REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO LOS TEQUES

Los Teques, 01 de Noviembre de 2010 200° y 151° EXPEDIENTE N° 1U152-08 JUEZ: DRA. ROSA ELENA RAEL MENDOZA SECRETARIO: ABG. JOSE LUIS CHAPARRO IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ACUSADO: Hernández Soto José Ramón, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, de estado civil soltero, nacido en fecha 06/10/1975, de profesión u oficio albañil sin empleo fijo, hijo de Calixta Soto y Gerardo Hernández, residenciado en San Diego de Los Altos, sector Los Amistosos, casa N° 04, Municipio Carrizal, Estado Miranda. FISCAL: Dra. Yoselina Fernández, Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. DEFENSA PÚBLICA: Dra. Francia Coello. DELITO: Homicidio Calificado por motivos fútiles. Visto que en fecha 29/10/2010, se recibió escrito interpuesto por la profesional del derecho FRANCIA COELLO, actuando en su carácter de defensora pública del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, mediante el cual solicita la libertad a favor de su representado, en virtud del tiempo transcurrido desde su detención, es decir, desde el mes de Abril del año 2008, sin que hasta la fecha se haya realizado el Juicio Oral y Público en la causa que se le sigue; para lo cual invocó el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, este Tribunal para decidir observa: CAPITULO I De las actuaciones cursantes al expediente En fecha 26/04/2008, el ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, resulto aprehendido; motivo por el cual, en fecha 28/04/2008 se realizo la correspondiente audiencia de presentación, ante el Tribunal de Control N° 06 Circunscripcional; oportunidad en la cual entre otras cosas, se decreto la medida de privación Judicial preventiva de libertad; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250, en concordancia con lo previsto en el artículo 251 numerales 1, 2, 3 del texto adjetivo penal. En fecha 21/05/2008, la Dra. Ruth Araujo, Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda interpone escrito de solicitud de prórroga del lapso para presentar la Acusación, en contra del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 22/05/2008, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar Audiencia Oral por solicitud de prórroga, para el día 27/05/2008; fecha en la cual fue diferida, por cuanto no se materializo el traslado del imputado, acordando la celebración de la misma para el día 05/06/2008; siendo igualmente diferida en la referida fecha para el día 12/06/2008, toda vez que nuevamente no se materializo el traslado del imputado. En fecha 12/06/2008, se celebra la Audiencia Oral convocada, en la cual se acuerda otorgar prórroga de quince (15) días continuos, contados a partir del día 29/05/2008 hasta el día 12/06/2008, a los fines que el Ministerio Público, presentara el acto conclusivo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. En esa misma fecha, 12/06/2008, la Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, interpone escrito acusatorio en contra del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES; previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal. En fecha 13/06/2008, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar el acto de Audiencia Preliminar para el día 10/07/2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 07/07/2008, la Defensa Pública del prenombrado ciudadano, interpone escrito de excepciones en contra de la acusación Fiscal. En fecha 10/07/2008, se realizo el Acto de Audiencia Preliminar, en la cual se admitió totalmente la acusación fiscal en contra del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado por motivos fútiles. De igual forma en esa oportunidad, se ordenó la apertura a juicio oral y público y se dictó el correspondiente auto de apertura a juicio. En fecha 23/07/2008, previa distribución de causa, se reciben las actuaciones por ante éste Tribunal de Juicio N° 01, oportunidad en la cual se fijo el correspondiente sorteo de Escabinos para el día 30/07/2008, fecha en la cual se fijó el acto de Constitución de Tribunal Mixto para el día 14/08/2008. En fecha 14/08/2008, se difiere el acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 02/10/2008, por ausencia de los Escabinos y por cuanto no se materializo el traslado del acusado. En fecha 02/10/2008, se difiere el acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 30/10/2008, por cuanto no se materializo el traslado del acusado. En fecha 30/10/2008, se difiere el acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 13/11/2008, por ausencia de los Escabinos y por cuanto no se materializo el traslado del acusado. En fecha 13/11/2008, no se realiza el acto en cuestión, por ausencia del acusado y los Escabinos, en tal sentido, en esa misma oportunidad se realiza sorteo extraordinario de Escabinos, fijándose el acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 04/12/2008. En fecha 08/12/2008, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar el acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 14/01/2009, por cuanto en fecha 04/12/2008 no hubo despacho en el Tribunal, toda vez que se realizó Asamblea de Trabajadores Tribunalicios. En fecha 14/01/2009, se difiere el acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 12/02/2009, por ausencia de la víctima y de los ciudadanos seleccionados para participar como escabinos, igualmente no se materializo el Traslado del acusado. En fecha 12/02/2009, se difiere el acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 26/02/2008, por ausencia de los ciudadanos seleccionados para participar como escabinos, igualmente no se materializo el Traslado del acusado. En fecha 26/02/2009, no se realiza el acto de Constitución del Tribunal mixto; por ausencia de los ciudadanos seleccionados para participar como Escabinos, en tal