REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

Los Teques,
200° y 151°

MAGISTRADO PONENTE: DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA
CAUSA Nº: 1A-a 8055-10
IMPUTADO (S): JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ
FISCALÍA NOVENO (9°) DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. ROSA DAYANA MONARGHINO SERVELLON
DELITO: TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, EN LA MODALIDAD OCULTAMIENTO.
DEFENSA PRIVADA: ABG. RAFAEL RAMÓN DE LIMA TRUJILLO
PROCEDENCIA: TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY.
MATERIA: PENAL
MOTIVO: APELACIÓN DE MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
DECISIÓN: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho: RAFAEL RAMÓN DE LIMA TRUJILLO. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada el diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), emanada del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en ocasión de la realización de la Audiencia de Presentación de los imputado JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, mediante el cual, en base a lo preceptuado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados antes mencionado, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y ASÍ SE DECIDE.-

Corresponde a esta Corte de Apelaciones, conocer del Recurso de Apelación, interpuesto por el Profesional del Derecho RAFAEL RAMÓN DE LIMA TRUJILLO, en su carácter de defensor privado de los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, en contra de la decisión de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, mediante la cual decretó a los imputados antes mencionados, la Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, por encontrarlos incursos en la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.-


Este Tribunal de Alzada, para decidir previamente observa:

En fecha veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010), se le dio entrada a la causa signada con el Nº 1A-a 8055-10 designándose ponente al Magistrado DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, Juez Titular de esta Corte de Apelaciones.-

Admitido como ha sido el presente recurso, conforme a lo previsto en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrándose esta Corte de Apelaciones, en la oportunidad de decidir, lo hace en los siguientes términos:

PRIMERO
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

En fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, realizó Audiencia de Presentación a los ciudadanos JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, en dicha Audiencia el Tribunal A-Quo entre otras cosas dictaminó:

“...PRIMERO: se declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad absoluta de las actuaciones hecha por la defensa donde resulta la aprehensión de los ciudadanos JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VASQUEZ RAMIREZ y RICARDO ENRIQUE RUIZ HERNANDEZ y en tal sentido, este tribunal observa que no se ha violentado ningún derecho y que ciudadanos fueron detenido de forma flagrante en la comisión de un delito, cumpliéndose así los extremos establecidos en el articulo 44 de la Constitución Nacional y 248 de Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: El Ministerio Público califica el delito de OCULTACION ILICITA DE SUSTANCIAS STUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS , tipificado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica de Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas. y de acurdo a lo manifestado por las partes y en base a lo que se desprende de las actas procesales, este Tribunal se acoge dicha calificación jurídica TERCERO: Con relación al procedimiento ha aplicar en este caso el Ministerio Público y la defensa han solicitado se autorice la aplicación del Procedimiento Ordinario, ya que faltan diligencias por practicar, entre ellos las experticias e inspecciones correspondientes, destinadas al total esclarecimiento de los hechos motivo por el cual este tribunal lo considera proceden y por ello lo acuerda. CUARTO: En cuanto a las Medida de Coerción personal invocadas por el fiscal del Ministerio Público en contra de los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VASQUEZ RAMIREZ y RICARDO ENRIQUE RUIZ HERNANDEZ, observa este Tribunal observa (sic) que se encuentran llenos los extremos del artículo 250 ordinales 1,2, y 3, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, existe suficientes elementos de convicción para presumir la existencia del delito de OCULTACION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipificado en el segundo aparte del articulo 31 de la ley Orgánica de Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como elementos de convicción que hacen presumir que los imputados de autos son autores de dicho hacho punible, es decir, el acta policial de aprehensión, así como las evidencias incautadas presuntamente en poder de dicho ciudadano; igualmente se evidencia la existencia del peligro de fuga con base a la pena que pudiera llegar a imponerse al imputado en caso de ser hallado culpable y peligro de obstaculización de la investigación tomando en consideración el dicho de la victima en esta audiencia, de manera que se hace procedente y ajustado a derecho la petición fiscal motivo por el cual este Tribunal, dicta la MEDIDA PREVENTIVA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, en contra de los ciudadanos JEAN PIRERO ORTIZ, MARIO JEAN PIRERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VASQUEZ RAMIREZ y RICARDO ENRIQUE RUIZ HERNANDEZ...” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

SEGUNDO
DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil diez (2010), el profesional del derecho RAFAEL RAMÓN DE LIMA TRUJILLO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, presentó Recurso de Apelación en contra de la decisión dictada en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en el cual, entre otras, cosas denunció lo siguiente:

