REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE Nº 07-8034

PARTE DEMANDANTE: JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 12.416.207.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: RAMÓN ALEJANDRO INFANTE, ALEJANDRO EDUARDO INFANTE ADAM, MARÍA MILAGROS PACHECO MORILLO y YASMINI ZAMBRANO FUENTES, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 20.558, 107.391, 66.271 y 32.861, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la Cédulas de Identidad Nos. V-2.743.520 y V-3.406.318, respectivamente.
APODERADA JUDICIAL DE LA CO-DEMANDADA: IRAIDA RODRÍGUEZ DE MORAN, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 24.604.
DEFENSORA JUDICIAL DEL CO-DEMANDADO: OMAIRA DÍAZ DE SOLARES, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.841.735, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 99.939.
MOTIVO: Desalojo.
SENTENCIA: Definitiva.
I

En escrito presentado en fecha 06 de Marzo de 2007, por ante este Juzgado a quien le correspondió por orden de sorteo conocer de la demanda, interpuesta por el Abogado RAMÓN ALEJANDRO INFANTE, antes identificado en autos, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JOSÉ FLORENCIO ALVAREZ, parte demandante en el presente juicio, en contra los ciudadanos LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, fundamentando su acción en los Artículos 1.160 y 1.592, numerales 1° y 2° del Código de Procedimiento Civil y los Artículos 33 y 34, literales b) y e) del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, alegando que: 1) Su representado es Arrendador de una casa de habitación situada en La Mata, calle Urdaneta, Casa N° 01, Sector La Mata, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, y mediante documento la dio en arrendamiento a los ciudadanos LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, según contrato determinado en fecha 10 de marzo de 1996, y autenticado en fecha 14 de marzo de 1996, por ante la Notaria Pública de Los Teques, bajo el N° 91, Tomo 23, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría. 2) Que el canon de arrendamiento sería por la cantidad de Setenta Mil Bolívares (Bs. 70.000,oo), que los arrendatarios se comprometieron a pagar a “Inversiones Martínez Quintero C.A.”, por mensualidades adelantadas dentro de los cinco primeros días de cada mes. 3) En la cláusula Quinta se estableció que dicho contrato comenzaría a partir del 10 de marzo de 1996, y del contenido del mismo este contrato se indeterminó, por las circunstancias contractuales al no hacerle el respectivo desahucio en la oportunidad convenida en dicho instrumento obligacional entre las partes. 4) De igual manera el referido contrato de arrendamiento en su Cláusula Séptima establece que: “… y se comprometen conservarlo…” Los Arrendatarios no podrán hacer ninguna modificación estructural menor o mayor sin la previa autorización de El Arrendador dada por escrito. De igual manera en la Cláusula Décima Cuarta se convino que “Inversiones Martínez Quintero C.A.”, realizara periódicamente inspección del inmueble para ver el estado y conservación del mismo, y este hecho nunca se ha podido llevar a cabo, por cuanto Los Arrendatarios no le permiten el permiso para inspeccionar la casa a nadie, casi desde el principio del contrato. Y a partir de ese momento comenzaron a efectuar el pago de Arrendamiento por ante el Tribunal de Municipio en consignaciones. 5) Por razones de salud mental de su padre FLORENCIO ÁLVAREZ, necesariamente requiere de la casa la cual esta dada en arrendamiento a los precitados ciudadanos, aunado al hecho de tener la urgente necesidad de ocupar la casa que ha sido el asiento principal de su hogar, en virtud de que vive alquilado y le están pidiendo desocupación y requiere la casa para asiento habitacional de su padre y de su familia, y donde actualmente viven sus hermanas también le están pidiendo desocupación. 6) Según lo preceptuado en el literal e) del artículo 34 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, procederá el desalojo del inmueble arrendado cuando El Arrendatario haya causado al inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por El Arrendador. Que aquí se observa la presencia de un incumplimiento imputable al Arrendatario, ante la violación de la cláusula séptima por las reformas efectuadas a la casa, y la violación de la referida norma que regula la relación contractual. 7) Por todo lo antes expuesto procede a demandar a los ciudadanos LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, para que convengan o en su defecto a ello sean condenados en el desalojo de la vivienda dada en arrendamiento de conformidad con el Artículo 34 literal b) y e), del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Demanda la entrega del inmueble determinado y descrito en el cuerpo de la presente demanda y en pagar las costas y costos del presente juicio.
En fecha 13 de Marzo de 2007, compareció el Abogado RAMÓN ALEJANDRO INFANTE, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignando los recaudos objeto de su pretensión, a los fines de la prosecución del proceso.
