TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 06 de Noviembre de 2009
199° y 150°

JUEZ: Dr. Ricardo Rangel Avilés.-
SECRETARIA: Abg. Ingrid Carolina Moreno.-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
FISCAL 1º DEL MINISTERIO PÚBLICO: Dr. Martín Bracho Guardia.- / DEFENSA PRIVADA: Dres. Edgard Duque y Viña Said-/ ACUSADO: Meza Altamar Alberto Antonio

, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059, de nacionalidad venezolano, natural de Santa Cruz Estado Zulia, de estado civil casado, nacido en fecha 10/08/1967, de 41 años de edad, hijo de Carolina Altamar (v) y de Alberto Meza (v), residenciado en Calle La Línea, Sector Cecilio Acosta, casa Nº 206, es de cerámica gris, a cien metros de la Empresa Graveuca Petare, Caracas Distrito Capital.-
DELITO: Asalto Agravado en grado de Complicidad no Necesaria , Resistencia a la Autoridad y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el articulo 458, 277 y 218 numeral 2 todos del Código Penal.-

Visto el escrito interpuesto en fecha 10/07/2009, por la profesional del derecho Dres. Said Simón Viña Saleh y Edgar Alexander Duque Aguilera, actuando en carácter de defensores privados del acusado Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059, mediante el cual solicita la libertad del ciudadano ut supra identificado, por haber transcurrido mas de dos (02) años detenido, tomando como basamento lo establecido en los artículos 244 del Código Orgánico Procesal Penal y artículos 26 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, este Tribunal para decidir previamente observa:

Capítulo I
De las Actuaciones Cursantes en el Expediente

En fecha 29/08/2007, tuvo lugar la Audiencia Oral de Presentación del imputado Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059, resulto aprehendido: motivo por el cual, en fecha 31/08/2007 se realizo la correspondiente Audiencia de presentación, ante el Tribunal de Primera Instancia con funciones de Control Nº 03, Circunscripciónal, oportunidad en la cual se califico su aprehensión como flagrante y se decretó la medida de privación de judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el articulo 250 del texto adjetivo penal (Pieza I, folios 01 al 65).-
En esa misma fecha el Tribunal de Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control decreto la Privación Judicial Preventiva de Libertad por encontrarse llenos lo requisitos del artículo 250, en concordancia con el articulo 251 numerales 1,2 y 3 y 251 numerales 2 y 3 y parágrafo primero y artículo 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal al imputado Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059 y se fija como sitio de reclusión al Internado Judicial Capital Rodeo I. (Pieza I, folios 60 al 64).-
En fecha 20/11/2008, se lleva a cabo la Audiencia Preliminar en contra del imputado Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059 donde el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 03, admite totalmente la acusación Fiscal, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICIDAD NO NECESARIA, previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal en concordancia con lo previsto en el ordinal 3° del articulo 84 ejusdem; RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo277 ejusdem, en esta misma fecha se declara sin lugar las excepciones opuestas por la Defensa Privada, establecidas en el articulo 28 numeral 4 literal “i” del Código Orgánico Procesal penal. Así mismo se declara sin lugar la solicitud de nulidad absoluta interpuesta por la Defensa Privada y el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva Menos Gravosa y se ordena la apertura a Juicio Oral y Público. (Pieza III, folio 70 al 77).-
En fecha 16/12/2008, se llevó a cabo Sorteo de Escabinos, de conformidad con lo establecido en los artículos 155 y 163 del Código Orgánico Procesal Penal. (Pieza III, folios 114 al 116).-
En fecha 17/02/2009, oportunidad en la cual fue fijada para celebrarse la Constitución del Tribunal Mixto, la cual se difiere por cuanto este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 3 con Circunscripcional por no encontrarse presente la Defensa Privada Dr. German Macero Martínez, el representante de la victima y el acusado MEZA ALTAMAR ALBERTO ANTONIO, por cuanto no se hizo efectivo el traslado. (Pieza III, folios 175 al 176).-