“...En la Audiencia de Presentación de Imputado a petición fiscal el Juez decretó que el presente procedimiento penal se continuara por la vía ordinaria es decir que el juez considero que estaban llenos los extremos de la flagrancia ya que declaró que dichos extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal están llenos nos preguntamos si había o no flagrancia.
...En la referida Audiencia de Presentación de imputado se denunció que los hechos sucedieron en fecha 18 de JUNIO DE 2010 y presentados en fecha 19 de JUNIO de 2010.
Así mismo y en el orden de ideas se denunció ante la juez de la causa que entre los fundados elementos de convicción en el expediente había solamente un acta policial de aprehensión, que no cumplen con lo normado en el artículo 169 del Código Orgánico Procesal Penal y el art 21 da la ley que rige el Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ya que se desconocía la identidad de los funcionarios habían tomado las referidas y suscribe la misma el Jefe del Despacho( no es funcionario actuante) y un exponente con una rúbrica sin identificar.
En el mismo devenir de la audiencia también se denunció que no se había preservado ni se había iniciado la cadena de custodia de las evidencias incautadas ni siquiera en el acta policial de aprehensión se hacia referencia de la misma; pues existía un formato de cadena de custodia violando lo normado en el artículo 26 de la ley de los Órganos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas,118 de la Ley Contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y Psicotrópicas y 202 A y se solicitó la nulidad de las actas policial de aprensión y del formato de Cadena de Custodia, por estar suscrita por un funcionario Armando Nava que no actuó en el procedimiento e invocamos los artículos 190 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la decisión judicial que pudiera tomar el Juez en base a la aplicación de dichas normas violadas; todas estas denuncias que fueron declaradas Sin lugar en la referida Audiencia de Presentación del Imputado.
Esta defensa se pregunta se podrá incorporar todos estos elementos de convicción recabados al violar el acervo de normas jurídicas señaladas y finalmente también violando los funcionarios lo normado en cuanto a la revisión de personas artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal nunca le solicitaron a mis patrocinado sus exhibición de lo que los funcionarios pensaban en cuanto al hecho presuntamente ilícito.
En el momento de su detención no había la presencia de testigo que le dieran transparencia al procedimiento quedando de antemano en tela de juicio el dicho de los funcionarios.
Por todo lo antes expuesto hemos realizados (sic) las consideraciones las consideraciones de la única impugnación que hago ya que mis patrocinados fueron impuesto de las medida privativa de libertad objeto de este Recurso de Apelación que estoy formalizando y que Uds. Magistrados que conocerán el presente Recurso de Apelación y al final tendrán la última palabra.
En relación al peligro de fuga se debe tomar en cuenta: todas y cada una de las circunstancias como lo son tal y como señalo (sic) el Juez en la Audiencia que existía peligro de fuga por el dicho de la victima en la Audiencia; pero es el caso que en la referida audiencia la victima es la comunidad y no había ningún miembro presente es decir no había victima, entonces como se puede apreciar el peligro de fuga según lo señalado por el Juez.
En el presente caso los imputados mis patrocinados, han dado la dirección de habitación completa y así consta en el expediente, la cual es el asiento principal de su familia, también ha dado la dirección completa de su trabajo comunitario de la construcción de una escuela.,
En cuanto a la facilidad para abandonar definitivamente el país, mis patrocinados así como toda su familia son naturales de Venezuela, domiciliados dentro del territorio de la República, por lo que todos sus asientos e intereses se encuentran mismos, así como su trabajo de funcionario policial, lo que no hace factible la posibilidad de que mis patrocinados abandonen el país para residenciarse fuera del (sic). Aunado a la poca capacidad económica de mis patrocinados que no le permiten tomar un viaje el (sic) exterior y permanecer en la clandestinidad eternamente para evadir la justicia, ya que como todos sabemos estos viajes son muy costosos y la capacidad económica de mis patrocinados apenas le alcanza para sostener humildemente a su familia tanto es así que su residencia está ubicada en un humilde sector el portachuelo San Casimiro Cua estado Miranda. Motivo este suficiente por el cual esta representación de la defensa no entiende como a criterio de a quo existe razonablemente peligro de fuga en el presente caso.
Por lo que a criterio de esta representación de la defensa, no estaríamos en presencia de este presupuesto en particular del peligro de fuga.
... Si bien es cierto que la pena que podría legar a imponerse por el delito del imputado, es seis a ocho años (06 a 08) años de prisión, no es menos ciertos (sic) que todavía no es firme la calificación imputada por la representación fiscal,; toda vez que inclusive en posteriores etapas del proceso penal la misma puede varia, o cambiada , y ello con llevaría a un cambio en la aplicación de la pena respecto de cada uno de estos distintos tipos penales.
...Motivo este suficiente por el cual esta representación de la defensa no entiende como a criterio de a quo existe razonablemente peligro de fuga en el presente caso.
... Cuando se hace una imputación de la participación de una persona en un hecho punible por parte de uno de los sujetos del proceso, éste se encuentra revestido por el principio de presunción de inocencia, protegido, por ser una garantía que tiene arraigo constitucional y procesal penal artículos 49 ordinal 2° y 8, bajo el enunciado de que ‘toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario’, y solo puede ser declarado judicialmente culpable cuando mediante pruebas obtenidas legalmente e incorporadas al proceso, observando sus requisitos esenciales, es que el órgano jurisdiccional sin prejuzgamiento y predisposición de animo lo establece ,con fundamento a la certeza, la verdad de una conducta valorada como delictiva; esto hace posible la contradicción e impugnación de las decisiones de los operadores de justicia, aspecto de imposible aplicabilidad si lo que se presumiera de las personas, fuera su culpabilidad y no su inocencia, si no fuese asi resultaría una situación muy desventajosa, pues ello recortaría el empleo o regulación de un régimen probatorio dentro del proceso.
....En el sistema acusatorio penal venezolano, se destaca la presunción de inocencia como un Principio Constitucional, ello le genera una connotación muy distinguida, por cuanto este carácter de principio fundamental es el punto de partida del proceso, el cual está indicando a los operadores de la justicia el tratamiento que le deben dar a alguien, ese no es otro que al imputado, es una situación concreta en el mundo real, que desde del punto de vista del derecho tiene repercusiones jurídicas, por cuanto es el comienzo de algo de algo que se va perfeccionando o cambiando con las pruebas que se van ofreciendo e incorporando dentro del proceso lícitamente en la medida en que este avanza, en sus diferentes fases, ya que cada de ellas tiene un objeto distinto, como desvirtuar, demostrar o confirmar algo, correspondiéndole al que afirma la imputación la carga de la prueba, buscamos con esta acepción del termino y su carácter de principio, demostrar que solamente se agota la presunción de inocencia, cuando el mundo probatorio cursante en autos ha sido suficiente para demostrar la culpabilidad del imputado y el operador de justicia dicte la sentencia definitivamente firme.
…Omissis…
PETITORIO
Por todos y cada uno de los vicios e irregularidades revestidos de carácter ilegal e inconstitucional. Solicitamos que sea admitido sustanciado conforme a derecho y declarado CON LUGAR el presente Recurso de Apelación de auto en contra de la decisión dictada en fecha 19 de Junio d 2010,en la Audiencia Oral de Presentación de Imputado por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy que mantiene medida privativa de libertad de mis defendidos JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VASQUEZ RAMIREZ y RICARDO ENRIQUE RUIZ HERNANDEZ., y se les otorgue una medida cautelar sustitutiva de libertad menos gravosa de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico procesal Penal.
PRIMERO.
1. Declarar la nulidad absoluta del acta Policial de Aprehensión por no cumplir con lo normado en el articulo 26 de la Ley de Órganos de investigación Científica Penales y Criminalística en relación a la violación flagrante del Procedimiento Científico policial ’Cadena de Custodia’ declarar los actos subsiguientes nulos, ya el acta policial da inicio a la causa criminal.
2. Declarar la nulidad absoluta del acta y formato de Cadena de Custodia, ya que el mismo fue suscrito por un funcionario desconocido y consta en el acta policial que sea un funcionario actuante.
SEGUNDO. Decretar la nulidad del Acta (Formato de Cadena de Custodia) ya que el mismo es ineficaz y carece de valor probatorio ya que el mismo viola lo normado en el articulo 169 de nuestra carta adjetivas el mismo carece de la rúbrica de un funcionario desconocido Armando Nava; con procedimiento penal abierto penal abierto por el juez a solicitud de la defensa.
Decretada la nulidad del acta Policial de aprehensión, del Acta de la Cadena de Custodia.
Al no haber Acta de identificación de las sustancias viola el articulo 115 de la LEY ORGÁNICA CONTRA EL TRÁFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS:, decrete la libertad plena de nuestros patrocinados o que se acuerde en su lugar una medida cautelar sustitutiva de libertad, menos gravosa, que ello estarían dispuestos a cumplir con las exigencias de esta honorable Corte de Apelaciones en contra de la medida judicial de prisión preventiva de libertad que pesa contra mis patrocinados y que hoy estoy solicitando para ellos su libertad plena o una medida cautelar menos gravosa...”

