REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO. JUEZA PROFESIONAL No.1 Los Teques, 18 de Marzo de 2010 Vistas las anteriores actuaciones y el acuerdo formulado por los progenitores, esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA: I En fecha 24.11.09, el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta misma Circunscripción Judicial, revocó la sentencia dictada por esta Sala de Juicio y declaró con lugar la atribución de la responsabilidad de crianza (custodia) a la progenitora, recibiéndose el expediente el 02.03.10, por lo que, en fecha12.03.10, se ordenó su ejecución (F.130). En fecha 18.03.10, ambos plantean acuerdo en términos tales, que “…1) A los fines de respetar la opinión emitida por la niña y para facilitar la integración de la madre en su vida, ambos acuerdan que, desde el punto de vista de la custodia, ésta sea compartida, a cuyos efectos la niña estará con su padre de lunes a jueves y con la madre de jueves en la tarde a domingo en la tarde y, a la semana siguiente, a la inversa. 2) Ambos se obligan a mantener a la niña en la misma dinámica familiar en la que vive actualmente, por tanto, la madre se obliga a llevar la niña al colegio puntualmente, suministrarle sus medicamentos, mantener la higiene personal y la orientación y vigilancia en el cumplimiento de los deberes de la niña, a fin de que se logre una crianza adecuada de la misma para su vida futura. Igualmente, ambos se obligan a no proferir afirmaciones contrarias al decoro, moral e imagen del otro progenitor o de grupo familiar. 3) Ambos acuerdan que, mientras la niña esté bajo la custodia del otro, el otro la otra progenitora podrá acudir a frecuentar con la niña personalmente o por teléfono, a más tardar hasta las 07:00 p.m….”. II En tal virtud, tratándose del ejercicio de la responsabilidad de Crianza, entre sus elementos la custodia, deben tenerse en cuenta los principios constitucionales y legales de coparentalidad, equidad de género, el de la familia como asociación natural para el desarrollo de las personas y, por ende, involucra el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer y desarrollarse en su familia de origen, nuclear preferentemente y, por consecuencia, a mantener contacto personal y directo, de manera permanente, con ambos progenitores, en virtud del reconocimiento constitucional de que el padre y la madre tienen iguales deberes e iguales facultades en, por y para el cumplimiento de los deberes inherentes a la Patria Potestad, para que, en caso de separación de los progenitores, esa separación genere, en cuanto a los hijos e hijas, los menos efectos posibles, por lo que el acuerdo debe adecuarse con mayor propiedad a lo que deben ser las relaciones familiares, las relaciones permanentes, frecuentes, constantes y personales que deben desarrollarse, sin injerencia de terceros, entre progenitores e hijos o hijas, por tratarse de la única vía posible para ejercer padre y madre las facultades, pero también los deberes inherentes a la responsabilidad de crianza. Sumado a lo anterior, reconoce el Texto Fundamental la unidad familiar como un valor fundamental para el desarrollo de las personas y de allí que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser criados y criadas y desarrollarse en esa asociación natural fundamental que es la familia, cuya protección declara el Constituyente venezolano en el artículo 75 constitucional; por consecuencia, tienen derecho a desarrollarse en su familia de origen, es decir, en su familia de origen nuclear preferentemente o en su familia ampliada, en los supuestos previstos en el ordenamiento jurídico, por ser de connotada importancia para aquellos y aquellas crecer, ser criado (a), formado (a), educado (a) y mantenido (a) en su familia de origen nuclear preferentemente y, para ello, el derecho de conocer a su padre y a su madre, única vía posible para materializar aquel derecho de crecer, ser criado (a), formado (a), educado (a) y mantenido (a) por su padre y por su madre y, además, resulta necesario que se relacione y mantenga contacto personal y directo, de forma permanente, con ambos progenitores, quienes, a través de esas relaciones y contacto, teniendo iguales facultades y deberes, puedan vigilar, orientar, asistir, amar y educar a sus hijos e hijas, al constituir un derecho para el hijo o hija, pero también para la madre o el padre no custodio y, respecto de éste o ésta, también constituye un deber. Por supuesto, la protección constitucional de la familia no se agota en el simple reconocimiento de tal protección, en los términos del artículo 75 constitucional, sino que, para materializar tal protección, ha reconocido también el Constituyente venezolano lo que, para algunos, constituye un principio en materia de niños, niñas y adolescentes, es decir, el principio de mínima intervención del Estado en las relaciones familiares, concretamente progenitores y sus hijos e hijas, que deviene directamente del artículo 76 de la Carta Magna y, por tanto, esa intervención queda limitada a los supuestos en que, frente al conflicto o disconformidad, padre y madre no consigan adoptar la solución para resolver tal conflictiva o que, frene a esa disconformidad, ambos progenitores arriben a un acuerdo para resolverla, supuesto en le cual el órgano jurisdiccional se limita a revisar si, los términos en que acuerdan desarrollar el derecho, no lesionen el orden público, ni los derechos del hijo o hija. En este orden de ideas, al analizarse el acuerdo planteado entre los ciudadanos antes identificados, tal acuerdo permite la economía y celeridad procesal, aún en fase de ejecución de sentencias, además de redundar en el desarrollo de relaciones familiares armónicas y entre los progenitores, motivo por el cual, en consecuencia, quien aquí decide considera procedente y ajustado a derecho HOMOLOGAR el acuerdo conciliatorio planteado entre los precitados ciudadanos, de conformidad con el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil. III Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos IDENTIDADES OMITIDAS, titulares de las cédulas de identidad No.6.463.106 y 6.966.934, de conformidad con el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese y publíquese la presente sentencia. Extiéndasele al solicitante del acuerdo copias certificadas del presente fallo. LA JUEZA, DRA. ZULAY CHAPARRO LA SECRETARIA, ABG. MAGALY YEPEZ En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA, ABG. MAGALY YEPEZ Exp.12928