TSJ Regiones - Decisión

En esta misma fecha, fue celebrado el Acto de la Audiencia Oral Para Oír al Imputado: MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal fundamentar la decisión dictada en audiencia, en tal sentido, antes de emitir pronunciamiento correspondiente, previamente se pasa a realizar las siguientes observaciones:

CAPITULO I
DEL HECHO Y LA IMPUTACIÓN FISCAL

Los presentes hechos se originaron en fecha 19 de Marzo de 2008, cuando funcionarios adscritos a la Policía del Municipio Zamora, quienes cumpliendo instrucciones del Juez Tercero de Control, Doctor Víctor Camero Castro, según Orden de Visita Domiciliaria numero S3C503/08, de fecha 18/03/08, según oficio numero 488/08, se constituyo comisión integrada por los funcionarios: Detective Baiz Marlón, Agentes Blanco Jackson, Flores Edgar, Marcano Greison, Ramírez Frankiin y Polanco Maria, a fin de realizar registro domiciliario en la siguiente dirección: Urbanización El Marqués, conjunto residencial Los Turpiales, edificio 11, piso 03, apartamento 3D, Guatire Municipio Zamora del Estado Miranda, nos hicimos acompañar de los ciudadanos: BETANCOURT BARRIONUEVO JOSE ANTONIO, de 39 años de edad, portador de la cédula de identidad numero E-82.035.819, VARGAS SILVERA EDISON MANUEL, de 21 años de edad, indocumentado pero manifestó ser titular de la cédula de identidad numero E-100.242.9982, quienes fungirán como testigos en el presente acto, una vez en el lugar se toco a la puerta de la residencia en cuestión, durante los primeros llamado no se recibió respuesta por lo tanto procedimos abrir la reja principal, continuamos realizando llamados, posteriormente dicha puerta principal fue abierta por una persona, a quien identificamos como: SILBERA URRIETA MIGUEL EDUARDO, de 22 años de edad, portador de la cédula de Identidad numero V-17.457.469, identificándonos como funcionarios policiales de esta Institución y le manifestamos el motivo de nuestra presencia, permitiéndonos el acceso al interior de la morada, a su vez que informo ser propietario de la vivienda, seguidamente le hice entrega de copia de la referida orden, posteriormente y en presencia de los ciudadanos testigos amparados en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, le indique al Agente Flores Edgar que procediera con la inspección corporal, siendo negativo la localización de evidencia alguna de interés criminalístico, acto seguido le informe al referido individuo que según lo establecido en el articuló 202 Ibidem debía ubicar a una persona para que esta funja como testigo de confianza, luego de cierto tiempo ubico para tal fin a la ciudadana: VALDERRAMA AMARELIS, de 42 años de edad, portadora de la cédula de identidad numero V-6.893.852, en tal sentido procedimos con la inspección de la residencia en referencia, la cual arrojo como resultado lo descrito en acta manuscrita de visita domiciliaria realizada en el lugar debidamente firmada por los funcionarios actuantes, testigos presenciales y propietario de la casa, la cual consigno mediante la presente, continuando con nuestra labor y según lo establecido en el articulo 125 Ejusdem, le informe sobre los derechos al ciudadano SILBERA URRIETA MIGUEL EDUARDO, quedando detenido, seguidamente procedimos a trasladar todo el procedimiento hasta la sede de este despacho, una vez en el sitio y según lo estipulado en el articulo 113 de la Supra Mencionada Ley, realice llamada telefónica al Fiscal Quinto del Ministerio Publico, Doctor Zair Mundaray, a quien le comunique del caso, indicando que remitiera todo el procedimiento hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub delegación Estatal Guarenas, a fin de que sean realizadas todas las diligencias pertinentes y necesarias….

