TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO. JUEZ PROFESIONAL No.1

Los Teques, 28 de octubre de 2008

Vista las anteriores actuaciones esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA:

I

En fecha 09.10.2007, esta Sala de Juicio dicto sentencia mediante la cual, a los fines de preservar integralmente los derechos de los adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA), decretó las siguientes medidas de protección: 1) COLOCACIÓN FAMILIAR de los referidos adolescentes, en el hogar de la ciudadana, tía de aquellos, bajo seguimiento por parte de la Trabajadora Social de este mismo Tribunal. 2) La precitada ciudadana ejercerá la responsabilidad de crianza y custodia sobre los adolescentes, lo que implica la representación en los distintos institutos educativos, de salud y organismos oficiales, para lograr la vigencia y salvaguarda de sus derechos integralmente considerados. 3) Incentivos a las relaciones entre los adolescentes y sus padres, ciudadanos ANTONIO MARIN HERNANDEZ y MARLEN CASTILLO, por cuanto la guardadora le esta proscrito general en ellos sentimientos de rechazo hacia sus padres, así como deberá abstenerse de inducirlos a conclusiones excluyentes de la relación padre-hijos. 4) Inclusión de ambos padres en el programa de escuela para padres que desarrolla el Hospital Victorino Santaella. (F. 93 al 105).

En fecha 23.10.07, esta Sala de Juicio, dicto auto mediante el cual ejecuto la sentencia dictada el 09.10.07, librando oficio al Consejo de Protección del Municipio Autónomo Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda y ordenando al Equipo Multidisciplinario de ésta Sala de Juicio, realizar informe de seguimiento. (F. 107)

Al folio 118 al 124 cursa Informe Social consignado por el Trabajador Social adscrito a éstas Sala de Juicio, LIC. OMAIRA GRAGIRENA, en donde en sus conclusiones sugiere que los jóvenes permanezcan bajo la responsabilidad de la tía paterna, con la salvedad de colaborar en la relación filial de los progenitores, especialmente con la madre y que los adolescentes deben asistir a Talleres especializados con la finalidad de solventar sus conflictos internos.

En fecha 25.04.2008, ésta Sala de Juicio, dicto sentencia mediante la cual ratificó las mediadas de protección decretadas en fecha 09.102007, en virtud de no haber cesado los motivos que dieron origen a las misma, ordenando su ejecución mediante auto de fecha 12.05.2008, donde se ordena invitar a los prenombrados adolescentes.(F.128 al 133)

II

Ahora bien, de las actuaciones practicadas con ocasión a la solicitud hecha por la ciudadana YAJAIRA INES MARÍN HERNANDEZ el 22.05.07 y que dio lugar a la sentencia antes citada, se desprende que, respecto de los adolescentes antes identificados se encontraban involucrados varios derechos inicialmente, como eran sus derechos a crecer en su familia de origen, a la integridad personal, a vivir en un nivel de vida adecuado, entre otros. En tal virtud, el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone expresamente:

“El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes...Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley...”.

Y, en su artículo 78, ibídem, establece expresamente:

“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales....El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan...”.

De las normas constitucionales antes transcritas se desprende, sin duda alguna, que los niños, niñas y adolescentes en la República Bolivariana de Venezuela dejaron de ser objeto de tutela jurídica, para convertirse en sujetos plenos de derecho y, esto último, involucra que son titulares de todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico a favor de las personas, sin discriminación alguna, además de aquellos de los cuales resultan titulares por su especial condición de personas en desarrollo, pues el Constituyente adoptó la Doctrina de la Protección Integral. Igualmente, reconoce el Texto Fundamental a la familia como asociación natural de la sociedad, previendo una serie de disposiciones, derechos y garantías dirigidas a materializar efectivamente la existencia de ese espacio fundamental.

