REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA







EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA.


EXPEDIENTE Nº 22.871
PARTE ACTORA: GUILLERMO FUENMAYOR VILLASMIL, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-39.834.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: SANTOS SIMON ROBLES PÈREZ, venezolano, mayor de edad e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 6236.
PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÒN CIVIL CUMBRE ALTA, inscrita ante la Oficina de Registro del Municipio Guaicaipuro del estado Miranda, en fecha 14 de Enero de 1.994, bajo el Nro 30, Protocolo Primero, Tomo 4, Primer Trimestre.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANADA: No tienen apoderado judicial constituido.
MOTIVO: INTERDICTO DE DAÑO TEMIDO.
SENTENCIA: PERENCIÓN.

-I-
ANTECEDENTES

Se inicia el presente juicio mediante escrito presentado en fecha 11 de Julio de 2.002, ante este juzgado, por el ciudadano GUILLERMO FUENMAYOR VILLASMIL, ya identificado, debidamente asistido por el abogado SANTOS SIMON ROBLES PÈREZ, ya identificad, mediante el cual demandó a la ASOCIACIÒN CIVIL CUMBRE ALTA, por INTERDICTO DE DAÑO TEMIDO.
Consignados los recaudos que la parte accionante menciona en su escrito libelar, este Tribunal, acordó oficiar a la Procuraduría General de la República y a la Sindicatura Municipal de Guaicaipuro del Estado Miranda, a los fines de que intervinieran como en el presente juicio si se consideran afectados directa o indirectamente sus derechos.
Siendo la oportunidad para decidirle Tribunal pasa a hacerlo bajo las siguientes consideraciones:

-II-

Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado.
En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia valida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue decretado el interdicto en fecha 30 de Julio de 2.003. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación acaeció en fecha 30 de Julio de 2.003, en la cual se ordenó la Notificación de la Procuraduría General de la República y la Sindicatura Municipal de Guaicaipuro del Estado Miranda. Después de esa fecha la causa se ha mantenido inactiva por más de seis (06) años, cumpliéndose así el presupuesto general de la disposición contenida en el Artículo 267 antes mencionado y así se decide.
-III-
Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

LA JUEZA TITULAR,


ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,


BEYRAM DÌAZ


En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,


BEYRAM DÌAZ


EMMQ/RGM/CAOT
Exp. Nº 22.871