REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
EN SU NOMBRE,
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE: 23.037.

PARTE ACTORA: INGRID ELENA OROZCO CALLES, CÉSAR ALONSO OROZCO CALLES, MARIETTA DEL VALLE OROZCO CALLES, AQUILES ANTONIO OROZCO CALLES y DAVID RICARDO OROZCO CALLES, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nº 9.606.398, 9.554.397, 9.606.373, 11.265.118 y 12.019.999, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: INGRID ELENA OROZCO CALLES, ELVIRA COPPOLA DONISIS, YUBAJAIRA CARIDAD DAZA y PEDRO ROJAS MALPICA, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 50.723, 44.284, 50.062 y 5.586, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: FREDDY RAMÓN LUGO COLMENARES, venezolano, mayor de edad y titular de la cédulas de identidad N° 3.540.113.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: AZALIA VILLASMIL, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 15.973.
MOTIVO: PARTICIÓN DE BIENES DE COMUNIDAD HEREDITARIA.
SENTENCIA: DEFINITIVA.

-I-

Se inicia el presente juicio por escrito libelar presentado por la ciudadana INGRID ELENA OROZCO CALLES, anteriormente identificada, actuando en su propio nombre y en representación de los ciudadanos CÉSAR ALONSO OROZCO CALLES, MARIETTA DEL VALLE OROZCO CALLES, AQUILES ANTONIO OROZCO CALLES y DAVID RICARDO OROZCO CALLES, también identificados, asistida por la abogada THAIS RANGEL DE PICOTT, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 1.137, mediante el cual, demandó como en efecto lo hizo al ciudadano FREDDY RAMÓN LUGO COLMENARES, supra identificado, por PARTICIÓN DE BIENES DE COMUNIDAD HEREDITARIA, argumentando lo siguiente: “(…) SOMOS HIJOS DE MARIETA VIOLETA CALLES RODRIGUEZ, QUIEN FALLECIO (Sic) AB-INTESTATO EN LA CIUDAD DE CARACAS, DISTRITO FEDERAL, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1995… (Omissis)… NO OBSTANTE NUESTRA FINADA MADRE DEJO (Sic) BIENES DE FORTUNA LOS CUALES REZA EN PLANILLA DE DECLARACION (Sic) SUCESORAL… (Omissis)… AHORA BIEN CIUDADANA JUEZ, DICHOS BIENES FUERON ADQUIRIDOS POR NUESTRA MADRE CONJUNTAMENTE CON EL CIUDADANO FREDY RAMON LUGO COLMENAREZ (Sic)… (Omissis)… DISFRUTANDO LOS MISMOS DESDE EL MOMENTO DE SU ADQUISICION (Sic) HASTA LA MUERTE DE NUESTRA MADRE, MOMENTO EN EL CUAL EL REFERIDO CO-PROPIETARIO SE POSESIONO (Sic) DE MANERA VIOLENTA CON LOS BIENE (Sic) MUEBLE (Sic) E INMUEBLES COMUNES… (Omissis)… PRIVÁNDONOS DE LOS DERECHOS QUE NOS ACUERDA LA LEY, NO QUERIÉNDONOS ENTREGAR LA CUOTA PARTE HEREDITARIA QUE NOS CORRESPONDE DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES PROPIEDAD DE NUESTRA FINADA MADRE… (Omissis)… NOS VEMOS FORZADOS A: DEMANDAR AL CIUDADANO FREDY RAMON (Sic) LUGO COLMENARES… (Omissis)… PARA QUE CONVENGA EN LA PARTICION (Sic) Y LIQUIDACION (Sic) DE DICHA COMUNIDAD, ASI (Sic) COMO TAMBIEN (Sic) QUE SEA CONDENADO POR ESTE TRIBUNAL AL PAGO QUE NOS CORRESPONDE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA POSESION (Sic) EXCLUSIVA ARBITRARIAMENTE DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE AMBOS… (Omissis)… A) UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE AYACUCHO, DISTINGUIDO CON EL No. 57, DE LA POBLACIÓN DE SANTA TERESA DEL TUY… (Omissis)… PROTOCOLIZADOS (Sic) POR ANTE LA OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO PUBLICO DEL DISTRITO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA (Sic) BAJO EL No.20 (Sic) QUE RIELAN A LOS FOLIOS (140,145) DEL PROTOCOLO PRIMERO, TOMO QUINTO (Sic) TRIMESTRE TERCERO, DEL AÑO 1991… (Omissis)… B) UN INMUEBLE UBICADA (Sic) EN LA CALLE FALCON No. 79 ANTES SESENTA Y