TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN LOS TEQUES.

EXPEDIENTE Nº 10-8546

SOLICITANTES: ELIZABETH RODRÍGUEZ DE NAVAS y EDINSON ALVERIS NAVAS DEL VALLE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-14.216.732 y V-16.148.225, respectivamente.

ABOGADO ASISTENTE: MIGUEL ANIBAL ZAMBRANO ARBORNOS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.519.956, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.861.

MOTIVO: Sentencia de Divorcio (Artículo 185-A Código Civil)

-I-

En fecha quince (15) de marzo de dos mil diez (2010), fue presentada para su distribución Solicitud de Divorcio fundamentada en el Artículo 185-A del Código Civil, interpuesta por los ciudadanos ELIZABETH RODRÍGUEZ DE NAVAS y EDINSON ALVERIS NAVAS DEL VALLE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-14.216.732 y V-16.148.225, respectivamente, debidamente asistidos por el abogado MIGUEL ANIBAL ZAMBRANO ARBORNOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.861, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado. En dicha solicitud, los prenombrados ciudadanos solicitan se declare el divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común desde hace más de cinco años.
Exponen los prenombrados ciudadanos que en 22 de mayo de 1.998, contrajeron matrimonio civil por ante la Primera Autoridad civil del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, según consta de Acta de Matrimonio que en copia certificada acompañaron a la solicitud, que quedó inserta bajo el Acta N° 90, Folio 90 y su vuelto, que su último domicilio conyugal lo establecieron en Santa Eulalia, Parroquia Los Teques, sector San Pablito, casa S/N°, Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, y que de dicha unión no procrearon hijos. Alegan que su vida conyugal fue interrumpida el 29 de noviembre de 2003, y desde esa fecha se encuentran separados de hecho, sin que hasta la fecha actual haya ocurrido reconciliación, haciendo cada quien vida privada, manteniendo una relación cordial y amistosa, permaneciendo separados de hecho, es por lo que solicitan de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 185-A del Código Civil vigente, el divorcio por ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (5) años, y durante la vigencia de su relación conyugal, no adquirieron bien alguno que integre la comunidad conyugal.
En fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010), comparecen los ciudadanos ELIZABETH RODRÍGUEZ DE NAVAS y EDINSON ALVERIS NAVAS DEL VALLE, antes identificados, y asistidos de abogado, consignan copia certificada del Acta de Matrimonio, signada bajo el N° 90.
Por auto dictado en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diez (2010) este Tribunal admitió la solicitud y ordenó emplazar mediante Boleta a la Fiscal del Ministerio Público, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe.
En fecha veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010), previa consignación de los fotostatos, se libró Boleta de Notificación a la Fiscal Undécima del Ministerio Público.
En fecha ocho (8) de junio de dos mil diez (2010), comparece el Alguacil de este Juzgado, y consigna la Boleta de Notificación debidamente recibida por el Despacho del Fiscal.
En fecha diez (10) de junio de dos mil diez (2010), comparece la Fiscal Undécima del Ministerio Público, y manifiesta no tener objeción ni observaciones que formular.

Para decidir este Tribunal observa:

-II-

El matrimonio es la base principal de la familia y ésta a su vez es la base de la sociedad. El estado debe proteger la sociedad y en consecuencia la familia y el matrimonio. El artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
La disolución del vínculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco (5) años es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de Familia, la cual fue desarrollada en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982, la razón fundamental que lleva al legislador patrio a incluir dicha reforma es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación de ruptura irreparable e insostenible para la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, particularmente a los hijos, por lo cual se prevé una proceso de jurisdicción graciosa, sin contención ni contradicción y así desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, ya que aun cuando el vinculo del matrimonio sigue vigente desde el punto de vista jurídico, en la realidad dicho vinculo no existe y la separación de hecho voluntaria de la pareja, por el transcurso por más de cinco (5) años, es decir la Separación Fáctica como es llamada en la Doctrina, a la cual el Estado como garante de la armonía familiar debe dar respuesta, mediante su legalización de esta situación de hecho, sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado en preservar las instituciones del matrimonio y por ende la familia como medio adecuado para el desarrollo de los niños y adolescentes, como individuos sujetos de derechos y a quienes debemos la protección integral.
Con el divorcio se persigue la disolución del vínculo matrimonial, y en consecuencia afecta la estabilidad de la familia, es por esta razón que todas las normas que regulan dicha materia son de estricto orden público, no pudiendo ser relajadas, ni modificadas mediante convenio entre particulares, así como tampoco ignoradas por los órganos judiciales.
En efecto la noción de orden público de las normas que regulan la materia de familia, y en especial de las normas relativas a la disolución del vinculo matrimonial, se justifica por el hecho que más allá de los intereses particulares de los cónyuges, lo que se persigue es proteger la institución de la familia, como base fundamental de la sociedad.
Así pues establece el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”