TERCERO
ESTA CORTE DE APELACIONES A LOS EFECTOS DE SU PRONUNCIAMIENTO, PREVIAMENTE OBSERVA:

Frente a cualquier resolución de un Órgano Jurisdiccional, las partes en el proceso pueden adoptar dos actitudes: La aquiescencia, o conformidad con dicha decisión, que supone la voluntad de aceptar como solución del conflicto o de la concreta cuestión a pesar de los defectos que pueda contener, o la impugnación, posición por la que, a través, del ejercicio de los recursos establecidos en la Ley Adjetiva Penal pretenden su anulación o su sustitución por otra que dé satisfacción a su pretensión.

En este sentido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

Articulo 49. Garantía del debido proceso. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales...
1. La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso... tiene derecho a recurrir del fallo.”

Por su parte el Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

Artículo 435. Interposición. “Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinen en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión.”

Artículo 441. Competencia. “Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados.”

La decisión sometida a la consideración de esta Corte, por vía de apelación, ha sido dictada el diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en ocasión de la realización de la audiencia de Presentación de imputado, en donde el sentenciador decretó, la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Contra el referido pronunciamiento judicial, ejerció Recurso de Apelación el profesional del derecho RAFAEL RAMÓN DE LIMA TRUJILLO, defensor privado de los ciudadanos JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, quien denuncia que se le está causando un gravamen irreparable a sus defendido, en virtud de que se le están violando las garantías que le asisten en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; toda vez que denuncia que no existen suficientes elementos de convicción para decretar la medida judicial privativa de libertad, tal como lo exige el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, además que señala irregularidades en el procedimiento realizado por el órgano policial, por lo que solicita a esta Corte de Apelaciones anule la decisión emanada en fecha diecinueve (19) de junio del año 2010, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, y se decrete la Libertad Plena de sus defendidos o una medida cautelar menos gravosa.-

Ahora bien, en cuanto a la Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, es necesario destacar que el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 numerales 1°, 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal, tiene competencia para decretar dicha medida, cuando considera que están llenos los supuestos del artículo 250 ejusdem a decir: 1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. 2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible. 3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación y además que la pena que merezca el delito en su término superior sea mayor de tres años, como lo establece el artículo 253 ejusdem, para determinar la presunción de fuga de los encausados.