El Fiscal 5° del Ministerio Público, en el curso de la audiencia refirió el hecho supra relatado e indicó los elementos de convicción que cursan a la investigación y que permiten acreditar la existencia de un hecho punible y la participación en el mismo por parte del ciudadano MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, luego de explanar el hecho y puntualizar las diferentes actuaciones que le llevan a concluir que está acreditada la existencia de un tipo delictivo cuya acción penal no se encuentra prescrita, y de cuya autoría o participación existen fundados elementos de convicción que señala al investigado, aunado a la presunción de peligro de fuga que se fundamenta en la presunción legal por la probable pena a ser impuesta, de conformidad con el parágrafo único del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, seguidamente, solicitó la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, de conformidad con el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, subsumiendo el hecho en el esquema del delito de DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; manifestando las razones que hacen verificable el núcleo que constituye el tipo penal. Asimismo, previa solicitud que en el sentido indicado hiciera la Fiscal del Ministerio Público al Tribunal respecto del procedimiento requerido para la continuación de la respectiva investigación, precisó solicitar que la misma sea llevada en observancia de las normas que rigen el procedimiento ordinario, máxime cuando existen diligencias que practicar encaminadas al esclarecimiento del hecho.

CAPITULO II
DE LO EXPUESTO POR EL IMPUTADO

"La marihuana que encontraron en mi casa era mía porque soy consumidor, la tenia en mi casa porque me iba una semana para Cuyagua, no sabia si iba encontrar por allá, yo hice bolsitas pequeñas para llevar a la playa, yo llevo dos años fumando y ayer fue que mi mama se entero de esto, yo no la vendo yo me acabo de graduar de bachiller yo compre la marihuana para consumirla con unos amigos, un celular es mío, uno esta dañado, y los otros dos son de mis suegros, mi novia me los dio porque yo no tenia celular porque se me daño, la marihuana que estaba en el envase era resto de lo que yo me había consumido, yo no consumo ningún tipo de droga sino marihuana. A PREGUNTAS DEL FISCAL CONTESTO: Yo no compre toda la panela, lo que esta desmoñado pertenece al pedazo grande, yo vivo con mi mama y mi padrastro, me acabo de graduar de bachiller y quiero estudiar Turismo y Hotelería, yo tenía 70 mil bolívares, mi mama me da el dinero, le compre la droga a un amigo que me la llevo a mi casa, si he comprado en otras ocasiones, mi amigo me hizo la conexión para comprar la droga, el se llama Yondris vive por el Puente de Kempis."

CAPITULO III
DE LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA

"Las palabras de mi patrocinado son elocuentes, el se declara consumidor, este tipo de artículo es de primera necesidad para los que son adictos, desde el principio el prestó la colaboración a los funcionarios para que fueran directo al cuarto donde estaba la droga, yo solicito se practiquen los exámenes psicológicos y Toxicológicos ya que el se declaró consumidor, no existe peligro de fuga ya que vista la precalificación fiscal se tienen seis meses par terminar la investigación, podemos asegurar las resultas del proceso con la aplicación e una Medida Cautelar, y sea remitido a un Centro de Rehabilitación para su desintoxicación ya que el depende económica y psicológicamente de sus familiares.”

CAPITULO IV
DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
DE LA CALIFICACION DE FLAGRANCIA

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enuncia una serie de derechos fundamentales cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, consagrando así en su artículo 44 como derecho civil inviolable, el derecho a la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Así, en el numeral 1 se establece como requisito sine qua non para arrestar o detener a una persona, el presupuesto de una orden judicial, esto es, un decreto de privación preventiva de libertad pronunciado por el órgano jurisdiccional competente, previa acreditación de la concurrencia de los extremos requeridos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo en los casos de flagrancia donde no se requiere tal orden judicial y la persona es presentada ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención, quedando igualmente precisados en el artículo 248 del texto adjetivo penal patrio, los supuestos por los cuales un delito ha de calificarse como flagrante.

