REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO. JUEZ PROFESIONAL No.1 Los Teques, 28 de octubre de 2008 Vista las anteriores actuaciones esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA: I En fecha 25.04.08, esta Sala de Juicio a los fines de preservar integralmente los derechos de la niña (IDENTIDAD OMITIDA), ratifico las medidas de protección decretada por esta Sala de Juicio, en fecha 22.12.2004, consistente en el cuidado de la beneficiaria en el hogar de los ciudadanos VILLAMIZAR LEON ELIZABETH y ANGEL COLMENARES. A los folios 158 AL 165, cursa informe social de seguimiento en donde el trabajador social T.S.U. Sergio Segura, sugiere que la niña Alondra continúe bajo la responsabilidad de los guardadores los cuales han cumplido firmemente con su rol y están dispuestos a continuar con la responsabilidad de la niña. II Ahora bien, como se narrara antes, el presente asunto se inicio bajo solicitud de medida de protección a favor de la niña, a solicitud de la ciudadana fiscal 11º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de estado Miranda, habiéndose decretado la colocaciòn familiar de (IDENTIDAD OMITIDA) en el hogar de los ciudadanos VILLAMIZAR LEON ELIZABETH y ANGEL COLMENARES, siendo la primera la abuela materna de la beneficiaria, ahora bien el articulo 126 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente contiene el enunciado de un catálogo de medidas de protección a dictar a favor de niños, niñas y adolescentes cuando exista lesión o amenaza de violación a sus derechos, disponiendo en el artículo 129 ejusdem, la autoridad competente para dictarlas. Y, en su artículo 78, ibídem, establece expresamente: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales....El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan...”. De las normas constitucionales antes transcritas se desprende, sin duda alguna, que los niños, niñas y adolescentes en Venezuela dejaron de ser objeto de tutela jurídica, para convertirse en sujetos plenos de derecho y, esto último, involucra que son titulares de todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico a favor de las personas, sin discriminación alguna, además de aquellos de los cuales resultan titulares por su especial condición de personas en desarrollo, pues el Constituyente adoptó la Doctrina de la Protección Integral. Igualmente, reconoce el Texto Fundamental a la familia como asociación natural de la sociedad, previendo una serie de disposiciones, derechos y garantías dirigidas a materializar efectivamente la existencia de ese espacio fundamental. Como consecuencia de lo anterior, la Carta Magna fija, incluso, la regla general que debe regir las relaciones entre los integrantes del grupo familiar, regla que viene a constituirse en norte de las actuaciones del estado, sean en el ámbito judicial o administrativo; aunado a la circunstancia de que, los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Esto último debe ser el norte de la actuación judicial, de suerte que aquellos solo pueden ser separados de esa asociación natural, en los supuestos excepcionales previstos en el ordenamiento jurídico. En absoluta concordancia con el Texto Fundamental, posterior éste a la Ley Especial, así como en respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente consagra en sus artículos 10, 12, 13 y 14, que sus beneficiarios son sujetos de derecho, por lo que gozan de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, con especial referencia a los consagrados en la mencionada Convención; tales derechos son de carácter enunciativo, de suerte que se les reconocen, incluso, aquellos inherentes a la persona humana que no figuren en la Ley Especial o en el resto del ordenamiento jurídico expresamente, por tanto, sus derechos y garantías son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles; reconociéndoseles el ejercicio personal de éstos de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva y, de igual forma, se les exigirá el cumplimiento de sus deberes. Y, para que cuente con el mecanismo adecuado, que les permita la restitución de su ejercicio cuando han sido lesionados o se vean amenazados de violación, el artículo 125 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, expresamente establece: “Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes, responsables o de la propia conducta del niño, niña o del adolescente”. Las medidas de protección surgen como el mecanismo que permite el cese de la amenaza de sus derechos o la restitución en su ejercicio, cuando han sido lesionados, bien sea por el propio Estado, por la sociedad, por los propios progenitores o, incluso. En el caso concreto sometido a consideración de quien suscribe, decretadas como fueron las medidas de protección a favor de la niña, no ha surgido en autos que permitan concluir que, a la fecha, han variado las circunstancias que ameritaron decretarlas, recomendando el equipo multidisciplinario de este órgano jurisdiccional el mantenimiento de la medida, quedando determinado el interés superior de (IDENTIDAD OMITIDA), en la necesidad de proteger su derecho a la integridad personal, a la vida, a ser cuidada, formada, educada y mantenida en una familia preferiblemente la de origen, según lo estableció el legislador, debe hacerse, de forma personalizada, con base a los criterios señalados por la propia Ley, cuando en su artículo 8, ibídem, cuando dispone: “El interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley... Parágrafo Primero: Para determinar el interés superior del niño en una situación concreta se debe apreciar: a) la opinión de los niños y adolescentes; b) la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes; c) la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos o garantías del niño o adolescente; d) la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño o adolescente; e) la condición específica de los niños y adolescentes como personas en desarrollo...” En fuerza de todas las consideraciones antes expuestas, resultando evidente que, efectivamente, se ha preservado el derecho de (IDENTIDAD OMITIDA) a su integridad personal y demás derechos integralmente considerados, considera quien decide procedente y ajustado a derecho ratificar las medidas de protección dictadas por esta Sala de Juicio en fecha 22.12.2004 conforme con el artículo 131de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del adolescente, Y ASI SE DECIDE EXPRESAMENTE. III Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, RATIFICA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, dictadas en fecha 22.12.2004, a favor de la niña (IDENTIDAD OMITIDA). Regístrese y publíquese la presente decisión. Expídase a las partes copia certificada del presente fallo. Cúmplase. Dada, firmada y sellada en la Sala de despachos de este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, en su sala de Juicio, a los 27 días del mes de octubre de 2008, Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación. LA JUEZA, DRA. ZULAY CHAPARRO LA SECRETARIA ABG. FRANCYS CASTILLO En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede. LA SECRETARIA ABG. FRANCYS CASTILLO Exp.9794