La citada norma establece la posibilidad de solicitar el divorcio si existe una ruptura prolongada de la vida en común, la cual quedó establecida en cinco años como mínimo, cualquiera de ellos puede solicitarla o puede ser solicitada conjuntamente, adicionalmente, si la solicitud es presentada por un extranjero, debe acreditar residencia en el País por un período no menor a diez años; luego de cumplidas las formalidades en él establecidas, debe mediar la no oposición del Fiscal del Ministerio Público, con lo cual, transcurrido el lapso de tiempo de doce días de despacho, se procederá a declarar la disolución del vínculo conyugal.
A lo antes expuesto se agrega la competencia exclusiva y excluyente conferida a los Juzgados de Municipio, para conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, según Resolución N° 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, y publicada en Gaceta Oficial N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009.
Ahora bien, establecido lo anterior corresponde a este Tribunal establecer si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos en la norma bajo estudio, al respecto este Tribunal observa:
PRIMERO: Que de los autos se evidencia que los ciudadanos ELIZABETH RODRÍGUEZ DE NAVAS y EDINSON ALVERIS NAVAS DEL VALLE, antes identificados, contrajeron matrimonio civil por ante la Prefectura del Municipio Autónomo Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 22 de mayo de 1.998, la cual quedó inserta bajo el Acta N° 90, al folio 90 y su vuelto, del año 1.998, tal y como se desprende del acta de matrimonio que en copia certificada fue consignada al efecto.
SEGUNDO: Que los referidos ciudadanos, admitieron que se encuentran separados de hecho y de cuerpos desde el 29 de noviembre de 2003, configurándose de esta manera la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años)
TERCERO: Que notificada como quedó la Fiscal 11° del Ministerio Público, la misma manifestó no tener objeción que formular.
CUARTO: Que del análisis de las actas procesales se evidencia que se encuentran llenos los extremos señalados en el Artículo 185-A del Código Civil para la procedencia de la disolución del vinculo matrimonial que une a los ciudadanos ELIZABETH RODRÍGUEZ DE NAVAS y EDINSON ALVERIS NAVAS DEL VALLE, esta Juzgadora considera procedente la disolución del vinculo matrimonial, como en efecto se declara.

-III-

Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 2009-0006, de fecha 18-03-2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152, de fecha 02 de abril de 2009, y en los Artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 185-A del Código Civil DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada por los ciudadanos: ELIZABETH RODRÍGUEZ DE NAVAS y EDINSON ALVERIS NAVAS DEL VALLE, ambos identificados anteriormente y en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los une en virtud del matrimonio por ellos celebrado el día veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1.998), según consta de copia certificada del Acta de Matrimonio anexa, que quedó inserta bajo el N° 90, folio 90 y su vuelto, en los Libros de Registro de Matrimonios llevados por el Registro Civil de Personas y Electoral del Municipio Autónomo Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda.
Que de la unión matrimonial no procrearon hijos.
Que durante la vigencia de la relación conyugal, no adquirieron bienes.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los siete (7) días del mes de julio de dos mil diez (2010), a los 200° Años de la Independencia y 151º Años de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Abg. TERESA HERRERA ALMEIDA.
La Secretaria.

Abg. LESBIA MONCADA DE PICCA.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las 10:00 a.m.
La Secretaria.

Abg. LESBIA MONCADA DE PICCA.

THA/LMdeP/cae
Expte N° 10-8546