TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 24 de Febrero de 2010
199° y 150

CAUSA No. 2M-158-08

JUEZ: Abg. ELIAS JOSUE SILVERIO ALEJOS, Juez Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

SECRETARIO: Abg. JOSE LUIS CHAPARRO CARRASQUEL, Secretario adscrito al Pool de secretarios del Circuito Judicial Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

FISCAL: ABG. YOSELINA FERNANDEZ LOPEZ,/ DEFENSOR PUBLICO: ELIZABETH CORREDOR/ ACUSADO: RICO DÍAZ LEOPOLDO ANTONIO
Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.-
, cédula de identidad N° V-18.445.507.-

SOLICITUD DE LA DEFENSA

Visto el escrito presentado por la defensa en fecha 18 de Febrero de 2010, debidamente suscrito por la Abogada ELIZABETH CORREDOR, en su carácter de defensora pública del acusado RICO DÍAZ LEOPOLDO ANTONIO, mediante el cual solicita, en síntesis el examen y revisión de la medida privativa preventiva de la libertad, que pesa sobre su asistido y la sustitución por una menos gravosa, la cual le fuere decretada en fecha 24-03-2008 en la Audiencia Oral de Presentación, cimentándose en lo preceptuado en los artículos 264 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este tribunal observa lo siguiente:

Ciertamente establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente:
“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de preventiva de privación de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas (…)”.

Y efectivamente el legislador patrio estableció, la permeabilidad de la revisión de la medida cautelar dictada, cuando el imputado lo considere conveniente invocando la presunción de inocencia, afirmación de la libertad y proporcionalidad en interpretación restrictiva, sin embargo los órganos jurisdiccionales están en la obligación de garantizar las resultas del proceso, tomando en consideración la magnitud del daño causado y la pena que podría llegar a serle impuesta.

Así las cosas, resulta pertinente precisar que si bien es cierto en nuestro proceso penal, rige el principio de presunción de inocencia, el mismo no puede considerarse vulnerado por el decreto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, porque tal decisión solo tiende a garantizar las resultas del proceso y deriva de su naturaleza jurídica, que tenga características tendentes a garantizar que no se desvirtúe –debido al carácter excepcional de la misma- como lo son la provisionalidad, en el sentido de que solo garantizan las resultas del proceso y están sujetas a la suerte del mismo; la temporalidad, en el sentido de que se encuentran sujetas a un plazo máximo, el cual debe ser estimado tomando en consideración el principio de proporcionalidad y la regla Rebus Sic Stantibus, según la cual dicha medida puede ser modificada en el transcurso del proceso, si llegaran a variar las circunstancias que motivaron su decreto.

En este sentido ARTEAGA, ha realizado las siguientes consideraciones:

“El Derecho Penal, pues, se ve obligado a recurrir a las penas restrictivas de libertad para conminar con ellas las violaciones más graves a la ley, pero el Derecho Penal adjetivo, al pretender realizar la voluntad del primero no le queda otro camino, a los fines de asegurar la realización del juicio y la imposición de la eventual sanción, que la restricción anticipada de ese derecho, de manera tan equilibrada que no anticipe la pena sin juzgamiento (nulla poena sine indicio), ni afecte indebidamente el principio de inocencia, por el cual no se puede considerar culpable a ningún ciudadano sin una declaratoria de condena que emane de un tribunal competente...omisis....

...omisis...la realidad se encarga de poner de manifiesto que, como regla general, en libertad no hay posibilidad de procesar in absentia, sencillamente, la acción penal se queda en el vacío y la impunidad se manifiesta en toda su cruda e impactante realidad.

...omisis...constituye –como se ha dicho- una amarga necesidad, en razón de que aparece, en muchos casos, como la única posibilidad para lograr la realización de la justicia o para evitar que ésta se vea burlada o frustrada por la ausencia del imputado o por la obstaculización en la búsqueda de la verdad a través de los actos del proceso..omisis...”.

