TSJ Regiones - Decisión

Los Teques,
200° y 151°

Causa Nº 1A-a-7859-10
Magistrada Ponente: Dra. MARINA OJEDA BRICEÑO
Accionante: ABG. GUTBERTO TORRES BELTRAN.

Corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer de la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el Profesional del Derecho: GUTBERTO TORRES BELTRAN, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano: LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, en contra del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, de conformidad con los artículos 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 21 de Mayo de 2010, se le dió entrada a la causa contentiva de la Acción de Amparo, siendo designada como ponente la Dra. MARINA OJEDA BRICEÑO, quien suscribe el presente fallo con tal carácter.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

En fecha 13 de Mayo de 2010, el Profesional del Derecho: GUTBERTO TORRES BELTRAN, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, fundamenta su escrito de Acción de Amparo Constitucional en los siguientes términos:

“Ciudadano
Juez de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda
Extensión Barlovento
Su Despacho.-
…Como quiera que el ciudadano LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, me confiere su defensa, después de aceptar y juramentar lo asisto al acto de presentación del imputado que ocurre ante el Juzgado Segundo Dra. Elizabeth Atallan Gesser con fecha 10 de diciembre del 2.009.
En esta audiencia de presentación acompaña (sic) a mi defendido en carácter de imputado el ciudadano ALEXIS JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ,…
El Juzgado determina como flagrante, por considerar que se encuentran llenos los extremos 248 del C.O.P.P. y les atribuye los delitos de cambio ilícitos de seriales de carrocería y motor, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley de Robo y Hurto de Vehículo Automotor así como también aprovechamiento de vehículos provenientes de hurto y aprovechamiento de cosas provenientes del delito y seguidamente le decreta medida preventiva de libertad.
Las averiguaciones que realizaron posterior a la audiencia de presentación me permiten afirmar:
a) Que todo lo afirmado por el representante de la vendita (sic) publica NO ES CIERTO.
b) Entre los hechos que se evidencian:
1.- Que mi mandante alquilo a ALEXIS JESUS RUBEN TIAPAS la casa de la sucesión y el terreno, ya le habían comprado a RAFAEL ANGARITA GUZMAN, un lote de terreno que resulto tener 3.686 M2.
2.- El contrato de arrendamiento entre mi mandante y el ciudadano ALVAREZ RODRIGUEZ ALEXIS JESUS se inicia con fecha 05-12-2007 y se demuestra con la factura de copia de materiales en la Ferretería Tacarigua, C.A. porque el inmueble objeto de contrato, no tenía techo, ni tanque para agua.
3.- Este contrato duro hasta la fecha de el (SIC) 05-11-2008 fecha en al (sic) cual mi mandante (sic) mi mandante desmonto los techos y las instalaciones de agua para pasarla a su casa recién construida en frente a la que tenía alquilada.
Esto esta (sic) demostrado con factura mercantiles con la Ferretería y con documento privado y documento público que demuestra de manera indubitable, que demuestra que LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, estuvo en la posesión de ALVAREZ RODRIGUEZ ALEXIS DE JESUS, entre 05-12-2007 y el 03-10-2008 mientras construía su casa.
Estos documentos fueron presentados en la audiencia.
Esta defensa deja constancia expresa que todos estos documentos fueron acompañados a mi escrito del día 27 de enero del 2010, donde incluso se oponen las excepciones pertinentes, sobre las cuales el juez de control no se pronuncia motivo por el cual, como quiera que el numeral 8 del artículo 49, que consagra el debido proceso, solicito el amparo constitucional ya que el aludido ordinal establece:
Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación Judicial u omisión injustificada. Quedando a salvo el Derecho del o la particular de exigir la responsabilidad personal del Magistrado o Magistrada, del Juez o la Jueza y el derecho del Estado a actuar contra (sic)
Ciudadano Juez me permito solicitar este amparo por que el juez de control en la conclusión de la audiencia preliminar omitió pronunciarse sobre los medios de prueba que esta defensa tubo (sic) conocimiento y presento (sic) antes de la audiencia preliminar tampoco se pronuncio (sic) sobre las excepciones que se opusieron oportunamente y ademas (sic) el aquo de la audiencia de presentación y el juzgado de control de la preliminar desconocen que los hechos versan sobre dos inmuebles debidamente separados por una carretera nacional que la aprensión (sic) de mi defendido ocurre dentro del área de su hogar y el cuerpo de investigaciones penales y criminalísticas no tenia autorización de allanamiento y lo realizo (sic) sobre el hogar de mi mandante que es diferente, al sitio donde el CICPC, encontró y ubico (sic) los vienes (sic) producto de los robos y ademas (sic) los robos que investiga el CICPC ocurren a mucho tiempo después que mi mandante ya se ha trasladado a su casa e habitación recién construida…”