Así pues, dado el supuesto de excepción al derecho a la libertad personal expresamente previsto en la Carta Magna, representado por el decreto de privación preventiva de libertad, y visto el motivo de la audiencia convocada y realizada en esta misma fecha de acuerdo con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se impone determinar si las circunstancias fácticas en las cuales resultara aprehendido el ciudadano MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, permiten calificar como flagrante la aprehensión y si, a su vez, conllevan a un señalamiento de encontrarse llenos los extremos del artículo 250 del texto adjetivo penal vigente que justifiquen la imposición de una medida de coerción personal, por lo que, a continuación se entra a analizar los supuestos y precisiones contenidos en los artículos 248 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, así como lo previsto en uno de los supuestos del Artículo 44 ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas que rezan lo siguiente:

Artículo 248. “...Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. En estos casos cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión...” (Resaltado del Tribunal).

Artículo 44: “La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendido in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de su detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”. /Resaltado del Tribunal).

En cuanto a la flagrancia, la dogmática penal ha establecido que ésta se presenta cuando una o varias personas son sorprendidas, ya sea por las autoridades o por cualquier particular, en la comisión de un hecho con evidentes caracteres de delito; y, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal penal que acoge la flagrancia real, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta a posteriori, se da un tratamiento especial en cuanto a que la persona sorprendida en delito flagrante, puede ser detenida sin el cumplimiento de las formalidades ordinarias que regulan la detención, y que encuentran su fundamento en disposición de rango constitucional, no incurriendo el aprehensor en la privación ilícita de libertad.

Así pues, analizado como ha sido el caso in comento, aprecia este Tribunal que la aprehensión del ciudadano MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, encuadra perfectamente en el supuesto previsto en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que de las actuaciones llevadas al conocimiento del Juzgador por la parte fiscal, esto es, acta policial levantada y suscrita por los funcionarios actuantes, así como de las actas de entrevistas, se evidencia que fue aprehendido en fecha 19 de Marzo de 2008, cuando funcionarios adscritos a la Policía del Municipio Zamora, quienes cumpliendo instrucciones del Juez Tercero de Control, Doctor Víctor Camero Castro, según Orden de Visita Domiciliaria numero S3C503/08, de fecha 18/03/08, según oficio numero 488/08, se constituyo comisión integrada por los funcionarios: Detective Baiz Marlón, Agentes Blanco Jackson, Flores Edgar, Marcano Greison, Ramírez Frankiin y Polanco Maria, a fin de realizar registro domiciliario en la siguiente dirección: Urbanización El Marqués, conjunto residencial Los Turpiales, edificio 11, piso 03, apartamento 3D, Guatire Municipio Zamora del Estado Miranda, nos hicimos acompañar de los ciudadanos: BETANCOURT BARRIONUEVO JOSE ANTONIO, de 39 años de edad, portador de la cédula de identidad numero E-82.035.819, VARGAS SILVERA EDISON MANUEL, de 21 años de edad, indocumentado pero manifestó ser titular de la cédula de identidad numero E-100.242.9982, quienes fungirán como testigos en el presente acto, una vez en el lugar se toco a la puerta de la residencia en cuestión, durante los primeros llamado no se recibió respuesta por lo tanto procedimos abrir la reja principal, continuamos realizando llamados, posteriormente dicha puerta principal fue abierta por una persona, a quien identificamos como: SILBERA URRIETA MIGUEL EDUARDO, de 22 años de edad, portador de la cédula de Identidad numero V-17.457.469, identificándonos como funcionarios policiales de esta Institución y le manifestamos el motivo de nuestra presencia, permitiéndonos el acceso al interior de la morada, a su vez que informo ser propietario de la vivienda, seguidamente le hice entrega de copia de la referida orden, posteriormente y en presencia de los ciudadanos testigos amparados en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, le indique al Agente Flores Edgar que procediera con la inspección corporal, siendo negativo la localización de evidencia alguna de interés criminalístico, acto seguido le informe al referido individuo que según lo establecido en el articuló 202 Ibidem debía ubicar a una persona para que esta funja como testigo de confianza, luego de cierto tiempo ubico para tal fin a la ciudadana: VALDERRAMA AMARELIS, de 42 años de edad, portadora de la cédula de identidad numero V-6.893.852, en tal sentido procedimos con la inspección de la residencia en referencia, la cual arrojo como resultado lo descrito en acta manuscrita de visita domiciliaria realizada en el lugar debidamente firmada por los funcionarios actuantes, testigos presenciales y propietario de la casa, la cual consigno mediante la presente, continuando con nuestra labor y según lo establecido en el articulo 125 Ejusdem, le informe sobre los derechos al ciudadano SILBERA URRIETA MIGUEL EDUARDO, quedando detenido, seguidamente procedimos a trasladar todo el procedimiento hasta la sede de este despacho, una vez en el sitio y según lo estipulado en el articulo 113 de la Supra Mencionada Ley, realice llamada telefónica al Fiscal Quinto del Ministerio Publico, Doctor Zair Mundaray, a quien le comunique del caso, indicando que remitiera todo el procedimiento hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub delegación Estatal Guarenas, a fin de que sean realizadas todas las diligencias pertinentes y necesarias….

CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE

Ahora bien, calificado el hecho como flagrante, se impone resolver la solicitud fiscal respecto de la aplicación del procedimiento ordinario en la investigación que se adelanta en la causa seguida al ciudadano MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, la cual fundara en la necesidad de investigación del hecho por ella explanado y en consecuencia, la práctica de diligencias tendientes a investigar la comisión de uno delito y la responsabilidad de su autor o partícipe; al respecto, este Juzgador, teniendo por norte la finalidad del proceso de establecer la verdad de los hechos y la Justicia en la aplicación del derecho, observa que no todos los casos de aprehensión en flagrancia deben ser juzgados por el procedimiento abreviado, pues si bien es cierto que la mayor de las veces puede contarse con un cúmulo apreciable de evidencias que suprimen la necesidad de la fase preparatoria o investigativa e intermedia del proceso por cuanto los elementos para el juzgamiento están disponibles para el titular de la acción penal, no se descartan, sin embargo, casos en los que aún cuando la constatación del delito haya sido en flagrancia, por las características del hecho se hace necesario abrir una averiguación de fase preparatoria, a fin de verificar circunstancias fuera del hecho flagrante que coadyuven a la finalidad última del proceso y expresamente consagrada en los artículos 257 y 13 del Texto Fundamental y del cuerpo adjetivo penal patrio, respectivamente.

Por tales razones, siendo que el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé la facultad para que el Ministerio Público solicite, el procedimiento especial aún en los casos de flagrancia, cuando considere que requiere de diligencias que practicar y apreciada la necesidad de investigación del hecho en aras de obtener un cúmulo de elementos que esclarezcan de manera incontrovertible la verdad permitan arribar al acto conclusivo que tenga lugar; es por lo que este Tribunal, de conformidad con el artículo 373 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 ejusdem, acuerda se continúe la investigación por el procedimiento ordinario. Y así se decide.

CAPITULO VII
DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL
PREVENTIVA DE LIBERTAD

En otro orden de ideas, dado que la representante del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal requirió a este órgano jurisdiccional la imposición de medidas de coerción personal al ciudadano MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, arguyendo para ello que se encuentran cubiertos los extremos previstos en tal disposición legal para la procedencia de un decreto de privación preventiva de libertad, en relación con los artículos 251 y 252 ejusdem; es por lo que se impone el análisis de las circunstancias del caso a la luz de la normativa adjetiva legal y el articulado atinente a las medidas de coerción personal, su finalidad y procedencia en el desarrollo del proceso penal, por lo que de seguidas se puntualizan las consideraciones siguientes:

El artículo 250 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal consagran expresamente los requisitos de procedencia de la privación preventiva de libertad así como los supuestos de su improcedencia, las medidas cautelares sustitutivas a dicho decreto judicial de privación de libertad, las modalidades en que éstas pueden presentarse para su aplicación, y el imperativo de aplicación de medidas de posible cumplimiento y revisión de las impuestas en los términos expresamente señalados; todo lo cual, en definitiva, reafirma la regla general de la libertad y la excepción representada en cuanto a la privación o restricción de la misma. En tal sentido, el legislador autoriza, con carácter excepcional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias previstas en el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, uno de los fines de dichas medidas es asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo estos mecanismos cautelares un límite a los derechos del procesado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que se logren las finalidades del proceso penal como son el normal desenvolvimiento del proceso penal y lograr la aplicación de la probable sanción de la que se podría hacer merecedor el imputado. No obstante se hace necesario en resguardo de los derechos constitucionales consagrados a toda persona como son el de la libertad y el derecho a ser juzgado en libertad, que tales medidas de coerción, sean aplicadas únicamente cuando sea necesarias y proporcionales para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, y deberá ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso in concreto así lo indique.

En ese orden de ideas debe indicarse el contenido del artículo 250 del código Orgánico Procesal Penal que señala:

“Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…(omissis)…Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva…” (resaltado del Tribunal)

“Artículo 251. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3- La magnitud del daño causado;
4- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5- La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años... (omissis)…Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio o a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado.” (Resaltado del tribunal).
“Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 1- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción; 2- Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.” (Resaltado del tribunal).

Atendidas, por tanto, las disposiciones constitucional y legales supra precisadas, y realizada como fuera una revisión exhaustiva y minuciosa de las diversas actuaciones cursantes a la investigación, así como atendidas las exposiciones hechas por la parte fiscal y la defensa, aprecia este Tribunal han quedado cubiertos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para la procedencia del decreto de privación judicial preventiva de libertad del imputado, ciudadano MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, toda vez que existen plurales y fundados elementos de convicción procesales que conducen al hecho, tal y como lo son:

1.- ACTA POLICIAL de fecha 19 de Marzo de 2008, suscrita por los funcionarios BAIZ MARLON, HERRERA TAIRON. BLANCO JACKSON. FLORES EDGAR, MARCANO GREISON, RAMIREZ FRANKLIN y POLANCO LORENA, adscritos a la Policía Municipal de Zamora.

2.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 19 de Marzo de 2008, a la ciudadana VALDERRAMA AMARELIS, en su carácter de Testigo.

3.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 19 de Marzo de 2008, al ciudadano EDISON VARGAS OLIVEIRAS, en su carácter de Testigo.

4.- ACTA DE ENTREVISTA de fecha 19 de Marzo de 2008, al ciudadano BETANCOURT BARRIONUEVO JOSE ANTONIO, en su carácter de Testigo.

