TSJ Regiones - Decisión

En el día de hoy, jueves diez y seis de julio de dos mil nueve (16/07/2009), siendo las nueve horas y treinta minutos de la mañana ( 9:30 a.m.,) día fijado por este Juzgado Ejecutor de Medidas para llevar a la practica la medida de EMBARGO EJECUTIVO decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, de fecha trece de mayo del presente año (13/05/2009), con ocasión del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (vía ejecutiva) incoara la sociedad mercantil ADMINISTRADORA DANORAL, C.A., contra los ciudadanos: JAROL ANTONIO CHIRINO GONZALEZ y SONIA SAAVEDRA RAMIREZ, que se sustancia en el expediente número 28.756, la cual debe recaer sobre el siguiente bien inmueble “...Un apartamento identificado Los Colibríes 6-D-2, ubicado en el piso 2 del edificio Los Colibríes, el cual forma parte del Sector Los Colibríes, de la Urbanización Parque Residencial El Marques de la Hacienda El Marques (Vega abajo), Lote A, Sector Uno, situado en la jurisdicción del Municipio (sic) Guatire del Estado Miranda, tiene una superficie de SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (62,51 M2)…”. Seguidamente, el Tribunal previa la habilitación del tiempo necesario y por haber sido jurada la urgencia del caso por parte de la apoderada judicial del actor, ciudadana: SCARLETH RONDON, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el número 70.573, se trasladó y constituyó con ésta y con los ciudadanos: GELCERICO OBALLOS y EDGAR ROJAS CANELON, quienes son venezolanos, mayor de edad, portadores de las cédulas de identidad números V-2.805.093 y V-5.971.549, respectivamente, en el referido inmueble. Inmediatamente, el Tribunal toca a las puertas del mencionado inmueble y notifica de su misión a la ciudadana: ERICKA ANDREINA MORENO ALCALA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número V-17.802.764, quien manifestó residir en el referido inmueble en calidad de inquilina, el cual se lo arrendó los demandados y es el inmueble objeto de la presente medida. Vista tal exposición, es por lo que el Tribunal le hace saber a la notificada y a los demás intervinientes en esta medida que por cuanto el derecho a la defensa es un derecho constitucional inherente a la persona humana, el cual debe ser garantizado y protegido en todo grado y estado del proceso y siendo la fase de ejecución de medidas una etapa del proceso. Es por lo que este Juzgado Ejecutor de Medidas le concede a la notificada un plazo de espera de treinta (30) minutos a los fines de que se comunique, con cualesquiera de los demandados, con abogado de su confianza y/o terceros con interés legitimo y directo en las resultas de esta medida judicial y puedan hacer acto de presencia por sí o por medio de apoderado judicial que defienda sus derechos e intereses, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 49, numeral 1º de la Constitución de la República, desarrollado jurisprudencialmente en fecha dos de febrero del año dos mil (02/02/00), y 23 de enero de 2002, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias con ponencia de los Magistrados JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO e IVAN RINCÓN URDANETA, expedientes números 00-0010 y 01-1957, respectivamente, en concordancia con lo pautado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ó Pacto de San José de Costa Rica, que se aplica por disposición del artículo 23 de la Carta Magna. Tiempo este suficiente para que los demandados y/o cualquier profesional del derecho se hagan presente en esta actuación judicial, en vista del lugar de constitución del Tribunal, sitio donde laboran innumerables profesionales del derecho amen de la cercanía con la ciudad de Caracas. No obstante a ello, y a los fines de instrucción, este Tribunal Ejecutor de Medidas le hace saber a las partes e intervinientes en esta actuación judicial, que las medidas cautelares se dictan con ocasión de un juicio e in limine litis e inaudita altera parte, es decir, sin conocimiento previo del contrario, el cual usualmente se entera de la misma en el acto de ejecución de la medida, cuya finalidad es la de evitar que la parte perdidosa haga nugatorio y estéril el triunfo del adversario, el cual podría encontrarse con la situación de que su victoria en la litis no tendría sobre que materializarse, quedándole sólo una sentencia dictada a su favor pero el bien objeto de la querella desapareció o se deterioró, bien sea porque el demandado lo ocultó fraudulentamente o no lo cuido como un buen padre de familia, para eludir su responsabilidad procesal. No obstante, no se le viola el derecho a la defensa a la parte demandada por cuanto a partir de su citación expresa o tácita le nace el derecho a interponer sus alegatos y pruebas ante el Tribunal de la causa el cual