En fecha 14 de marzo de 2007, se admite la demanda, y se emplaza a los demandados el segundo día de despacho siguiente de la constancia en auto de la última de las citaciones debidamente practicadas, a los fines de que dieran contestación a la demanda.
En fecha 10 de Abril de 2007, compareció el Abogado RAMÓN ALEJANDRO INFANTE, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora y consigna los fotostatos necesarios, a los fines de que sean libradas las respectivas compulsas, librándose las mismas en fecha 11 de abril de 2007.
En fecha 03 de mayo de 2007, previa solicitud formulada por el apoderado judicial de la parte actora, se le concedió al mismo un lapso para que suministre la dirección del co-demandado.
En fecha 06 de Junio de 2007, comparece el Alguacil de este Tribunal, y consigna Recibo de Citación sin firmar librado a la ciudadana NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, toda vez que la referida ciudadana se negó a firmar el mismo, así como el Recibo de Citación y Compulsa librados al ciudadano LUIS ARCADIO BELO RODRÍGUEZ, en virtud que por información de la codemandada, el ciudadano antes mencionado se encuentra en el interior del país por motivos laborales.
En fecha 12 de junio de 2007, previa solicitud del apoderado judicial de la parte, se libró Boleta de Notificación a la ciudadana NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, de conformidad con lo establecido en el Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil y se ordenó citar mediante Carteles al ciudadano LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 223, eiusdem.
En fecha 25 de Junio de 2007, compareció el apoderado judicial de la parte actora, dejando constancia mediante diligencia de haber recibido el Cartel de Citación para su publicación. Posteriormente comparece en fecha 11 de julio de 2007, y consigna debidamente publicado en los diarios “El Nacional” y “La Región”, el Cartel de Citación en referencia.
En fecha 14 de Agosto de 2007, la Secretaria de este Tribunal, Abogada NOHELIA RAMÍREZ ABELLO, deja constancia de haber fijado el Cartel de Citación en el domicilio del codemandado, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 12 de Diciembre de 2007, la Secretaria de este Tribunal, Abogada NOHELIA RAMÍREZ ABELLO, deja constancia de haber dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, entregando la Boleta de Notificación que le fue librada a la ciudadana NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, parte codemandada en el presente juicio.
En fecha 17 de diciembre de 2007, el apoderado judicial de la parte actora Abogado RAMÓN ALEJANDRO INFANTE, solicita se designe Defensor Judicial a la parte demandada.
En fecha 18 de diciembre de 2007, se designa como Defensora Ad-Litem a la abogada OMAIRA DEL VALLE DÍAZ DE SOLARES, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 99.939, a quien se ordena notificar del cargo recaído en su persona.
En fecha 11 de enero de 2008, comparece el Alguacil de este Juzgado ciudadano JESÚS ALBERTO VALDERRAMA LAYÓN, y consigna copia de la Boleta de Notificación librada a la abogada OMAIRA DÍAZ DE SOLARES, la cual fue firmada por la referida abogada.
En fecha 17 de enero de 2008, comparece la abogada OMAIRA DÍAZ DE SOLARES, ya identificada, quien acepta el nombramiento de Defensora Ad Litem y jura cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al cargo.
En fecha 18 de enero de 2008, comparece la co-demandada ciudadana NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, y asistida por la abogada IRAIDA RODRÍGUEZ DE MORÁN, solicita que se realice computo de los días transcurridos entre una citación y otra, y pide que se dejen sin efecto las citaciones realizadas, pronunciándose al respecto este Tribunal en fecha 23 de enero de 2008.
En fecha 25 de enero de 2008, el abogado RAMÓN ALEJANDRO INFANTE, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante, solicita la Citación de la Defensora Judicial, a los fines de que diera contestación a la demanda. Dictándose auto en fecha 29 de enero de 2008, ordenando librar Boleta de Citación a la Defensora Judicial designada, abogada OMAIRA DÍAZ DE SOLARES.
En fecha 11 de febrero de 2008, comparece la parte co-demandada NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, y otorga poder en la forma Apud Acta a la profesional del derecho IRAIDA RODRÍGUEZ DE MORÁN, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 24.604.
En fecha 08 de abril de 2008, comparece el Alguacil ciudadano JESÚS ALBERTO VALDERRAMA ALAYÓN, y consigna copia de la Boleta de Citación librada a la Defensora Judicial, quien firmó la misma en prueba de haber sido citada.
En fecha 11 de abril de 2008, comparecen las abogadas OMAIRA DÍAZ DE SOLARES e IRAIDA RODRÍGUEZ DE MORÁN, y en sus caracteres de Defensora Judicial del co-demandado, ciudadano LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ, y apoderada judicial de la co-demandada ciudadana NANCY TERESITA DE BELO, y consignan en dos (2) folios útiles cada uno, escrito de contestación a la presente demanda.
Abierto el procedimiento a pruebas ambas partes hicieron uso del derecho de promover y evacuar pruebas.
Siendo la oportunidad de decidir, este Tribunal observa:

II
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

a) Documentales: La parte demandante acompañó a su demanda los siguientes instrumentos: a.1) Copia Certificada del Contrato de arrendamiento, suscrito en fecha 14 de marzo de 1996, entre el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ y los ciudadanos LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, sobre el inmueble constituido por una casa distinguida con el N° 1, ubicada en La Calle Urdaneta, Sector La Mata, Los Teques, Estado Miranda. Este Tribunal aprecia dicha documental por cuanto reproduce un documento público, aunado ello al hecho de que no fue impugnada por el accionado en la oportunidad respectiva. En tal virtud, debe tenerse como fidedigna, conforme a lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, atribuyéndosele plena eficacia probatoria.

Durante el lapso probatorio, el accionante promovió las siguientes:
Mérito favorable de los autos: Este Tribunal encuentra que tal reproducción no constituye un medio de prueba sino una solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte.

b) Documentales: b.1) Original de Comunicación s/n°, fechada 18 de marzo de 2003, en la cual aparece en la parte inferior central, una firma ilegible en tinta azul sobre el nombre de Carmen Ledezma de Corrales, dirigida a los ciudadanos MERSABEL y MARGALY ÁLVAREZ CORRALES, cuyo texto se transcribe parcialmente: “(…) La presente tiene el objeto de comunicarle que a partir de la presente fecha de comunicación, he decidido solicitar la desocupación de la vivienda que viene ocupando, situada en la Calle Urdaneta N° 12-1, en esta ciudad de Los Teques, estado Miranda. Mucho sabré agradecer su atención a la presente a fin de que cumplan con lo solicitado…” Este Tribunal observa que la parte accionante promovió la prueba testimonial de la ciudadana CARMEN LEDEZMA DE CORRALES, y en la evacuación de dicha testimonial, ésta en fecha 28 de abril de 2008, ratificó en su contenido y firma la documental que se analiza, con el debido control de la prueba ejercido por la parte no promovente, en consecuencia debe tenerse como fidedigna la referida documental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece. b.2) Copia certificada de Partida de nacimiento de MERSABEL TERESA ÁLVAREZ CORRALES, expedida por la Alcaldía del Municipio Autónomo Guaicaipuro, Dirección de Registro Civil de Personas y Electoral, de la que se evidencia que nació el 07 de noviembre de 1.978, que es hija de la ciudadana MERCEDES TERESA CORRALES DE ÁLVAREZ, y del ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, de la cual se establece la filiación entre la presentada y el presentante. En relación a esta documental, el Tribunal la aprecia de conformidad con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de un documento público. b.3) Copia certificada de Partida de nacimiento de MARGALY ALEXANDRA ÁLVAREZ CORRALES, expedida por la Alcaldía del Municipio Autónomo Guaicaipuro, Dirección de Registro Civil de Personas y Electoral, de la que se evidencia que nació el 14 de septiembre de 1.984, que es hija de la ciudadana MERCEDES TERESA CORRALES DE ÁLVAREZ, y del ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, de la cual se establece la filiación entre la presentada y el presentante. En relación a esta documental, el Tribunal la aprecia de conformidad con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de un documento público. b.3) Original de documento privado de Contrato de Arrendamiento suscrito en fecha 15 de agosto de 1.999, entre la ciudadana TRINA GONZÁLES DE ESPINOZA y el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ CORRALES. En relación a esta documental, este Tribunal observa que la parte accionante promovió la prueba testimonial de la ciudadana TRINA GONZÁLES DE ESPINOZA, y en la evacuación de dicha testimonial, ésta en fecha 28 de abril de 2008, ratificó en su contenido y firma la documental que se analiza, con el debido control de la prueba ejercido por la parte no promovente, en consecuencia debe tenerse como fidedigna la referida documental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece. b.4) Original de comunicación s/n° fechada 15 de Agosto de 2007, en la cual aparece en la parte inferior central, una firma ilegible en tinta azul sobre el nombre de Trina González de Espinoza, dirigida al ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ CORRALES, cuyo texto se transcribe parcialmente: “(…) Por La presente le comunico que a partir de la fecha de esta comunicación, le solicito la desocupación de la vivienda de mi propiedad que actualmente ocupa, situada en el sector Buenos Aires, Calle Principal de Buenos Aires N° 20-1 los Teques Edo. Miranda. Mucho sabré agradecer su atención al presente comunicación…” Este Tribunal observa que la parte accionante promovió la prueba testimonial de la ciudadana Trina González de Espinoza, y en la evacuación de dicha testimonial, ésta en fecha 28 de abril de 2008, ratificó en su contenido y firma la documental que se analiza, con el debido control de la prueba ejercido por la parte no promovente, en consecuencia debe tenerse como fidedigna la referida documental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece. b.5) Copia de Constancia expedida por el Hogar de la Tercera Edad Centro de Salud Integral, Residencia Geriátrica., a nombre de JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ ESCALONA, en la cual recomiendan la estadía del prenombrado ciudadano en ese Geriátrico para evaluación y cuidados, y Solicitud de Orden de Trabajo, expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual refieren tratamiento de diagnóstico Afectivo Bipolar al precitado ciudadano. Este Tribunal no aprecia la copia fotostática promovida por la parte demandada, toda vez que no constituye una reproducción admisible como medio de prueba, conforme a lo dispuesto en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, tal y como lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 10 de Octubre de 2003, la cual se transcribe parcialmente a continuación: “(...) Para la Sala, las copias fotostáticas que se tendrán como fidedignas son las fotográficas, fotostáticas y contenidas por cualquier otro medio mecánico, de documentos públicos y de los privados reconocidos y autenticados como textualmente expresa el transcrito artículo 429 .- Si se exhibe una copia fotostática de un documento privado simple- como es el caso de autos- ésta carece de valor...” (Subrayado por el Tribunal), aunado al hecho, de que no fue promovida la prueba de informe de conformidad con lo establecido en el Artículo 433 del Código de Procedimiento Civil.

