REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE CONTROL DEL L.O.P.N.A. AREA PENAL LOS TEQUES

PRIMERO IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES JUEZA. MARCY SOSA RAUSSEO IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA. REPRESENTACIÓN FISCAL: FISCAL DÉCIMO QUINTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN ADOLESCENTES VICTIMA: LA COLECTIVIDAD DEFENSA: Dra. MARIA ALEXANDRA PRINCIPE (Público Penal) SECRETARIO. Abg. MAGALY RAFET PRIMERO LOS HECHOS Se inició averiguación penal en fecha 7 DE ABRIL DE 2003, cuando funcionarios adscritos AL Instituto Autónomo de policía del Municipio Carrizal Estado Miranda, en punto de control punto a pies cuando avistaron un ciudadano que al notar la presencia policial opto una actitud nerviosa y evasiva y luego de darle la voz de alto le practicaron la investigación de rigor incautándole en la cartera un envoltorio de material sintético de color blanco contentivo en su interior de presunta droga, quedando identificado como IDENTIDAD OMITIDA. Es de suma importancia, a los fines de dar cumplimiento a la posición jurisprudencial de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de mayo del 2000 en sentencia Nº 606, que expreso: “…Al declarar la prescripción de la acción penal, deben los jueces establecer con base en el análisis de los elementos existentes en autos, los hechos probados en relación al delito. Establecido el carácter punible del hecho, procede el pronunciamiento relativo a la prescripción, debiendo en tal sentido acreditarse, suficientemente, los hechos que dan cuenta del transcurso del tiempo necesario para que opere la misma. Considera quien aquí decide que en el presente caso no es necesario la realización de la audiencia oral a la que se refiere el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto las normas sustantivas consagradas en el referido Código, prevén igualmente los recursos impugnatorios a favor de las victimas contra los fallos de esta naturaleza, la cual debe ser en todo caso notificada de toda decisión que ponga fin al proceso y el motivo sustentado por el Ministerio Publico amerita el conocimiento sin dilación ya que la competencia de su actuación no se limita, en la materia de responsabilidad penal de adolescente, a confirmar o descartar la sospecha fundada de la existencia de un hecho punible, el determinar si el adolescente incurrió en su perpetración, sino, a investigar y hacer constar los hechos que obren en su favor. En consecuencia existe suficiente motivación para no realizar la audiencia señalada en el referido articulo 323, todo a los fines de garantizar la aplicación del valor superior de la justicia y el principio de la tutela judicial efectiva, sin dilaciones indebidas, ni formalismos inútiles, consagrados en los articulo 2 y 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que conllevan a evitar retardos procesales. Este Tribunal procede a explanar los hechos y elementos probatorios que constan en las actas procesales sobre la presunta la comisión del hecho punible que nos ocupa. En este sentido se aprecia que consta, Designación de Defensor Publico, remisión a la Fiscalia 15 Especializada en Adolescentes el Acta Policial de aprehensión y experticia toxicologica Nro. 9700-130-46446, fechada 14 de abril de 2003, que arrojo resultados negativos en el consumo de sustancias de abuso. Efectivamente el planteamiento del sobreseimiento realizado por el Ministerio Publico se hizo en base al sobreseimiento provisional, no obstante, analizado que se trata de un delito no incluido dentro aquellos delitos calificados como de lesa humanidad, y que en materia de delitos que no merecen sanción privativa de libertad como el delito de POSESION ILICITA DE SIUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DE LA Ley Orgánica Contra el Trafico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la prescripción de la acción penal estando demostrada la materialidad del hecho punible, pero ante el deficiente cúmulo probatorio de los hechos presuntamente acaecidos y la conformación documental que se ha revisado, no considero el Ministerio Publico la posibilidad de presentar acusación contra el imputado y dado el tiempo transcurrido se permitiría la aplicación de la prescripción de la acción penal por lo cual, por ello considera procedente emitir una decisión en este sentido, Así se decide. SEGUNDO EL DERECHO Dispone el artículo 561, en su literal “D” de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE L NINO Y EL ADOLESCENTE que el Ministerio Público deberá: D) SOLICITAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO SI RESULTA EVIDENTE LA FALTA DE UNA CONDICIÒN NECESARIA PARA IMPONER LA SANCIÒN” De otro lado establece el artículo 615 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, lo siguiente: “PRESCRIPCIÒN DE LA ACCIÒN. LA ACCIÒN PRESCRIBIRÀ A LOS CINCO AÑOS EN CASO DE HECHOS PUNIBLES PARA LOS CUALES SE ADMITE LA PRIVACIÒN DE LIBERTAD COMO SANCIÒN, A LOS TRES AÑOS CUANDO SE TRATE DE OTRO HECHO PUNIBLE DE ACCIÒN PÙBLICA Y A LOS SEIS MESES EN CASO DE DELITOS DE INSTANCIA PRIVADA O DE FALTAS”. Dispone en cuanto al sobreseimiento el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal: “El sobreseimiento procede cuando: 3.- LA ACCIÒN PENAL SE HA EXTINGUIDO O RESULTA ACREDITADA LA COSA JUZGADA.”. En el caso en estudio, el presunto hecho ocurrió el día 7 DE ABRIL DE 2003, lo que indica que hasta la presente fecha, han transcurrido más de tres (03) años desde que ocurrió el hecho sin que la representación fiscal haya intentado la acción penal, ni hubiere presentado acusación en contra del adolescente, computo que se realiza en conformidad con el articulo 109 del Código Penal, lo cual pone en evidencia que la acción penal esta prescrita y en consecuencia procede DECRETAR EL SOBRESIMENTO DEFINITIVO DE ESTA CAUSA. Así se decide. TERCERO DISPOSITIVA Por todos los razonamientos que han quedado expuestos este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, SECCIÓN ADOLESCENTES, CON SEDE EN LOS TEQUES ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, PRIMERO. DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO POR PRESCRPICION DE LA ACCION PENAL DE LA CAUSA; seguida contra del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por el delitos de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que rige la materia de drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD; todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 615 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el numeral 3º del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO. Cesa la condición de imputado y se decreta su libertad plena. TERCERO. Por cuanto esta decisión no fue dictada en presencia de las partes se ordena la notificación de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase. Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala del Juzgado Primero de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Sección Adolescentes, con sede en Los Teques, a los 2 dias de Julio de 2009. Años 199º y 150º. LA JUEZ DE CONTROL No. 1 DRA. MARCY SOSA RAUSSEO EL SECRETARIO, Abg. MAGALI RAFET GONZALEZ En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior. EL SECRETARIO Abg. MAGALI RAFET GONZALEZ Causa N° 1C773-06-