De la decisión recurrida dictada en la celebración de la Audiencia de Presentación de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), por el Tribunal A-quo, se desprende en primer lugar, que el Juzgador, para decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, en base a lo preceptuado en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, realiza el siguiente análisis:

“…Ahora bien, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal autoriza al Juez de Control para decretar la privación judicial preventiva de libertad de libertad del imputado, siempre que se acredite la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, que existan fundados elementos de convicción pare estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible y, exista presunción razonable, por la apreciación de las circunstancia: del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación.
Una vez analizados los hechos que dieron inicio al presente caso considera quien aquí decide que hasta la presente etapa los mismo encuadran en el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito Consumo de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas, el cual comporta Ia aplicación de una pena corporal y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita dada la fecha de su perpetración (18-06-2010) situación que permite cumplir con el extremo legal exigido en el numeral primero del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, del examen de las actuaciones que conforman la presente causa, en las que se establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar e que sucedieron los hechos, considera quien aquí decide que existen fundados elementos de convicción para estimar que los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ y RICARDO ENRIQUE RUIZ HERNÁNDEZ, son los autores o partícipes en comisión de dicho ilícito, como se observa del contenido del acta.
…Omissis…
Razón por la cual se concluye, que en el caso de autos aparece acreditada la existencia de todos y cada uno de los requisitos exigidos en artículo 250 ejusdem, en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho es decretar la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBE YOANDRY V ÁSQUEZ RAMÍREZ y RICARDO ENRIQUE RUIZ HERNÁNDEZ por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito Consumo de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas, de conformidad con establecido en los artículos 250, 251 Y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.
Finalmente, en lo que respecta a los alegatos de la defensa, a los fines de salvaguardar la tutela judicial efectiva de los imputados dando debida oportuna contestación, pasa este Juzgado a establecer las siguientes consideraciones:
La defensa solicitó la nulidad de las actuaciones conforme a los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, por varias razones, entre ellas que el acta de investigación penal no está firmada por todos los funcionarios policiales que practicaron la aprehensión de sus defendidos; que los funcionarios policiales no levantaron acta conforme al artículo 115 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que indique la cantidad de droga, su color, tipo de empaque o envoltorio, estado o consistencia en que la encontraron y la sospecha acerca de la sustancia de que se trata y cualquier otra indicación que consideren necesaria para su identificación plena y que el registro de cadena de custodia de evidencia físicas está firmada por el funcionario ARMANDO NAVAS, el cual no aparece suscribiendo el acta de investigación penal. En relación a este alegato, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 526 de fecha 09ABR01, estableció... Entendida esta decisión, en el sentido que el Juez di Control en el momento en que decreta la Privación Judicial Preventiva d Libertad o concede una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad hace cesar la violación de los derechos constitucionales en los cuales hayan incurrido lo organismos policiales. Razón por la cual se declara SIN LUGAR la solicitud di nulidad de las actuaciones solicitada por la defensa privada.
Con respecto a la solicitud del Defensor Privado DR. RAFAEL RAMON DE LIMA TRUJILLO, de que le sea otorgada la libertad plena a sus defendidos o en su defecto una medida cautelar menos gravosa, al respecto este Tribunal estima que la misma no procede por existir una presunción razonable peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto un acto concreto de investigación por la circunstancia de la pena que podría llegarse a imponer en el caso y la magnitud del daño causado, de conformidad con lo establecido en el artículo 251, numerales 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir que con la medida de privación judicial preventiva libertad de los referidos imputados se asegura las resultas del proceso Además el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCI, ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31, segundo aparate (sic), de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es un delito grave y complejo determinado en el ordinal 1 ° del artículo 16 de la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada, y de lesa humanidad, esto es, crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, todo ello en fundamento del artículo 7, literal k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por ello según el artículo 29 de la Constitución de la República, determina que no tendrán beneficios en el proceso. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la solicitud de la defensa de que le fuera acordada a sus defendidos la libertad plena o en su defecto una medida cautelar menos gravosa…” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

De la decisión recurrida, se observa, que el ciudadano juez para decretar Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, conforme a los parámetros del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece en primer lugar el hecho punible objeto del proceso, este es, el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Por otra parte, señala como elementos de convicción que vinculan a los imputados con el hecho presuntamente cometido, los siguientes:

1.- ACTA POLICIAL: De fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010), emanada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, suscrita por el funcionario Pérez Jesús, en la cual deja constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde resultaron aprehendidos los hoy imputados de autos JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, así como de las evidencias de interés Criminalísticas incautadas.-
(Folios 04 del Exp).