Como consecuencia de lo anterior, la Carta Magna fija, incluso, la regla general que debe regir las relaciones entre los integrantes del grupo familiar, regla que viene a constituirse en norte de las actuaciones del estado, sean en el ámbito judicial o administrativo; aunado a la circunstancia de que, los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen. Esto último debe ser el norte de la actuación judicial, de suerte que aquellos solo pueden ser separados de esa asociación natural, en los supuestos excepcionales previstos en el ordenamiento jurídico. En absoluta concordancia con el Texto Fundamental, posterior éste a la Ley Especial, así como en respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente consagra en sus artículos 10, 12, 13 y 14, que sus beneficiarios son sujetos de derecho, por lo que gozan de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, con especial referencia a los consagrados en la mencionada Convención; tales derechos son de carácter enunciativo, de suerte que se les reconocen, incluso, aquellos inherentes a la persona humana que no figuren en la Ley Especial o en el resto del ordenamiento jurídico expresamente, por tanto, sus derechos y garantías son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles; reconociéndoseles el ejercicio personal de éstos de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva y, de igual forma, se les exigirá el cumplimiento de sus deberes.

Y precisamente para dotar de mecanismos que permitan su salvaguarda y su efectivo ejercicio, que les permita la restitución de su ejercicio cuando han sido lesionados o se vean amenazados de violación, el artículo 125 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, expresamente establece:

“Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, representantes o responsables o de la propia conducta del niño o del adolescente”.

Las medidas de protección vienen a constituir así el mecanismo que permite el cese de la amenaza de sus derechos o la restitución en su ejercicio, cuando han sido lesionados por el propio Estado, por la sociedad, por los propios progenitores o, incluso, aunque el hecho, acto u omisión provenga del propio niño, niña o adolescente; además, funciona como un mecanismo de prevención, en el entendido que, al surgir una circunstancia que podría constituirse en amenaza o lesión de los mismos, se recurre entonces a las medidas de protección, por supuesto a aquella que aparezca en correspondencia con las características de la situación surgida, en el entendido que debe recurrirse a la medida que resulte viable para amparar, proteger o restituir tales derechos.

Ahora bien, es necesario analizar si procede la revisión de la medida dictada, bien para mantenerla, ratificarla, modificarla o revocarla supuesto previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, cuando preceptúa:

“Las medidas de protección, excepto la adopción, pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas, en cualquier momento, por la autoridad que las impuso, cuando las circunstancias que las causaron varíen o cesen…”.

Así, se observa en el caso concreto sometido al conocimiento de la juzgadora, que, una vez decretada la medida, el Defensor Público consignó ante esta Sala de Juicio constancias médicas relacionadas con el cumplimiento de las medidas, por lo que la situación debe resolverse atendiendo al interés superior de los adolescentes, debe ser determinado de forma personalizada, según los criterios que señala la propia Ley, cuando en su artículo 8, ibídem dispone:

“El interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley...

...Parágrafo Primero: Para determinar el interés superior del niño en una situación concreta se debe apreciar:

a) la opinión de los niños y adolescentes;
b) la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes;
c) la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos o garantías del niño o adolescente:
d) la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño o adolescente;
e) la condición específica de los niños y adolescentes como personas en desarrollo...”

En tal sentido, es deber de la juzgadora actuar en protección de los derechos de aquellos, concretamente en cuanto a su derecho a ser criados, formados, orientados, mantenidos y educados en su familia de origen en un nivel de vida adecuado, donde consigan protección a sus demás derechos, entre ellos a la integridad personal, sin que sea dable revocar la medida dictada; al contrario, debe ser ratificada hasta tanto surjan elementos en autos que acrediten y la Sala constate que, efectivamente, han cesado los motivos que dieron origen al decreto de las medidas, circunstancia que hasta el presente no ha variado, motivo por el cual, en consecuencia, esta Instancia Juzgadora, de conformidad con el artículo 131 ejusdem, en concordancia con el artículo 126 ibídem, RATIFICA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, dictadas en fecha 09.10.07.

III

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 131 ejusdem, en concordancia con el artículo 126 ibídem, RATIFICA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, dictadas en fecha 09.10.07 y, por ende, ordena al equipo multidisciplinario de esta Sala de Juicio realizar informe social de seguimiento cada tres meses por lo menos.

Regístrese y publíquese la presente decisión. Expídase a las partes copia certificada del presente fallo.

Dada, firmada y sellada en la sala de despachos de este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, en su Sala de Juicio, a los 28 días del mes de octubre de 2008. Años: 197 de la Independencia y 149 de la Federación.
LA JUEZA,

DRA. ZULAY CHAPARRO

LA SECRETARIA

ABG. FRANCIS CASTILLO

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede.

LA SECRETARIA

ABG. FRANCIS CASTILLO

Exp.12376
ZCH/FC/dapg.