TSJ Regiones - Decisión

JUEZ: ABG. ELIADE MARGARITA ISTURIZ P.

SECRETARIO: ABG. LISIMAR PONTE

IMPUTADO: SANTOS BOADA DANIEL RAFAEL

DEFENSA PUBLICA Abg. ISIDRO HAMILTON

DELITO: LESIONES GENERICAS

FISCAL: Abg. FRANCISTH MARISOL HERNANDEZ, Fiscal Quinta, del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal; y en virtud de la audiencia de presentación celebrada en contra del ciudadano; SANTOS BOADA DANIEL RAFAEL, en relación a la imposición de las medidas cautelares sustitutivas de libertad acordada, lo cual hace en los siguientes términos:

I
En fecha diecisiete (17) de abril del año 2010, siendo la fecha y hora pautada para la celebración de la audiencia de presentación para oír la imputada, en la que se cumplieron con todas las formalidades respetándose todas las garantías constitucionales y legales; con motivo de la aprehensión de dicha ciudadana, quien fue presentada por el Ministerio Público representado por la Abg. FRANCISTH MARISOL HERNANDEZ, Fiscal Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien expuso en forma oral, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la aprehensión de la misma, señalando que el imputado fue detenido por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Guarenas, cuando se encontraba como vigilante en el BANCO BANESCO, ubicado en el Centro Comercial Nueva Casarapa, escapándosele un disparo del arma que portaba y ocasionando heridas a un cliente que se encontraba en dicha entidad bancaria. Motivo por el cual practican su aprehensión. Igualmente la representante del Ministerio Público solicitó al Tribunal que la presente causa se llevara a cabo a través del procedimiento ordinario y la imposición de Medidas cautelares Sustitutiva de libertad, en contra de dicha imputada de conformidad a lo previsto en los artículos 250, 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Del análisis de las actuaciones y diligencias traídas a la audiencia por el Ministerio Público, estima esta Juzgadora, de que estamos en presencia de un fomus boni iuris, lo que quiere decir a criterio del Dr. Alberto Arteaga:
“… consiste en la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado, atribuible al imputado, con la inequívoca formación de un juicio de valor por parte del juez, el cual debe haber llegado a la conclusión de que el imputado, probablemente, es responsable penalmente por ese hecho o pesan sobre él elementos indiciarios razonables…” sic.

En el presente caso la ciudadana fue aprehendido en virtud de haber manipulado el arma de fuego que portaba en su condición de vigilante de la entidad bancaria Banesco y haber disparado en forma accidental, ocasionándole heridas a un cliente que se encontraba dentro de dicha entidad bancaria, motivo por fue aprehendida por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Guarenas, precalificando los hechos el Ministerio Público de LESIONES GENERICAS, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal

Nuestra Carta Magna, enuncia en su artículo 44 el derecho a la libertad personal como derecho fundamental inviolable, enumerando cinco consecuencias siendo una de ellas la siguiente:

“…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti... Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” (Subrayado del tribunal)

Este principio también se encuentra desarrollado en Tratados Internacionales; así como en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 09 y 243. En virtud de ello nuestro Código Penal Adjetivo, en el Capitulo referente a las Medidas Cautelares Sustitutivas, expresando en su artículo 256:

“Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada…” sic.

De lo trascrito con anterioridad se desprende que la privación judicial preventiva de libertad y acordar medidas cautelares, debe dictarse sólo cuando sea estrictamente indispensable a fin de garantizar el buen desarrollo del proceso en la búsqueda de la verdad y las resultas del mismo, tal como lo dispone el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, todo lo concerniente a la Privación de libertad debe ser interpretado de manera restrictiva por lo jueces, quienes deben velar por el cumplimiento de las garantías y respeto a los derechos humanos, así como por el correcto ejercicio de las facultades procesales.

II

Oída a las partes y examinadas las actas que conforman las presentes actuaciones, evidenciándose del resultado del acta de investigación penal, que efectivamente el imputado es señalado como la persona que en su condición de vigilante de la Entidad Bancaria Banesco, se le disparó en forma accidental el arma que portaba, resultando herido un cliente que se encontraba en dicha entidad, estima quien aquí decide que lo procedente y ajustado a derecho, es DECRETAR en contra del imputado; SANTOS BOADA DANIEL RAFAEL medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de la contenida en el artículo 256 numeral 9º, del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es la obligación de presentarse ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, cuando sea requerido. Igualmente estima esta Juzgadora que la presente causa debe tramitarse por el procedimiento ordinario, es por lo que deberá remitirse la presente causa a la Fiscalía quinta del Ministerio Público, conforme con lo dispuesto en los conforme con las previsiones del Encabezamiento del Artículo 373, 280, 282 y 273 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, y así se declara.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se decreta ajustada a lo previsto en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal la detención del ciudadano: SANTOS BOADA DANIEL RAFAEL, titular de la Cédula de Identidad Número 14.330.713.
SEGUNDO: Se acuerda, proseguir la Fase Preparatoria del Proceso, por el procedimiento Ordinario, de conformidad con las previsiones del Encabezamiento del Artículo 373, 280, 282 y 273 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERO: Se Acuerda otorgarle al imputado SANTOS BOADA DANIEL RAFAEL, titular de la Cédula de Identidad Número 14.330.713, Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, contenida en el artículo 256 numeral 9º por considerar, esta Juzgadora que la misma se encuentran ajustadas a derecho.
CUARTO: Quedan notificadas las partes del presente pronunciamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
LA JUEZA SEGUNDA EN FUNCIÓN DE CONTROL

DRA. ELIADE MARGARITA ISTURIZ P
la Secretaria

ABG. LISIMAR PONTE
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior. Y así lo certifico.
La Secretaria

ABG. LISIMAR PONTE
2C-2987-10