2.- INSPECCIÓN TÉCNICA N° 1.154: Fechada el dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010), emanada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Ocumare del Tuy, estado Bolivariano de Miranda, en la cual consta la descripción de las evidencias de interés criminalistico en el presente proceso.
(Folio 22 al 24 del Exp).

3.- REGISTROS DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS: De fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010), emanada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Ocumare del Tuy, estado Bolivariano de Miranda, en la cual consta la descripción de las evidencias de interés criminalistico incautadas a los imputados de autos.
(Folio 25 del Exp).

Como tercer punto, el Sentenciador para imponer la medida de prisión preventiva, considera que existe presunción de fuga del imputado, por la pena que podría llegarse a imponer, siendo que el delito por el cual se les enjuicia amerita pena que en su límite máximo alcanzaría los veinte (20) años de prisión.

Artículo 31, Segundo Aparte de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas:

“...Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicos, será penado con prisión de quince a veinte años...” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

En este sentido cabe destacar, que cuando el legislador establece como causal de presunción de fuga del imputado, en el numeral 2 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la pena que podría imponerse al caso, tal referencia se encuentra supeditada al principio de proporcionalidad, pues la propia ley es clara al indicar que cuando la sanción es inferior o igual a tres años de prisión y el encausado tiene una buena conducta predelictual, sólo se aplicaran medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial de libertad.

En el presente caso la pena que amerita el delito imputado TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, alcanzaría los diez (20) años de prisión.

LA SALA SE PRONUNCIA

Primera y Única Denuncia: De la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada al imputado JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, según lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

La Defensa privada considera que con la decisión proferida por el referido Tribunal de Control, a sus patrocinados se les están violando su derecho a la presunción de inocencia, el estado de libertad y la interpretación restrictiva de las medidas de coerción personal, y en consecuencia el debido Proceso, toda vez que denuncia que no concurren los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para decretar una medida judicial privativa preventiva de libertad; además que considera que irregularidades en las actuaciones policiales realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Ocumare del Tuy, por lo que solicita a este Tribunal Colegiado, anule la aprehensión de sus patrocinados, así como la decisión del Tribunal Quinto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy.

En relación al pedimento de la Defensa Privada en cuanto a la nulidad absoluta de las actuaciones policiales, ya que a su decir se encuentran viciadas y van en detrimento de sus patrocinados, violentándoles derechos y garantías inherentes a los mismos, es necesario traer a colación el criterio de nuestro Máximo Tribunal de Justicia respecto a lo antes señalado.

En este sentido, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09/04/2001, Sentencia N° 526 con ponencia del Magistrado Dr. IVAN RINCÓN URDANETA, estableció:

“… En criterio de la Sala, la acción de amparo propuesta resulta inadmisible toda vez que la inconstitucionalidad de la presunta detención practicada por los organismos policiales sin orden judicial alguna, no puede ser imputada a la Corte de Apelaciones accionada, ni tampoco al Juzgado de Control que dictó el auto de privación judicial preventiva de libertad el 2 de junio del 2000, ya que la presunta violación a los derechos constitucionales derivada de los actos realizados por los organismos policiales tienen límite en la detención judicial ordenada por el Juzgado de Control, de modo tal que la presunta violación de los derechos constitucionales cesó con esa orden, y no se transfiere a los organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la detención provisional del procesado mientras dure el juicio.
Como consecuencia de la afirmaciones anteriores, esta Sala considera que las presuntas violaciones alegadas por el accionante cesaron con el dictamen judicial del Juez de Control y que, de cualquier manera, los presuntos hechos en los que el accionante funda sus alegatos no constituye una violación atribuible a la Corte accionada.” (Subrayado y Negrillas de esta Corte).

De lo anteriormente referido es posible afirmar que los vicios que presenten todos aquellos actos realizados por los organismos facultados para detener a un individuo, en este caso los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-delegación Ocumare del Tuy, tienen su límite en la detención ordenada por el Juzgado de Control correspondiente, como en el caso que ocupa nuestra atención en el cual se constató que por los elementos de convicción cursantes en autos, la entidad del presunto delito cometido y la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra prescrita, es posible aseverar que la violación de derechos constitucionales cesó una vez constatados los extremos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Oral de Presentación de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010).

Ahora bien, A la Luz de éstas consideraciones, tenemos que el debido proceso, en la opinión autorizada de nuestro más Alto Tribunal de Justicia en Sala de Casación Penal, en la Sentencia Nº 552 en fecha 12 de agosto de 2005 con Ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, en que se hace referencia al precedente jurisprudencial sobre la materia, ha concebido el debido proceso como:

“…el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a ser oído con las debidas garantías, el derecho a conocer la identidad del juez, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un proceso público, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete público, en caso de no comprender o hablar el idioma, el derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho a conocer de modo detallado los pronunciamientos que se emitan en la causa seguida en su contra, el derecho que se le conceda al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho de defenderse personalmente, ser asistido por un defensor de su elección, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a recurrir el fallo, el derecho a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, y debe hacerse especial mención al derecho a ser juzgado por el juez natural..”

