TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy

Valles del Tuy, 12 de Agosto de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : MP21-P-2006-001038
ASUNTO : MP21-P-2006-001038

Corresponde a este Juzgado Primero (1º) de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, de conformidad con lo previsto en el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal, pronunciarse de oficio en torno a la procedencia de la formula alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto) a la cual opta el ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA (ampliamente identificado en las presentes actuaciones). En consecuencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 479 numeral 1º y 500 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se decide en los siguientes términos:

CAPITULO I

Luego de realizarse una detenida y minuciosa revisión de las actuaciones que conforman el presente expediente, se observa que el ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA (identificado plenamente en autos), fue condenado por el Juzgado Primero (1º) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, en fecha 27 de Marzo de 2007, a cumplir la pena de seis (6) años de prisión, al encontrarlo responsable de la comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal, ello verificable del folio 186 al 192 de la primera pieza del expediente.

Ulteriormente en data 02 de Mayo de 2007, se procedió por éste órgano jurisdiccional a ejecutar la sentencia referida ut supra, profiriéndose auto en el cual se realizo el cómputo de la pena a ser cumplida por el penado in comento, al hallarse definitivamente firme la sentencia aludida, estableciéndose así mismo en dicho auto las fechas a partir de las cuales el sub judice optaba a las formulas alternativas de cumplimiento de pena, entre ellas, la de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto), determinándose que a partir del día 31 de Mayo de 2008, correspondía tal posibilidad de optar a dicho beneficio, estableciéndose igualmente en dicha decisión como data de cumplimiento de la condena el día 31 de Mayo del año 2012 (ver folio 23 al 26 de la segunda pieza).
CAPITULO II

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, es de la competencia de éste Juzgado en funciones de Ejecución, conocer sobre todo lo concerniente a la procedencia o no de las formulas alternativas de cumplimiento de pena, que correspondan a los penados, determinándose en tal sentido la facultad de éste órgano jurisdiccional para conocer de la presente causa.

Así mismo se atribuye dicha competencia a los Tribunales de Ejecución de acuerdo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 292 Expediente Nº CC02-0195 de fecha 13/06/2002, de la cual se extrae:

“… De acuerdo con la competencia de los tribunales de ejecución, a éstos les corresponde no solamente la ejecución de la pena y las medidas de seguridad sino también todo lo relacionado con la libertad, las fórmulas alternativas para su cumplimiento, redención, conversión, conmutación, extinción y acumulación de las penas, es decir la vigilancia y el control del cumplimiento de las penas que fueron impuestas por el tribunal que emitió la sentencia. A su vez son competentes para velar por el cumplimiento del régimen penitenciario, a pesar de encontrarse recluido en un lugar distinto…”

Tal criterio sostenido por éste Tribunal en cuanto a su competencia para conocer en lo concerniente a las formulas alternativas de cumplimiento de pena, es igualmente reafirmado de manera pacífica y reiterada en jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 322 Expediente Nº 08-179 de fecha 01/07/2008, de la cuales entre otras cosas se establece:

“… todo aquello que tenga relación con la libertad del penado y las formas de cumplimiento de la condena, se le atribuyen como competencias expresas y exclusivas a los tribunales de Primera Instancia en funciones de Ejecución de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

Al quedar previamente asentado en el párrafo que antecede, que es de la competencia de éste Tribunal decidir sobre lo atinente a las formulas alternativas de cumplimiento de pena que proceda o correspondan al ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, es menester determinar cual de esas medidas comúnmente denominadas de prelibertad, es aplicable al condenado antes mencionado, a los fines de verificar si se cumplen los requisitos legales exigidos en la norma adjetiva penal, específicamente en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, y por ende se debe acordar la procedencia de la misma, dándose génesis al otorgamiento de la libertad del encausado arriba referido.

En el orden de ideas que se viene hilvanando, se aprecia que del folio 23 al 26 de la segunda pieza del expediente, cursa auto de fecha 02 de Mayo de 2007, emanado de éste órgano jurisdiccional, a través del cual se ejecuto la sentencia condenatoria dictada en contra del penado de autos, y por ende de conformidad con las previsiones del artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, se practicó cómputo de pena en las presentes actuaciones, estableciéndose que el ciudadano tantas veces nombrado, optaba a la formula alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto), desde el día 31 de Mayo de 2008, siendo en consecuencia la fórmula alternativa de cumplimiento de pena por la que optaría el mismo.