En fecha 19/02/2009, oportunidad en la cual fue fijada para celebrarse la Constitución del Tribunal Mixto, la cual se difiere por la no comparecencia de la Defensa Privada Dr. German Macero Martínez, el representante de la victima, los escabinos y XIOMARA JOSEFINA GOMEZ DE FUENTES ni el acusado MEZA ALTAMAR ALBERTO ANTONIO, por cuanto no se hizo efectivo el traslado del Internado Judicial Capital Rodeo I (Pieza III, folios 246).-

En fecha 26/03/2009, oportunidad en la cual fue fijada para celebrarse la Constitución del Tribunal Mixto, la cual se difiere por la no comparecencia de la Defensa Privada Dr. German Macero Martínez, el representante de la victima, las personas que resultan seleccionadas para participar como escabinos, ni el acusado MEZA ALTAMAR ALBERTO ANTONIO, por cuanto no se hizo efectivo el traslado del Internado Judicial Capital Rodeo I. (Pieza IV, folios 58 al 59).-

En fecha 16/04/2009, oportunidad en la cual fue fijada para celebrarse la Constitución del Tribunal Mixto, la cual se difiere por la no comparecencia de la Defensa Privada Dr. German Macero Martínez, el representante de la victima, las personas que resultan seleccionadas para participar como escabinos, ni el acusado MEZA ALTAMAR ALBERTO ANTONIO, por cuanto no se hizo efectivo el traslado del Internado Judicial Capital Rodeo I (Pieza IV, folios 76 al 77).-

En fecha 07/05/2009, oportunidad en la cual fue fijada para celebrarse la Constitución del Tribunal Mixto, la cual se difiere por la no comparecencia de la Defensa Privada Dr. German Macero Martínez, el representante de la victima, las personas que resultan seleccionadas para participar como escabinos, ni el acusado MEZA ALTAMAR ALBERTO ANTONIO, por cuanto no se hizo efectivo el traslado del Internado Judicial Capital Rodeo I. (Pieza IV, folios 84 al 85).

En fecha 08/05/2009, Este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 03, libro oficio, al Internado Judicial Región Capital Rodeo I, mediante el cual solicita el traslado para el día 09 de Junio, del acusado Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059 a los fines de que garanticen el traslado del supra mencionad, (Pieza IV, folios 101 al 102).-

En fecha 09/06/2009, Este Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio Nº 03, dicto decisión mediante la cual acordó prescindir de los escabinos, asumiendo el Juez titular todo el poder jurisdiccional y se fijo oportunidad para la celebración del juicio oral y público, para el día 11/06//2009, a las 3:00 de la tarde, (Pieza IV, folios 112 al 116).-

En fecha 11/06/2009, oportunidad fijada para llevar a cabo el Juicio oral y público, el mismo se, por la no comparecencia de la Defensa Privada Dr. German Macero Martínez, el representante de la victima, ni el acusado MEZA ALTAMAR ALBERTO ANTONIO, por cuanto no se hizo efectivo el traslado del Internado Judicial Capital Rodeo I (Pieza IV, folios 120 al 121).-

En fecha 11/06/2009, Este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 03, libro oficio, al Internado Judicial Región Capital Rodeo I, mediante el cual solicita el traslado para el día 16 de Julio, del acusado Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad Nº V-10.683.059 a los fines de que garanticen el traslado del supra mencionado, (Pieza IV, folios 125 al 126).-

En fecha 16/07/2009, oportunidad fijada para llevar a cabo el Juicio oral y público, el mismo se, por la no comparecencia, el Fiscal del Ministerio Público Dr. Martín Bracho, la Defensa Privada Dr. Viña Said, ni el acusado MEZA ALTAMAR ALBERTO ANTONIO, por cuanto no se hizo efectivo el traslado del Internado Judicial Capital Rodeo I (Pieza IV, folios 120 al 121).-

En fecha 22/07/2009, Este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 03, libro oficio, al Internado Judicial Región Capital Rodeo I, mediante el cual solicita el traslado para el día 15 de Octubre, del acusado Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad Nº V-10.683.059 a los fines de que garanticen el traslado del supra mencionado, (Pieza IV, folios 149 al 150).-

En fecha 15/08/2009, oportunidad fijada para llevar a cabo el Juicio oral y público, el mismo se, por la no comparecencia, la Defensa Privada Dr. Viña Said, ni el acusado, Alberto Antonio Meza Altamar por cuanto no se hizo efectivo el traslado del Internado Judicial Capital Rodeo I (Pieza IV, folios 161 al 162).-

CAPITULO II
De las razones de hecho y de derecho

A los fines de realizar la revisión de la medida de coerción personal que actualmente pesa en contra del ciudadano Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059, es necesario analizar el contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”.