Testimoniales: En fecha 25 de abril de 2008, rindieron declaración testimonial las ciudadanas que a continuación se identifican, y se declaró desierto el acto de las testimoniales de los ciudadanos JOSÉ ALBERTO GOITIA, JOSÉ GREGORIO CASTRO BLANCO y FREDDY ENRIOQUE GÓMEZ.
CARMEN TULIA VASQUEZ VASQUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.818.753, quien contestó a las preguntas y repreguntas que le fueron formuladas, en los términos siguientes: “(…) PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo si conoce de vista trato y comunicación al ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo. Contestó: Si. SEGUNDA PREGUNTA: Diga la testigo si sabe y le consta que el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo reside en calidad de inquilino en el Barrio Buenos Aires casa N° 20-01, Los Teques, Estado Miranda. Contestó: Si. TERCERA PREGUNTA: Diga la testigo si el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZX hijo le están pidiendo desocupación en el lugar donde vive alquilado, en el Barrio Buenos Aires casa N° 20-1, Los Teques. Contestó: Si. CUARTA PREGUNTA: Diga la testigo como le consta que le están pidiendo desocupación al señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ donde vive alquilado en el Barrio Buenos Aires. Contestó: Porque los conozco de años. QUINTA PREGUNTA: Diga la testigo si al señor JOSÉ FLORENCIO ALVAREZ le están pidiendo desocupación porque la dueña necesita su casa, donde el está alquilado. Contestó: Si. SEXTA PREGUNTA: Diga la testigo si el señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ donde habita actualmente en el Barrio Buenos Aires vive con su familia, compuesta por su esposa y sus tres niñas menores de edad. Contestó: Si me consta. SEPTIMA PREGUNTA: Diga la testigo si igualmente conoce a las hermanas de JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, de nombre MERSABEL ÁLVAREZ y MARGALI ÁLVAREZ así como a sus padres de nombre FLORENCIO ÁLVAREZ quien sufre de trastornos mentales. Contestó: Si los conozco. OCTAVA PREGUNTA: Diga el testigo si sabe y le consta que el señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ y su familia, así como sus padres y hermanas necesitan urgentemente la casa que tienen arrendada en la Calle Urdaneta N° 1, sector la Mata, en Los Teques Estado Miranda. Contestó: Si me consta, viven arrimados. NOVENA PREGUNTA: Diga la testigo, si tiene interés en el presente juicio. Contestó: No, ningún interés. Cesaron. Seguidamente la apoderada judicial de la parte demandada, pasa a repreguntar a la testigo de la siguiente manera: PRIMERA REPREGUNTA: Diga el testigo, que tiempo hace que el señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, arrendó la casa ubicada en la Calle Urdaneta sector la Mata, casa N° 1. En este estado, el apoderado de la parte actora, expone: Me opongo a la repregunta por ser manifiestamente impertinente por los razonamientos que detallo de seguida: A. La relación locativa o arrendaticio que pueda tener o que tenga JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo con la demandada, NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO y ALCADIO BELO RODRÍGUEZ, son actos exclusivos de las partes contratantes que se configuran dentro de la esfera del derecho, en consecuencia, la testigo no podría determinar con precisión el tiempo y cualquier otra circunstancia, con respecto al arrendamiento, porque esos son hechos que ella desconoce. B: Quiero significar, que la deponente conoce hechos de los cuales son susceptibles de su valoración por formar parte de la comunidad, mas no necesariamente el derecho que existe entre los arrendatarios y muchos menos un término, como lo pretende hacer ver la distinguida colega, en consecuencia, estimo del Tribunal se sirva relevar al testigo a la anterior repregunta. En este estado la parte conviene en continuar las repreguntas. SEGUNDA REPREGUNTA: Diga la testigo, que enfermedad padece el señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, padre, Contestó: El esta en una clínica de reposo porque el sufre de algo como estado nervioso porque no lo pueden tener donde están ellos arrimados, no tienen espacio para tenerlo ahí. TERCERA REPREGUNTA: Diga la testigo, que la motivó a declarar como testigo en este juicio. Contestó: Porque es una familia, que donde están arrimados se mojan, y la dueña de la casa de donde ellos están le están pidiendo desocupación, y no pueden tener al papá ahí porque no tienen espacio…” Este Tribunal, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, no aprecia la testigo y desecha su declaración por cuanto en sus respuestas, a las preguntas formuladas por la parte actora, únicamente se limito a contestar: “si” y “no”, no dejando constancia de sus dichos, y a las repreguntas formuladas por la apoderada de la parte accionada, resulto ser contradictorio de lo que se concluye este Tribunal, que tiene interés indirecto en la resultas del juicio, al manifestar que sabe que la parte demandante y su familia viven en calidad de inquilinos, pero en las respuestas a las repreguntas, manifiesta que el demandante y su familia viven arrimados, término que no concuerda con las circunstancias de autos, siendo ésta una causal de inhabilidad relativa conforme lo dispone el Artículo 478 eiusdem.

YRMA MARÍA PÉREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.871.084, quien contestó a las preguntas y repreguntas que le fueron formuladas, en los términos siguientes: “(…) PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo si conoce de vista trato y comunicación al señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo. Contestó: Si. SEGUNDA PREGUNTA: Diga la testigo si sabe y le consta que el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, reside actualmente en calidad de inquilino en el Barrio Buenos Aires casa N° 20-01, Los Teques, Estado Miranda. Contestó: Si. En estado el Tribunal deja constancia que el ciudadano JOSÉ GREGORIO CASTRO BLANCO, testigo de las 11 y 30 de la mañana, no compareció, por lo que el Tribunal lo declara desierto dicho acto.: TERCERA PREGUNTA: Diga la testigo si el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, le están pidiendo desocupación en el lugar donde vive alquilado, en el Barrio Buenos Aires casa N° 20-1, Los Teques. Contestó: Si. CUARTA PREGUNTA: Diga la testigo como le consta que le están pidiendo desocupación al señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, donde vive alquilado en el Barrio Buenos Aires, casa N° 20-1. Contestó: Si me consta. QUINTA PREGUNTA: Diga la testigo si al señor JOSÉ FLORENCIO ALVAREZ hijo, le están pidiendo desocupación porque la dueña de la casa necesita su casa. Contestó: Si. SEXTA PREGUNTA: Diga la testigo si el señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, donde habita actualmente en el Barrio Buenos Aires, vive con su familia compuesta por su esposa y sus tres niñas menores de edad. Contestó: Si. SEPTIMA PREGUNTA: Diga la testigo si igualmente conoce a las hermanas de JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, de nombre MERSABEL ÁLVAREZ y MARGALI ÁLVAREZ así como a sus padres de nombre FLORENCIO ÁLVAREZ quien sufre de trastornos mentales. Contestó: Si. OCTAVA PREGUNTA: Diga el testigo si sabe y le consta que el señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ y su familia, así como su padre y hermanas necesitan urgentemente la casa que tienen arrendada en la Calle Urdaneta N° 1, sector la Mata, en Los Teques Estado Miranda. Contestó: Si. NOVENA PREGUNTA: Diga la testigo, porque sabe y le consta que señor JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, su familia compuesta por su esposa y sus tres niñas, así como sus hermanas y su padre necesitan urgentemente la casa la cual tienen alquilada en, Calle Urdaneta, sector la Mata, casa N° 1. Contestó: Porque somos vecinos, y tenemos conocimiento de eso. DECIMA PREGUNTA. Diga la testigo si tiene algún interés en el presente juicio. Contestó: No. Cesaron. Seguidamente la apoderada judicial de la parte demandada, pasa a repreguntar a la testigo de la siguiente manera: PRIMERA REPREGUNTA: Diga la testigo, desde cuando conoce a la familia Álvarez. Contestó: hace 11 años. SEGUNDA REPREGUNTA: Diga la testigo, aproximadamente que tiempo hace que el señor JOSÉ FLORENCIO ALVAREZ hijo arrendó la casa de su propiedad. Contestó: Hacen 12 años. TERCERA REPREGUNTA: Diga la testigo, como le consta que el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ALVAREZ alquiló su casa hace 12 años, si tiene 11 años de conocerla. Contestó: Porque ya ellos vivían por ahí, cuando nosotros llegamos, ya teníamos conocimiento de que estaban alquilados allí. CUARTA REPREGUNTA: Diga la testigo, y amplié su respuesta de cómo le consta que el señor JOSE FLORENCIO ÁLVAREZ hijo, le están pidiendo desocupación en la casa donde vive. Contestó: Bueno por que conocemos también a la señora de la casa donde él esta alquilado, y bueno una vez que se visito nosotros hablamos de eso que le estaban pidiendo desocupación, y que le habían mandado una carta para que desocuparan la casa, y como tenemos esa amistad, nos enteramos. QUINTA REPREGUNTA: Diga la testigo, que la motivó a declarar en este juicio. Contestó: Bueno, por que estamos consientes de que ellos necesitan su casa, y por la amistad que tengo con ellos…” Este Tribunal, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, no aprecia la testigo y desecha su declaración por ser inhábil para declarar, por cuanto de sus respuestas, se concluye que tiene interés indirecto en la resultas del juicio, al manifestar que le une al promovente una amistad, siendo ésta una causal de inhabilidad relativa conforme lo dispone el Artículo 478 antes citado.

