TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

PARTE ACTORA: EMIREIRA EMILIA PÉREZ PERDOMO, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.300., debidamente asistida de abogado.-
PARTE DEMANDADA: JUAN BURG PAZDERSKA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-2.064.691.-
MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.
SENTENCIA: PERENCIÓN.
EXPEDIENTE: N° 26881.
I

Se inicia el presente procedimiento, mediante escrito presentado en fecha veintiuno (21) de mayo de 2007, por la ciudadana Emireira Emilia Pérez Perdomo, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.300, debidamente asistida por la abogada Belkis Yadira López, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 99.662, en el cual procedió a demandar por Prescripción Adquisitiva al ciudadana Juan Burg Pazderska, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.064.691, propietario del inmueble que ella viene poseyendo desde hace más de cuarenta (40) años, en forma pública, pacífica, no equívoca, no interrumpida y con intenciones de tenerla como propia, dicha porción de terreno está ubicada en el Sector Los Cedros, Barrio El Trabuco, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, y el cuál formó parte de la hacienda “Corozalito” con una superficie aproximada de Doscientos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un metros Cuadrados (207.461 Mts2), identificada con la letra “B” en el Plano Topográfico levantado al, cuyo original se encuentra agregado al cuaderno de comprobantes bajo el N° 323, folio 398 del año 1961. El referido inmueble es propiedad del ciudadano Juan Burg Pazderska, según se evidencia de Documento Registrado en la oficina Subalterna del Registro Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, bajo el N° 72, Protocolo Primero, Tomo 05, de fecha 28 de diciembre de 1961, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones se encuentran suficientemente establecidas en autos. Razón por lo cual acudo ante este Tribunal para que me le sea declarado a su favor el derecho de propiedad del referido inmueble, suficientemente identificado.-
En fecha veintiocho (28) de junio de 2007, el tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la demanda, oficiándose igualmente a Ministro de Relaciones Interiores y Justicia Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONI-DEX) y al Rector –Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los fines de suministrar el movimiento migratorio y último domicilio del ciudadano Juan Burg Pazderska, parte demandada.-
En fecha seis (06) de julio de 2007, compareció ante este Tribunal la ciudadana Emireira Emilia Pérez Perdomo, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.300, debidamente asistida por la abogada Belkis Yadira López, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 99.662, parte actora, quien mediante diligencia requirió la designación de Correo Especial para la remisión de los oficios librados en fecha veintiocho (28) de julio de 2007. Solicitud acordada mediante auto fechado el nueve (09) de julio de 2007.-
En fecha dieciocho (18) de julio de 2007, compareció ante este Tribunal la ciudadana Emireira Emilia Pérez Perdomo, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.300, debidamente asistida por la abogada Belkis Yadira López, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 99.662, parte actora, quien mediante diligencia dejó expresa constancia de haber recibido los oficios signados con los Nos. 0740-899 y 0740-900.-
En fecha veinte (20) de enero de 2009, compareció ante este Tribunal la ciudadana Emireira Emilia Pérez Perdomo, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.462.300, debidamente asistida por la abogada Belkis Yadira López, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 99.662, parte actora, quien mediante diligencia requirió la devolución de los originales consignadas en la presente demanda.-
Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal procede a hacerlo en los términos siguientes:
II
Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, al señalar en su exposición de motivos lo siguiente: “(…) Se logra así, bajo la amenaza de la perención una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un periodo de tiempo muy largo, como ocurre actualmente, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estimulo en que se encuentran las partes para realizar actos y evitar la extinción del proceso. Se han escogido para lograr este propósito las mismas circunstancias tomadas en cuenta en el Proyecto mencionado- se refiere al Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil, preparado por el Ministerio de Justicia en el año 1959- que son aquellas que con más frecuencia permiten en la practica la paralización del proceso por falta de actividad del demandante o de ambas partes, tal como se indica en los ordinales 1, 2, 3 y 4 del artículo 267”. Entonces, podemos decir que la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Articulo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.-
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado, según la cual:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año
sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento
por las partes. La inactividad del Juez después de vista
la causa, no producirá la perención…”

En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 269 Eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.-
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia valida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de mayo de dos mil uno (2001), sostuvo lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el termino instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige al Juez proceda a instancia de partes. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido, habla el código de Jueces de Instancia, o Juez de Primera o Segunda Instancia”. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha veintiocho (28) de junio de 2007, dejando constancia la Secretaria de no haberse librado compulsa respectiva por falta de fotostatos para proveer y dándose cumplimiento a lo ordenado. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. Efectivamente, el legislador estableció que opera la perención por el transcurso de un lapso de tiempo de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, y en este caso particular, previa revisión de actas procesales que conforman el expediente, se evidencia que la última actuación procesal fue realizada en fecha dieciocho (18) de julio de 2007, donde la parte actora dejó expresa constancia de haber retirado los oficios signados con los Nos. 0740-899 y 0740-900 ambos de fechas 28 de junio de 2007. Al respecto, el Articulo 267 antes citado prevé las conductas procesales que deben desarrollar las partes a los fines de evitar que se verifique la perención de la instancia, aunado ello al hecho de que el acto capaz de interrumpir la misma, debe tener la connotación de entrañar una solicitud clara e inequívoca de impulso procesal, del cual se presume que el interés verdadero de la petición es que prosiga el curso de la causa hacia la fase de sentencia de fondo o que se reanude dicha causa posteriormente a que hubiere operado algún motivo legal que incida en el iter procesal causando su detención. En este sentido, el Maestro cuenca estableció: “No todos los actos ejecutados por los órganos jurisdiccionales, las partes o los terceros, tienen carácter procesal (…) No son actos procesales los preparativos para introducir la demanda, como la solicitud de la copia certificada de un documento, tampoco la actividad de hecho desempeñada durante el proceso, como el retiro de un documento presentado, ni aquellas actividades de derecho sustantivo realizadas en el curso del proceso, como el pago de honorarios, de emolumentos judiciales, etc. Pero estas mismas actividades de mero hecho pueden revestir carácter procesal cuando tienen el impulso de la causa (…) Desde este punto de vista, el acto procesal tiene la misma finalidad del proceso que mantiene la relación de un mismo estado, que la estanca o detiene, sin ponerla a marcha, como la simple extensión de una copia certificada…”. En el caso que nos ocupa, la parte accionante no ha realizado actuación alguna ni cumplido con sus cargas procésales para impulsar la presente causa, por mas de un (01) año, desde el dieciocho (18) de julio de 2007, cumpliéndose así el presupuesto general de la disposición antes parcialmente transcrita.-

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara que en la presente causa ha operado la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un (01) año sin que las partes hubieren efectuado algún acto procesal, a los fines de impulsar la presente causa, y así se decide.-

III

Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 270 eiusdem.-

Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.-

Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.-

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, 12 de mayo de 2009
Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.-
LA JUEZA TITULAR,

ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA,

RUTH GUERRA.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las diez (10:00) de la mañana.

LA SECRETARIA,

EMQ*Wdrr.-
Exp. N° 26881.-