Igualmente el jurista MONAGAS ha expresado: “...la detención preventiva, solamente encuentra justificación cuando persigue alguno de los fines siguientes: 1) Asegurar la presencia procesal del imputado. 2) Permitir el descubrimiento de la verdad. 3) Garantizar la actuación de la Ley Penal sustantiva. Como se ve, estos fines son de estricto carácter procesal y ubican a la detención preventiva en su exacto lugar de medida cautelar. De esta conclusión deriva que solo para cumplir con fines procésales, se puede decretar la prisión provisional...”.

Por ello es necesario precisar que la medida de privación judicial preventiva de libertad, solo pretende asegurar las resultas del proceso y el establecimiento de la verdad como fin último del proceso penal, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

Tomando como premisa el contenido del artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resulta evidente que es viable la restricción de libertad, en las condiciones establecidas en las Leyes y en la Constitución cuando se llenen extremos legales establecidos en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se aprecia que rielan a los folios (24) al (30) de la primera pieza de la presente causa, Acta de Audiencia Oral de Presentación de Aprehendido, celebrada por ante el Tribunal Quinto en funciones de Control Circunscripcional, en la cual ese Juzgado decretó la medida judicial privativa preventiva de la libertad, en fecha 24 de marzo de 2008, en contra del ciudadano RICO DÍAZ LEOPOLDO ANTONIO, por estimar que pudiera estar comprometida su responsabilidad penal en la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1° del artículo 406 del Código Penal Venezolano vigente, por encontrarse llenos los extremos legales exigidos en los artículos 250, parágrafo primero del 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que el delito acreditado provisionalmente en autos supera el limite superior de diez (10) años que establece el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, para presumir razonablemente el peligro de fuga, además de evidenciarse que el bien jurídico tutelado aquí presuntamente conculcado, ha sido el derecho a la vida, es decir, que este Juzgado debe tomar en consideración la magnitud del daño causado y la pena que pudiera llegar a serle impuesta al acusado de autos.

Así mismo se observa, que riela a los folios (148) al (167) de la primera pieza del expediente, formal libelo acusatorio interpuesto por la Vindicta Pública de fecha 08 de mayo del año 2008, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1° del artículo 406 del Código Penal Venezolano vigente.

Igualmente se evidencia, que consta a los folios (206) al (228), de la primera pieza del expediente, Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha 01 de julio del año 2008, y auto motivado que funda las decisiones proferidas en dicha Audiencia, cursante a los folios (229) al (245) de la misma fecha, donde consta que fue admitida totalmente la acusación presentada por el delito antes descrito, se declaró sin lugar el otorgamiento de una medida de libertad menos gravosa, y se ordenó auto de apertura a juicio oral y público.

Así mismo, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente Expediente, este Tribunal para decidir observa que en sus alegatos la defensa no ha acreditado nuevos hechos que pudieran constituir la sustitución de la medida de aseguramiento que pesa sobre su asistido, por lo cual no han variado las circunstancias que motivaron la privación judicial preventiva de la libertad del acusado; en consecuencia, y en aras de garantizar las resultas del proceso, este Juzgado estima, que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la petición realizada por la defensa y se ACUERDA MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, del acusado RICO DÍAZ LEOPOLDO ANTONIO, plenamente identificado en autos y ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: Declarar SIN LUGAR, la solicitud formulada por la defensa privada del acusado RICO DÍAZ LEOPOLDO ANTONIO, relacionada con la Revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad que pesa sobre su patrocinado, de conformidad con el artículo 264 del texto penal adjetivo, por una medida cautelar menos gravosa y en consecuencia se acuerda MANTENER la DETENCIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, Dictada sobre el mismo, por cuanto no han variado las circunstancias que dieron origen a su decreto y ASI SE DECIDE.- En virtud de la proximidad del traslado solicitado para la Audiencia de Constitución del Tribunal Mixto, se acuerda imponer de la presente decisión al acusado en dicha fecha, a saber el día nueve (09) de Marzo de 2010, a las 11:30 a.m.

Regístrese, Publíquese, Diarícese, déjese copia y notifíquese a las partes.-

El Juez,

ABG. ELIAS JOSUE SILVERIO ALEJOS
El Secretario

ABG. JOSE LUIS CHAPARRO CARRASQUEL

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

El Secretario

ABG. JOSE LUIS CHAPARRO CARRASQUEL

Causa: 2M-158-08
ESA/acgo