TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy

Valles del Tuy, 30 de Septiembre de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : ML21-P-1999-000210
ASUNTO : ML21-P-1999-000210

Corresponde a éste Juzgado Primero (1º) en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, pronunciarse de oficio en torno a la extinción de la pena que fuera impuesta a los penados PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO, quienes fueron condenados por el suprimido Juzgado Superior Primero (1º) en lo Penal del Estado Miranda, en sentencia proferida en fecha 12 de Junio de 1998. En tal sentido, éste órgano jurisdiccional en atención a las previsiones del artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, procede a decidir al respecto en los términos siguientes:

CAPITULO I

Luego de realizarse una minuciosa y detenida revisión de las actas procesales que integran el presente expediente, se observa que los ciudadanos PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO (ampliamente identificado en autos) fueron condenados por el suprimido Juzgado Superior Primero (1º) en lo Penal del Estado Miranda, en fecha 12 de Junio de 1998, a cumplir la pena de dos (2) años de prisión, al ser demostrada su responsabilidad criminal en la comisión del delito de Hurto Calificado, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinal 1º del Código Penal, vigente para la fecha de la comisión de los hechos, más las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, tal y como se evidencia de sentencia definitivamente firme emitida por el aludido órgano jurisdiccional de Alzada la cual cursa del folio 138 al 146 de la única pieza de las actuaciones.

Posteriormente en fecha 25 de Junio de 1998, el referido Tribunal Superior, luego de transcurrir el lapso legal correspondiente, declaro definitivamente firme la sentencia mencionada ut supra, procediéndose el 13 de Agosto de 1998, en el extinto Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a ejecutar el aludido fallo judicial, estableciéndose que los sub judices se encontraban en libertad y les restaba por cumplir de la pena impuesta un (1) año, once (11) meses y catorce (14) días. Cabe acotar que los penados de autos, se encontraron privados judicialmente de su libertad (detenidos) desde el día 28 de Octubre de 1995, hasta el 15 de Noviembre de 1995, fecha en la que se le concedió por el Tribunal que conocía de la causa la Libertad Provisional Bajo Fianza, permaneciendo en tal sentido privados de su libertad por un (1) mes y trece (13) días.

CAPITULO II

Con fundamento en lo establecido en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, es de la competencia de los Juzgados en funciones de Ejecución, conocer sobre todo lo concerniente a la procedencia o no de las formulas alternativas de cumplimiento de pena, la conmutación de la pena que correspondan a los penados e igualmente conocer de lo atinente a la extinción de la pena en los procesos de índole penal entablados en contra de los reos, determinándose en tal sentido la facultad de éste órgano jurisdiccional para conocer de la presente causa, pues en el caso de marras se disertará sobre lo relativo a la extinción de la pena que fuera impuesta a los ciudadanos PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO, en las condiciones y circunstancias previamente asentadas. Así mismo se atribuye dicha competencia a los Tribunales de Ejecución de acuerdo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 292 Expediente Nº CC02-0195 de fecha 13/06/2002, de la cual se extrae:

“… De acuerdo con la competencia de los tribunales de ejecución, a éstos les corresponde no solamente la ejecución de la pena ,y las medidas de seguridad sino también todo lo relacionado con la libertad, las fórmulas alternativas para su cumplimiento, redención, conversión, conmutación, extinción y acumulación de las penas, es decir la vigilancia y el control del cumplimiento de las penas que fueron impuestas por el tribunal que emitió la sentencia. A su vez son competentes para velar por el cumplimiento del régimen penitenciario, a pesar de encontrarse recluido en un lugar distinto…”

Tal criterio sostenido por éste Tribunal en cuanto a su competencia para conocer en lo concerniente a las formas de extinción de las penas en un latu sensu, es igualmente reafirmado de manera pacífica y reiterada en jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 322 Expediente Nº 08-179 de fecha 01/07/2008, de la cuales entre otras cosas se establece:

“… todo aquello que tenga relación con la libertad del penado y las formas de cumplimiento de la condena, se le atribuyen como competencias expresas y exclusivas a los tribunales de Primera Instancia en funciones de Ejecución de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

