REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA. EXPEDIENTE Nº 25.110 PARTE DEMANDANTE: EVELIO ROA MORLET, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-2.072.431. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: LUCIA CUBILLAN GURMEITE, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 12.731. PARTE DEMANDADA: JULIO CESAR MEDINA SLATER y OMAIRA ISABEL LEMUS DE MEDINA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.359.258 y V-3.829.609, respectivamente. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tienen apoderado judicial constituido. MOTIVO: EJECUCIÒN DE HIPOTECA. SENTENCIA: PERENCIÓN. -I- ANTECEDENTES Se inicia el presente juicio mediante escrito presentado en fecha 23 de Mayo de 2.005, ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por la abogada LUCIA CUBILLAN GURMEITE, ya identificada, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana EVELIO ROA MORLET, ya identificado, mediante el cual demandó a los ciudadanos JULIO CESAR MEDINA SLATER y OMAIRA ISABEL LEMUS DE MEDINA, ya identificados, por EJECUCIÒN DE HIPOTECAS. Consignados los recaudos que la parte accionante menciona en su escrito libelar, este Tribunal admitió la demanda mediante auto fechado dieciséis (16) de Junio de 2.005; intimando a los ciudadanos demandados para que apercibidos de ejecución, comparecieran dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la última de las intimaciones que se practique para que pagaran o acreditaran el pago de las cantidades señaladas en el auto de admisión y posteriormente, se libraron las compulsas respectivas en fecha 22 de Junio de 2.005. Por auto de fecha 12 de Julio de 2.005, este Tribunal ordenó librar cartel de intimación, de conformidad con lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil. II Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes. La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado. En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente. Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia valida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 23 de Mayo de 2.005. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación acaeció en fecha 28 de Septiembre de 2.005, por el Tribunal, suspendiendo medida de enajenar y gravar que fuese decretada en fecha 16 de Junio de 2.005. Después de esa fecha la causa se ha mantenido inactiva por más de cuatro (04) años, cumpliéndose así el presupuesto general de la disposición contenida en el Artículo 267 antes mencionado y así se decide. -III- Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem. Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques; 18 de febrero de 2010. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación. LA JUEZA TITULAR, ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA TITULAR, RUTH GUERRA MONTAÑEZ En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia. LA SECRETARIA TITULAR, RUTH GUERRA MONTAÑEZ EMMQ/RGM/CAOT Exp. Nº 25.110