Del extracto del Precedente Jurisprudencial transcrito se colige que el debido proceso encuentra su esencia y razón de ser en un juicio justo a la persona contra la cual se sustancie una acusación penal, garantizándose plenamente la igualdad de las partes en el contradictorio, conforme a los principios de inmediación y oralidad del proceso que se cumple plenamente en el debate oral y público.

En esta misma línea de fundamentación el doctrinario Carmelo Borrego (2001), ha asentado que:
“El debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nula poena sine indicio, es decir tiene que ver con la legalidad de las formas de aquellas que se declaran esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa”... (La Constitución y el Proceso Penal. Página. 332)

Visto lo anterior, esta Instancia Superior, estima que en esta etapa del proceso (fase de investigación) el derecho a la defensa, piedra angular del sagrado principio del debido proceso, no se le han violentado los derechos y garantías constitucionales al referido imputado, al estar legitimada la decisión impugnada, al ordenarse dicha detención por un órgano jurisdiccional competente, cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal sentido, nuestra Jurisprudencia Constitucional ha establecido en Sentencia Nº 274 del diecinueve (19) de febrero de dos mil dos (2002) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. José M. Delgado Ocando, que:
“...aquellas medidas acordadas tanto por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal como sus respectivos superiores, tendentes a privar provisionalmente de la libertad a cualquier ciudadano durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto de las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial...”

En este orden de ideas, y como lo afirma la doctrina Española

“…La prisión provisional, es una medida cautelar de carácter personal, en virtud de la cual se priva a una determinada persona de su libertad individual a fin de asegurar su presencia en el acto del juicio oral, impidiendo su huida y garantizando el cumplimiento de la posible condena que le pueda hacer impuesta.
Cumple también otras finalidades 1) prevenir la comisión de nuevos delitos por parte del imputado. 2) asegurar la presencia del presunto culpable para la práctica de diligencias de prueba, a la vez que se le impide destruir o hacer efectos, armas o instrumentos del delito.
La prisión provisional se reserva para los delitos de mayor gravedad, rigiéndose su aplicación por el principio de la excepcionalidad…” (Publicaciones del Consejo General del Poder Judicial. 2004).

En sentido similar, el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia del 17 de febrero de 2000 (STC 47/2000), estableció que la prisión provisional se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.

Así, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ha establecido al respecto lo siguiente:
“La penalización pronta y adecuada de los delitos más graves no sería posible en muchos casos, si las autoridades encargadas de la persecución penal les estuviere prohibido, sin excepción, detener y mantener en prisión a los presuntos autores hasta que se dicte la sentencia. Otra cosas es que la plena restricción de la libertad personal, mediante la confinación a un establecimiento carcelario, sea una sanción, que el Estado de Derecho, en principio, permite imponer sólo a quien ha sido juzgado por una actuación sancionada penalmente. Este tipo de medidas, en contra de una persona acusada de haber cometido un delito, son admisibles sólo en casos excepcionalmente limitados. De esto se origina que respecto de la presunción fundamental de inocencia, se excluyan las acusaciones graves en contra del inculpado, permitiendo la imposición anticipada de medidas que por sus efectos se equiparan a la pena privativa de libertad…” (Cfr CINCUENTA AÑOS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMAN. Compilación de sentencias por Jürgen Schwabe. Konrad Adenauer Stiftung.)

En este sentido, resulta oficioso para esta Corte de Apelaciones, considerar que le asiste la razón al juez de la recurrida al decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los ciudadanos JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, pues se verifica de las actas del expediente que estamos en presencia de un delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, donde el juez además de declarar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por encontrarse llenos los extremos de lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, tomó en consideración además, que no se trata de un delito común, sino que por el contrario se está en presencia de un delito considerado DE LESA HUMANIDAD, y donde además tuvo presente el marco constitucional que vista la gravedad de los mismos los considera imprescriptibles, así como también el contenido de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, donde figura el Estatuto de Roma de la Corte Internacional en el cual se establece de manera textual en su artículo 7 lo siguiente: “ A los efectos del presente Estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque… otros aspectos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física…” (Subrayado y Negrillas de esta Corte de Apelaciones)

En este mismo hilo conductor, ha sido contundente y reiterada la jurisprudencia emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien en sus diferentes sentencias ha dictaminado:

1.- Sentencia signada con el N° 3421, de fecha nueve (09) de Noviembre de dos mil cinco (2005), emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: JESÚS EDUARDO CABRERA, en relación a los delitos de Lesa Humanidad indicó:

“Los delitos de Lesa Humanidad se equiparan a los llamados Crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes CONTRA LA PATRIA O EL ESTADO Y QUE AL REFERIRSE A LA HUMANIDAD SE REPUTAN QUE PERJUDICAN EL GENERO HUMANO Y QUEDAN EXCLUIDOS DE BENEFICIOS Y MEDIDAS MENOS GRAVOSAS” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

2.- Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su mas reciente y novísima sentencia signada con el N°: 349, de fecha veintisiete (27) de Marzo de dos mil nueve (2009), con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, dictaminó:

“…En tal sentido, no puede la Sala –como ningún otro órgano del poder judicial- dejar a un lado la realidad que perturba no solo a nuestra sociedad sino al mundo entero, en razón del incremento del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, ello a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para combatir este tipo de delitos, que afecta no solo a la estructura misma del Estado sino también a los cimientos de la sociedad. Por ello, resulta propicio resaltar el ineludible compromiso que poseen los órganos de administración de justicia en la lucha permanente contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Se trata, entre otras cosas de la interpretación progresiva de la normativa legal que regula la materia, amoldando la misma a la realidad que vive nuestra sociedad a fin de coadyuvar con los órganos de seguridad del Estado a combatir férreamente esta actividad delictual, sin que ello implique salirse del marco legal previamente establecido y, siempre resguardando los derechos y garantías de las personas dentro del proceso penal a que haya lugar.