Tales elementos en su conjunto, han llevado a la convicción a este Juzgador de establecer la presunta autoría y responsabilidad penal, del ciudadano: MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, en el ilícito calificado provisionalmente por el Fiscal 5° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y acogida dichas precalificaciones por este Tribunal, el cual es a saber, por el delito de DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; toda vez, que los hechos se originaron en fecha 19 de Marzo de 2008, cuando funcionarios adscritos a la Policía del Municipio Zamora, quienes cumpliendo instrucciones del Juez Tercero de Control, Doctor Víctor Camero Castro, según Orden de Visita Domiciliaria numero S3C503/08, de fecha 18/03/08, según oficio numero 488/08, se constituyo comisión integrada por los funcionarios: Detective Baiz Marlón, Agentes Blanco Jackson, Flores Edgar, Marcano Greison, Ramírez Frankiin y Polanco Maria, a fin de realizar registro domiciliario en la siguiente dirección: Urbanización El Marqués, conjunto residencial Los Turpiales, edificio 11, piso 03, apartamento 3D, Guatire Municipio Zamora del Estado Miranda, nos hicimos acompañar de los ciudadanos: BETANCOURT BARRIONUEVO JOSE ANTONIO, de 39 años de edad, portador de la cédula de identidad numero E-82.035.819, VARGAS SILVERA EDISON MANUEL, de 21 años de edad, indocumentado pero manifestó ser titular de la cédula de identidad numero E-100.242.9982, quienes fungirán como testigos en el presente acto, una vez en el lugar se toco a la puerta de la residencia en cuestión, durante los primeros llamado no se recibió respuesta por lo tanto procedimos abrir la reja principal, continuamos realizando llamados, posteriormente dicha puerta principal fue abierta por una persona, a quien identificamos como: SILBERA URRIETA MIGUEL EDUARDO, de 22 años de edad, portador de la cédula de Identidad numero V-17.457.469, identificándonos como funcionarios policiales de esta Institución y le manifestamos el motivo de nuestra presencia, permitiéndonos el acceso al interior de la morada, a su vez que informo ser propietario de la vivienda, seguidamente le hice entrega de copia de la referida orden, posteriormente y en presencia de los ciudadanos testigos amparados en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, le indique al Agente Flores Edgar que procediera con la inspección corporal, siendo negativo la localización de evidencia alguna de interés criminalístico, acto seguido le informe al referido individuo que según lo establecido en el articuló 202 Ibidem debía ubicar a una persona para que esta funja como testigo de confianza, luego de cierto tiempo ubico para tal fin a la ciudadana: VALDERRAMA AMARELIS, de 42 años de edad, portadora de la cédula de identidad numero V-6.893.852, en tal sentido procedimos con la inspección de la residencia en referencia, la cual arrojo como resultado lo descrito en acta manuscrita de visita domiciliaria realizada en el lugar debidamente firmada por los funcionarios actuantes, testigos presenciales y propietario de la casa, la cual consigno mediante la presente, continuando con nuestra labor y según lo establecido en el articulo 125 Ejusdem, le informe sobre los derechos al ciudadano SILBERA URRIETA MIGUEL EDUARDO, quedando detenido, seguidamente procedimos a trasladar todo el procedimiento hasta la sede de este despacho, una vez en el sitio y según lo estipulado en el articulo 113 de la Supra Mencionada Ley, realice llamada telefónica al Fiscal Quinto del Ministerio Publico, Doctor Zair Mundaray, a quien le comunique del caso, indicando que remitiera todo el procedimiento hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub delegación Estatal Guarenas, a fin de que sean realizadas todas las diligencias pertinentes y necesarias….

Siendo así las cosas y por cuanto de las actas procésales se infiere que el ciudadano: MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, ha resultado presuntamente ser la persona responsable del ilícito penal aquí investigado y ante la presunción razonable por la apreciación del caso en particular de PELIGRO DE FUGA, previsto en el artículo 251 parágrafo primero y ordinales 2 y 3, determinado por la posible pena a ser impuesta y por la gravedad del delito; por haber calificado provisionalmente el Ministerio Público el hecho como bien se indico antes de DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; constituyendo ésta situación, una excepción del principio de libertad establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resultando la medida que en este acto se impone, es proporcional al hecho imputado al ciudadano: MIGUEL EDUARDO SILBERA URRIETA, en tal sentido, considera quien aquí decide, que lo procedente y ajustado a Derecho en el caso que nos ocupa, es decretar la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano antes mencionado.- Y ASI SE DECLARA.-

CAPITULO VIII
DISPOSITIVA

En consecuencia, por todos los razonamientos anteriormente expuestos, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, éste Tribunal PRIMERO de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano: MIGUEL EDUARDO SILVERA URRIETA, nacionalidad venezolana, nacido en Caracas, en fecha 04/02/1986, de 22 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.457.469, profesión u oficio Estudiante, hijo de Loaida Urrieta Aguaje (V) y de Tomas Aquino Fernández (padrastro), residenciado en: El Marqués, Sector Los Turpiales, Edificio 11, piso 03, apartamento 3D, Guarenas, por encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 250, 251 Y 252, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Firmada, sellada y refrendada en el Tribunal Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, en Funciones de Control, a los veinte (20) días del mes de Marzo del Año DOS MIL OCHO (2008).-

Regístrese, Diaricese, la presente decisión. CUMPLASE.-
EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. FRANCISCO JAVIER LARA
LA SECRETARIA

ABG. JESSICA PEREIRA CASTILLO.

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.-
LA SECRETARIA

ABG. JESSICA PEREIRA CASTILLO.

Exp. 1C-03-1045-08.-