INSPECCIÓN JUDICIAL: En acta levantada en fecha 28 de abril de 2008, con ocasión de la practica de Inspección Judicial en el inmueble objeto del litigio, mediante la cual se dejó constancia de lo siguiente: “(…) el Tribunal por vía de Inspección Judicial deja constancia de que en el inmueble donde se encuentra constituido fue atendido por una ciudadana quien se identifico con el nombre de Piñero de Belo Nancy Teresita,... deja constancia en el recorrido del inmueble a señalamiento de la parte actora promovente y de la notificada de lo que se observa en la pared del corredor. Pared esta que divide (sic) al corredor de otra habitación… se deja constancia que al tacto en la pared que divide (sic) al corredor de una habitación se observa al tacto un (abultamiento) en parte de la pared y también es visible dicho abultamiento, continuando con el recorrido a solicitud de la parte actora promovente se deja constancia del estado o condiciones que se encuentra el balcón (sic) ubicado en el piso 1 del referido inmueble… deja constancia que observa una techo de zinc (sic) con estantillo de hierro en buen estado de conservación en su paredes…”. Este Tribunal aprecia dicha prueba atribuyéndole valor de plena prueba, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 1.430 del Código Civil, y así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

Mérito Favorable de los Autos: Este Tribunal encuentra que tal reproducción no constituye un medio de prueba sino una solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte.

Documentales: la parte demandada en la oportunidad de promover pruebas, promovió la siguiente: 1) Copia simple del Contrato de arrendamiento, suscrito en fecha 14 de marzo de 1996, entre el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ y los ciudadanos LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, sobre el inmueble constituido por una casa distinguida con el N° 1, ubicada en La Calle Urdaneta, Sector La Mata, Los Teques, Estado Miranda. Este Tribunal da pleno valor probatorio a dicha documental de conformidad con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no fue objeto de impugnación por la parte demandada, aunado al hecho de que dicho instrumento es copia fiel de la copia certificada traída a los autos por la parte demandante para probar la relación arrendaticia, y así se decide.
III