En fecha 14-05-2010, el Tribunal Segundo en Funciones de Jucio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, vista la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Profesional del Derecho: GUTBERTO TORRES BELTRAN, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano: LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, en contra el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, dicta pronunciamiento en los siguientes términos:

“…Este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de La Ley, con fundamento en los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales ACUERDA: DECLINA LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA de la Solicitud de Amparo Constitucional Interpuesto por el ABG. GUTBERTO TORRES BELTRAN…, asistiendo al ciudadano al ciudadano LUIS ARMANDO REY RAMIREZ…, contra el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N.- 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento en el Tribunal Superior colegiado, es decir, LA CORTE DE APELACIONES del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en los Teques. Remítase con oficio…”

SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CORTE PARA CONOCER:

Esta Corte de Apelaciones considera que es competente para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, en virtud de que la misma fue presentada invocando una presunta violación de una garantía constitucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales el cual establece:

“…Igualmente procede la acción de Amparo cuando un Tribunal de la República actuando fuera su competencia, dicta una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho Constitucional. En este caso la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal superior al que emitió el pronunciamiento quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva...”

A los efectos de determinar la competencia en el presente caso, resulta ilustrativa la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de Enero de 2000, en la que asentó, entre otras cosas:

“... Consecuencia de la doctrina expuesta es que el llamado amparo que se intente ante el mismo Juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el Juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una decisión sujeta apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del lapso legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que comentan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales....”.

En este caso se hace necesario reseñar sentencia dictada por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de julio del 2000, en la que asentó, entre otras cosas:

“...Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procésales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.
Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que le lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.
Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procésales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía establecer la situación jurídica infringida antes que la lesión...”.

De esta misma forma la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció la Competencia para conocer de la Acciones de Amparo Contra Decisiones, a través del fallo de fecha 13 de Febrero de 2001, con Ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, estableciendo:

“... De tal manera, que en supuesto de privaciones ilegítimas por privaciones policiales o administrativas, incluidas las practicadas en acatamiento de las sanciones disciplinarias decretadas por los Jueces, debemos reiterar que corresponde la competencia en primera instancia, como regla general, a los jueces de control de primera instancia en lo penal.
En el otro supuesto, si la acción va dirigida contra una privación judicial preventiva de libertad ordenada por un Juez, por considerarse que actuó con abuso de poder o con extralimitación de funciones en cualquiera de las fases del proceso penal, es decir, actuando con facultad jurisdiccional –no administrativa- con ocasión de la comisión de un delito o falta, con fundamento en el Código Orgánico Procesal Penal o en cualquier otra ley penal, aún cuando el contenido de la pretensión involucre un habeas corpus por alegarse que tal detención en sí misma, resulta ilegítima o por extensión excesiva de la misma en el tiempo que haya adquirido el carácter de ilegitimidad, se atenderá al grado de gradación del órgano en contra de quien se accione. No cabe duda, entonces de que el caso deberá analizarse bajo la óptica del artículo 4 de la Ley de Amparo, y la competencia corresponderá a un Tribunal Superior, en el orden jerárquico de aquél que emitió el pronunciamiento, puesto que se trata de un acto, resolución o sentencias emanadas de un órgano jurisdiccional actuando en tal condición....” (Subrayado Nuestro)...”.

Por todo lo antes expuesto esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda SE DECLARA COMPETENTE y pasa a conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Profesional del Derecho: GUTBERTO TORRES BELTRAN, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano: LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, donde señala como presunto agraviante al Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

El amparo constitucional tiene como objeto la protección frente a las actuaciones que puedan producir lesiones, en forma directa, sobre la esfera de garantías y derechos constitucionales de los particulares. Esta acción está destinada a restablecer a través de un procedimiento breve los derechos lesionados o amenazados de violación, siendo un instrumento para garantizar el pacífico disfrute de los mismos, que opera sólo cuando se dan las condiciones previamente expuestas y aceptadas como necesarias de la institución de amparo, de conformidad con la ley que rige la materia y la jurisprudencia.

Del estudio de las actas procesales que conforman el expediente, observa esta Alzada que el Profesional del Derecho GUTBERTO TORRES BELTRAN, Defensor Privado del ciudadano LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, interpone Acción de Amparo Constitucional a favor del referido imputado; en virtud de la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, quien al momento de emitir sus pronunciamientos en ocasión de la Audiencia Preliminar, omitió pronunciarse sobre los medios de prueba presentados por la defensa y las excepciones opuestas oportunamente.

