REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

Los Teques, 20 DE DICIEMBRE DE 2010 200º y 151º Causa N° 1A- a8328-10 Accionantes: ABGS. NESTOR PÉREZ y CARLOS ZUMBO, a favor del ciudadano MARIO LEONIDAS FLORES LÓPEZ, Administrador y Representante Legal de la empresa INVERSIONES YAGAN C.A. Presunto Agraviante: Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento Juez Ponente: Dra. MARINA OJEDA BRICEÑO Compete a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques, conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los profesionales del derecho Abgs. NESTOR PÉREZ y CARLOS ZUMBO, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano MARIO LEONIDAS FLORES LÓPEZ, Administrador y Representante Legal de la empresa INVERSIONES YAGAN C.A. Se dio cuenta a esta Corte en fecha 16 de Diciembre de 2010 de la Solicitud de Amparo interpuesta, dándosele entrada con el N° 1A- a8328-10 y designando Ponente a quien con tal carácter suscribe el presente fallo Doctora: MARINA OJEDA BRICEÑO. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO Los Accionantes, ABGS. NESTOR PÉREZ y CARLOS ZUMBO, fundamentan la presente Acción de Amparo Constitucional, en los términos siguientes: “…LA OMISIÓN LESIVA. Denunciamos como violatoria de los derechos y garantías constitucionales de nuestro poderdante, que se identificaran más adelante, la OMISIÓN del Juzgado Segundo en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en decidir, dentro del lapso a que se contrae el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a los tres (03) días, para pronunciarse como lo estatuye el artículo 6 eiusdem, donde los jueces y juezas no podrán abstenerse de decidir so pretexto silencio, si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia. (Figura establecida en el artículo 206 del Código Penal Vigente). (…) LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES CUYA VIOLACIÓN SE DENUNCIAN: DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA El prolongado tiempo transcurrido entre el día 1 de Octubre de 2010 (fecha en que se introdujo el escrito y fue designado por vía de insaculación, al juzgado agraviante) y el día de hoy, 15 de Diciembre de 2010, se evidencia, con meridiana claridad, la OMISIÓN en que ha incurrido dicho Juzgado, pues su obligación legal y constitucional era decidir por auto interlocutorio la negativa o no de la petición de una medida cautelar innominada, en razón de existir una perturbación en los lotes de terreno arriba indicados, a más tardar, dentro de los tres días posteriores al recibir efectivamente el escrito o solicitud; y, hasta el día de hoy, han transcurrido ¡DOS (02) MESES, y CATORCE (14) DÍAS!, esto es, SETENTA Y CUATRO (74) DÍAS. (…) Esta omisión del Juzgado agraviante de abstenerse en decidir (de manera positiva o negativa, en sentido amplio) constituye una flagrante y crasa violación de los principios relativos al debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva porque: 1°. Debido proceso. Ha sido infringido e inobservado ostensiblemente por el Juzgado Segundo en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, el plazo previsto en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal… (…) 2°. Tutela judicial efectiva…. (…) Pues bien, dado el excesivo tiempo transcurrido entre la fecha del pronunciamiento y la presente fecha, es innegable la violación de dicho artículo 26 constitucional, lo mismo que la del numeral 3., artículo 14 de dicho Pacto, toda vez que a nuestros defendidos se les ha conculcado groseramente el derecho a obtener una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses por parte de los órganos de administración de justicia, al igual que los derechos que tienen a ‘obtener con prontitud la decisión correspondiente’, a una ‘justicia expedita, sin dilaciones indebidas’. 3°. El derecho a petición… 4° DENEGACIÓN DE JUSTICIA… En síntesis, es irrefutable la violación de los derechos y garantías constitucionales de nuestros defendidos referidos al debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva. ASÍ PEDIMOS SEA DECLARADO. (…) PETITORIOS PRIMERO: Declare la OMISIÓN del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Circuito Judicial Penal (sic) del Estado Miranda, por no haber decidido, dentro del lapso legalmente establecido, en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Ordene a dicho Juzgado que de manera perentoria e inmediata, DECIDA o no la MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA solicitada… ESTA CORTE DE APELACIONES PREVIAMENTE A SU PRONUNCIAMIENTO OBSERVA Los derechos y garantías fundamentales y aquellos inherentes a todo ser humano, se encuentran tutelados efectivamente en nuestra Carta Magna, y en caso de que los mismos fueran conculcados, vulnerados o menoscabados, se contempló una acción con características excepcionales para la restitución expedita y eficaz de ellos, la cuál es la Acción de Amparo Constitucional, siendo un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen derechos fundamentales que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce, operando solo cuando se dan las condiciones establecidas como necesarias de la institución, de conformidad con la ley que rige la materia. Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo consagra en el artículo 27, en los términos siguientes: ARTICULO 27. “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella…” De igual forma se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales de la forma siguiente: ARTÍCULO 1. “Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...” Así mismo contempla el artículo 4 ejusdem: Artículo 5.- “La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional…” Por su parte, el artículo 18 de la citada Ley, establece: ARTÍCULO 18. “En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; … 6) Y, cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional…” En el caso que nos ocupa, observamos que el accionante, fundamenta su Acción de Amparo en la presunta violación de derechos constitucionales, específicamente los establecidos en los artículos 26, 27 y 49 en de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en virtud de que hasta la fecha en que interpone la presente Acción de Amparo Constitucional, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, no se ha pronunciado en cuanto a la Solicitud de Medida Cautelar Innominada interpuesta en fecha 01/10/2010, por presuntamente existir una perturbación en los lotes de terrenos señalados por parte de la ciudadana ROSALBA JIMENEZ, por la presunta comisión del delito de Invasión de Bienes Inmuebles, tipificado en el artículo 471-A del Código Penal Vigente. Ahora bien, en el escrito de la Interposición de la presente acción de Amparo Constitucional, suscrito por los profesionales del derecho Abgs. NESTOR PÉREZ y CARLOS ZUMBO, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano MARIO LEONIDAS FLORES LÓPEZ, Administrado y Representante Legal de la empresa INVERSIONES YAGAN C.A., se señala textualmente lo siguiente: “…TERCERO: En su oportunidad serán introducidas las pruebas documentales, que avalan dicha acción de amparo, en razón de que estamos a la espera de que acuerden las copias certificadas del expediente in comento, para su posterior promoción…” En tal sentido, es menester referir el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la Acción de Amparo Constitucional: Sentencia Nº 1995 de fecha 25 de Octubre de 2007, con Ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ: “…El demandante sólo consignó el escrito mediante el cual formalizó su demanda de amparo…omissis…En armonía con el razonamiento que precede, concluye la Sala que la falta de consignación de los antes señalados recaudos procesales, por parte del demandante de amparo, debe producir el mismo efecto jurídico de inadmisibilidad con el que esta Sala ha sancionado la omisión o falta de consignación de copias, aún simples, del acto u acto (sic) decisorios objeto de impugnación; tal como lo expresó, por ejemplo, en su fallo N° 801, de 07 de abril de 2006… Como se observa, el último criterio de esta Sala Constitucional, para el supuesto de que el querellante no acompañe, ni aun copia simple, del acto u actos cuya impugnación pretenda, en la oportunidad en que proponga su demanda, consiste en la declaración de inadmisión de la pretensión de tutela constitucional, a menos que alegue y pruebe la imposibilidad para la obtención de las mismas, máxime cuando dichas copias constituyen la prueba fundamental del supuesto agravio y, en conformidad con la sentencia nº 7/00, 1º de febrero (Caso: José Amado mejías), no puede producirse en una oportunidad distinta, pues, es en esa única oportunidad preclusiva, cuando deben promoverse y presentarse todas las pruebas en que se fundamente la pretensión. En atención a todo lo anterior, y por cuanto el demandante de amparo no acompañó, al menos copia simple, del acto procesal cuya impugnación pretende, es por lo que esta Sala Constitucional declara la inadmisión de la pretensión de tutela constitucional, y así se decide” (Subrayado nuestro). Asimismo