REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL EXTENSIÓN BARLOVENTO
Visto el escrito presentado por la Dra. FRANCIS MOSQUERA MENDOZA, en su carácter de abogado defensora del imputado RICHARD ANTONIO VILLEGAS BARRIOS, titular de la Cédula de Identidad Nº. 16.619.565, en la cual solicita a este Despacho sea revisada la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, dictada en contra de sus defendidas, pedimento que hace invocando el último aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal a los fines de decidir observa:
PRIMERO
Se le sigue causa al precitado imputado por los delitos de ROBO EN LA MODALIDAD DE ARREBATON y LESIONS LEVES, tipificados en los artículos 456, ultimo aparte y 416, todos del Código Penal y celebrada audiencia en fecha 28 de marzo de 2009, con presencia de todas las partes, se le decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal
SEGUNDO
Ahora bien, el Código Orgánico Procesal Penal, prevé unos presupuestos para la Privación Judicial y establece un elenco de medidas sustitutivas a la privación de libertad, lo cual puede evidenciarse en el articulo 256 y siguientes, previendo, igualmente, en el artículo 244 ejusdem, el principio de proporcionalidad, significando éste, que la medida que se decrete debe guardar proporción con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ese sentido el artículo 264 ibídem expresa que el Juez debe examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares dictadas, cada tres meses, y cuando lo estime prudente la sustituirá por otras menos gravosa.
Si bien es cierto, que todas las Constituciones, Tratados, Convenios y Pactos Internacionales, lo mismo que los Códigos y Leyes Procesales que regulan la materia penal, consagran, reconocen y establecen los principios fundamentales de presunción de inocencia y el estado de la libertad, no es menos cierto que, también los instrumentos legales antes referidos, consagran, reconocen y establecen la posible detención de una persona, previo el cumplimiento de las formas y requisitos legales establecidos de antemano, procurando evitar con ello las detenciones arbitrarias.
De la revisión de las actuaciones que constituyen sin duda alguna los elementos de convicción analizados por el Juez de Control en su oportunidad al decretar la Medida de Privación Judicial al imputado RICHARD ANTONIO VILLEGAS BARRRIOS, lo cual, a criterio de este Juzgador, en esta etapa del proceso, presentada la acusación en su contra y pendiente la audiencia preliminar, en el marco del respeto a su dignidad y a sus derechos humanos, mantenerlos privado de la libertad, como medida cautelar extrema, no implica que en otros órdenes se les considere culpable antes de la sentencia definitivamente firme, aun cuando el encarcelamiento de dichos ciudadanos sea una muy seria limitación de sus derechos. Tal afirmación se hace, por cuanto esa medida extrema de aseguramiento de los imputados a la que no puede renunciar la sociedad, particularmente, en este caso, el interés colectivo, como se refirió anteriormente, debe privar sobre el interés particular del imputado. Se observa igualmente, que el Tribunal en su oportunidad legal solicito el traslado del imputado para la realización de la audiencia y la misma fue diferida en varias oportunidades por falta de traslado. Por consiguiente, lo que corresponde por Ley y en Derecho, en aras de una recta, sana y oportuna administración de Justicia, es NEGAR la revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por la abogado defensora del imputado RICHARD ANTONIO VILLEGAS BARRIOS. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Tercero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mirando, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley NIEGA la revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por la abogado defensora del imputado RICHARD ANTONIO VILLEGAS BARRIOS, titular de la Cédula de Identidad nº. 16.619.565, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 ordinal 1 y 55 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y 9, 244, 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal
Regístrese, Publíquese, notifíquese y diarícese.
EL JUEZ.
DR. VICTOR JULIO GAMERO CASTRO
LA SECRETARIA,
Abg. YNES CORINA VARGAS
Seguidamente, se le dió cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA.
Abg. YNES CORINA VARGAS
E XP. 3C-2198-09