Ahora bien, es necesario para esta Alzada, señalar el crtiterio sostenido por nuestro Maximo Tribunal de Justicia, en cuanto a la legitimidad del Defensor Privado, en Sala Constitucional, Sentencia N° 926 de fecha 11 de Junio de dos mil ocho (2008), con Ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRON, ha señalado lo siguiente:

“…Esta Sala ha señalado, en casos similares, que en materia penal a los fines de verificar la legitimidad del defensor privado para solicitar la tutela constitucional a favor de su defendido, sólo debe comprobarse la consignación del nombramiento que le haya hecho el imputado así como la constancia de haber prestado el debido juramento de ley ante el órgano jurisdiccional…
Al efecto, en el referido fallo se indicó que la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la república…” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones).

Asimismo, señala la Sala Constitucinal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 7, de fecha 01-02-2000, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA, lo siguiente:

“…Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral…”

En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 912, de fecha 16/03/2007 y con Ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, sostuvo:

“…precisado lo anterior, considera oportuno esta Sala reiterar la jurisprudencia dictada en esta materia, la cual ha quedado expresada en sentencia Nº 1364 del veintisiete (27) de junio de dos mil cinco (2005) (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias Nº 2603 del doce 12 de agosto de dos mil cinco (2005) (caso: Gina Cuencas Batet), Nº 152 del dos (2) de febrero de dos mil seis (2006) (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y Nº 1316 del tres (3) de junio de dos mil seis (2006) (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.), en las cuales se señaló que: Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de este tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso el ius postulandi o derecho de hacer pretensiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente. Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el Juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…” (Subrayado nuestro).

Observa este Órgano Jurisdiccional de Alzada, que en fecha trece (13) de Mayo de 2010, el Abg. GUTBERTO TORRES BELTRAN, actuando como Defensor Privado del ciudadano LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, presenta escrito de Acción de Amparo Constitucional, sin la debida Acta de Aceptación y Juramentación que lo acredite como Defensa Privada del accionante en el Amparo Constitucional, ciudadano LUIS ARMANDO REY RAMIREZ.

Considera este Órgano Jurisdiccional que con el escrito presentado, debió el Profesional del Derecho GUTBERTO TORRES BELTRAN, consignar la debida Acta de Aceptación y Juramentación, que demuestre de manera suficiente la condición de Defensor Privado, por cuanto la Jurisprudencia emanada de nuestro Máximo Tribunal de Justicia es clara al determinar que para lograr el andamiento de la acción de amparo constitucional, se requiere que el accionante detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente, al igual que la Constancia de haber prestado el debido juramento de Ley ante el Órgano Jurisdiccional; y siendo que en la presente acción hay una ausencia de tan indispensable requisito procesal en materia de Amparo Constitucional, trae como consecuencia inmediata la declaratoria de Inadmisibilidad de la referida acción.

Por lo tanto, siendo que en la presente causa el profesional del derecho Abg. GUTBERTO TORRES BELTRAN, no consignó la debida Acta de Aceptación y Juramentación, que demuestre su acreditación como Defensor Privado del ciudadano LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, acta necesaria para intentar la Acción de Amparo Constitucional y, siendo esta una de las causales de Inadmisibilidad de conformidad con lo reiterado en Jurisprudencia por nuestro máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional; es por lo que esta Corte de Apelaciones debe declarar INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional. ASÍ SE DECLARA.-

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO: Se declara competente para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el Profesional del Derecho: GUTBERTO TORRES BELTRAN, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano: LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la solicitud de Amparo Constitucional interpuesta por el Profesional del Derecho: GUTBERTO TORRES BELTRAN, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano: LUIS ARMANDO REY RAMIREZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, asi como del critenio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 912, de fecha 16/03/2007, con Ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, sentencia N° 7, de fecha 01-02-2000, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA y Sentencia N° 926 de fecha 11/06/2008, con Ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRON.

Regístrese, diarícese, déjese copia de la presente decisión y remítase a la sede del Archivo Judicial de este Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, en su oportunidad legal.

MAGISTRADO PRESIDENTE

DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

MAGISTRADA PONENTE

DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO

MAGISTRADO INTEGRANTE

DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ

LA SECRETARIA

Abg. GHENNY HERNANDEZ APONTE

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA,

JLIV/MOB/LAGR/GHA/pff.-
Causa: 1A-a-7859-10.