Ahora bien, luego de determinarse cual es la formula alternativa de cumplimiento de pena que le corresponde al penado de autos, debe inexorablemente por mandato legal expreso del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, observarse que quien es acreedor de tal medida cumpla ineludiblemente con los requisitos que prevé dicha norma adjetiva penal.

En el caso que nos ocupa atendiendo a lo dispuesto por la norma in comento, se establecen como condiciones de procedencia para que pueda ser acordado por el Tribunal la medida de Destino a Establecimiento Abierto, las siguientes exigencias:

Que el penado haya extinguido por lo menos una tercera parte de la pena impuesta.
Que el penado no haya tenido en los últimos diez años, antecedentes por condenas a penas corporales por delitos de igual índole, anteriores a la fecha en que solicita el beneficio.
Que no haya cometido algún hecho punible sometido a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena.
Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, el cual será expedido por un equipo multidisciplinario encabezado preferentemente por un psiquiatra forense, integrado por no menos de tres profesionales quienes en forma conjunta lo suscribirán.
Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena no hubiere sido revocada previamente.
Que se presente oferta de trabajo por parte del penado.

Al revisarse si efectivamente en el presente caso, concurren de manera conjunta tales circunstancias, a fin de que sea procedente la concesión de la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de Régimen Abierto al ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, se aprecia previa revisión minuciosa del expediente, que evidentemente se cumplen simultáneamente tales requisitos, como son inicialmente el haber extinguido una tercera parte de la pena impuesta, verificable en el presente caso de la práctica del cómputo respectivo, pues el penado se encuentra detenido desde el día 31 de Mayo de 2006, lo que conlleva o permite establecer fehacientemente que se ha encontrado privado corporalmente de su libertad por un lapso de tres (3) años, dos (2) meses y once (11) días, término de tiempo que ha extinguido de la pena que le fuera impuesta, realizada tal consideración en atención al contenido del artículo 484 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se prevé que se considerará como tiempo efectivo de pena cumplido y extinguido la privación de libertad (detención) sufrida por el penado durante el proceso, y el cual es superior a los dos (2) años, que es la tercera (1/3) parte de la pena de seis (6) años de prisión que le fue atribuida como pena definitiva que deberá cumplir, siendo en tal sentido satisfecho tal requisito.

En segundo lugar es necesario que quien opta por el beneficio no registre antecedentes penales en los diez (10) años anteriores a la fecha en que solicita o se le concede de oficio la formula alternativa de cumplimiento de pena, condición que igualmente cumple el penado JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, pues de acuerdo a certificación de Antecedentes Penales cursante en las actuaciones al folio 71 de la segunda pieza, suscrita por el ciudadano Rafael Páez Graffe, en su condición de Jefe de la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia, el ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, registra antecedentes penales en virtud de sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Primero (1º) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, la cual versa sobre los hechos objetos del presente proceso, no verificándose condenas por hechos distintos al aquí ventilado, lo que permite concluir que igualmente satisface dicha condición.

En tercer lugar, no se aprecia de las actuaciones cursantes en autos que el penado tantas veces nombrado, haya incurrido en la comisión de un hecho punible durante el cumplimiento de la condena, así como igualmente ha demostrado tener buena conducta durante su estadía en su centro de reclusión, vale acotar, Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón, adaptándose a las normas establecidas en el régimen penitenciario sin registrar informes negativos durante su permanencia en ese reciento carcelario, lo cual se constata de la constancia de buena conducta, suscrita por el Director del aludido establecimiento penal y los demás miembros de la Junta de Conducta de dicho penal, cumpliéndose en tal sentido con lo exigido por el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, donde se requiere que quien sea beneficiado con una de las formulas alternativas de cumplimiento de pena haya observado buena conducta durante su período de reclusión (detención efectiva).

