TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 14 de Mayo de 2008
198º y 149°

JUEZ PROFESIONAL: Dr. Ricardo Rangel Avilés.-
SECRETARIO: Abg. José Luis Chaparro.-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

FISCAL 3º DEL MINISTERIO PUBLICO: Dr. José Ortega Atencio.-

DEFENSA PUBLICA: Dr. Roderick Papa.-

ACUSADO: Oneiver Jesús González Balsa, titular de la cédula de identidad N° V-12.719.186, de nacionalidad venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 15/04/1974, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio oficial de seguridad en el Central Madeirense, residenciado en el Cementerio, 23 de Enero, casa S/N, cerca de una bodega, Los Teques, Estado Miranda.-

DELITO: Homicidio Intencional, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal Venezolano.-

Vista la solicitud de fecha 14/05/2008, realizada por el Fiscal 3º del Ministerio Público Dr. José Ortega Atencio, mediante la cual requiere a este Tribunal la Privación Preventiva Judicial de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 en su parágrafo primero, en contra del acusado: Oneiver Jesús González Balsa, titular de la cédula de identidad N° V-12.719.186, de nacionalidad venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 15/04/1974, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio oficial de seguridad en el Central Madeirense, residenciado en el Cementerio, 23 de Enero, casa S/N, cerca de una bodega, Los Teques, Estado Miranda; por cuanto en distintas oportunidades el acto de Juicio Oral y Público, no se ha podido realizar por la incomparecencia del acusado de marras y visto que reposa en actas las distintas boletas de notificaciones de éste, donde los alguaciles repetitivamente consignan las misma manifestando que el acusado se mudó. En virtud de lo anteriormente expuesto, para decidir este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

El legislador prevé en el Código Orgánico Procesal Penal, un Título destinado a la regulación de las medidas de coerción personal, en estricta correspondencia con principios constitucionales y acorde al sistema penal acusatorio que rige el proceso penal venezolano, consagrando en tal articulado el estado de libertad, la proporcionalidad que ha de ser atendida a los fines de la imposición de una medida cautelar, la interpretación restrictiva respecto de la disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, los requisitos de procedencia de la privación preventiva de libertad, así como los supuestos de su improcedencia, las medidas cautelares sustitutivas a dicho decreto judicial de privación de libertad, las modalidades en que éstas pueden presentarse para su aplicación, y el imperativo de aplicación de medidas de posible cumplimiento; que si bien, todo lo cual, en definitiva, reafirma la regla general de la libertad, sin embargo consagra la posibilidad de la excepción representada en cuanto a la privación o restricción de la misma.-
Sobre este particular, el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el derecho a la libertad como derecho civil inviolable, imperativo que es igualmente consagrado en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestra República; del mismo modo el legislador patrio autoriza, con carácter excepcional, la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias previstas en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, uno de los fines de dichas medidas es asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo estos mecanismos cautelares un límite a los derechos del procesado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad, sin que ello signifique sacrificar los derechos del imputado y, fundamentalmente, su status de inocencia, que sólo podrá ser desvirtuado por una sentencia firme condenatoria.-

En consecuencia, sólo de manera excepcional, por exigencias de otro valor igualmente salvaguardado por la Carta Magna, como lo es el de la Justicia, se hace necesario tomar medidas imprescindibles de coerción personal que afectan el derecho fundamental a la libertad y que están destinadas a hacer posible la realización del proceso y evitar que se vean frustradas las exigencias de tal valor siendo que la imposición de estas medidas de naturaleza cautelar responde a características de necesidad y proporcionalidad, esto es, debe atenderse a la relación existente entre la medida a ser aplicada, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, orientadas exclusivamente a los fines del proceso para que, en definitiva, sus consecuencias se garanticen, sin que se desnaturalicen en su finalidad y no sean de imposible cumplimiento.-

Respecto a la medida de coerción personal, es necesario analizar los supuestos contemplados en el artículo 250 del texto adjetivo penal vigente, el cual establece:
Artículo 250. “...El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación...” (Negrillas del Tribunal).

