPARRO
EL SECRETARIO,
ABG. DONNER PITA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
EL SECRETARIO,
ABG. DONNER PITA
Exp. 12278-07
ZCH/FC/Carlos Ojeda
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