TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 15 DE ENERO DE 2010.
199° y 150°

Revisadas las precedentes actuaciones y visto el escrito presentado en relación al adolescente, IDENTIDAD OMITIDA Y IDENTIDAD OMITIDA por la Defensa Publica atreves de la Dra. AMALIA IBELICE SIFONTES actuando en representación del adolescente, mediante el cual solicita la revisión de la medida cautelar impuesta al miso contenida en el literal G del artículo 582 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo el argumento que la medida debe ser de posible cumplimiento así mismo informa que la familia no posee recursos económicos, y por tanto no ha podido cumplir con las medidas de la causa 1C-2108-09, pasa el Tribunal de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal a decidir y al efecto observa:
Efectivamente la doctrina indica que las medidas cautelares no tienen fines materiales -sustantivos-, es decir, penalizantes ni sancionatorios, y por lo tanto la motivación de su aplicación en cada caso no obedece a que la investigación se base en un delito que merezca pena privativa de libertad, por la cual se podría dictar la medida cautelar privativa de libertad, debiendo revisarse los presupuestos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal por aplicación supletoria de acuerdo al articulo 537 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que sus fines son asegurativos. – instrumentales y cautelares como su nombre lo indica. Como lo afirma CAFFERATA NORES, “la característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en si misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: Los del proceso, y por lo tanto su naturaleza es Instrumental y cautelar, solo se concibe en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan ceñirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva”.
Es por ello que se deben analizar las circunstancias especificas de cada caso, la posibilidad de que los familiares del adolescente se incorporen en apoyo al adolescente que se encuentra en etapa de desarrollo personal, dado el carácter socio educativo del proceso, que permita la asunción de responsabilidad en cuanto a su disposición a enfrentar el proceso en forma orientada, coadyuvando a evitar la evasión y el retardo procesal, analizando su arraigo en el lugar determinado por el domicilio o residencia habitual, la falsedad o falta de información en cuanto al domicilio y su modus vivendi y otros factores que permitan al juez aplicar razonable y proporcionalmente una medida de las menos gravosas.
Ciertamente el artículo 246 eiusdem, dispone:
“Las medidas de coerción personal solo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código mediante resolución judicial fundada. Esta se ejecutara de modo que perjudique lo menos posible a los afectados.”.

No obstante, respecto de IDENTIDAD OMITIDA reobserva que en fecha 18 de diciembre de 2009. se constituyo la fianza requerida por el tribunal ordenándose su ingreso inmediato y sujeción a las otras medidas cautelares impuestas en su oportunidad, sin embargo respecto del planteamiento de la defensa es necesario destacar que el articulo 245 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra una limitación a la medida de privación judicial preventiva de libertad de la mujer en los últimos tres (3) meses de embarazo, y de las madres durante el periodo de lactancia hasta los seis (6) meses posteriores al nacimiento del hijo, y que en estos casos si es imprescindible una medida de carácter personal se decretara detención domiciliaría o reclusión en centro especializado.
Observado pues que la gestación de la adolescente se encuentra en su tercer mes y para la fecha de la solicitud era mas reciente el embarazo apreciado que de acuerdo a las Condiciones de higiene, atención medica, psiquiátrica y psicológica, de orientación y atención que recibia hasta eldia de su egreso en el Servicio Estadal de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, no expone ni expuso la misma a riesgos en cuando a su estado de gravidez, y que por imperativo de la misma norma no se dan los extremos para haber requerido esa sustitución.
Luego en cuanto a la adolescente IDENTIDAD OMITIDA al no haber cambiado las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar para constituirse como tal en favor del adolescente que se encuentra ingresado en el Servicio de Protección Estadal a la niñez y la Adolescencia, en consecuencia este Tribunal NIEGA LA REVISION DE LA MEDIDA CAUTELAR prevista en el literal “g” del artículo 582 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, sede Los Teques Sección Adolescentes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, PRIMERO. NIEGA LA REVISION DE LA MEDIDA CAUTELAR prevista en el literal “g” del artículo 582 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA. Notifíquese de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y déjese copia.
LA JUEZA
Dr. MARCY SOSA RAUSSEO
EL SECRETARIO

ABG. MAGALY RAFET G.
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.
EL SECRETARIO
ABG. MAGALY RAFET G.
Causa 1C-2108-09