REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. Los Teques, 02 de Noviembre de 2010 ASUNTO: JMS1-247 (14159)-10 Vista las anteriores actuaciones y las actuaciones cumplidas para la contestación de la demanda, esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA: I En fecha 26.04.10, el Ministerio Público demandó la colocación familiar de la niña IDENTIDAD OMITIDA, con su abuela materna IDENTIDAD OMITIDA, a requerimiento del ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, ya que la madre de la niña falleció el 02.01.10, solicitando el Ministerio Público en esta misma fecha y durante el inicio de la fase de sustanciación, se repusiera el asunto al no haber dado contestación la defensora designada al demandado (F.1). II Ahora bien, esta juzgadora estima necesario analizar la actividad cumplida para la contestación de la demanda, a fin de determinar si se produjo algún vicio que haga procedente la reposición de la causa considerando que, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente dispone: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso… …3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial…”. Lo anterior significa que, para materializar al justiciable el derecho a la tutela judicial efectiva en los términos del artículo 26 constitucional, debe acceder a la administración de justicia no a través de cualquier proceso, sino a través de un proceso debido, tramitando la acción incoada de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de que se trate y no fuera de ellos, ni al capricho de las partes o de los juzgadores, única vía para obtener la decisión correspondiente en conformidad con la Ley, con prontitud y que sea ejecutada la misma. Y, precisamente para lograrlo se constitucionalizó la prohibición de sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, al disponer el artículo 257 ibídem: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Con esta norma constitucional se elimina la consideración del proceso como un fin en si mismo; es sólo un instrumento para lograr la materialización del fin justicia, no otro. Ahora bien, cuando no se trata de meros formalismos, sino esenciales para la validez del acto, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone: “….Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado...”. Igualmente, el artículo 212 ejusdem preceptúa: “No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.” Y en su artículo 207 ejusdem, preceptúa: “La nulidad de actos aislados del procedimiento no acarreará la de los demás actos anteriores ni consecutivos, independientes del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro de un término que fijará el Tribunal, siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya ocurrido el acto irrito.” A tal efecto observa esta juzgadora que, en fecha 26.04.10, el Ministerio Público demandó la colocación familiar de la niña IDENTIDAD OMITIDA, con su abuela materna IDENTIDAD OMITIDA, a requerimiento precisamente del progenitor de la niña, el ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, ya que la madre de la niña falleció el 02.01.10, como evidenció el propio libelo, procediendo el órgano jurisdiccional a emplazarlo, habida consideración que, frente al fallecimiento de la madre, la niña es titular del derecho a crecer con su padre, por tanto, el propio padre de aquella alegó ante el ministerio Público lo que estimó conducente, precisamente para que la representante Fiscal tramitara la colocación familiar objeto del presente asunto. A lo anterior debe sumarse la circunstancia invocada por la Defensora del accionado, IDENTIDAD OMITIDA, en cuanto a lo alegado por el ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, ante este mismo Tribunal y, por ende, se verifica que, efectivamente, al diligenciar el padre de a beneficiaria dándose por notificado, alego en dicha diligencia que esta de acuerdo en que la niña este con la abuela, ya que no tiene como cuidarla porque vive solo. En tal virtud, ciertamente la defensa es un derecho expresión del debido proceso y, ambos, de la tutela judicial efectiva; no obstante, también constituye derecho garantía el de acceso a la justicia, tutela efectiva y, por ende, a que no se sacrifique la justicia por reposiciones inútiles, siendo que, en efecto, no tendría ninguna utilidad ordenar la renovación de la contestación, cuando el padre de la niña fue quien impuso al Ministerio Público de la situación surgida para que ejerciera su acción, compareció ante este Tribunal y diligenció exponiendo lo que estimó pertinente en relación a la acción incoada y, además, expuso en el inicio de la fase de sustanciación, que lo que alegaría sería lo mismo que ya alegó en la diligencia e, incluso, al ser oído en el inicio de la sustanciación manifestó su conformidad total con la solicitud de su defensora e insistió que va a exponer los mismos alegatos ya expuestos, motivo por el cual es procedente y ajustado a derecho DECLARAR IMPROCEDENTE LA REPOSICIÓN solicitada, al no estar satisfechos los extremos legales exigidos en el artículo 206 del Código de Procedimiento civil, aplicable por supletoriedad, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE. III Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE LA REPOSICIÓN solicitada por el Ministerio Público en el inicio de la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, en el asunto No. JMS1-247 (14159)-10, seguido en contra del ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, al no estar satisfechos los extremos legales exigidos en el artículo 206 del Código de Procedimiento civil, aplicable por supletoriedad. Regístrese y publíquese la presente decisión. Expídase a las partes copia certificada del presente pronunciamiento. Cúmplase. LA JUEZA, DRA. ZULAY CHAPARRO LA SECRETARIA, ABG. MAGALY YEPEZ En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede. LA SECRETARIA, ABG. MAGALY YEPEZ