En tal sentido, examinando la necesidad del mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad, a tenor de lo establecido en el artículo 264 de la norma adjetiva penal, en virtud de la solicitud realizada por la defensa del ciudadano ut supra identificado; lo cual constituye un derecho incuestionable del mismo; este Tribunal observa como primer particular, que la medida de privación judicial preventiva de libertad, es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso, la cual no podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos (02) años, tal y como lo consagra el primer aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del siguiente tenor:

“No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta parezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”. (Negrillas del Tribunal)

En relación con lo establecido en el artículo ut supra mencionado, el máximo Tribunal de la República en el expediente No. 03-0051 con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando en fecha 28-08-2003, establece:

“...Esta Sala observa que el legislador estableció como límite máximo de toda medida de coerción personal, independientemente de su naturaleza, la duración de dos años, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso. Ahora bien, una vez transcurridos los dos años, decae automáticamente la medida judicial privativa de libertad, sin embrago, es probable que para asegurar la finalidad del proceso sea necesario someter al imputado o al acusado a alguna otra medida, que, en todo caso, debe ser menos gravosa…(omissis)...En este orden de ideas, el mismo imputado o acusado tiene el derecho de solicitar tal decreto, una vez que se verifique el transcurso de un lapso superior al establecido como máximo, de forma que al constatar tal supuesto, el juez esta (sic) obligado a declarar el decaimiento de la medida privativa de la libertad, debido al mandato expreso contenido en el citado artículo 244 de la ley procesal penal, a fin de evitar que una medida que fue dictada conforme a derecho se convierta en ilegítima al vulnerar un derecho de rango constitucional. Sin embargo, debe aclararse que lo anterior no impide que, de ser necesario para garantizar la finalidad del proceso, el juez deba, simultáneamente, decretar una medida cautelar sustitutiva, para evitar que renazca el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad...” (Negrillas de éste Tribunal).-

Y en ponencia del Magistrado, Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, expediente Nº 02-0884 de fecha 30-01-2004, expone:

“...Por otra parte, debe esta Sala aclararle a la primera instancia constitucional que el límite de dos años no se relaciona con la duración del proceso penal, que puede efectivamente alargarse por las incidencias propias del mismo, sino con la duración de la detención judicial preventiva...” (Negrillas de éste Tribunal).-

Ahora bien, este Juzgador evidencia que desde la fecha en la cual el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03 Circunscripcional, decretó la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del acusado de marras; es decir, 31/08/2007, hasta la presente fecha; han transcurrido dos (02) años dos (02) meses y nueve (09) días; tiempo éste que sobrepasa el lapso establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.-

En este sentido considera este Juzgador que la situación antes planteada ha sido interpretada en forma pacífica y reiteradamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de diversos fallos, siendo oportuno hacer referencia a algunas de las decisiones proferidas con alusión de tal particular, a saber:

“...Advierte esta Sala que aun cuando el imputado efectivamente ha permanecido más de dos (2) años privado de su libertad, dicho retardo en el proceso se ha debido a causas no imputables al juzgado de la causa, sino por el contrario en su mayoría son imputables al defensor, por su no comparecencia a las respectivas audiencias...(omissis)...En tal sentido esta Sala considera que, no se les puede permitir a los accionantes que desvirtúen lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la proporcionalidad, en virtud que dicha norma sería objeto de actitudes desleales por parte de los imputados y sus defensores al retardar el proceso con el fin de poder obtener al cabo de dos (2) años el juzgamiento en libertad del mismo, sobre este particular cabe destacar que esta Sala señaló, respecto del contenido del entonces artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal (actualmente 244) en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (caso: Rita Alcira Coy y otros)...(omissis)...Por último, es menester aclarar que, la existencia de las condiciones establecidas en los artículos 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes al peligro de fuga y al peligro de obstaculización de la verdad, no deben ser tomadas en cuenta por el sentenciador al momento de decidir sobre el decaimiento de una medida, cuando un imputado ha permanecido privado de su libertad un tiempo mayor al establecido en el artículo 244 eiusdem, dado que, el propósito del legislador al crear dicha norma fue fijar un límite máximo de dos (2) años de duración, a toda medida de coerción personal, independientemente de su naturaleza, puesto que previó que ese lapso era suficiente para la tramitación del proceso. (Subrayado y Negrillas de éste Tribunal). (Expediente No. 03-0587, Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA, 02-03-2004)

“…Al respecto, la Sala considera oportuno reiterar la doctrina establecida en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (Caso: Rita Alcira y otros), donde apuntó…(omissis)…es evidente que, en el presente caso, la medida de coerción personal impuesta al imputado sobrepasó el término establecido en el señalado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la garantía que el legislador ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, siempre y cuando no existan tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores para que el proceso penal pueda tardar más de dos años sin sentencia firme. De allí que, tal como lo declaró el juez constitucional, al no cursar en el expediente prueba alguna que permita determinar a quien debe atribuirse el retardo procesal, se hace necesario ordenar al Juzgado…(omissis)…que verifique si la dilación procesal fue obra del imputado o de su defensa, de no ser así el juez accionado debe proceder a revisar la medida cautelar sustitutiva que le fue acordada al imputado y sustituirla por otra medida de posible cumplimiento, que garantice la presencia del acusado en los actos del juicio…(omissis)…” (Subrayado y Negrillas de éste Tribunal). (Expediente No. 04-1572, Magistrado Ponente: Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, 28-04-2005).-

Ahora, en virtud de lo ut supra explanado por este Juzgador y en atención a la disminución del tiempo imputable al acusado, se observa que el periodo efectivo durante el cual ha estado sujeto el acusado de marras a la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad es de dos (02) años , dos (02) meses y nueve (09) días, tiempo este que a todas luces excede el lapso expresado por el primer aparte del articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y lo establecido en la sentencia con ponencia del Dr. José Manuel Delgado Ocando, por lo que es procedente declarar el Decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en virtud de haberse cumplido en su totalidad el lapso preceptuado en el artículo in commento; por lo que en atención a la atribución que confiere la parte in fine del articulo 264 eiusdem, se Decreta el Decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y Acuerda una medida de coerción personal menos lesiva, siendo ésta la establecida en el articulo 256 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, contentiva de una persona que se haga responsable por la custodia del acusado, siendo necesario para acreditar dicha medida le presentación de la constancia del lugar donde se van a residenciar los acusados, el lugar donde residen dichas personas responsables; teniendo que el acusado suscribir el acta a que hace referencia el articulo 260 de la norma penal adjetiva y obligándose así a cumplir con los requisitos exigidos por este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 03 y los establecidos en el articulo ut supra mencionado de la norma in commento. Y así se Declara.-

DECISIÓN:
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 03 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, Decide: Decreta el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad y en su lugar Acuerda la imposición de la medida cautelar sustitutiva de libertad contenida en el articulo 256 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano: Alberto Antonio Meza Altamar, titular de la cédula de identidad N° V-10.683.059, en virtud de lo establecido en los artículos 9, 244 y 247 todos del Código Orgánico Procesal Penal.-
Notifíquese a las partes, conforme al único aparte del Artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.-
Líbrese boleta de traslado a fin de imponer al acusado de la presente decisión.-
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada. Cúmplase.-
El Juez

Dr. Ricardo Rangel Avilés
La Secretaria

Abg. Ingrid Carolina Moreno
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior. Y así lo certifico.-
La Secretaria

Abg. Ingrid Carolina Moreno
Causa N° 3U-166-08
RRA/ICM/ig