Examinadas como han sido las pruebas aportadas por las partes al proceso, corresponde a esta Juzgadora emitir el pronunciamiento de mérito, ateniéndose a lo alegado y probado por las partes, conforme lo establece el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. A tales efectos procede a hacerlo en los términos siguientes: El apoderado judicial de la parte accionante en su demanda manifiesta que, su representado es Arrendador de una casa de habitación situada en La Mata calle Urdaneta casa N° 01, Sector La Mata, Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Miranda, y mediante documento le dio en arrendamiento a los ciudadanos LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, según contrato de fecha 10 de marzo de 1996, y autenticado el día 14 de marzo de 1996 por ante la Notaría Pública de Los Teques, bajo el N° 91, Tomo 23 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, por lo que estipularon como canon de arrendamiento la cantidad de Setenta Mil Bolívares (Bs. 70.000,oo) mensuales, que los arrendatarios se comprometieron a pagar a “Inversiones Martínez Quintero” por mensualidades adelantadas dentro de los cinco primeros días de cada mes. Asimismo manifiesta, que establecieron que el contrato comenzaba a regir a partir del 10 de marzo de 1996, y del contenido de la Cláusula Quinta se evidencia que el contrato se indeterminó, de acuerdo con el contenido literal de dicha estipulación contractual, al no hacerle el respectivo desahucio en la oportunidad convenida en dicho instrumento obligatorial. Aduce de igual manera, que en la Cláusula Séptima establecieron que Los Arrendatarios se comprometen a conservar el inmueble y que no podrán hacer ninguna modificación estructural menor o mayor sin previa autorización de El Arrendador, dada por escrito. Por último manifiesta, que por razones de salud mental del padre de su representado, necesariamente requiere de la casa la cual dio en arrendamiento a los prenombrados ciudadanos, aunado a la urgente necesidad que tiene de ocupar el inmueble, ya que por vivir alquilado, le están pidiendo desocupación y requiere del inmueble para asiento habitacional de su padre y de su familia, alegando que actualmente donde viven sus hermanas, en una habitación donde viven hacinadas, también le están pidiendo desocupación, por consiguiente, señala como fundamento de derecho de su demanda los literales b) y e) del Artículo 34 de la Ley de Alquileres.
Tales afirmaciones de hecho fueron negadas por la co-accionada, y por la defensora Judicial designada al co-demandado, quienes en sus contestaciones rechazaron, negaron y contradijeron los hechos alegados por la parte demandante, no obstante, reconocer la relación arrendaticia por ser arrendatarios de dicho inmueble, al manifestar: “ (…) Es cierto, que entre el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, la ciudadana NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO y mi defendido existe una relación arrendaticia, conforme consta del contrato de arrendamiento que consta en autos… Niego, rechazo y contradigo los hechos alegados por la parte actora en su libelo de demanda, en cuanto a que por razones de la salud mental del padre del demandante, deba mi defendido hacer entrega del inmueble del cual es arrendatario; toda vez que no fue acompañado a los autos, prueba fehaciente de tal parentesco, ni constancia alguna de la enfermedad metal alegada; así como tampoco fue consignado documento alguno que pruebe la supuesta necesidad urgente de ocupar la vivienda arrendada al demandado, en virtud de que como alega la parte actora, el padre del demandante vive alquilado y le han solicitado la desocupación del inmueble, tampoco fue consignado en contrato de arrendamiento. Igualmente niego, rechazo y contradigo los hechos alegados por la parte actora en su libelo de demanda, en cuanto a que mi defendido haya causado al inmueble deterioros mayores a los que puede producir el uso normal del mismo a través de los años. Tal circunstancia no consta en los autos en forma alguna…”, y por otro lado manifiesta la parta co-demandada: “(…) si bien es cierto que soy arrendataria de una casa de habitación situada en la Mata Calle Urdaneta Casa N° 01, Sector la Mata Municipio Guaicaipuro, Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, es totalmente falso que haya dejado de pagar los cánones de arrendamiento puntualmente… solo que en la actualidad realizo los pagos de los cánones de arrendamiento, mediante consignaciones por ante este Tribunal Primero del Municipio,… manifiesto que es totalmente falso que a la mencionada casa de habitación se le haya causado deterioro ya que esta se encuentra en las mismas perfectas condiciones en que fue recibida al momento de celebrar el Contrato de Arrendamiento… en virtud de los argumentos antes expuestos y por cuanto sabemos que dicha casa está en venta, como se puede evidenciar de las constantes visitas de personas interesadas en adquirir la propiedad del inmueble antes descrito y enviadas por los propietarios para tal efecto, solicito se me conceda la PREFERENCIA OFERTIVA… por cuanto califico para ello, y en el supuesto negado que los propietarios de dicha casa de habitación no deseen venderme la misma, pido… me conceda la prórroga legal… donde se demuestra que estoy cumpliendo con la obligación establecida…” Tal declaración de los accionados constituye la admisión de uno de los hechos constitutivos de la pretensión del accionante, relativo a la existencia de una relación contractual arrendaticia entre las partes y consecuentemente, no era objeto de prueba, y así se declara.
De la declaración de la defensora Judicial del co-accionado y de la co-accionada se desprende la admisión o reconocimiento de uno de los hechos constitutivos de la pretensión del accionante, relativa a –repito -la existencia de una relación contractual arrendaticia entre las partes, que deviene del reconocimiento del contrato de arrendamiento que suscribieron el 14 de marzo de 1.996, con el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, y consecuentemente, no era objeto de prueba, y así se establece. Respecto a la calificación de indeterminada, dada por la parte actora, a la relación contractual arrendaticia que vincula a las partes en este juicio, tal afirmación no fue objeto de rechazo, ni contracción por las partes accionadas, encontrando este Tribunal que en la presente causa, la parte accionante pretende el desalojo, y por ende, la entrega del inmueble libre de bienes y personas, en las mismas condiciones en que fue recibido por los arrendatarios al momento de haber suscrito el contrato, alegando la necesidad que tiene de ocupar el inmueble, o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, así como las reformas, que según su decir, han causado los arrendatarios al inmueble, conforme a los literales b) y e) del Artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliario, en consecuencia, siendo que en las demandas (desalojo o resolución) se persigue el mismo efecto práctico, esto es, disolver, un contrato válido, por haber sobrevenido una situación posterior al momento del perfeccionamiento de tal contrato: la necesidad del propietario de ocupar el inmueble y que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador, y por ende, la entrega del inmueble libre de bienes y personas, en las mismas condiciones en que fue recibido por los arrendatarios al momento de haber suscrito el contrato, en conclusión resulta procedente la aplicación de las disposiciones contenidas en los literales b) y e) del Artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por cuanto la misma se encuentra dirigida a los Contratos a tiempo indeterminado, cuando el accionante en su demanda pretende poner fin a una relación contractual de la naturaleza de la que nos ocupa, y por ende, la entrega del inmueble libre de bienes y personas, en las mismas condiciones en que fue recibido por la arrendataria, y así se decide.
Por lo que planteada así la litis este Juzgado encuentra que de conformidad con lo establecido en el Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 1.354 del Código Civil, cada parte tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho y consecuentemente, quien pide la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretende que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Se transcriben a continuación las disposiciones antes mencionadas: “Artículo 506. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”. “Artículo 1.354. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”. (Subrayado por el Tribunal). Efectivamente, ambas disposiciones establecen la regla de distribución de la carga de la prueba, de lo cual se concluye que nuestro Legislador acogió la antigua máxima romana incumbir probatio qui dicit, no qui negat, cuando prescribe que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho. En relación a la carga de la prueba, el procesalista RAFAEL DE PINA, en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil (México) citando a Ricci expresa: "(...) La carga de la prueba no puede depender de la circunstancia de negar o afirmar un hecho, sino de la obligación que se tiene de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en juicio, dado que ninguna demanda ni excepción alguna puede prosperar en juicio si no se demuestra. El principio, por tanto, debe formularse de este modo: quienquiera que sienta como base de su demanda o excepción, la afirmación o la negación de un hecho, está obligado (interesado) a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración la demanda o la excepción no resulta fundada y el juez no puede admitir demandas o excepciones infundadas". Clásicamente, se ha hecho distinción entre dos manifestaciones de la carga de la prueba, a saber: a) Carga de la prueba en sentido material, según la cual el Juez debe dictar sentencia contraria a aquél que en el proceso no probó lo que debió, y b) Carga de la prueba en sentido formal que contempla como precedente a esa solución o resolución, la determinación de qué hechos corresponde probar a cada parte. Establecido lo anterior, la actora ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, o lo que es lo mismo, los hechos que forman parte del supuesto de hecho típico en que fundamenta su pretensión, y la demandada, por su parte, ha de probar los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes.

