TSJ Regiones - Decisión

JUEZ: ABG. FRANCISCO JAVIER LARA
PENADA: GLEIDY YERALDY TORREALBA RIVERO.
DELITO: TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION Y OCULTACION DE ARMA DE FUEGO.
SECRETARIO: ABG. MANUEL GARATE.

Recibido como ha sido el oficio Nº DNSP-INOF-CCAI/15-058-2010, de fecha 22/07/2010, en el cual se remite el resultado de la Evaluación Psicosocial realizada a la penada ciudadana GLEIDY YERALDY TORREALBA RIVERO, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 17.313.049, respectivamente, pasa de seguidas este Tribunal Primero en funciones de Ejecución conforme con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, a proveer lo conducente en cuanto a la procedencia o no de la Medida solicitada, en los términos que en capítulos siguiente se explanan:
PRIMERO: En fecha 30 de Julio de 2010, se aboco al conocimiento de la causa el Abogado FRANCISCO JAVIER LARA, en virtud del oficio 721 de fecha 12/05/2010, emanado de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda con sede en los Teques, e igualmente Cursa en las presentes actuaciones Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 02 de Junio de 2009; mediante la cual condenó a la penada: GLEIDY YERALDY TORREALBA RIVERO, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 17.313.049, a cumplir la pena de: TRES (03) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRISIÓN, por ser autor responsable del delito de: TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION, previstos y sancionados en el artículo 31 de la Ley Orgánico contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previstos y sancionados en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio de la Colectividad; así como también fue condenado a cumplir las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal.
Igualmente se observa en las presentes actuaciones, decisión dictada por este Tribunal de Ejecución, de fecha 15-07-09, mediante la cual se Ejecuta y computa la pena a la ciudadana: GLEIDY YERALDY TORREALBA RIVERO, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 17.313.049.
Por último, cursa en este expediente resultado del Informe Psicosocial de fecha 22 de Julio del 2010, del cual entre otros aspectos resaltan los siguientes: Sobre la base O Diagnostico Criminológico: “La penada Torrealba Rivero Gleidys Yeraldin ingresa al Instituto Nacional de Orientación Femenina en fecha 14-04-2009, con un delito no violento y primariedad Penal. En la entrevista hace referencia que proviene de una familia estructurada hasta los diez (10) años de edad, a partir de allí la penada se hace responsable de sus siete hermanos. En cuanto a su grupo de referencia se encontraba redeada de grupos pares negativos a nivel familiar, partiendo de hermanos en situaciones ilícitas con sustancias estupefacientes y psicotrópicas al igual que fallecen dos de sus hermanos por ajuste de cuentas en su lugar de residencia… CONCLUSION: Sobre la base de la Evaluación Psicosocial realizada, el equipo Técnico emite opinión FAVORABLE.
SEGUNDO: Por otra parte, el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, señala lo siguiente: “Para que el Tribunal de Ejecución acuerde la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, debe cumplir con los siguientes requisitos:
1° Pronóstico de clasificación de mínima seguridad del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico, constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 500.
2° Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años
3º Que el penado o penada, se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el Tribunal o el delegado o delegada de pruebas
4 º Que el penado o penada, presente oferta de trabajo, cuya validez en términos de certeza de la oferta y adecuación a las capacidades laborales del penado o penada, sea verificar por el delegado o delegada de prueba.
5º Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad
TERCERO: De igual manera, el artículo 7 en relación con el artículo 61 de la Ley de Régimen Penitenciario, pautan que: “…los sistemas y tratamientos serán concebidos para su desarrollo gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la voluntad de vivir conforme a la Ley…”; y también: “…El principio de progresividad de los sistemas…implica la adecuación de los mismos a los resultados en cada caso obtenidos y siendo favorables, se adoptarán medidas y fórmulas de cumplimiento de las penas, más próximas a la libertad plena que el penado ha de alcanzar…”
En consecuencia, subsumiendo los hechos de marras en el derecho transcrito, encuentra este Juzgador que es improcedente a todas luces el otorgamiento de la Medida de Suspensión Condicional de la ejecución Pena, pues si bien es cierto que se cumplió con el lapso de la Suspensión Condicional de la ejecución Pena, y que el informe psicosocial que le fue practicado a la penada arrojo resultado favorable para el otorgamiento de la medida alternativa, no es menos cierto que en el presente caso es improcedente el otorgamiento de la mencionada medida alternativa, por cuanto el mencionada penada fue detenida de forma in fraganti, incurriendo en el delito de tráfico de drogas en la modalidad de Distribución por el cual fue condenada, lo que evidencia un eminente peligro de fuga e incumplimiento de la condena que le fue impuesta, toda vez que en caso de que sea puesto en libertad, mediante una medida alternativa, no existe garantía de que no se evadirá del territorio de nuestro País dejando inconcluso el cumplimiento de la pena que le fue impuesta. Así mismo considera este juzgador, que en los casos, como el que nos ocupa, donde el ciudadano fue encontrada culpable de un delito tan grave como lo es el tráfico de drogas, y fue condenada, no se puede declarar la procedencia de ninguna medida de Prelibertad, que comporte el riesgo de que tanto la pena principal como lo accesoria queden ilusorias, por cuanto de esa forma se produciría una violación flagrante a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, por cuanto la misma comprende no solo el derecho de todos los ciudadanos de acceder a los órganos de administración de justicia y obtener de ellos una decisión motivada, sino que también comprende el derecho de solicitar y obtener el cumplimiento de lo decidido, de lo contrario las decisiones jurisdiccionales, no tendrían efectividad, porque de nada valdría la garantía constitucional de poder acceder a la justicia, de obtener un fallo motivado, si luego el mismo estado, no vela por el cumplimiento de la orden contenida en el fallo emitido. En este sentido se ha expresado la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en distintas decisiones entre las que destacan las dictadas en el expediente Nº 00-1683, de fecha 10-05-2000, expediente Nº 02-0313 de fecha 13-08-2002 , expediente Nª 08-0924, de fecha 27-03-09 y expediente Nª 09-0923 de fecha 10-12-2009.