En cuarto lugar, exige el Código Orgánico Procesal Penal, en su numeral 3º del artículo 500, que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, el cual será expedido por un equipo multidisciplinario encabezado preferentemente por un psiquiatra forense, integrado por no menos de tres profesionales quienes en forma conjunta lo suscribirán. En este punto, se vislumbra que inserto a los autos cursa Informe Técnico (Evaluación Psicosocial), suscrito por los funcionarios Lic. Yajaira Páez, Trabajadora Social; Lic. Alexis González, Psicólogo y Zulia Salazar, Abogado Revisor, adscritos a la Dirección de Reinserción Social del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, quienes de manera conjunta emitieron OPINION FAVORABLE, en torno al otorgamiento de la medida solicitada, por lo que al existir el respectivo informe técnico con pronostico favorable, suscrito por más de tres profesionales como exige la norma in comento, se cumple cabalmente con tal condición, observándose igualmente del contexto de dicho informe que dicha opinión favorable tiene génesis en que el penado presenta adecuada capacidad autocrítica ante el daño causado a la víctima, demostrando genuino arrepentimiento, adecuada postergación de gratificación y tolerancia ala frustración, apoyo familiar sólido y comprometido en formar parte del proceso de rehabilitación y reinserción social que inicia el penado, presenta planes o proyectos acordes a sus recursos internos para incorporarse a la sociedad sin causar daños, refleja sentimientos de pertenencia hacia su grupo familiar, ha logrado ajustarse a las normativas del recinto penitenciario y se encuentra dispuesto a andar previsivo ante las posibles amenazas externas, sugiriéndose por parte del equipo técnico que se inste al penado a que continúe estudios, a que ejerza actividades laborales formales y se someta a tratamiento de desintoxicación de drogas (ver folios 82 al 85 pieza 2).

Igualmente se advierte que es imperioso que no se haya revocado previamente alguna formula alternativa de cumplimiento de pena al penado que solicita o le procede la medida, circunstancia igualmente cumplida por el ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, pues al mismo no se le ha revocado precedentemente algún beneficio, ello fundamentado en la revisión total de las actuaciones, de donde no se desprende que se materialice tal circunstancia.

Por último, se aprecia que inserto a las actuaciones cursa oferta de empleo o laboral a nombre del ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, emitida por la empresa Cauchera Maracucho C.A., ubicada en la Avenida Bertorelli Cisneros, Antiguo Terminal, Los Teques, Estado Miranda, a objeto de que preste servicios en dicha compañía, la cual fue debidamente verificada por medio de la Secretaría de éste órgano jurisdiccional, por lo que ineludiblemente cumple satisfactoriamente y de forma concurrente con todos los requisitos exigidos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, para que le sea concedida la formula alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto).

En consecuencia de todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, quien aquí decide, al observar que innegablemente se cumplen cabalmente con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, los cuales concurren simultáneamente, es procedente y ajustado a derecho conceder al ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, la medida alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto), por lo que se ordena su libertad en virtud de lo antes explanado, acordándose así mismo se proceda a imponer de las condiciones respectivas inherentes al cumplimiento de dicho beneficio, como son: A) Presentarse de manera mensual ante la sede de este Juzgado. B) Pernoctar en el Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Luís Martínez González, con sede en Ocumare del Tuy, Estado Miranda. C) No ausentarse de la jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas y el Estado Miranda, sin previa autorización de éste Tribunal. D) Cumplir con las obligaciones que le sean impuestas por el delegado de prueba que se designe, enmarcadas tales obligaciones en el régimen penitenciario. E) Someterse a orientación psicológica por parte del Delegado de Prueba tratante que le sea designado quien deberá ser Trabajador Social o Psicólogo e igualmente cumplir programa de desintoxicación de drogas en la Oficina Nacional antidrogas (ONA) regional, de lo cual se remitirá informe bimensual a éste Juzgado. Así se decide.-

CAPITULO III
En base a los razonamientos de hecho y de derecho que preceden, este Juzgado Primero (1º) de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, acuerda otorgar la formula alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto), al ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.541.142, en virtud de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, por lo que se ordena su inmediata libertad.

Publíquese, regístrese y diarícese la presente decisión judicial. Líbrese boleta de notificación a nombre del Fiscal Décimo (10º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con competencia en Ejecución de Sentencias y al Defensor del penado, notificando lo resuelto por éste Juzgado. Líbrese oficio dirigido al Director (a) del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), anexándose boleta de excarcelación a nombre del ciudadano JUAN FRANCISCO PEREZ GARCIA, a los fines de que se deje en inmediata libertad al referido penado. Ofíciese al Director (a) del Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Luís Martínez González, ubicado en Ocumare del Tuy, Estado Miranda, notificando lo resuelto por este Tribunal, e igualmente que deberá recibir a dicho penado quien a partir de la presente fecha pernoctara en ese organismo, debiendo designarle delegado de prueba que supervise el régimen probatorio.
El Juez

Jesús Eduardo Rodríguez Millán
El Secretario

Francisco Laynes

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

El Secretario

Francisco Laynes

JERM/jerm.-