REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
EXPEDIENTE Nº 26.955
PARTE DEMANDANTE: JESUS FRANCISCO SIFONTES ALVARADO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 4.887.515.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: BAUDILIO RONDON, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 658.030, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 2733.
PARTE DEMANDADA: CESAR ENRIQUE MONTAIGNE y MARIA LUISA GRACIA CONTRERAS DE CASTRO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-16.524.282 y V-5.414.582, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tienen constituido.
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÀNSITO.
SENTENCIA: Perención Anual
I
El presente juicio se inicia por escrito libelar presentado por el ciudadano JESÙS FRANCISCO SIFONTES ALVARADO, contra los ciudadanos CESAR ENRIQUE MONTAIGNE y MARIA LUISA GRACIA CONTRERAS DE CASTRO, siendo la pretensión lo siguiente: “(…) Ocurro ante su competente autoridad con la finalidad de demandar como en efecto lo hago, al chofer causante del accidente y a la dueña del vehículo, ambos suficientemente identificados en este libelo y en el procedimiento levantado por el Organismo competente. Como cuantía de la demanda estimo la suma de TREINTA MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 30.000.000,00) más las costas y costos del procedimiento…”.
Admitida la demanda en fecha 15 de Junio de 2.007, se emplazó a la parte demandada para que diera contestación a la demanda, tramitándose el juicio hasta la fecha del 25 de Julio de 2.007, fecha en la cual se produce la última actuación librándose las compulsas.
II
Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Articulo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado.
En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia valida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 15 de Junio de 2.007. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación acaeció en fecha 25 de Julio de 2.007 y, corresponde a una actuación del Tribunal librando las compulsas. Después de esa fecha la causa se ha mantenido inactiva por más de un (01) año (s), cumpliéndose así el presupuesto general de la disposición contenida en el Artículo 267 antes mencionado y así se decide.
III
Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, 19 de mayo de 2009). Años 198° de la Independencia y 150° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,
ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA TITULAR,
RUTH GUERRA MONTAÑEZ
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las ______________.
LA SECRETARIA TITULAR,
RUTH GUERRA MONTAÑEZ
EMMQ/RGM/Olmos
Exp. Nro.26.955
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