Debe insistir la Sala que los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentran un escalón por encima del resto de los delitos, por la gravedad que los mismos conlleva –se trata como antes se expresó de delitos de lesa humanidad-, es por ello que el trato que se les debe dar a los mismos no puede ser el de un delito común, sino por el contrario los jueces se encuentran en la obligación de tomar todas medidas legales que tengan a su mano y que estimen pertinentes, para llegar a la verdad de los hechos y convertirse en un factor determinante en la lucha del mismo. No se trata de violentar el principio de la presunción de inocencia ni ningún otro derecho o garantía legal o constitucionalmente establecido, pues la aplicación de cualquier medida o decisión judicial debe hacerse de forma razonada y motivada respetando los derechos y garantías de los particulares…” (Negrita y Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

3.- Por último, en fecha diez (10) de Diciembre de dos mil nueve (2009), la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia signada bajo el N° 1728 con ponencia de la Magistrada: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, respecto de los delitos de droga sentenció:

“…la mencionada Corte de Apelaciones, tomando en cuenta que el delito investigado es considerado de lesa humanidad - el ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas-, consideró que al ciudadano Johan Manuel Ruiz Machado no debía otorgársele ninguna de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, sino mantenerlo privado de libertad durante el proceso penal, para lo cual se apoyó en jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala Constitucional; decisión judicial correcta por cuanto los delitos contemplados en el artículo 31 de la referida Ley Orgánica, los cuales se refieren al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en todas modalidades, son catalogados por esta Sala como de lesa humanidad, desde su sentencia número 1.712/2001, caso: Rita Alcira Coy y otros, cuyo criterio ha sido ratificado en sentencias números 1.485/2002, caso: Leoner Ángel Ferrer Calles; 1.654/2005, caso: Idania Araujo Calderón y otro; 2.507/2005, caso: Kim Parchem; 3.421/2005, caso: Ninfa Esther Díaz Bermúdez y 147/2006, caso: Zaneta Levcenkaite, entre otras), señalándose al respecto lo siguiente:

‘[…] Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

…omissis…

Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron: Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad (...)
…omissis…

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

…omissis…

Así también, y con posterioridad a la sentencia N° 635 del 21 de abril de 2008, que suspendió cautelarmente la aplicación del último aparte de los artículos 31 y 32 de Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; esta Sala en sentencias números 1874 del 28 de noviembre de 2008, caso: Marcos César Alvarado Bethancourt; 128 del 19 de febrero de 2009, caso Joel Ramón Vaquero; 596 del 15 de mayo de 2009, caso: Pablo Leonardo Díaz y Wilmer Alfonso Urbina; 1.095 del 31 de julio de 2009, caso: Santiago Adolfo Villegas Delgado y 1.278 del 7 de octubre de 2009, caso: Orlando Cárdenas Angulo; ha ratificado su criterio pacífico y reiterado según el cual los delitos considerados de lesa humanidad, entre ellos los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entrañan conductas que perjudican al género humano, y de allí que esos delitos llamados de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad requieran de una perspectiva de tutela en clave colectiva de protección de los grupos expuestos, que en el caso de los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, atañen en especial a asegurar la integridad del derecho a la salud que está contemplado en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como derecho social fundamental que a la letra dice:

(‘…’)

La Sala debe por tanto insistir en que los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en todas sus modalidades, se ubican en un peldaño superpuesto al resto de los demás delitos en razón a la gravedad que los mismos conllevan. La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), a tono con el artículo 83 constitucional, ha dictaminado que es pernicioso para la salud el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, al establecer farmacológicamente que ‘el concepto de droga resulta aplicable a cualquier sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier mecanismo (ingestión, inhalación, administración intramuscular o intravenosa, etc.) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico», caracterizadas por: 1.º El deseo abrumador o necesidad de continuar consumiendo (dependencia psíquica); 2.º Necesidad de aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos (tolerancia); 3.º La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia (que hace verdaderamente necesarios su uso prolongado, para evitar el síndrome de abstinencia)’ (Extraído de Cuadernos de Política Criminal - Núm. 73, Enero 2002. http://vlex.com/vid/objeto-delito-contenido-368-codigo-penal-216473 Id. vLex: VLEX-216473).

De lo anterior se infiere que el consumo de estas sustancias puede llegar a producir en la población la dependencia, física o psíquica, con la consecuencia más grave aún de la afectación del sistema nervioso. Asimismo puede ocasionar la alteración o trastornos de conducta en aquellas personas que de una u otra forma, no sólo a través del consumo, están vinculadas con las mismas; de allí que se imponga establecer una política criminal represiva basada en el principio de legalidad, que genere márgenes de seguridad jurídica a la hora de procesar los delitos de lesa humanidad, como los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Vale entonces acotar que la salud pública se convierte así en el interés colectivo que el Estado debe considerar imprescindible proteger a través de la efectiva penalización del tráfico de drogas, en todas sus modalidades.

