TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA

SOLICITANTES: YANEIDA TERESA SALAZAR HERNANDEZ y ROBERT ALEXIS PINO VIANA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Números V.- 9.481.340 y V.- 8.736.178, respectivamente.-

ABOGADA ASISTENTE: JUANA EMILIA ALOISI RIVERO, Abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 31.293.

EXPEDIENTE Nº 09-8440

MOTIVO: SENTENCIA DE DIVORCIO (Artículo 185-A Código Civil)

-I-
SINTESIS DE LA LITIS

Mediante solicitud recibida por ante este Juzgado en fecha Dos (02) de Noviembre de 2009, por el sistema de distribución de causas, comparecieron los ciudadanos YANEIDA TERESA SALAZAR HERNANDEZ y ROBERT ALEXIS PINO VIANA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad números V.- 9.481.340 y V.- 8.736.178, respectivamente, asistidos por la abogada en ejercicio JUANA EMILIA ALOISI RIVERO, antes identificada, para solicitar se declare el divorcio, conforme a lo establecido en el Artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común desde hace más de cinco años.
Exponen al efecto que contrajeron matrimonio civil, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Valle, Departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha Tres (03) de Febrero de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983), según consta de la Copia Certificada del Acta de Matrimonio anexa, que quedó inserta bajo el N° 22, del año 1983, en el Libro de Registro de Matrimonios llevados por esa Autoridad Civil. Que fijaron su último domicilio conyugal en El Vigía, Calle Principal, Casa sin número, Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda. Que durante la unión conyugal procrearon Tres (03) hijas, de nombres: YADERZI DAYANA, ALYELYS ALEXANDRA y DORALIS CAROLINA PINO SALAZAR, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V- 15.914.845, V- 16.923.230 y V- 20.116.161, respectivamente. Que en virtud de que su unión conyugal se desarrollo durante los primeros años en armonía, pero luego empezó la discordia, hasta el punto de que sus vidas en común se hizo imposible, motivo por el cual en fecha 24 de Febrero de 1990, se separaron de hecho y por cuanto hace más de cinco (05) años de su separación, es por lo que acuden a solicitar el Divorcio de conformidad al Artículo 185 del Código Civil Venezolano Vigente.
Por auto dictado en fecha Diez (10) de Noviembre de 2009, el Tribunal admitió la solicitud y ordenó emplazar mediante boleta a la Fiscal del Ministerio Público, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena.
En fecha Veinticinco (25) de Noviembre de 2009, se libró Boleta de Notificación a la Fiscal Undécima del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Miranda, a los fines de que actúe en el presente procedimiento como parte de buena fe.
En fecha Diez (10) de Diciembre de 2009, compareció la Fiscal Undécimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, quien manifestó a este Juzgador no tener objeción ni observaciones que formular.
-II-
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

El Matrimonio es la base principal de la familia y ésta a su vez es la base de la sociedad. El Estado debe proteger la sociedad y en consecuencia la familia y el matrimonio. El Artículo 77 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela establece: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
La disolución del vínculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco (5) años es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de Familia, la cual fue desarrollada en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982, la razón fundamental que lleva al legislador patrio a incluir dicha reforma es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación de ruptura irreparable e insostenible para la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, particularmente a los hijos, por lo cual se prevé una proceso de jurisdicción graciosa, sin contención ni contradicción y así desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, ya que aun cuando el vinculo matrimonio sigue vigente desde el punto de vista jurídico, en la realidad dicho vinculo no existe y la separación de hecho voluntaria de la pareja, por el transcurso por más de cinco (5) años, es decir la Separación Fáctica como es llamada en la Doctrina, a la cual el Estado como garante de la armonía familiar debe dar respuesta, mediante su legalización de esta situación de hecho, sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado en preservar las instituciones del matrimonio y por ende la familia como medio adecuado para el desarrollo de los niños y adolescentes, como individuos sujetos de derechos y a quienes debemos la protección integral.
Con el divorcio se persigue la disolución del vínculo matrimonial, y en consecuencia afecta la estabilidad de la familia, es por esta razón que todas las normas que regulan dicha materia son de estricto orden público, no pudiendo ser relajadas, ni modificadas mediante convenio entre particulares, así como tampoco ignoradas por los órganos judiciales.
En efecto la noción de orden público de las normas que regulan la materia de familia, y en especial de las normas relativas a la disolución del vinculo matrimonial, se justifica por el hecho que más allá de los intereses particulares de los cónyuges, lo que se persigue es proteger la institución de la familia, como base fundamental de la sociedad.
Así pues establece el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”

