REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO EXTENSIÓN BARLOVENTO

Vista la solicitud presentada por la Dra. YOSMAR HERNANDEZ OCANTO, en su carácter de Defensora Pública Penal, del acusado FREDDY ALBERTO PANTOJA, identificada en autos, en la cual solicita a este Tribunal, revisión de la Medida Cautelar Sustitutiva de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal, este Tribunal a los fines de decidir observa lo siguiente: En fecha, 9 de marzo del 2007 se celebró ante el Tribunal Tercero en Función de Control del Circuito Judicial Penal Guarenas, Extensión Barlovento, audiencia entre las partes, en la cual la Representación Fiscal precalificó el hecho objetos de la investigación en el tipo penal ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del código penal, y en presencia de las partes se resolvió en cuanto a la libertad del precitado ciudadano, decretándose la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de conformidad con las previsiones del artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 12 de junio de 2007, se realizó la AUDIENCIA PRELIMINAR el Ministerio Público en su oportunidad leal presentó acto conclusivo fiscal y realizó cambio de calificación jurídica por la presunta comisión del delito de ROBO PROPIO, previsto y sancionado en el artículo 456 del código penal, en agravio de las víctimas MADERA DE DIAZ MAIRA COROMOTO, MIRIAM MIREYA GALLARDO DE VELASQUEZ Y YANEZ FINOL LUISIBELL, de acuerdo al artículo 326 del Texto Adjetivo Penal, decretándose el respectivo auto de apertura a juicio. En tal sentido, el abogado Defensor de la supra mencionada acusada, fundamenta la solicitud de revisión de medida, en virtud de que ha transcurrido un lapso de tiempo PROLONGADO, sin que su defendido se le haya realizado el juicio oral y público , igualmente, no se ha constituido el Tribunal Mixto , a objeto del acto posterior, como lo es la celebración del juicio oral. Ahora bien, el derecho a ser juzgado en libertad se encuentra establecido en el ordinal 1° del Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que se sorprendida in fraganti... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” Este principio se encuentra desarrollado por el Código Orgánico Procesal Penal, el cual, en sus Artículos 9° y 243 Así tenemos, el Artículo 244 del Texto Adjetivo Penal dispone: “Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años...” La privación preventiva de libertad o detención preventiva, en la forma como está regulada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, incluyendo el nuestro, es una medida excepcional para lograr los fines del proceso; que no ha de ser vista como la aplicación de una pena anticipada sino como una necesaria medida cautelar que ha de adoptarse contra un imputado sobre quien pesan fundados elementos de convicción de haber cometido un delito, que colocan gravemente en entredicho su presunción de inocencia; y si bien desde el punto de vista ortodoxo se afirma que dicha medida no debería producirse hasta tanto no sea pronunciada una sentencia definitivamente firme que así lo determine, lo cierto del caso es que se trata de un mal necesario cuya proliferación puede disminuirse en medidas sustitutivas que, en determinados supuestos, han de ponerse en práctica.. Como sería el supuesto de las detenciones preventivas prolongadas en el tiempo, sin llevarse a cabo el juicio oral, por causas no imputables al acusado. La circunstancia de estar el ciudadano FREDDY ALBERTO PANTOJA, con una medida de detención, previo el mandato fundado de un juez competente, con el cumplimiento de las formalidades prescritas por la ley, no le impide, bajo ningún respecto, que pueda ejercer a plenitud los derechos en los que se descompone el debido proceso. Entre tales derechos esta que la hoy acusado FREDDY ALBERTO PANTOJA, solicite que tal privación de libertad sea revisada tantas veces lo permita la norma procesal, tal como lo prevé el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia, cuando sea procedente, se le sustituya por una medida menos gravosa , y una vez acordada, si el acusado la incumpliere, esta facultado el Juez de la causa, bien sea por solicitud Fiscal o de oficio, revocar la misma, tal como lo dispone el artículo 262 ejusdem. Si bien es cierto que, en aquel entonces cuando se decretó la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, el Juzgador valoró una series de circunstancias, no es menos cierto que, en la presente causa, en los actuales momentos, existen circunstancias que el Juez valora, siendo el hecho de que la acusado esta sometido a una espera por demasía prolongada en el tiempo para la celebración del juicio oral y público, estando privado de libertad, que lo mas procedente y ajustado a derecho en aras de la aplicación de la recta, sana y oportuna administración de Justicia, es OTORGAR al acusado FREDDY ALBERTO PANTOJA, la Medida Cautelar Sustitutiva menos gravosa, de conformidad con el articulo 256 ordinales 3° del Código Orgánico Procesal Penal vigente, por lo que deberá presentarse cada Quince días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, acuerda OTORGAR al acusado FREDDY ALBERTO PANTOJA, titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.459.475, la Medida Cautelar Sustitutiva contemplada en el articulo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal vigente, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 23, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 256 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Librese boleta de libertad y los oficios respectivos al ciudadano Director del Internado Judicial Región Capital Rodeo II, y la correspondiente boleta de citación. Diarícese, regístrese y notifíquese la presente decisión. LA JUEZA DRA. ISORA C. MARQUINA MARQUEZ LA SECRETARIA DRA. KARLA SANTIN En esta misma fecha se le dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede LA SECRETARIA DRA.KARLA SANTIN ACT. 2M-903-07