TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES.

Los Teques, 09 de Noviembre de 2010

ASUNTO: JMS1-472 (14075)-10

Vista las anteriores actuaciones y las actuaciones cumplidas para la contestación de la demanda, esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA:

I

En fecha 16.03.2010, la Fiscalía Undécima del Ministerio Público con competencia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta misma Circunscripción Judicial, demandó la atribución de custodia sobre el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, solicitando el Ministerio en esta misma fecha y durante el inicio de la fase de sustanciación, que se repusiera la causa al estado de admisión (F.1, 59).

II

Ahora bien, esta juzgadora estima necesario analizar la actividad cumplida para la contestación de la demanda, a fin de determinar si se produjo algún vicio que haga procedente la reposición de la causa considerando que, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente dispone:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso…

…3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial…”.

Lo anterior significa que, para materializar al justiciable el derecho a la tutela judicial efectiva en los términos del artículo 26 constitucional, debe acceder a la administración de justicia no a través de cualquier proceso, sino a través de un proceso debido, tramitando la acción incoada de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de que se trate y no fuera de ellos, ni al capricho de las partes o de los juzgadores, única vía para obtener la decisión correspondiente en conformidad con la Ley, con prontitud y que sea ejecutada la misma. Y, precisamente para lograrlo se constitucionalizó la prohibición de sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, al disponer el artículo 257 ibídem:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Con esta norma constitucional se elimina la consideración del proceso como un fin en si mismo; es sólo un instrumento para lograr la materialización del fin justicia, no otro. Ahora bien, cuando no se trata de meros formalismos, sino esenciales para la validez del acto, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“….Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado...”.
Igualmente, el artículo 212 ejusdem preceptúa:

“No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.”

Y en su artículo 207 ejusdem, preceptúa:

“La nulidad de actos aislados del procedimiento no acarreará la de los demás actos anteriores ni consecutivos, independientes del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro de un término que fijará el Tribunal, siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya ocurrido el acto irrito.”

A tal efecto observa esta juzgadora que, siendo la defensa técnica un derecho inviolable en cualquier estado y grado de la investigación y del proceso, toda persona tiene derecho a ser oída dentro del plazo razonable y con las debidas garantías, entre ellas la de contar con el plazo razonable que prevea la Ley para exponer sus alegatos de defensa, esto es, para que contesté la demanda, máxime si se trata de un acto de trascendental importancia para el demandado, por ser el primer acto de defensa de éste o ésta.

En este caso se trata, nada más y nada menos, que de un acto que permite ejercer la defensa a la parte demandada, tanto en cuanto a los hechos como en cuanto al derecho, siendo la defensa un derecho expresión del debido proceso y, ambos, de la tutela judicial efectiva y también constituye derecho garantía el de acceso a la justicia, asistiendo la razón al Ministerio Público en cuanto a que, aunque el Despacho Fiscal demandó por atribución de custodia, el extinto Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, Jueza Profesional No.02, admitió la demanda como si se tratara de una restitución de custodia e, incluso, como se desprende del propio auto de admisión, auto en le cual fijó una hora concreta, es decir, las 10:00 de la mañana del tercer día de despacho siguiente a la consignación de la boleta, para que la parte demandada contestara la demanda, cuando conforme a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de 1998, el artículo 514, en relación con el artículo 516 ibídem, disponía expresamente que la contestación de la demanda debía producirse el tercer día y, por tanto, previo intento de conciliación, debía contestarse dentro de cualquiera de las horas de despacho, por lo que no existe ninguna otra vía distinta a la reposición, todo lo cual lesiona el derecho a la defensa de la parte demandada, motivo por el cual es procedente y ajustado a derecho DECRETAR LA REPOSICIÓN del presente asunto al estado de emitir pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y el procedimiento aplicable para su trámite, al estar satisfechos los extremos legales exigidos en el artículo 206 del Código de Procedimiento civil, aplicable por supletoriedad, en concordancia con el artículo 212 ejusdem y, por ende, a tenor del artículo 211 ibídem, se declara la nulidad del auto de fecha 22.03.10, inserto al folio 6, así como la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a excepción de las actuaciones referidas a la remisión del asunto al Tribunal de Mediación y Sustanciación, con ocasión a la implantación de la vigencia plena de la LOPNNA, de la presente acta y el pronunciamiento judicial que se acompaña con la presente acta, por no depender del acto irrito, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.-

III

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA REPOSICIÓN del presente asunto al estado de emitir pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y el procedimiento aplicable para su trámite, al estar satisfechos los extremos legales exigidos en el artículo 206 del Código de Procedimiento civil, aplicable por supletoriedad, en concordancia con el artículo 212 ejusdem y, por ende, a tenor del artículo 211 ibídem, se declara la nulidad del auto de fecha 22.03.10, inserto al folio 6, así como la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a excepción de las actuaciones referidas a la remisión del asunto al Tribunal de Mediación y Sustanciación, con ocasión a la implantación de la vigencia plena de la LOPNNA, de la presente acta y el pronunciamiento judicial que se acompaña con la presente acta, por no depender del acto irrito.

Regístrese y publíquese la presente decisión. Expídase a las partes copia certificada del presente pronunciamiento. Cúmplase.
LA JUEZA,

DRA. ZULAY CHAPARRO

LA SECRETARIA,

ABG. MAGALY YEPEZ
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede.
LA SECRETARIA,

ABG. MAGALY YEPEZ