En este orden de ideas, considera quien aquí decide que en el presente caso, si a la penada, se le otorgare cualquiera de las medidas alternativas al cumplimiento de pena, el mismo estado venezolano, en este caso representado por este Juzgador de ejecución Penal, estaría violando la Tutela Judicial Efectiva y facilitando el quebrantamiento de la condena impuesta, por cuanto la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, previa la celebración de la audiencia preliminar, donde la víctima era la colectividad, quedaría sin ejecutarse, en virtud del eminente y lógico peligro de fuga existente.

Igualmente, debe tenerse en cuenta para declarar la improcedencia de las medidas alternativas al cumplimiento de pena en casos como en el que nos ocupa, donde los delitos de tráfico y venta ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, son delitos de Lesa Humanidad, porque son pluriofensivos, debido a que atentan gravemente contra la integridad física, mental y económica de las personas, cuya impunidad debe evitarse conforme a los principios y declaraciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 1961 sobre estupefacientes, Convenio de 1971 Sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
En tal sentido, encuentra este Juzgador que es improcedente a todas luces el otorgamiento de la Medida de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, pues si bien es cierto que se ha satisfecho con el lapso para la Suspensión Condicional, y el informe Psicosocial dio como resultado Favorable es menos cierto que el delito por el cual se encuentra el penado es un delito de Lesa Humanidad, por el cual no procede beneficio alguno, por lo que en consecuencia se niega de oficio por este Tribunal de Ejecución, la concesión de la medida de Prelibertad referida. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA
En base a los razonamientos de hecho y de derecho esbozados anteriormente, es por lo que este Tribunal Primero de Ejecución de este Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA la improcedencia de otorgar el beneficio referido a la Medida de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena al penado: GLEIDY YERALDY TORREALBA RIVERO, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 17.313.049, por existir peligro inminente de fuga y de quebrantamiento de condena.-
Notifíquese a las partes de la presente decisión, conforme a lo establecido en los artículos 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que al penado, para lo cual se acuerda su traslado del Instituto Nacional de Orientación Femenina, a la sede de este Tribunal, asimismo remítase copia certificada a dicho Centro de Reclusión Penal, a los fines de que sea agregado al expediente penitenciario.
Notifíquese al Departamento de Vigilancia y de Ejecución de Sanciones Penales del Ministerio de Interior y Justicia.
Particípese a la Coordinación de Tratamiento No Institucional de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del recluso del Instituto Nacional de Orientación Femenina con sede en los Teques, Estado Miranda. Cúmplase.

ABG. FRANCISCO JAVIER LARA
EL JUEZ PRIMERO DE EJECUCIÓN

EL SECRETARIO
Abg. MANUEL GARATE
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado.
EL SECRETARIO
Abg. MANUEL GARATE
ACT: 1E-205-09