y en cuanto a la legitimidad de los Apoderados Judiciales, nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional, Sentencia N° 926 de fecha 11 de Junio de dos mil ocho, ha señalado lo siguiente: “…Esta Sala ha señalado, en casos similares, que en materia penal a los fines de verificar la legitimidad del defensor privado para solicitar la tutela constitucional a favor de su defendido, sólo debe comprobarse la consignación del nombramiento que le haya hecho el imputado así como la constancia de haber prestado el debido juramento de ley ante el órgano jurisdiccional… Al efecto, en el referido fallo se indicó que la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la república…” (Ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRON) En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 912, de fecha 16/03/2007 y con Ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, sostuvo: “…precisado lo anterior, considera oportuno esta Sala reiterar la jurisprudencia dictada en esta materia, la cual ha quedado expresada en sentencia Nº 1364 del veintisiete (27) de junio de dos mil cinco (2005) (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias Nº 2603 del doce 12 de agosto de dos mil cinco (2005) (caso: Gina Cuencas Batet), Nº 152 del dos (2) de febrero de dos mil seis (2006) (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y Nº 1316 del tres (3) de junio de dos mil seis (2006) (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.), en las cuales se señaló que: Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de este tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso el ius postulandi o derecho de hacer pretensiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente. Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el Juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…” Observa este Órgano Jurisdiccional de Alzada, que en fecha 16 de Diciembre de 2010, los profesionales del derecho Abgs. NESTOR PÉREZ y CARLOS ZUMBO, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano MARIO LEONIDAS FLORES LÓPEZ, Administrado y Representante Legal de la empresa INVERSIONES YAGAN C.A, presentan escrito de Acción de Amparo Constitucional, sin el debido documento que demuestre su representación como Apoderados Judiciales, siendo que la ausencia de tan indispensable requisito procesal en materia de Amparo Constitucional, trae como consecuencia inmediata la declaratoria de Inadmisibilidad de la referida acción, y visto igualmente que los accionantes no acompañaron ni aún copias simples del acto considerado lesivo de Derecho Constitucional; lo cual hace procedente y ajustado a derecho que en el presente caso sea declarada la Inadmisión de la presente acción Por lo tanto, siendo que en la presente causa los profesional del derecho Abgs. NESTOR PÉREZ y CARLOS ZUMBO, no consignaron el documentos que los acredita como Apoderados Judiciales ni los recaudos procesales necesarios para intentar la Acción de Amparo Constitucional, y siendo esta una de las causales de Inadmisibilidad de conformidad con lo reiterado en Jurisprudencia por nuestro máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional y conforme a lo establecido en el artículo 18, numerales 1 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; es por lo que esta Corte de Apelaciones debe declarar INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional. Y ASÍ SE DECIDE.- DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le Confiere la Ley, declara INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los profesionales del derecho Abgs. NESTOR PÉREZ y CARLOS ZUMBO, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano MARIO LEONIDAS FLORES LÓPEZ, Administrado y Representante Legal de la empresa INVERSIONES YAGAN C.A., inadmisibilidad que se declara de conformidad con lo establecido en Jurisprudencia reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, y en concordancia con lo preceptuado en el artículo 18, numerales 1 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Regístrese, diarícese y déjese copia de la presente decisión. MAGISTRADO PRESIDENTE DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA LA MAGISTRADA DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO EL MAGISTRADO DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ LA SECRETARIA ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado LA SECRETARIA ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE JLIV/MOB/LAGR/GHA/lras.- CAUSA N° 1A- a8328-10 Acción de Amparo Constitucional