Así entonces, los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela están obligados, según el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, a tomar las medidas pertinentes para llegar a la verdad de los hechos, mandato éste que tiene mayor relevancia cuando se trata de los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en todas sus modalidades. Se insiste, por tanto que, en modo alguno se trata de desconocer el principio de presunción de inocencia o algún otro derecho o garantía constitucional, de lo que se trata es de la aplicación justa del derecho mediante decisiones judiciales debidamente motivadas con criterios razonables ajustados al caso concreto y que sean el reflejo de la realidad imperante; coadyuvando así a proteger a la colectividad de un daño social máximo a un bien jurídico tan capital como la salud emocional y física de la población, así como posibilitar la preservación del progreso, el orden y la paz pública; lo cual se logra con una interpretación teleológica y progresiva, que desentrañe la ‘ratio iuris’,

…omissis…

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad (Subrayado añadido)

De allí que en el caso de autos, la Sala considera que no le asiste la razón a la parte accionante, toda vez que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda con sede en los Teques, actuó en ejercicio de su potestad de juzgamiento al revocar, conforme a la jurisprudencia vinculante de esta Sala, las medidas cautelares sustitutivas que le fueron decretadas en la primera instancia e imponer al procesado la medida de privación judicial preventiva de libertad para garantizar las resultas del proceso penal seguido por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

4.- Por su parte el Magistrado LUIS VELAZQUEZ ALVARAY, en sentencia N° 2502, de fecha cinco (05) de Mayo de dos mil cinco (2005), de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que

“…a éstos delitos se les da un trato especial, que ameritan previsiones y sanciones diferentes a otros delitos por la gravedad que su naturaleza comporta y por los valores jurídicos afectados, pues particularmente atentan gravemente contra la integridad física o bien contra la salud mental o física de las personas, cuyos efectos se extienden a la familia de éstos, quienes son los que padecen los trastornos psicológicos, emocionales y económicos de sus víctimas…”

Por tanto, debe esta Corte de Apelaciones, considerar que dichos delitos causan un gravísimo daño a la salud física y moral al individuo, aparte de poner en peligro y afectar la seguridad social, bien sea por las violentas conductas que causan la ingestión, consumo o tráfico de estas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y hasta la seguridad del estado mismo, en consecuencia este Tribunal Colegiado se acoge al criterio reiterado en cuanto al tratamiento especial que debe dársele a los procesos penales por delitos de droga, el cual fue ratificado en reciente jurisprudencia de carácter vinculante de fecha diez (10) de Diciembre de dos mil nueve (2009), en sentencia N° 1728, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Así las cosas y, con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte de Apelaciones observa que, en la decisión recurrida, se han determinado los requisitos esenciales para la decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de libertad a los imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, según lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el sentenciador ha establecido la existencia de un hecho punible precalificado como delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

En razón de lo antes expuesto, ésta Sala considera que fue procedente y ajustado a derecho la decisión del Tribunal A-quo que acordó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados, sin perjuicio que el mismo, o su defensor puedan solicitar una medida menos gravosa todas las veces que lo consideren pertinente de acuerdo a lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que debe declararse Sin Lugar las presentes denuncias. Y así se Establece.-

En consecuencia, al encontrarse legitimada la decisión recurrida conforme a lo establecido en la ley procesal penal y, en aplicación al precedente Jurisprudencial antes transcrito, pretendiéndose que se realice un juicio sin dilaciones indebidas con plena garantías de un debido proceso, estima esta Corte de Apelaciones, que lo procedente y ajustado a derecho, es DECLARAR SIN LUGAR EL Recurso de Apelación interpuesto por la defensor privado y CONFIRMAR la decisión dictada el diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en ocasión de la realización de la Audiencia de Presentación de los Imputados JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, mediante el cual, en base a lo preceptuado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados antes mencionado, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y así establece.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le Confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho: RAFAEL RAMÓN DE LIMA TRUJILLO. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada el diecinueve (19) de junio de dos mil diez (2010), emanada del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, extensión Valles del Tuy, en ocasión de la realización de la Audiencia de Presentación de los imputado JEAN PIERO ORTIZ, MARIO JEAN PIERO ORTIZ, KEYBER YOANDRY VÁSQUEZ RAMÍREZ Y RICARDO ENRIQUE RUÍZ HERNÁNDEZ, mediante el cual, en base a lo preceptuado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250, numerales 2 y 3 y parágrafo primero del artículo 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados antes mencionado, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el Segundo Aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y ASÍ SE DECIDE.-

Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y remítase a su tribunal de origen.


EL MAGISTRADO PRESIDENTE


DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA
(Ponente)

LA MAGISTRADA


DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO

EL MAGISTRADO


DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ


LA SECRETARIA


ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA


ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE
CAUSA Nº 1A- a 8055-10
JLIV/ MOB/LAGR/GHA/dei.-