TSJ Regiones - Decisión

JUEZ: ABG. ELIADE MARGARITA ISTURIZ P.

SECRETARIA: ABG. ALEJANDRA BONALDE

IMPUTADO: BARRIOS RODRÍGUEZ ARNALDO

DEFENSA PRIVADA: Abg. CARMEN LUCÍA HERNÁNDEZ CAMACHO

DELITO: OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES

FISCAL: Abg. JULIO CESAR ORTEGA, fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal; y en virtud de la audiencia de presentación celebrada en contra del ciudadano; BARRIOS RODRÍGUEZ ARNALDO, en la que el Ministerio Público solicitara la imposición de la medida privativa de libertad, acordando éste Juzgado Medida Privativa de Libertad de conformidad alo previsto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal,; en consecuencia, corresponde a esta Juzgadora fundamentar la imposición de las medidas cautelares sustitutivas de libertad acordadas, lo cual hace en los siguientes términos:

I
En fecha veintiuno (21) de febrero del año 2009, siendo las 06:45 horas de la tarde, fecha y hora pautada para la celebración de la audiencia de presentación para oír al imputado, en la que se cumplieron con todas las formalidades respetándose todas las garantías constitucionales y legales; con motivo de la aprehensión de dicho ciudadano, quien fue presentado por el Ministerio Público representado por el Abg. JULIO CESAR ORTEGA, Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; quien expuso en forma oral, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la aprehensión del mismo, precalificando los delitos imputados como; OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO Y USO DE DOCUMENTO FALSO, Y USURPACIÓN DE FUNCIONES los cuales se encuentran previstos y sancionados en los artículos 277, 322 y 213 todos del Código Penal; fundamentando tal imputación en las actuaciones efectuadas por los funcionarios policiales adscritos al Instituto Autónomo de Policía del Municipio Acevedo del Estado Miranda. Igualmente la representante del Ministerio Público solicitó al Tribunal que la presente causa se llevara a cabo a través del procedimiento ordinario y la imposición de la Medida Privativa de Libertad, en contra de dicho imputado de conformidad a lo previsto en los artículos 250, y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

Del análisis de las actuaciones y diligencias traídas a la audiencia por el Ministerio Público, estima esta Juzgadora, de que estamos en presencia de un fomus boni iuris, lo que quiere decir a criterio del Dr. Alberto Arteaga:
“… consiste en la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado, atribuible al imputado, con la inequívoca formación de un juicio de valor por parte del juez, el cual debe haber llegado a la conclusión de que el imputado, probablemente, es responsable penalmente por ese hecho o pesan sobre él elementos indiciarios razonables…” sic.

En el presente caso estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita; y que tales actuaciones y diligencias constituyen a juicio de este juzgadora, fundados elementos de convicción para presumir la autoría del imputado en la comisión de los delitos de: OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES, previstos y sancionados en los artículos 277, 322 y 213 todos del Código Penal. Atribuible al imputado BARRIOS RODRÍGUEZ ARNALDO,

Nuestra Carta Magna, enuncia en su artículo 44 el derecho a la libertad personal como derecho fundamental inviolable, enumerando cinco consecuencias siendo una de ellas la siguiente:

“…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” (Subrayado del tribunal)

Este principio también se encuentra desarrollado en Tratados Internacionales; así como en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 09 y 243. En virtud de ello nuestro Código Penal Adjetivo, en el Capitulo referente a las Medidas Cautelares Sustitutivas, expresando en su artículo 256:

“Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada…” sic.

De lo trascrito con anterioridad se desprende que la privación judicial preventiva de libertad debe dictarse sólo cuando sea estrictamente indispensable a fin de garantizar el buen desarrollo del proceso en la búsqueda de la verdad y las resultas del mismo, tal como lo dispone el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, todo lo concerniente a la Privación de libertad debe ser interpretado de manera restrictiva por lo jueces, quienes deben velar por el cumplimiento de las garantías y respeto a los derechos humanos, así como por el correcto ejercicio de las facultades procesales.

II

Oída a las partes y examinadas las actas que conforman las presentes actuaciones, evidenciándose del resultado del acta de presentación en la cual consta que la sustancia presuntamente marihuana arrojó un peso aproximado de veintinueve (29) gramos, así como la disposición del imputado de someterse al presente proceso y habiendo verificado el Tribunal sus datos de identificación, así como su arraigo en el país; estima quien aquí decide que lo procedente y ajustado a derecho, es DECRETAR en contra del imputado; BARRIOS RODRÍGUEZ ARNALDO, las medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad previstas en los ordinales 3°, 4° y 8vo del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la Obligación de presentarse ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal los días lunes, cada ocho (08) días, 4ta. prohibición de salida del país y de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas y del Estado Miranda, y 8va. Deberá presentar dos (02) personas que se constituyan en fiadores del mismo y que devenguen un salario igual, no menor de OCHENTA (80) Unidades Tributarias cada uno. Igualmente estima esta Juzgadora que la presente causa debe tramitarse por el procedimiento ordinario, tal como lo solicitara el Ministerio Público; en virtud que la finalidad del procedimiento ordinario es la preparación del juicio oral y público, a través de la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos que permitan inculpar o exculpar al imputado; y tomando en cuenta que en la presente causa faltan diligencias por practicar; es por lo que deberá remitirse la presente causa a la Fiscalía del Ministerio Público, conforme con lo dispuesto en los conforme con las previsiones del Encabezamiento del Artículo 373, 280, 282 y 273 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, y así se declara.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se decreta como fragrante la detención del ciudadano: BARRIOS RODRÍGUEZ ARNALDO, por considerar que se encuentran llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Este Tribunal acoge la precalificación dada por el ciudadano Fiscal como lo son los delitos de: OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES, previstos y sancionados en los artículos 277, 322 y 213 todos del Código Penal. TERCERO: Se acuerda, proseguir la Fase Preparatoria del Proceso, por el procedimiento Ordinario, de conformidad con las previsiones del Encabezamiento del Artículo 373, 280, 282 y 273 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se Acuerda con lugar otorgarle a dicho imputado las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, contenidas en el artículo 256 numerales 3, 4 y 8, por considerar, esta Juzgadora que la misma se encuentran ajustadas a derecho, y garantizan las resultas del presente proceso. y en consecuencia se decretan las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, contenidas en el artículo 256 numerales 3°, 4 y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentase periódicamente ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito judicial Penal y sede cada ocho(08) días, prohibición de salida de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Estado Miranda y presentar Dos (02) fiadores que devenguen un ingreso mensual cada uno de ochenta (80) Unidades Tributarias. QUINTO: Quedan notificadas las partes del presente pronunciamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
LA JUEZA SEGUNDA EN FUNCIÓN DE CONTROL

DRA. ELIADE MARGARITA ISTURIZ P
La Secretaria

ABG. ALEJANDRA BONALDE
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior. Y así lo certifico.
La Secretaria

ABG. ALEJANDRA BONALDE

2C-2112-09