REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EL JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
GUATIRE 11 de Marzo de 2009
198º y 150º
Admitida como fue la demanda por DESALOJO intentada por MIRIAM MARLENE ARVELO DE CORDERO contra ADOLFO LOPEZ DIAZ, contenida en el expediente Nro. 2569-09, consignados como fueron los requerimientos hechos en el auto de fecha 19 de febrero de 2009, este Tribunal pasa a pronunciarse con relación a la medida de Secuestro solicitada por la parte actora en su libelo de la demanda y al efecto OBSERVA:
PRIMERO: Plantea el apoderado judicial de la actora en su libelo, en términos generales, lo siguiente:
1) Que consta del acta de Inspección Ocular evacuada por este mismo Tribunal el día 16 de diciembre de 2008, en la solicitud signada con el N° 492-08, que su representada celebró contrato de arrendamiento verbal con el ciudadano ADOLFO LOPEZ DIAZ, por un inmueble de su exclusiva propiedad constituido por el apartamento distinguido con la letra y numero Q-42, tercer piso del Edificio Q-1, del Conjunto Residencial La Pradera, situado en la Urbanización Ciudad Residencial La Rosa, Guatire, Municipio Zamora del Estado Miranda.-
2) Que el arrendatario adeuda las mensualidades desde el mes de septiembre de 2005 hasta el mes de enero del corriente año, ambas inclusive, las cuales había sido pactada en la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.00) mensuales, equivalentes actualmente a CIENTO VEINTE BOLIVARES FUERTES (Bs. 120,00) que suman un total de cuarenta y un (41) meses, y que ascienden en total a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE BOLIVARES FUERTES (Bs. F 4.920,00).
3) Que dicha conducta del arrendatario, dada la naturaleza del contrato de arrendamiento, le ha dado el derecho de demandar en nombre de su representada al ciudadano ADOLFO LOPEZ DIAZ, para que convenga o sea condenado en lo siguiente:
a) El DESALOJO del inmueble propiedad de su representada.
b) La entrega inmediata del inmueble objeto del contrato verbal.
c) Pagar la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE BOLIVARES FUERTES (Bs F 4.920,00) por concepto de los cánones de arrendamiento dejado de pagar, desde el mes de septiembre de 2005 hasta el mes de enero de 2009, ambos inclusive) a razón de CIENTO VEINTE BOLIVARES FUERTES (Bs F 120.00) cada uno, a titulo de indemnización por la ocupación del inmueble.
d) En pagar la cantidad de CIENTO VEINTE BOLIVARES FUERTES (Bs F 120,00) mensuales desde febrero de 2009 inclusive, hasta la fecha en que deje de ocupar el inmueble, como justa indemnización por el uso del mismo.
e) En pagar las costas y costos que se ocasiones con motivo de la presente acción.
SEGUNDO: Acompaña al libelo los siguientes instrumentos:
1) Original del instrumento poder que acredita la representación del apoderado del actor, Registrado y Autenticado ante la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Jamaica, bajo el N° 06, folios 13 y 14, Protocolo Único, Tomo I de los Libros de Registro de Poderes, Protestos, Autenticaciones y otros Actos llevado a cabo por esa Misión Diplomática, correspondiente al año dos mil ocho.
2) Original de Solicitud de Inspección Ocular N° 492-08, realizada por este mismo Juzgado, con fecha 02-12-2008.
3) Copia certificada del documento que acredita la propiedad del inmueble de autos a favor de la demandante, debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Zamora del Estado Miranda, en fecha 29 de marzo de 1988, anotado bajo el Nº 37, Protocolo Primero, Tomo 09.
TERCERO: El apoderado judicial de la actora pide en su libelo se decrete MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO con fundamento en el ordinal 7° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil y que se ponga a su representada como Depositaria del Inmueble.
En relación con tal pedimento cautelar, este Tribunal pasa a hacer las siguientes consideraciones:
Las medidas cautelares están expresamente contempladas a fin de garantizar las resultas de lo que en definitiva sea el objeto de la pretensión, y no pueden recaer sino sobre bienes que sean estrictamente necesarios para la eficacia de tal garantía.
Dispone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Para decidir se observa:
En lo que respecta a la medida de secuestro prevista en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, se hace necesario indicar que la misma es diferente de las otras medidas preventivas previstas en la norma; aquellas requieren para su procedencia el señalamiento de los requisitos previstos en el artículo 585 ejusdem, es decir, el fomus Boni Iuris y el Periculum In Mora, y verificada la concurrencia de los mismos el juez debe acordarlas. En el secuestro; además se requiere que el solicitante señale al juzgador en cual de los supuestos previstos en el artículo 599, se encuentra comprendida la solicitud. En ese sentido, observa el Tribunal que la actora basó su pretensión cautelar, en el numeral 7° del 599 del Código de Procedimiento Civil.
Para que una medida cautelar sea procedente, es necesario que se cumplan dos requisitos necesarios y concurrentes, estos son la presunción grave del derecho que se reclama (fomus boni iuris) y la presunción de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en reciente Sentencia Nº 00773 del 27 de mayo de 2.003, con Ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, sentó:
“...esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades, y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares solo es posible en los supuestos generales previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que quede ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia, y más aún, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.
De allí que considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan la procedencia de las mismas, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte de explanar y acreditar sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión...”
De igual manera, el Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 31 de marzo de 2.000, dejó sentado lo siguiente:
“No basta que el solicitante de la medida acredite los extremos del artículo 585 del Código de procedimiento Civil, desde luego que el Juez no está obligado al decreto de las medidas, por cuanto el artículo 588 del Código de procedimiento Civil dispone que el Tribunal, en conformidad con el artículo 585 puede decretar alguna de las medidas allí previstas; vale decir, que lo autoriza a obrar según su prudente arbitrio. De forma y manera que, no esta obligado el Juez al decreto de ninguna medida, aún cuando estén llenos los extremos del artículo 585 ejusdem, no se le puede censurar por decir, por negarse a ella que…“ “...de los recaudos presentados no se determinan los elementos contenidos en la norma invocada...” “...no se observa que se hayan dado los supuestos del artículo 585 del Código de procedimiento Civil”, desde luego que podría actuar de manera soberana”.-
En el caso bajo estudio, no se cumplen los dos extremos concurrentes para la procedencia de la medida cautelar solicitada pues no se desprende de la lectura del libelo de demanda y de los recaudos acompañados la presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo, por ello es forzoso concluir que la petición de la parte actora en este sentido no debe prosperar. ASÍ SE DECIDE.
En consideración a lo anteriormente expresado se NIEGA LA SOLICITUD DE MEDIDA DE SECUESTRO solicitada por la parte actora. ASI SE DECIDE.
LA JUEZA TEMPORAL,
Abg. YOLANDA DEL CARMEN DIAZ
LA SECRETARIA,
Abg. ROSANA SANCHEZ MONTIEL.
YDCD/RSM/jg.-
EXP. 2569-09.-
Abg. ROSANASANCHEZ MONTIEL, Secretaria Titular del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien suscribe, CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslado fiel y exacto de sus originales, correspondiente a la decisión dictada por este Tribunal, en el expediente Nro. 2569-09, en el Juicio que por DESALOJO sigue MIRIAM MARLENE ARVELO DE CORDERO contra ADOLFO LÓPEZ DIAZ. Todo de conformidad con la Ley. En Guatire, 11 de Marzo de 2009. Años 198° y 149°
LA SECRETARIA.
Abg. ROSANA SÁNCHEZ MONTIEL
RSM/jg.-
EXP: 2569-09.-
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