Artículo 251. “Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
…(Omissis)
Parágrafo Primero. Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.” (Omissis)…

De la norma antes transcrita observa este Juzgador:

Primero: En el presente caso, nos encontramos en presencia de la comisión del delito de Homicidio Intencional, previsto y sancionado en artículo 405 del Código Penal Venezolano; cuya acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 numeral 1de la norma sustantiva penal, no se encuentra evidentemente prescrita; toda vez que el hecho ocurrió en fecha 07/09/2003.-

Segundo: Existe peligro de fuga, circunstancia que éste Tribunal estima, en virtud de a la falta de certeza del domicilio del imputado, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 251 de la norma penal adjetiva.-

Tercero: Para decidir acerca de lo solicitado por la representante del Ministerio Público, es menester la celebración de audiencia oral, a la cual se convocará a las partes y las victimas, si las hubiere, y en la cual el imputado tendrá el derecho a ser oído por el Tribunal antes de decidir sobre mantener la medida impuesta, de conformidad con le preceptuado en el segundo aparte del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.-

Cuarto: A los fines de asegurar la comparecencia del imputado mencionado, a la audiencia en cuestión, es menester ordenar la conducción mediante previa aprehensión que practique el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y/o cualquier otro Órgano de Policía de Investigaciones Penales, quien queda comisionado para ello a partir de la presente fecha y por esta decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que en la presente causa se dirime la autoría y responsabilidad penal en un delito tipificado como Homicidio Intencional, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal Venezolano. Y así se declara.-
En consecuencia, todo lo antes expuesto, en virtud del derecho que tiene el Estado a perseguir y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento sobre el imputado, en estricta observancia de la normativa legal imperante, de conformidad con las razones fácticas y jurídicas precisadas anteriormente; y en cumplimiento del deber ineludible que se impone al Juzgador de asegurar la integridad e incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como su función de controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en el ordenamiento jurídico y en los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, se declara Con Lugar el requerimiento presentado por el Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en virtud de encontrarse llenos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 parágrafo primero, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9, 243, 244, 247, 250 y 251 numerales 2 y 3, eiusdem, en relación con el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia se ORDENA LA APREHENSIÓN del acusado Oneiver Jesús González Balsa, titular de la cédula de identidad N° V-12.719.186, de nacionalidad venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 15/04/1974, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio oficial de seguridad en el Central Madeirense, residenciado en el Cementerio, 23 de Enero, casa S/N, cerca de una bodega, Los Teques, Estado Miranda, quien deberá ser conducido ante este órgano jurisdiccional, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su aprehensión, a los fines de realizarse audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente, a tenor de lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 250 Ibídem; ello con el objeto de garantizar la presencia de la imputada en los actos sucesivos del proceso que fije el Tribunal, en la causa seguida en su contra. Y así se declara.-

DECISIÓN:
Por los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado de Primer Instancia en funciones de Juicio N° 03 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, Declara Con Lugar el requerimiento presentado por el Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; en virtud de encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 250 y 251 parágrafo primero, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9, 243, 244, 247, eiusdem, en relación con el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia se ORDENA LA APREHENSIÓN del acusado Oneiver Jesús González Balsa, titular de la cédula de identidad N° V-12.719.186, de nacionalidad venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 15/04/1974, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio oficial de seguridad en el Central Madeirense, residenciado en el Cementerio, 23 de Enero, casa S/N, cerca de una bodega, Los Teques, Estado Miranda, quien deberá ser conducido ante este órgano jurisdiccional, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su aprehensión, a los fines de realizarse audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente, a tenor de lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 250 Ibídem; ello con el objeto de garantizar la presencia del imputado en los actos sucesivos del proceso que fije el Tribunal, y por ende, con el fin de garantizar las resultas del juicio oral y público, en la causa seguida en su contra.-
Líbrese la correspondiente Orden de aprehensión y remítase con oficio al Fiscal del Ministerio Público solicitante.-
Regístrese, Publíquese y Déjese copia certificada en los copiadores que a tal efecto lleva este Tribunal. Cúmplase.-

El Juez

Dr. Ricardo Rangel Avilés
El Secretario

Abg. José Luis Chaparro
Seguidamente se dio cumplimiento con lo ordenado en el auto anterior. Así lo certifico.-
El Secretario

Abg. José Luis Chaparro
Causa Nº 3JM-674-03
RRA/JLC/rr