puede revocar, modificar o confirmar la medida conferida, tal y como lo dejó sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 155 del 13/02/2003, expediente número 02-2235, con ponencia del Magistrado Antonio J. García García. Vencido el plazo concedido por este Tribunal Ejecutor para que cualesquiera de los demandados y/o terceros interesados comparezcan a esta actuación judicial y éstos no hacerlo, lo cual no impide dar inicio al presente acto, por cuanto para ello, el Juez debe verificar estar en presencia del bien objeto de esta medida y de haberle garantizado el derecho a la defensa a los demandados y/o posibles terceros, extremos estos cubiertos en el presente caso, con el lugar de constitución del Tribunal, la declaración de la notificada quien corroboró que el Tribunal se encuentra constituido en presencia del inmueble sub-judice y, con el tiempo concedido por este Tribunal Ejecutor a favor de los demandados y/o terceros. En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es dar inicio al presente acto, advirtiéndole a las partes que cuentan con diez (10) minutos para sus exposiciones y cinco (5) minutos para la réplica y contrarréplica en caso de ser necesario, tiempo este establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lugar donde se ventilan las violaciones o menoscabos a los derechos constitucionales y, siendo que la presente actuación judicial es de índole legal mal puede contar con un tiempo superior al constitucional. Así las cosas, el Tribunal le concede la palabra a la apoderada judicial del actor, ut supra identificada, quien de seguida expone:”Le solicito a este Honorable Juzgado Ejecutor de Medidas comisionado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial y con sede en la ciudad de Los Teques, materialice la presente medida de embargo ejecutivo decretada por el mencionado Tribunal de la Causa, la cual debe recaer sobre el inmueble donde nos encontramos constituidos. De igual forma, le solicito designe y juramente a los auxiliares de justicia a que hubiera lugar. Es todo”. Inmediatamente el Tribunal le cede la palabra a la notificada, quien expone:”Yo he hablado con Jarol y le he dicho que debe tener todas las deudas del inmueble al día, como lo es los gastos por condominio el cual yo lo pagaba pero él desde hace más de seis (6) meses me quitó ese deber que tenía como inquilina y me dice que le de el dinero a él porque eso es una obligación del propietario, por lo cual yo le he entregado a él los gastos de condominio. Es todo”. A los fines de garantizar el derecho a réplica y contrarréplica el Tribunal le cede la palabra a la parte ejecutante, quien expone: “Insisto en la materialización real y efectiva de la presente medida. Es todo.” Inmediatamente, se le concede la palabra a la notificada, quien manifiesta: “No quiero verme envuelta en ningún problema de Jarol. Sin embargo, me comprometo a comunicarme con él para informarle de esta situación. Es todo.” Vista las exposiciones anteriores, el Tribunal observa que no hay oposición contra la presente medida, se encuentra constituido en el inmueble de marras y se le garantizó el derecho a la defensa a la parte demandada, tal y como se explicó con anterioridad. En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es materializar la presente medida con todas las formalidades del caso. Asimismo, es oportuno señalar que contra la ejecución de la misma sólo podrá oponerse la parte demandada y/o terceros una vez se ejecute la medida, tal y como lo reza el artículo 602, y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ORDENA la materialización de la medida de EMBARGO EJECUTIVO decretada por el Juzgado de la causa. SEGUNDO: Se ORDENA la designación y juramentación de un perito avaluador y de una depositaria judicial. TERCERO: Se ORDENA librar y fijar en la puerta de entrada del inmueble objeto de esta medida, un cartel de notificación a nombre de los demandados participándole la practica de esta actuación judicial, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 49 numeral 1º de la Carta Fundamental. CUARTO: Se le ORDENA al Secretario dar cumplimiento a lo pautado en los artículos 188 y 189 ambos del Código de Procedimiento Civil. QUINTO: Se ORDENA dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su oficio identificado con las siglas tpe-01-680, de fecha 04 de julio del año 2001 donde ordenan que todos los autos, decisiones y demás providencias dictadas por los funcionarios judiciales, así como la documentación que tenga que ser suscrita por los auxiliares de justicia, deberá contener, además de la firma del funcionario, la expresa mención del nombre y apellido, así como el cargo que ostenta, todo a los fines de brindar una mayor seguridad jurídica. SEXTO: Se ORDENA oficiar al Registro