REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO QUINTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN GUARENAS 199º y 150º En horas de Despacho del día de hoy, veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009), anuncia por el alguacil a las puertas de este Juzgado a las 10:00 a.m. día y hora fijado para que tenga inicio la PROLONGACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR en el presente procedimiento de PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES, compareció el Abogado, LERWYS JESUS RUIZ TORRES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 14.868.342, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 118.103, en representación propia y por la parte demandada “CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTES (CMDNA-AMBROSIO PLAZA)”, compareció la ciudadana IRAIDA SAEZ CONTRERAS, Venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 12.830.554 e Inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 83.851 en su carácter de de Apoderada Judicial, y por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO PLAZA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, no compareció ni por si ni por medio de Apoderado Judicial alguno, este Juzgado observa: Seguidamente se hacen las siguientes consideraciones, en los procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios públicos se les debe dar los privilegios consagrados en las leyes especiales e igualmente señala la Sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, emanada del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de casación Social contra el Instituto Nacional de Hipódromo: Que deben observarse los privilegios o prerrogativas de la República y no aplicar mecánicamente el efecto jurídico propio de la no comparecencia del demandado a la audiencia preliminar, como lo es la presunción de la admisión de los hechos. En tal sentido, de conformidad con el artículo 153 del Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se entenderá como contradicha todas y cada una de los elementos alegados por el demandante, sin perjuicio de la responsabilidad que dicha omisión comporte para el funcionario encargado de la representación judicial de los intereses patrimoniales de la entidad. Si bien es cierto que nuestra carta Magna en su Artículo 89 reza: …”El trabajo es un hecho Social y gozará de la protección del estado…..” y nuestro novísima Ley Orgánica del trabajo reza en su Artículo 1 ”La presente Ley garantiza la protección de los trabajadores en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes…” Ahora bien, estos postulados se desvirtúan para los trabajadores del Estado y de los Organismos que gocen de los privilegios del Estado, cuando lo pretenden aplicar en las reclamaciones. En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia estima que los derechos, intereses y bienes de la República no pueden concebirse afectados por la negligencia del profesional del derecho que en un momento dado ejerza su representación. También se puede observar que el tanto el Sindico Procurador como el Alcalde fueron debidamente notificados de conformidad con el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal pudiéndose observar a los folios 99, 100, 105 y 106, del respectivo expediente y cumplidas las formalidades de Ley la secretaria procedió a certificar para que comenzaran a transcurrir los lapsos establecidos para que tuviera lugar la AUDIENCIA PRELIMINAR. Hechas las observaciones anteriores y dados los privilegios procesales establecidos en las leyes in comento, y tratándose de la incomparecencia de un ente de carácter público como lo es la ALCALDIA DEL MUNICIPIO PALZA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA su incomparecencia no acarrea la admisión de los hechos tal como lo establece el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, teniéndose su incomparecencia como contradicha la reclamación interpuesta en su contra. En consecuencia por cuanto la parte actora LERWYS RUIZ TORRES y el CONSEJO MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTES (PLAZA) no tienen el animo de mediar esta Juzgadora, ordena agregar las pruebas promovidas por las parte y remitir el presente expediente al Juzgado de Juicio de esta Circunscripción judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, vencido los cinco (05) días hábiles siguiente al de hoy, en aras de garantizar el debido proceso, del derecho a la defensa y a las reposiciones inútiles dándole cumplimiento a los artículos 26, 49 ordinal 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, se leyó, término siendo las 10:25 a.m. y conformes firman. LA JUEZ DRA. CARMEN VIOLETA CEDRE TORRES PARTE DEMANDANTE APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA LA SECRETARIA CARIDAD GALINDO Expediente N° 2697-08 CVC/CG