TSJ Regiones - Decisión

CAUSA 4C-2546-09.

JUEZ: DR. JORGE LUIS GAVIRIA LINARES.

SECRETARIA: ABG. JESUSITA MARCANO

IMPUTADO: JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 23.612.242.

DEFENSA PÚBLICA: Abg. CIPRIANO ESCOBAR.

VÍCTIMA: GLORIA DEL VALLE CAMPOS

DELITO: VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZA

FISCAL: Abg. FRANCISTH HERNANDEZ, fiscal 5to. del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal; y en virtud de la audiencia de presentación celebrada en contra de JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 23.612.242, en la que el Ministerio Público solicitara la imposición de las medidas de Protección y Seguridad previstas en los numerales 5to y 6to del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las medida cautelar prevista en los numeral 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal; es por lo que, corresponde a este Juzgador fundamentar la imposición de las misma; lo cual hace en los siguientes términos:
I
En fecha 19 de Septiembre de 2009, siendo las 6:40 horas de la tarde, fecha y hora pautada para la celebración de la audiencia de presentación para oír al imputado, en la que se cumplieron con todas las formalidades respetándose todas las garantías constitucionales y legales; con motivo de la aprehensión del ciudadano: JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 23.612.242, antes identificado, quien fue presentado por el Ministerio Público representado por la Abg. FRANCISTH HERNANDEZ, fiscal 5to. del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; quien expuso en forma oral las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la aprehensión del mismo, precalificando el delito imputado como VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZA, tipificado en el artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; fundamentando tal imputación en las actuaciones policiales y declaraciones de testigos del hecho objeto de la investigación. Igualmente el representante del Ministerio Público solicitó al Tribunal que la presente causa se llevara a cabo a través del procedimiento ordinario y la imposición de las medidas de Protección y Seguridad previstas en los numerales 5to y 6to. del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la medida cautelar prevista en el numeral 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Del análisis de las actuaciones y diligencias traídas a la audiencia por el Ministerio Público, estima este Juzgador, de que estemos en presencia de un fumus boni iuris, lo que quiere decir a criterio del Dr. Alberto Arteaga:

“… consiste en la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado, atribuible al imputado, con la inequívoca formación de un juicio de valor por parte del juez, el cual debe haber llegado a la conclusión de que el imputado, probablemente, es responsable penalmente por ese hecho o pesan sobre él elementos indiciarios razonables…” sic.

En el presente caso estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita; y que tales actuaciones y diligencias constituyen a juicio de este juzgador, fundados elementos de convicción para presumir la autoría del imputado en la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZA, tipificado en el artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Nuestra Carta Magna, enuncia en su artículo 44 el derecho a la libertad personal como derecho fundamental inviolable, enumerando cinco consecuencias siendo una de ellas la siguiente:

“…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” (Subrayado del tribunal)

Este principio también se encuentra desarrollado en Tratados Internacionales; así como en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 9 y 243. En virtud de ello nuestro Código Penal Adjetivo, en el Capitulo referente a las Medidas Cautelares Sustitutivas, expresando en su artículo 256:

“Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada…” sic.

De lo trascrito con anterioridad se desprende que la privación judicial preventiva de libertad debe dictarse sólo cuando sea estrictamente indispensable a fin de garantizar el buen desarrollo del proceso en la búsqueda de la verdad y las resultas del mismo. Además de ello en el presente caso el Ministerio Público no formuló solicitud de Privación Judicial Preventiva de Libertad, tal como lo dispone el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, todo lo concerniente a la Privación de libertad debe ser interpretado de manera restrictiva por lo jueces, quienes deben velar por el cumplimiento de las garantías y respeto a los derechos humanos, así como por el correcto ejercicio de las facultades procesales.
II
Oída a las partes y examinadas las actas que conforman las presentes actuaciones, evidenciándose la disposición del imputado de someterse al presente proceso y habiendo verificado el Tribunal sus datos de identificación, así como su arraigo en el país; estima quien aquí decide que lo procedente y ajustado a derecho, a fin de proteger y garantizarle a la víctima una vida libre de violencia y evitar que se susciten hechos de violencia en contra de la misma por parte del imputado; así como garantizar el sometimiento del imputado al proceso y las resultas del mismo, es DECRETAR a favor de las víctima GLORIA DEL VALLE CAMPOS, las medidas de Protección y Seguridad previstas en los numerales 5to y 6to del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Igualmente estima este Juzgador que la presente causa debe tramitarse por el procedimiento ordinario, tal como lo solicitara el Ministerio Público; en virtud que la finalidad del procedimiento ordinario es la preparación del juicio oral y público, a través de la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos que permitan inculpar o exculpar al imputado; y tomando en cuenta que en la presente causa faltan diligencias por practicar; es por lo que deberá remitirse la presente causa a la Fiscalía del Ministerio Público, conforme con lo dispuesto en los conforme con las previsiones del Encabezamiento del Artículo 373, 280, 282 y 273 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, y así se declara.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PUNTO PREVIO: Observa el tribunal que aporte de la versión policial se encuentra la entrevista de la víctima ratificada hoy en sala como también del ciudadano Contreras Oscar, en relación que el imputado posterior a una discusión esgrimió un arma de fuego y disparó contra la víctima, sin embargo no hay incautación de arma de alguna y por ello presume el tribunal tampoco hay precalificación de Porte Ilícito de Arma de Fuego o de homicidio en grado de frustración; solamente los delitos previstos en la Ley Especial del genero como es la Violencia Psicológica y la Amenaza. Es por ello que en aplicación del principio de la proporcionalidad, considera el Tribunal estimar la solicitud fiscal y por ende decreta: PRIMERO: Por encuadrar dentro de las previstas del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, previsto se Decreta como Flagrante la aprehensión del imputado de autos y vista las solicitud fiscal del Ministerio Público, que se lleve el presente procedimiento por la vía del procedimiento especial consagrado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia que tiene por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la defensa del imputado y la acusación fiscal, en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias para fundar la inculpación de los imputados, sino aquellos que sirvan para exculparle y tomando en cuenta que en la presente causa faltan diligencias que practicar procedimiento por la vía especial consagrado en el artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia. SEGUNDO: En cuanto a la medida solicitada por el Ministerio Publico este tribunal observa ajustado a derecho otorgar las Medidas Protección previstas en el Artículo 87 numerales 5 y 6, consistente en la prohibición y restricción del agresor de acercarse a la victima y prohibición y restricción del agresor por si o por terceras personas realice acto de persecución o instigación a la victima, Se ordena la remisión de las presentes actuaciones a la fiscalía del Ministerio Público dentro del lapso legal respectivo. Este Tribunal acoge la precalificación dada por el Ministerio Público en cuanto al delito VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZA, tipificado en el artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Igualmente de conformidad con el artículo 89 de la Ley Especial, decreta la medida cautelar prevista en el numeral 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, colmo lo es de presentar dos (02) fiadores que en su conjunto presente Cuarenta (40) Unidades Tributarias. TERCERO: El imputado deberá permanecer recluido en a región de Polizamora. CUARTO: En consecuencia líbrese los correspondientes oficios. Quedan las partes notificadas de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
EL JUEZ CUARTO DE CONTROL
DR. JORGE LUIS GAVIRIA LINARES
LA SECRETARIA,
ABG. JESUSITA MARCANO
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior. Y así lo certifico.
LA SECRETARIA,
ABG. JESUSITA MARCANO
4C-2546-09
JLGL.