REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.-
Los Teques
200° y 151°
PARTE ACTORA: ORLANDO RAFAEL RAMOS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.456.479.
APODERADO JUDICIALE
DE LA PARTE ACTORA: JUAN CARLOS REVOLLEDO HUERFANO Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 108.433
PARTE DEMANDADA: KARINA ANTONIETA NAVARES MOLINA, ADRIANA I. MOLINA RODRÍGUEZ, LUÍS A. MOLINA NAVARES, venezolanos, de mayoridad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.689.551, 3.477.043, 6.348.957.-
APODERADOS JUDICIALES No tiene apoderado judicial debidamente constituido
MOTIVO: PARTICIÓN
EXPEDIENTE Nro. 17206
CAPITULO I
SINTESIS DE LA LITIS
En fecha 28 de junio de 2007, se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado por el ciudadano ORLANDO RAFAEL RAMOS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.456.479 contra los
ciudadanos KARINA ANTONIETA NAVARES MOLINA, ADRIANA I. MOLINA RODRÍGUEZ, LUÍS A. MOLINA NAVARES, venezolanos, de mayoridad, titulares de la cédula de identidad N° V-11.689.551, 3.477.043,6.348.957.
Compareció en fecha 02 de julio del 2007 el abogado JUAN CARLOS REVOLLEDO HUERFANO con el fin de consignar el poder que lo acredita como mandatario judicial del demandante.
El 10 de julio comparece el abogado CARLOS REVOLLEDO HUERFANO consigna escrito en su carácter de apoderado de la parte actora exponiendo la sustitución reservándose el ejercicio del mismo, el poder otorgado por el ciudadano ORLANDO RAFAEL RAMOS MORALES, en el abogado OSWALDO JOSÉ CONFORTI DI GIACOMO inscrito en el inpreabogado N° 20.424 poder conferido en fecha 05 de junio del 2007ante la Notaria Pública del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N°26, tomo 91.
En fecha 10 de Julio del 2007, el Tribunal de la causa dicta auto de admisión de la demanda, ordenando emplazar a la parte demandada con el fin de dar contestación a la demanda.
El 10 de julio del 2010 consigna diligencia el abogado de la parte actora mediante la cual solicita la Medida de prohibición de enajenar, gravar y ceder sobre el inmueble objeto en juicio.
En fecha treinta (30) de julio del 2007 se comisiona al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua a fin de practicar la notificación.
En fecha 28 de septiembre del 2007, el Alguacil del Tribunal de Segundo de los Municipios Girardor y Mario Briceño Iragorri, dejó constancia de haber consignado recibos de citación con sus compulsas.
CAPITULO II
MOTIVA
Este Tribunal para decidir observa que:
La perención es una sanción que la Ley impone a los litigantes negligentes que no impulsan debidamente el proceso, en tal sentido se ha señalado de manera
pacífica en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la Ley, esto es, el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001 –Exp N° AA20-C-1951-000001).
En otra sentencia, la misma Sala de Casación Civil expresó:
“…en relación a la perención de la instancia, la Sala, en decisión de 2 de agosto de 2001, sentencia N° 217, expediente N° 00-535, juicio Luis Antonio Rojas Mora y otros contra Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones, estableció el siguiente criterio:
Considera la Sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso procesal dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada porque el juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del juzgador.
En criterio de la Sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado acto de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la presunción del juicio, porque si es menester que el juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la
renuncia del sentenciador en dictar la providencia que requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio es imputable al Juez…” (Sala de Casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, 23 de
julio de 2003-Exp N° AA20-C-2001-000914).
De modo pues, no existe ningún género de dudas, que la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiéndose por éstas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
Ahora bien, de la revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que desde el 01 de agosto del 2008 hasta la presente fecha quince (15) de junio de dos mil diez, han transcurrido un año y seis meses que la parte haya realizado ningún acto de procedimiento tendientes a la continuación del proceso, lo que constituye, para quien aquí decide, inactividad procesal por falta de impulso procesal de las partes, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar perimida la instancia conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”, por aplicación analógica del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil y acogiendo este Despacho el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia antes transcrito; así lo hará quien aquí juzga en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.
CAPITULO III
DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa de PARTICIÓN propuesta por el ciudadano ORLANDO RAFAEL RAMOS MORALES, contra los ciudadanos KARINA ANTONIETA NAVARES MOLINA, ADRIANA I. MOLINA RODRÍGUEZ, LUÍS A. MOLINA NAVARES; ambas partes identificadas anteriormente.
No hay especial condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 251 eiusdem, notifíquense a las partes.
Publíquese, Regístrese y Notifíquense a las partes.
Déjese copia certificada del presente fallo, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 ejusdem.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. En Los Teques, a los quince (15) días del mes de junio de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO
DR. HECTOR DEL V. CENTENO G.
EL SECRETARIO TITULAR,
ABG. FREDDY J. BRUZUAL
NOTA: En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 11:30 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de ley.
EL SECRETARIO TITULAR,
ABG. FREDDY J. BRUZUAL
HdVCG/cv
Exp.Nº 17206
El suscrito Secretario Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, CERTIFICA: Que las copias que anteceden es traslado fiel y exacto de sus originales, las cuales corren insertan en el expediente N° 17206, que por PARTICIÓN sigue el ciudadano ORLANDO RAFAEL RAMOS MORALES, contra los ciudadanos KARINA ANTONIETA NAVARES MOLINA, ADRIANA I. MOLINA RODRÍGUEZ, LUÍS A. MOLINA NAVARES. Certificación que se expide de conformidad con lo establecido en los Artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 1º de la Ley de Sellos.- Los Teques, quince (15) de junio del año dos mil diez (2010).-
EL SECRETARIO TITULAR,
ABG. FREDDY J. BRUZUAL
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