CINCO (65) TIENE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y NUEVE DECIMETROS (Sic) CUADRADOS (352,59 M2) DE LA POBLACION (Sic) DE SANTA TERESA DEL TUY… (Omissis)… SEGÚN CONSTA EN DOCUMENTO PROTOCOLIZADO EN LA NOTARIA (Sic) PUBLICA (Sic) DECIMA (Sic) TERCERA DEL DISTRITO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA DE FECHA 01-07-1993, QUEDANDO ANOTADO BAJO EL No. 81, TOMO 45 DE LOS LIBROS DE AUTENTICACIONES LLEVADOS POR ESA NOTARIA (Sic) … (Omissis)… C) UN INMUEBLE CONSTITUIDO POR UN APARTAMENTO DISTINGUIDO CON EL No. 65 EN EL CENTRO AYACUCHO TORRE B, SITUADO EN LA PLANTA SEXTA… (Omissis)… SITUADO EN LA CALLE AYACUCHO DE SANTA TERESA DEL TUY (Sic) MUNICIPIO AUTÓNOMO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA, Y NOS PERTENECE COMO SE EVIDENCIA EN LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS (Sic) DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE MUIL (Sic) NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, QUEDANDO REGISTARDO BAJO EL No. 40 DEL PROTOCOLO PRIMERO, TOMO TERCERO, TRIMESTRE CUARTO DE ESE AÑO… (Omissis)… UNA PARCELA DE TERRENO DISTINGUIDA CON EL No. 3, EN EL PARQUE INDUSTRIAL TOMUSO EN LA CARRETERA NACIONAL LA RAIZA EN SANTA TERESA DEL TUY MUNICIPIO AUTÓNOMO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA, PROTOCOLIZADO EN LA OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO PUBLICO (Sic) DEL MUNICIPIOASUTONOMO (Sic) INDEPENDENCIA DE FECHA 30-06-78, QUEDANDO ANOTADA BAJO EL No. 70, TOMO ADICIONAL SEGUNDO, PROTOCOLO PRIMERO…”. Por tales razones peticiona, en su escrito libelar que este Tribunal decrete la partición y liquidación de los bienes descritos, solicitando igualmente que este despacho condene al demandado a cancelar por concepto de supuestos daños, la suma de 180.000.000,00. Finalmente, estima la demanda en la cantidad de Bs. 180.000.000,00.
Previa consignación de los respectivos recaudos, en fecha 20 de noviembre de 2002, se admitió la demanda, emplazando a la parte demandada para que compareciera a este Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, más un (01) día que se le concedió como término de la distancia, a objeto de que diera contestación a la demanda.
Cumplidas las formalidades atinentes a la citación, en fecha 09 de septiembre de 2003, compareció la abogada AZALIA VILLASMIL, anteriormente identificada y consignó diligencia mediante la cual se dio por citada como representante judicial del ciudadano FREDDY LUGO, consignando, al efecto, el poder respectivo.
El 13 de octubre de 2003, compareció la apoderada judicial de la parte demandada y consignó escrito mediante el cual opone la cuestión previa contenida en el Ordinal 8° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, asimismo, solicitó la litispendencia, de conformidad con lo previsto en los Artículos 61 y 347 ejusdem. Dicha cuestión fue rechazada por la parte actora en fecha 27 de octubre de 2003.
El 03 de noviembre de 2003, la apoderada judicial de la parte demandada consignó escrito de pruebas correspondiente a la presente demanda, cuya admisión fue negada por auto del 05 de noviembre del mismo año.
El 06 de noviembre de 2003, fue consignado escrito de promoción de pruebas por la representación judicial de la parte actora, el mismo fue agregado y admitido por este despacho el 07 de noviembre de 2003.
El 19 de enero de 2006, quien suscribe, se avocó al conocimiento de la causa, ordenándose la notificación de las partes intervinientes en el juicio. En tal sentido, notificados como se encuentran los sujetos procesales; este Tribunal para decidir, observa lo siguiente:

-II-
PUNTO PREVIO

Antes de decidir el fondo de la controversia, quien suscribe debe pasar a analizar previamente la petición presentada en el escrito libelar por la parte actora, respecto de la condenatoria al demandado de cancelar por concepto de indemnización de daños y perjuicios causados presuntamente por el provecho, frutos, goce y disfrute de los bienes supuestamente pertenecientes a la comunidad alegada; en este sentido, ciertamente el Artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, establece: “La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes” (Subrayado y negritas del presente fallo). En virtud de ello, considera esta juzgadora que en los juicios de partición, aunque su trámite sea por el procedimiento ordinario, en la oportunidad de dar contestación a la demanda existe una diferencia con respecto al resto de los juicios o causas ordinarias, y es la establecida en el Artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, que a continuación se transcribe: “En el acto de contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento de Partidor en el décimo día siguiente... (Subrayado y negritas del presente fallo); es decir, el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demanda, debe formular oposición a la partición y es precisamente la oportunidad en la que el juicio continúa por los trámites del procedimiento ordinario, de lo contrario, se emplaza para el respectivo nombramiento de partidor, y es ésta la gran diferencia mencionada anteriormente; por lo que al presentar una solicitud de indemnización de daños y perjuicios a la par de lo anterior, estaríamos en presencia de una acumulación improcedente de conformidad con lo previsto en el ordinal 3° del Artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que la acumulación se caracteriza por la unidad de procedimientos, cuando a cada pretensión corresponde un procedimiento distinto o incompatible con el de la otra, la unidad mencionada no puede realizarse, en consecuencia, no es factible la acumulación requerida, y así expresamente se decide.
En razón del anterior pronunciamiento, esta sentenciadora deja expresa constancia que no emitirá pronunciamiento alguno respecto al punto de la condenatoria a los presuntos daños y perjuicios causados a la actora, y así se resuelve.

-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia, que la presente causa es por Partición y Liquidación de Comunidad Hereditaria (familiae ersiscundae), que no es más que la división (conforme lo dispone la norma sustantiva que rige la materia) de los bienes que conforman el acervo hereditario dejados por el De cujus, la cual debe ser sustanciada de la manera establecida en el Artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, en dicha norma el legislador estableció una variable con respecto al procedimiento ordinario en su fase alegatoria, toda vez, que dispone: “En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente…” (Subrayado y Negritas del Tribunal). Por lo que se hace necesario citar las tendencias jurisprudenciales, así tenemos que mediante sentencia de fecha 11 de octubre de 2.000, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes a saber: 1) Que en el acto de contestación de la demanda no se haga oposición a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o alguno de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido reiterada, acerca de los puntos subrayados anteriormente, y un ejemplo de ello, es la anteriormente mencionada sentencia de la Sala de Casación Civil, del 27 de julio de 2004, expediente N° AA20-C-2003-000816, con Ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo, la cual parcialmente expresó:

“(…) En el juicio por partición de la comunidad hereditaria iniciado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por…(Omissis)…La Sala, en el caso concreto observa lo siguiente:…(Omissis)…Del contenido de la demanda se desprende que…y…, demandaron por partición de la comunidad hereditaria surgida por la muerte de sus causantes…, a las ciudadanas…En sentencia de fecha 14 de abril de 2003 el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró lo siguiente:…(Omissis)…“…En el caso sub judice, la parte accionada, al momento de contestar la demanda, asumió una conducta no señalada por el legislador, puesto comparece a oponer cuestiones previas de defecto de forma del libelo y señala, lo que a su juicio debe el actor subsanar, más no señala nada atinente a la partición en sí…Es criterio pacífico y reiterado de nuestro Máximo Tribunal, explanado en sucesivos fallos, que el juicio de partición no conlleva a la presentación de cuestiones previas para depurar los vicios que pueda contener el libelo que da inicio al procedimiento, por el contrario; opuestas éstas sin que sean acumulativas con las impugnaciones al juicio que señala el mencionado artículo 778 eiusdem, se entienden como renuncia a la Oposición y el procedimiento debe entrar a la próxima etapa procesal que es la designación del Partidor, ya que al no oponer cuestiones de fondo, estas cuestiones previas no afectan el comienzo del proceso, y así se decide…”…Al respecto, en sentencia N° 331 de fecha 11 de octubre de 2000…(Omissis)…esta Sala estableció lo siguiente:…“…El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el Juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 el Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; contra las decisiones que se produzcan en esta segunda hipótesis, se conceden tanto el recurso subjetivo procesal de apelación como el extraordinario de casación.
Este ha sido el criterio sostenido en forma reiterada por este Máximo Tribunal, así se ha pronunciado la Sala en sentencia de fecha 2 de junio de 1999 en el juicio de Antonio Contreras y otro contra José Fidel Moreno:
“...El juicio de partición está conformado por dos fases o etapas: una, que se tramita por el procedimiento del juicio ordinario y, la otra, que es la partición propiamente dicha…(Omissis)…Aun cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, sin embargo, esta vía sólo se abre si hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados. En el caso de que se contradiga la demanda, el proceso continuará su curso hasta dictarse sentencia definitiva y en el supuesto de que ello no ocurriera comenzarán a practicarse las actuaciones necesarias para el nombramiento del partidor, fase esta en la que se ejecutarán las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes…(Omissis)…Así lo ha interpretado esta Corte en su reiterada doctrina, entre la que se cita la contenida en el fallo del 2 de octubre de 1997 (Antonio Santos Pérez c/ Claudencia Gelis Camacho), en la que se dejó sentado lo siguiente:…(Omissis)…“...En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso...”…(Omissis)…En el presente caso, tal como lo determinó el Tribunal de Primera Instancia y lo confirmó la alzada, la parte demandada no se opuso a la partición planteada en el libelo, sino que opuso a la partición cuestiones previas de defecto de forma del libelo, lo cual configura la primera situación señalada en la jurisprudencia transcrita, que expresamente señala que si no hay oposición en el acto de contestación a los términos en que se planteó la partición, no existe controversia, y por tanto, el juez ordenará el nombramiento de partidor, y contra esta última decisión no procede recurso alguno…” (Subrayado y negritas del Tribunal).