Planteada así la controversia este Tribunal encuentra que a la parte actora le correspondía probar la existencia de la relación contractual que lo vincula con la parte demandada, y la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble, o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, o el hijo adoptivo; así como las reformas que según su decir, ocasionaron los arrendatarios al inmueble.

De lo alegado y probado por las partes tenemos que quedo plenamente demostrado con el documento público producido a los autos por la parte actora, su alegato, respecto a que arrendó una casa de habitación situada en La Mata, Calle Urdaneta, casa N° 01, Sector La Mata, Municipio Guaicaipuro, Los Teques del Estado Miranda, y al no haber sido impugnado en forma alguna el documento contentivo del contrato de arrendamiento que suscribió la parte demandada, con los demandados, debe tenerse por cierta la existencia de una relación contractual arrendaticia entre las partes.
En consecuencia, corresponde a este Tribunal verificar si lo alegado por la parte accionante se encuentra dentro de los términos establecidos en el literal e) del artículo 34 eiusdem, y lo pactado en el referido contrato de arrendamiento, que continúa bajo las mismas condiciones a excepción al tiempo, cuando manifiesta: “ (…) De igual manera en referido contrato de arrendamiento en su Cláusula Séptima establece lo siguiente: “… y se comprometen conservarlo… “Los Arrendatarios no podrán hacer ninguna modificación estructural menor o mayor sin la previa autorización de El Arrendador dada por escrito. De igual manera se suscribió en la cláusula décima cuarta se convino que “Inversiones Martínez Quintero”, realizara periódicamente inspección del inmueble para ver el estado y conservación del mismo, y este hecho nunca se ha podido llevar a cabo, por cuanto Los Arrendatarios no le permiten el permiso para inspeccionar la casa a nadie, casi desde el principio del contrato. Y a partir de ese momento comenzarían a efectuar el pago de Arrendamiento por ante el Tribunal de Municipio en consignaciones….”
A lo que la parte coaccionada en el acto de la contestación de la demanda negó, rechazo y contradijo que haya causado al inmueble deterioros mayores a los que puede producir el uso normal del mismo, resultando de la cláusula SEPTIMA, que establece: “(…) los Arrendatarios declaran recibir el inmueble en perfecto estado… Y se comprometen a conservarlo y a entregarlo al finalizar el contrato en el mismo perfecto estado que lo reciben “Los Arrendatarios” no podrán hacer ninguna modificación estructural menor o mayor sin previa autorización de “El Arrendatario” dada por escrito…”, siendo esos los términos en que se pacto la relación contractual arrendaticia, de lo que este Tribunal observa que le correspondía probar a la parte demandante, si los co-demandados incumplieron con esa cláusula para pretender el desalojo del inmueble conforme a lo preceptuado en el literal e) del Artículo 34 eiusdem, por la falta, que según su decir, cometieron los co-demandados, quienes negaron los hechos alegados por el actor en su demanda, por lo que este Tribunal encuentra que a la parte accionante le correspondía probar tales circunstancias, hecho que no fue probado, toda vez, que no trajo a los autos prueba alguna para demostrar esa afirmación, pues de la Inspección Judicial promovida y evacuada, no arrojó hecho alguno que demuestre que el inmueble inspeccionado se encuentre deteriorado o que sus ocupantes le hayan causado deterioro o efectuado reformas, en tal virtud, al no haber la parte demandante probado en autos los hechos en que fundamento la demanda en el literal e) del artículo 34 eiusdem, este Tribunal se ve forzoso declarar sin lugar el desalojo que pretende la parte demandante en base a la norma invocada, y así se decide.
En cuanto a la contestación presentada por la co-demandada, NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, este Tribunal no entra a su análisis, toda vez, que la misma procedió a rechazar la demanda, en base a argumentos no esgrimidos por la parte demandante, y así se decide.
Por otro lado, el accionante pretende el desalojo con fundamento en la causal prevista en el literal b) del artículo 34 eiudem, que establece:
“Solo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de los siguientes causales:… b) En la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble, o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, o el hijo adoptivo.”
De la norma transcrita se desprende que tres requisitos concurrentes deben darse para la procedencia del desalojo por necesidad, a saber, A) que el contrato de arrendamiento sea a tiempo indeterminado; B) que el inmueble arrendado sea propiedad del actor; y, C) que el actor-propietario, o sus parientes se encuentren en necesidad de ocupar el inmueble.
En el presente caso, el arrendador demanda el desalojo alegando la necesidad que tiene del inmueble para ser ocupado por él, su padre y sus hermanas. En este caso conforme a la indicada norma uno de los requisitos de procedencia del desalojo, y que debe probarse, es la existencia de la relación arrendaticia por tiempo indefinido, extremo legal que quedo demostrado según se estableció ut supra; otro requisito es demostrar la cualidad de propietario del inmueble arrendado, circunstancia que si bien no fue alegada por la parte accionada, corresponde a quien juzga subsumir el hecho alegado y probado por la parte actora, en la norma que lo regula, pues es lo que permite controlar la legalidad del dispositivo de la sentencia, y en el presente caso el demandante no promovió prueba alguna para evidenciar su legitimidad, su cualidad de propietario, para que sólo así pudiera comprobar la necesidad alegada, como motivo que justifica el desalojo en beneficio de su padre y hermanas, vínculo de parentesco con el actor que tampoco demostró, toda vez que no trajo a los autos, la prueba que por excelencia sirve para establecer esa circunstancias, como lo es la partida de nacimiento donde se demuestre el parentesco. En este sentido, el procesalista GILBERTO GUERRERO QUINTERO, en su obra Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario, sostiene:

“(…) En ese caso para la procedencia del desalojo en beneficio del sujeto deben probarse tres (3) requisitos: La existencia de la relación arrendaticia por tiempo indefinido (verbal o por escrito), pues de no ser así, sino a plazo fijo, el desalojo es improcedente, pues priva la necesidad de cumplimiento del contrato durante el tiempo prefijado y sólo podrá ponérsele término por motivos diferentes con fundamento en el incumplimiento, y no en la necesidad de ocupación; y si el vínculo jurídico entre el propietario y el ocupante del inmueble no es arrendaticio, sino de otra naturaleza, o simplemente no existe ninguno entre los mismos, tampoco procederá tal acción, sino otra de acuerdo con las circunstancias que han dado lugar u origen a la ocupación del inmueble de que se trata (interdictal, reivindicatoria u otras). La cualidad de propietario del inmueble dado en arrendamiento como requisito de procedencia del desalojo, pues de no ser tal no tendrá esa legitimidad necesaria para que sólo así pueda comprobar la necesidad que pudiere caracterizarle como motivo que justifica el desalojo en beneficio del dueño, o el pariente consanguíneo. Asimismo, la necesidad del propietario para ocupar el inmueble, sin cuya prueba tampoco procederá la mencionada acción, que debe aparecer justificada por la necesidad de ocupación con preferencia al ocupante actual…”.
Al respecto es de señalar Sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 28 de julio de 2.006 en la que establece “(…) Ahora bien, es necesario para esta juzgadora precisar que demandado el desalojo con base en la necesidad del demandante para ocuparlo, es indispensable que éstos prueben su condición de propietarios del inmueble cuyo desalojo accionan, circunstancia esta que no fue acreditada conforme a la ley, es decir, no probó la parte actora ante el juez de cognición su carácter de propietarios del inmueble objeto de la presente acción. Adicionalmente, cabe destacar que ha establecido de manera reiterada la jurisprudencia que el peso de la prueba no puede depender de la circunstancia de afirmar o negar un hecho, sino de la obligación que se tiene de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en juicio, dado que ninguna demanda o excepción puede prosperar si no se demuestra. (…) Consignar los documentos fundamentales de la demanda, como es el título de propiedad del inmueble cuyo desalojo se pretende (indispensable para la procedencia de la acción) … sin haber señalado en el libelo la oficina donde se encuentra y realizar su debida promoción en el lapso probatorio respectivo, … Habiendo aducido la parte actora la necesidad de ocupar el inmueble; siendo indispensable demostrar la propiedad al establecer el literal b) del artículo 34 de la Ley de arrendamientos Inmobiliarios, -como se señalara- que ese derecho solo corresponde al propietario o sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado: y, no habiendo probado en la oportunidad legal correspondiente la alegada propiedad del inmueble cuyo desalojo demanda, mal puede prosperar la presente acción. Así se decide. (…)”.
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal forzosamente debe concluir que no han sido demostrados los extremos de procedencia de la causal de desalojo invocada por la demandante, prevista en el literal “b” del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, relativa a “(…) en la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado o el hijo adoptivo” y consecuentemente, la presente acción no debe prosperar y así se decide.


IV
Por las razones antes expuestas, es por lo que este Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil y los literales b) y e) del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios DECLARA: SIN LUGAR la demanda que por DESALOJO, incoó el ciudadano JOSÉ FLORENCIO ÁLVAREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 12.416.207, contra los ciudadanos LUIS ALCADIO BELO RODRÍGUEZ y NANCY TERESITA PIÑEIRO DE BELO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la Cédulas de Identidad Nos. V-2.743.520 y V-3.406.318, respectivamente.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante.
Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los VEINTIUN (21) días del mes de mayo de dos mil ocho (2008), a los 198° años de la Independencia y 149° años de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,


Abg. TERESA HERRERA ALMEIDA.


La Secretaria Temporal,

Abg. LESBIA MONCADA DE PICCA.


En la misma fecha, siendo las TRES Y VEINTICINCO (03:25 p.m) de la tarde se publicó y registró la anterior sentencia.


La Secretaria Temporal,

Abg. LESBIA MONCADA DE PICCA.








THA/LMdeP/cae
Expte N° 07-8034