La citada norma establece la posibilidad de solicitar el divorcio si existe una ruptura prolongada de la vida en común, la cual quedó establecida en cinco años como mínimo, cualquiera de ellos puede solicitarla o puede ser solicitada conjuntamente, adicionalmente, si la solicitud es presentada por un extranjero, debe acreditar residencia en el País por un período no menor a diez años; luego de cumplidas las formalidades en él establecidas, debe mediar la no oposición del fiscal del Ministerio Público, con lo cual, transcurrido el lapso de tiempo de doce días de despacho, se procederá a declarar la disolución del vínculo conyugal.
A lo antes expuesto se agrega la competencia exclusiva y excluyente conferida a los Juzgados de Municipio, para conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescente, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, según resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009.
Ahora bien, establecido lo anterior corresponde a este Tribunal establecer si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos en la norma bajo estudio, al respecto este Tribunal observa:
PRIMERO: Que de los autos se evidencia que los ciudadanos ROBERT ALEXIS PINO VIANA y YANEIDA TERESA SALAZAR HERNANDEZ, antes identificados, contrajeron matrimonio civil por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Valle, Departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha Tres (03) de Febrero de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983), tal y como se desprende de la copia certificada del acta consignada al efecto.
SEGUNDO: Que los referidos ciudadanos, admitieron que se encuentran separados de hecho y de cuerpos desde el 24 de Febrero del año mil novecientos noventa (1990), configurándose de esta manera la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años)
TERCERO: Que notificada como quedó la Fiscal 11° del Ministerio Público, la misma manifestó no tener objeción ni observaciones que formular en la solicitud.
CUARTO: Que del análisis de las actas procesales se evidencia que se encuentran llenos los extremos señalados en el artículo 185-A del Código Civil para la procedencia de la disolución del vinculo matrimonial que une a los ciudadanos YANEIDA TERESA SALAZAR HERNÁNDEZ y ROBERT ALEXIS PINO VIANA, este Juzgador considera procedente la disolución del vinculo matrimonial, como en efecto se declara.
-III-
DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 185-A del Código Civil DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada por los ciudadanos: YANEIDA TERESA SALAZAR HERNANDEZ y ROBERT ALEXIS PINO VIANA; ambos identificados anteriormente y en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los une en virtud del matrimonio por ellos celebrado el día Tres (03) de Febrero de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983), según consta de la Copia Certificada del Acta de Matrimonio anexa, que quedó inserta bajo el N° 22, en los Libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Valle, Departamento Libertador del Distrito Federal, durante el año 1.983. Asimismo, se ordena colocar la correspondiente nota marginal en el Acta de Matrimonio que cursa por ante el Registro Civil y en la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Valle, Departamento Libertador del Distrito Capital e insertar la presente Sentencia en los entes antes mencionados.
Que durante la unión conyugal procrearon Tres (03) hijas de nombre: YADERZI DAYANA, ALYELYS ALEXANDRA Y DORALIS CAROLINA PINO SALAZAR, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio y titulares d las Cédulas de Identidad Nros. V- 15.914.845, V- 16.923.230 y V- 20.116.161, respectivamente.
Expídanse por Secretaría copias certificadas de esta sentencia y remítase a las autoridades competentes junto con oficios, a los fines de estampar las correspondientes notas marginales.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques, a los Veintidós (22) días del mes de Enero de dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Dra. TERESA HERRERA ALMEIDA
LA SECRETARIA,

LESBIA MONCADA de PICCA.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las 11:00 a.m.

LA SECRETARIA,

THA/LMdP/Lisbeth
Exp. Nº 09-8440