REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL EXTENSIÓN BARLOVENTO

Corresponde a este Tribunal Tercero en funciones de Control pronunciarse conforme a lo previsto en el Artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la Medida Cautelar Sustitutiva solicitada por la Representante del Ministerio Público, con motivo de la Audiencia de presentación celebrada en esta misma fecha, del ciudadano: FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRA GIL. Venezolano, natural del Estado Sucre, nacido el día: 29-03-1990, de 49 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.879.016, de estado civil soltero de profesión u oficio: chofer, hijo de: Regino Carrera (F) y Juana Gil (V), residenciado: Urbanización Eugenio Peña, casa 111, Tunapui, Municipio Libertador, Estado Sucre, y en tal sentido, se observa lo siguiente:


Se llevo a cabo Audiencia entre las partes, cumpliéndose con todas las Garantías Constitucionales y Legales, con ocasión a la aprehensión de el antes mencionado ciudadano, la cual fue practicada por funcionarios adscritos al puesto de Vigilancia de Transito y Transporte Terrestre con sede en Caucagua y puesto a la disposición del Ministerio Público, el Fiscal 8° del Ministerio Público, y conforme a lo establecido en los Artículos 248 Y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, quien expuso las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se produjo la aprehensión, precalificando los hechos como: LESIONES CULPOSAS GRAVÍSIMAS, Previsto (s) y sancionado (s) en el (los) artículo (s) 420 numeral 2° del Código Penal, igualmente solicitó la Medida Cautelar Sustitutiva, contenida en el articulo 256 ordinales 3° y 8° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, todo lo cual fundamentó en su exposición verbal y sobre la base de los escritos presentados.

Ahora bien, el derecho a ser juzgado en libertad se encuentra establecido en el ordinal 1° del Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que se sorprendida in fraganti... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”

Este principio se encuentra desarrollado por el Código Orgánico Procesal Penal, el cual, en sus Artículos 9° y 243

En tal sentido, el LIBRO PRIMERO TITULO VIII, CAPITULO IV, del Código Orgánico Procesal Penal, contempla lo concerniente a las Medidas Cautelares Sustitutivas, y en el Artículo 256 expresa que siempre y cuando los supuestos que fundamentan la detención preventiva, como Medida Cautelar extrema, puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación o imposición de otra medida menos gravosa, el Tribunal le otorgará una de ellas al imputado, lo cual significa que la detención provisional solo debe ser utilizada en los limites absolutamente indispensables para garantizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, es decir asegurar las resultas del proceso. De manera que, se hace necesario expresar que, todas las Constituciones, Tratados, Convenios y Pactos Internacionales, lo mismo que los Códigos y Leyes Procésales que regulan la materia penal, consagran, reconocen y establecen la posibilidad de detención de una persona, previo el cumplimiento de las formas y requisitos legales establecidos de antemano, lo cual no ocurre en el presente caso.

En efecto, con los elementos de convicción traídos a la audiencia por parte del Ministerio Público, son fundados para estimar la participación del imputado, y siendo que los Jueces debemos dar una interpretación restrictiva en todo lo concerniente a la Privación de la Libertad, velando por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procésales y la buena fe, y analizada en su conjunto, el desarrollo de la Audiencia, quien aquí decide, considera que lo mas procedente y ajustado a derecho en aras de la aplicación de la recta, sana y oportuna Administración de Justicia, es OTORGAR al imputado: FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRA GIL, la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad contenida en el artículo 256 ordinales 3° y 8° del Código Orgánico procesal Penal, consistente en la obligación de presentarse por ante la sede de este juzgado cada Treinta (30) días por el lapso de seis (06) meses y la obligación de presentar dos fiadores que devenguen una capacidad económica de Cincuenta (50) Unidades Tributarias en su conjunto. No se acuerda el numeral 9° en cuanto a la suspensión de la licencia. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA


Por todo lo anteriormente expuesto, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSIÓN BARLOVENTO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY acuerda OTORGAR al imputado: FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRA GIL. Venezolano, natural del Estado Sucre, nacido el día: 29-03-1990, de 49 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.879.016, de estado civil soltero de profesión u oficio: chofer, hijo de: Regino Carrera (F) y Juana Gil (V), residenciado: Urbanización Eugenio Peña, casa 111, Tunapui, Municipio Libertador, Estado Sucre, la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad contenida en el artículo 256 ordinales 3° y 8° del Código Orgánico procesal Penal, consistente en la obligación de presentarse por ante la sede de este juzgado cada Treinta (30) días por el lapso de seis (06) meses y la obligación de presentar dos fiadores que devenguen una capacidad económica de Cincuenta (50) Unidades Tributarias en su conjunto. No se acuerda el numeral 9° en cuanto a la suspensión de la licencia. De igual manera el mismo quedara en calidad de detenido en el comando de Transito y Transporte Terrestre con sede en Caucagua, Estado Miranda, hasta tanto cumpla con la fianza impuesta el día de hoy. Líbrese el oficio correspondiente. Remítase en su oportunidad Legal las presentes actuaciones a la fiscalia Octava del Ministerio Publico
EL JUEZ

Dr. VÍCTOR JULIO GAMERO CASTRO




LA SECRETARIA

Abg YNES CORINA VARGAS




Causa N°: 3C-1929-08