Subalterno respectivo del Estado Miranda, con sede en Guatire participándole la practica de esta actuación judicial, conforme lo exige el artículo 535 del Código de Procedimiento Civil. SEPTIMO: Se ACUERDA aplicar del artículo 12 de la Ley sobre Depósito Judicial de darse el supuesto de hecho allí contemplado. Cúmplase. A continuación, el Tribunal designa como perito avaluador al ciudadano: EDGAR ROJAS CANELON, venezolano, mayor de edad y portadora de la cédula de identidad número V-5.971.549 y, como Depositaria Judicial a la empresa mercantil Depositaria Judicial “La General de Depósitos Judiciales S.A.,” quien está representada en este acto por el ciudadano: GELCERICO OBALLOS, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad número V-2.805.093, quienes estando presentes aceptan los cargos en ellos recaídos y prestan el juramento de Ley. Seguidamente, el Tribunal le ordena al perito avaluador designado y juramentado determine la ubicación, linderos y medidas del inmueble señalado por la apoderada judicial del actor, y le fije un valor prudencial al mismo, conforme lo pauta el artículo 10 de la Ley sobre Depósito Judicial, quien de seguida expone: “El inmueble donde se encuentra constituido el Tribunal, es un apartamento identificado como Los Colibríes 6-D-2, situado en el piso 2 del edificio Los Colibríes, el cual forma parte del Sector Los Colibríes, de la Urbanización Parque Residencial El Marques, Hacienda El Marques (Vega abajo), Lote A, Sector Uno, situado en Guatire, Jurisdicción del Municipio Zamora, del Estado Miranda, el mismo cuenta con una superficie de SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (62,51 M2). Cuenta con tres (3) habitaciones, un (1) baño, sala-comedor, cocina-lavandero, pasillo de circulación interna. Sus linderos particulares son: NORTE: En parte con la fachada interna que da al patio interior de entrada al edificio y en parte con el pasillo del piso; SUR: Con la fachada sur del edificio; ESTE: con la fachada este del edificio; y, OESTE: con el apartamento identificado con la sigla 6-C-2. Tiene asignado el uso exclusivo de un puesto de estacionamiento de vehículos distinguido con el mismo número del apartamento, situado en el área de estacionamiento, el cual para este momento se encuentra vacío. Ahora bien, por su ubicación geográfica y condiciones de mantenimiento externo e interno del inmueble, aunado a la política de bienes raíces imperantes en la zona, le fijo un avaluó prudencial al mismo en la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.220.000,oo). Es todo”. Ahora bien, por cuanto los datos del inmueble donde se encuentra constituido el Tribunal corresponden a los aportados por el Tribunal de la causa en el cuerpo de la comisión, lo que corrobora que el Tribunal se encuentra constituido en el inmueble objeto de esta medida. Es por lo que el Tribunal EMBARGA EJECUTIVAMENTE el mencionado inmueble y lo coloca en posesión material, real y efectiva del mismo, al ciudadano: GELCERICO OBALLOS, representante de la Depositaria Judicial designada, ut supra identificado quien lo recibe de conformidad y en nombre de su representada, comprometiéndose a cumplir con sus obligaciones legales como un buen padre de familia. A continuación, el Tribunal le participa a todos los intervinientes a esta medida, que por la naturaleza de la misma, esta se ejecuta sin lanzamiento. Inmediatamente, el Tribunal fija en la puerta de entrada del inmueble embargado ejecutivamente un cartel de notificación librado a nombre de los demandados y/o terceros con interés legitimo y directo en esta actuación judicial, siendo para este momento las diez horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.). A continuación, el Tribunal deja constancia que no se dio el supuesto de hecho previsto en el artículo 12 de la ley sobre Depósito Judicial. Seguidamente, el Secretario da lectura a la presente acta y el Tribunal hace constar que no hay observación ni reclamo contra la misma, la cual carece de enmiendas, borraduras y tachaduras. Finalmente, siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana, (10:55 a.m.) el Tribunal ordena el regreso a su sede natural, haciendo constar que la presente medida se cumplió a cabalidad. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman, con excepción de la notificada quien se ausentó del acto.
El Juez,

Dr. CÉSAR A. MEDRANO R.
La apoderada judicial del actor,

Abogada: SCARLETH RONDON.

La notificada,
Ciudadana: ERICKA ANDREINA MORENO ALCALA
(Se ausentó)

El perito avaluador,

Ciudadano: EDGAR ROJAS C.

El representante de la depositaria judicial (“La General de Depósitos Judiciales, S.A”)

Ciudadano: GELCERICO OBALLOS.

El secretario,

Abogado: DANIEL J. MORELLI C.

Comisión Nº 09-C-1550.-
Expediente número 28.756