Al quedar determinada la competencia de éste tribunal para conocer del presente asunto, debe en consecuencia pronunciarse sobre la procedencia o no de la extinción de las penas principales y accesorias que fueran impuestas a los penados PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO, en razón de las presentes actuaciones y para ello se realizan las siguientes consideraciones:

En primer lugar, se advierte que los penados PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO, fueron condenados por el suprimido Juzgado Superior Primero (1º) en lo Penal del Estado Miranda, en fecha 12 de Junio de 1998, a cumplir la pena de dos (2) años de prisión, al ser demostrada su responsabilidad criminal en la comisión del delito de Hurto Calificado, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinal 1º del Código Penal, vigente para la fecha de la comisión de los hechos, más las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, resolución judicial que se declarara definitivamente firme el 25 de Junio de 1998 y se ejecutara en data 13 de Agosto de 1998, siendo menester destacar que los sub judices permanecieron privados judicialmente de su libertad (detenidos) por espacio de un (1) mes y trece (13) días, ello comprobable de la práctica de computo respectivo.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 112 del Código Penal, se establece como causa de extinción de la pena impuesta, la prescripción de la pena, y en tal sentido se dispone en la norma sustantiva penal referida, lo siguiente:

“Artículo 112.- Las penas prescriben así:
15. Las de prisión y arresto, por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse más la mitad del mismo.

… El tiempo para la prescripción de la condena comenzará a correr desde el día en que quedó firma la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta comenzado a cumplirse; pero en el caso de nueva prescripción, se computará en ella al penado el tiempo de la condena sufrida…”

En el caso que nos ocupa, se aprecia previa revisión detenida y exhaustiva del expediente y atendiendo a la disposición legal antes citada, que en las presentes actuaciones deberá declararse prescrita la pena impuesta a los penados PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO y por ende la extinción de la pena principal y accesorias que le fueran impuestas por el suprimido Juzgado Superior Primero (1º) en lo Penal del Estado Miranda, en sentencia de fecha 12 de Junio de 1998, en virtud de que se evidencia que ha operado la prescripción de la pena, ello en razón de que desde la fecha en que quedó definitivamente firme la sentencia referida ut supra, vale acotar, 25 de Junio de 1998, hasta la presente data han transcurrido once (11) años, tres (3) meses y cinco (5) días, lapso de tiempo superior a los tres (3) años, que es el término para que se produzca en el caso de marras la prescripción de la pena, fundamentada tal consideración en el contenido del artículo 112 del Código Penal, donde se prevé que las penas de prisión prescribirán por un tiempo igual al de la condena más la mitad del mismo, término que se computará a partir de que se declare definitivamente firme la sentencia, por lo que al apreciarse que la pena impuesta es de dos (2) años, más la mitad de la misma, un (1) año, resulta como lapso de prescripción de la pena en el presente caso, el término de tres (3) años, por lo que ineludiblemente al constatarse fehacientemente que ha transcurrido en exceso el período de tiempo respectivo a los fines de que opere la prescripción de la pena, sin que se haya interrumpido dicho lapso de prescripción, debe inexorablemente decretarse la libertad plena de los penados PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO y por ende declararse extinguidas las penas principales y accesorias impuestas a los mismos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 112 del Código Penal, en relación con el numeral 1º del artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.-

DISPOSITIVA

En base a las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Primero (1º) de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA PRESCRITA LA PENA, impuesta a los penados PEDRO RAFAEL CORONEL VELASQUEZ Y JOSE RAMOS PINTO, titulares de las Cédulas de Identidad Nº. V-6.345.976 y Nº V-10.076.823, respectivamente, de conformidad con el artículo 112 del Código Penal en concordancia con el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se decreta la libertad plena de los referidos ciudadanos, declarándose extinguidas las penas principales y accesorias que se le impusieran en sentencia dictada por suprimido Juzgado Superior Primero (1º) en lo Penal del Estado Miranda, en fecha 12 de Junio de 1998.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes la presente resolución judicial. Líbrense oficios al Consejo Nacional Electoral, a la Dirección de Prisiones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia, a la Dirección del Servicio Autónomo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME) antes (ONIDEX) y al Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), participando lo resuelto por éste órgano jurisdiccional.
El Juez

Jesús Eduardo Rodríguez Millán

El Secretario

Francisco Laynes

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

El Secretario

Francisco Laynes

JERM.-