En este sentido, se colige del anterior análisis jurisprudencial que son dos (02) los supuestos aplicables (única y exclusivamente para el caso de marras) para sustanciar el juicio de partición: 1) Si no existiera oposición a la partición y, 2) Si hubiere oposición a la misma; lo que consecuencialmente, acarrea dos efectos, en el primer caso, si no se objetare el derecho a la partición, su consecuencia evidentemente es, el respectivo nombramiento de partidor, con el objeto que el mismo determine la cuota que le corresponda a cada uno de los herederos y, en el segundo caso, sin duda alguna, se abrirá el juicio por los trámites del procedimiento ordinario, puesto que, existe controversia con respecto al carácter o la cuota de los interesados, entre otros.
El juicio de partición está conformado por dos fases o etapas; por supuesto en el caso de haber sido formulada oposición, una que se tramita por el procedimiento del juicio ordinario y, la otra, que es la partición propiamente dicha.
Aun cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, sin embargo, esta vía sólo se abre si hubiere oposición respecto del dominio común de los bienes cuya partición ha sido requerida o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados. En el caso de que se formule oposición a la demanda, el proceso continuará su curso hasta dictarse sentencia definitiva y en el supuesto de que ello no ocurra comenzarán a practicarse las actuaciones necesarias para el nombramiento del partidor, fase ésta en la que se ejecutarán las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes.
Dadas las consideraciones transcritas en el presente fallo y visto que en el caso de marras, la representación judicial de la parte demandada en la oportunidad en la que debió, según lo expresado supra, hacer oposición a la partición incoada por la actora ésta en su lugar, promovió cuestiones previas y opuso la excepción de litispendencia, a pesar de que en esta clase de procedimiento durante el lapso de emplazamiento el o los demandados deben formular oposición y no contestar la demanda, tal y como lo estableció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en supra transcrita de fecha 27 de junio de 2004.
1) Establecido lo anterior, este Juzgado encuentra que en la oportunidad concedida a la parte demandada, ésta no procedió a formular oposición sino a dar una contestación como si se tratara de una demanda con pretensión distinta a una partición y a oponer cuestiones previas, siendo las mismas rechazadas por la parte actora, incurriendo en error, tanto la parte demandada al oponerlas, como la actora al contradecirlas, sin embargo, quien suscribe considera que no es necesario reponer la causa, toda vez que no existe acto que deba renovarse, por lo que resultaría inútil acordar reposición y así se preserva el principio de celeridad procesal, por lo que este Juzgado debe tener como no formulada la oposición a que se refiere el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil y siendo que la demanda se fundamenta en documento fehaciente de la existencia de la comunidad entre las partes involucradas en la presente acción, que a saber son: a) Copia certificada de documento de compra-venta de un lote de terreno distinguido con el N° 38, en el plano general del proyecto de notificación anexado a la aclaratoria inscrita en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Independencia del Estado Miranda, el 06 de noviembre de 1990, bajo el N° 16, del Protocolo Primero, Tomo Tercero, cuyo proyecto ejecuta Parque Industrial Tomuso C.A., sobre mayor extensión de tierras de su propiedad llamada Parque Industrial Tomuso, ubicado en la margen Sur de la Carretera Nacional La Raisa, que conduce de Charallave a Santa Teresa del Tuy, ahora denominado Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda; protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda, en fecha 29 de diciembre de 1994, bajo el N° 21, Protocolo Primero, Tomo 6°, trimestre cuarto de ese año. El mismo comporta un documento público, que hace valor de plena prueba de conformidad con lo previsto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; b) Copia certificada de documento de compra-venta de un inmueble constituido por una parcela de terreno y la edificación sobre ella construida, ubicado en la calle Falcón, Santa Teresa del Tuy, Municipio del mismo nombre; distinguida con el N° 79, antes 65; protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Independencia del Estado Miranda, en fecha 14 de octubre de 1993, bajo el N° 43, Protocolo Primero, Tomo 1°, trimestre cuarto de ese año. Igualmente, se reproduce la valoración anteriormente establecida respecto de los documentos públicos; c) Copia certificada de documento de compra-venta de un apartamento destinado a vivienda que forma parte del Edificio denominado “Centro Ayacucho”, ubicado entre las esquinas que convergen con la Avenida Ayacucho de la calle el Carmen de la población de Santa Teresa del Tuy, Jurisdicción del Municipio Independencia del Estado Miranda; el apartamento está distinguido con el N° 65-B, situado en la planta sexta de la torre “B” del edificio; protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda, en fecha 29 de diciembre de 1994, bajo el N° 40, Protocolo Primero, Tomo 3°, trimestre cuarto de ese año. Igualmente, se reproduce la valoración anteriormente establecida respecto de los documentos públicos; d) Copia certificada de documento de compra-venta de un inmueble constituido por una casa de habitación y un local anexo, situado en la calle Ayacucho N° 57, Santa Teresa del Tuy, Municipio Independencia del Estado Miranda; protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Independencia del Estado Miranda, en fecha 03 de septiembre de 1991, bajo el N° 20, Protocolo Primero, Tomo 5°, trimestre tercero de ese año Igualmente, se reproduce la valoración anteriormente establecida respecto de los documentos públicos. Por tales consideraciones y por las documentales aportadas, debe declarar procedente la partición requerida por los ciudadanos INGRID ELENA OROZCO CALLES, CÉSAR ALONSO OROZCO CALLES, MARIETTA DEL VALLE OROZCO CALLES, AQUILES ANTONIO OROZCO CALLES y DAVID RICARDO OROZCO CALLES, ya identificados, debiendo este Tribunal emplazar a las partes para el nombramiento del partidor, al décimo (10°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de la última notificación que de las partes se haga, todo como lo preceptúa el tantas veces mencionado Artículo 778 de la ley adjetiva que rige la materia.

-IV-
DECISIÓN

Por todos los motivos precedentemente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme lo disponen los Artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: CON LUGAR la demanda por partición de bienes de comunidad hereditaria interpuesta por los ciudadanos INGRID ELENA OROZCO CALLES, CÉSAR ALONSO OROZCO CALLES, MARIETTA DEL VALLE OROZCO CALLES, AQUILES ANTONIO OROZCO CALLES y DAVID RICARDO OROZCO CALLES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº 9.606.398, 9.554.397, 9.606.373, 11.265.118 y 12.019.999, respectivamente, contra el ciudadano FREDDY RAMÓN LUGO COLMENARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédulas de identidad N° 3.540.113, en consecuencia, se ordena partir los inmuebles objeto del presente juicio.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los dos (02) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

ELSY MARIANA MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA,

RUTH GUERRA MONTAÑEZ
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 12:00 m.
LA SECRETARIA,

RUTH GUERRA MONTAÑEZ

EMMQ/Mnrg
Exp. Nº 23.037