TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

Los Teques, 27 de febrero de 2.009.

PARTE ACCIONANTE: THAINA MARIA SANABRIA SANCHEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-13.571.528.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONANTE: FELIX PERDOMO, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 107.734.
PARTE ACCIONADA: MARIELA JOSEFINA ORTEGA BARRIOS, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-7.954.927.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONADA: JUAN FRANCISCO COLMENARES TORREALBA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.693, designado Defensor Judicial.
MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.-
EXPEDIENTE Nº 27.693
I
En fecha 25 de febrero de 2008, se recibió mediante el sistema de distribución solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por la ciudadana THAINA MARIA SANABRIA SANCHEZ, ya identificada, asistida por el abogado en ejercicio FELIZ PERDOMO, también identificado, sustentado en el hecho presunto de haber convenido contrato de arrendamiento verbal con la ciudadana MARIELA JOSEFINA ORTEGA BARRIOS, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-7.954.927, sobre un inmueble ubicado en la Urbanización El Limón, Sector Quintana, Casa N° 3, Municipio Los Salias, Estado Bolivariano de Miranda, con su menor hija SARAID GABRIELA SANABRIA, de 2 años de edad, y que en fecha 19 de febrero de 2008, a las 9:00 p.m, al llegar al referido inmueble, no pudo acceder al mismo, por lo que aduce que la presunta agraviante irrumpió en su hogar sin su autorización violando las cerraduras y colocándole otras y retirando sus pertenencias del mismo, sin que tuviese conocimiento de su paradero. Asimismo, indicó que depositaba en la cuenta personal electrónica de la presunta agraviante y por amenazas proferidas en su contra, procedió a efectuar las consignaciones respectivas en el Tribunal del Municipio Los Salias de esta Circunscripción Judicial.
Denunció como violados su derecho al hogar y a la privacidad e invocó como fundamento de derecho los artículos 47, 49 y 183 de la Constitución Nacional y 183 del Código Penal, solicitando, el restablecimiento de los derechos denunciados como violados.-
En fecha 27 de febrero de 2008, la presunta agraviada consignó recaudos fundamentales correspondientes a la partida de nacimiento de su menor hija, copia simple de los depósitos bancarios y de las actuaciones que corresponden al Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias.-
Por auto de fecha 05 de marzo de 2008, fue admitida la solicitud de amparo constitucional, ordenándose el emplazamiento de la presunta agraviante, librándose la boleta de notificación respectiva a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.-
Consta del folio 63 al 82 del presente expediente, las gestiones pertinentes para lograr el emplazamiento de la presunta agraviante, lo que incluyó traslado del Alguacil para practicar la notificación personal, solicitud, libramiento, retiro, consignación, publicación y fijación del cartel de citación, hasta la designación de defensor judicial en la persona del abogado en ejercicio JUAN FRANCISCO COLMENARES TORREALBA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.693, quien aceptó el cargo y prestó el juramento el 26 de junio de 2008, librándose nueva boleta de notificación el 1° de agosto de 2008.-
Examinadas las actas procesales, pasa este Tribunal a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
II
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión número 982 del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), con relación a la materia atinente a la pérdida del interés procesal, consideró: “(…) la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia (…).-
En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse, -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél (Resaltado añadido) (…). De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”. (Subrayado de este fallo).-
Entre las consideraciones más destacadas, en opinión de esta juzgadora, contenidas en el fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, parcialmente trascrito, resaltan: (1°) Que aún cuando en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no figura una disposición similar a la contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, relativa al decaimiento de la acción por haber transcurrido más de un (1) año sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento, bien sea por la actora o por ambas partes, se establece un paralelismo de esta última norma con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé la figura del abandono del trámite expresado por el decaimiento del interés del actor. En este sentido, la Sala Constitucional al referirse al interés procesal, lo ha definido como la posición del actor frente a la jurisdicción para la obtener de ésta la satisfacción de su necesidad de tutela, y que el mismo subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso. 2°) El establecimiento de un lapso de seis (6) meses contados a partir de la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora, figura ésta que se evidencia de reconocer, a partir de signos inequívocos, que dicha parte ha renunciado, por lo menos a esa causa. Así pues, estima la jurisprudencia sub iúdice, tomando en cuenta la naturaleza urgente de la acción de amparo, que la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por el lapso señalado, indudablemente comporta una aceptación de la lesión alegada en el escrito de amparo.-
Ahora bien, aplicado tal criterio en el presente caso, se observa que la presente acción la intentó la solicitante en fecha 25 de febrero de 2008 y posteriormente, una vez agotadas las gestiones procesales para instar el emplazamiento y comparencia de la presunta agraviante, se procedió a designar Defensor Judicial con quien se entendería su citación, el cual manifestó su aceptación al cargo, tal y como se evidencia al folio 86, pero es el caso que una vez verificada dicha actuación, el 30 de julio de 2008 el apoderado de la presunta agraviada consignó fotostatos del libelo de demanda y auto de admisión a los fines de librar nueva notificación al auxiliar de justicia designado, la cual se emitió en fecha 1° de agosto de 2008, sin que constara con posterioridad que se hubiere impulsado o gestionado el emplazamiento del mismo, a través de las actuaciones del Alguacil y dado que, a la fecha ya ha transcurrido el lapso de seis (6) meses que dispone el ordinal 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contados a partir de la última actuación que acaeció en fecha 30 de julio de 2008, circunstancia que es susceptible de ser asimilada a los supuestos previstos en el nuevo procedimiento establecido para la acción de amparo constitucional, según decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 1° de febrero de 2000, lo que significa que la parte supuestamente agraviada ha asumido una conducta pasiva que ha sido calificada por la Sala Constitucional, como abandono del trámite, por consiguiente, habiéndose verificado en el presente asunto el abandono del trámite en virtud de haber transcurrido el lapso de seis (6) meses sin que la querellante, realizara actuación alguna que lograra el emplazamiento de la presunta agraviante, resulta forzoso declarar abandonado el trámite por parte de la querellante en la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 eiusdem y, en consecuencia, terminado el procedimiento.
III
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la acción de amparo interpuesta por la ciudadana THAINA MARIA SANABRIA SANCHEZ, ya identificada, asistida por el abogado FELIX PERDOMO, también identificado.-

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA TEMPORAL,

RUTH GUERRA MONTAÑEZ
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo una de la tarde (1:00 p.m.).
LA SECRETARIA TEMPORAL,

EMQ/RGM/Jbad
Exp. N° 27.693