sentido, en esa misma oportunidad se dicta decisión mediante la cual, se acuerda constituir el Tribunal de manera Unipersonal fijándose el acto de juicio Oral y Público, para el día 16/04/2009. En fecha 16/04/2009, se difiere el juicio oral y público para el día 28/05/2009; en virtud de la incomparecencia del acusado por cuanto no se hizo efectivo el traslado del mismo, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 28/05/2009, se difiere el juicio oral y público para el día 09/07/2009; en virtud de la incomparecencia del acusado por cuanto no se hizo efectivo el traslado del mismo, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I En fecha 08/07/2009, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar la celebración del Juicio Oral y Público, para el día 24/09/2009. En fecha 29/09/2009, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar la celebración del Juicio, para el día 29/10/2009. En fecha 02/11/2009, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar la celebración del Juicio, para el día 26/11/2009. En fecha 26/11/2009, se difiere el juicio oral y público para el día 21/01/2010, por cuanto no asistió la representante del Ministerio Publico y no se materializo el traslado del acusado, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 25/01/2010, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar la celebración del Juicio Oral y Público, para el día 04/03/2010. En fecha 11/03/2010, la Fiscal Tercera del Ministerio Publico, Dra. Yoselina Fernández, interpuso escrito mediante el cual, solicito Prórroga de la medida privativa de libertad; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 23/03/2010, se dicto auto mediante el cual se acordó fijar Audiencia Oral de Prórroga para el día 08/04/2010; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual ha sido diferida en reiteradas ocasiones por motivos no imputables a éste Tribunal, entre otros factores por la falta de traslado del acusado desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, siendo que actualmente se encuentra fijada la celebración de la referida audiencia para el día 05/08/2010. En fecha 04/03/2010, se difiere el acto de juicio oral y público para el día 08/04/2010, en virtud de ausencia del acusado, por cuanto no se materializo el traslado del mismo, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 22/04/2010, se difiere el acto de juicio oral y público para el día 22/04/2010, en virtud de ausencia del acusado, por cuanto no se materializo el traslado del mismo, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 22/04/2010, se difiere el acto de juicio oral y público para el día 20/05/2010, en virtud de ausencia del acusado, por cuanto no se materializo el traslado del mismo, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 20/05/2010, se difiere el acto de juicio oral y público para el día 17/06/2010, en virtud de ausencia de la representante del Ministerio Publico y de las victimas, igualmente no se materializo el traslado del acusado, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 17/06/2010, se difiere el acto de juicio oral y público para el día 01/07/2010, en virtud que no se materializo el traslado del acusado, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 01/07/2010, se difiere el acto de juicio oral y público para el día 22/07/2010, en virtud de ausencia de las victimas, y por cuanto no se materializo el traslado del acusado, desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I. En fecha 22/07/2010, se difiere el acto de juicio oral y público, en virtud de ausencia de la representante del Ministerio Púbglico; igualmente no se materializo el traslado del acusado desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, fijando como fecha para la celebración del referido el día 29/07/2010, a las 11:00 a.m; fecha en la cual nuevamente fue diferido para el día 05/08/2010, por las mismas razones previamente expuestas. En fecha 26/07/2010, se recibió escrito interpuesto por la profesional del derecho FRANCIA COELLO, actuando en su carácter de defensora pública del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, mediante el cual solicita la libertad a favor de su representado, en virtud del tiempo transcurrido desde su detención, es decir, desde el mes de Abril del año 2008, sin que hasta la fecha se haya realizado el juicio oral y pública en la causa que se le sigue; para lo cual invocó el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 30/07/2010, este Tribunal dicto decisión, mediante la cual DECLARO SIN LUGAR, la solicitud interpuesta por la Profesional del Derecho FRANCIA COELLO, actuando en su carácter de defensora pública del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, en el sentido se le otorgue la libertad a su representado, por considerar que se mantienen incólumes los supuestos establecidos en el artículo 250, en concordancia con lo previsto en el artículo 251 numerales 1, 2, 3, ambos del Código Orgánico Procesal; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264, adminiculado a lo previsto en el artículo 244, ambos del mencionado texto adjetivo penal y en consecuencia se Ratifico la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta en fecha 28/04/2008 al ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, por parte del Tribunal de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal. En fecha 05/08/2010, se difiere el acto de audiencia Oral de Prorroga, en virtud de ausencia de la representante del Ministerio Público; igualmente no se materializo el traslado del acusado desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, fijando como fecha para la celebración del referido acto, el día 12/08/2010, a las 11:00 a.m. En fecha 05/08/2010, se difiere el acto de audiencia Juicio Oral y Publico, en virtud de ausencia de la representante del Ministerio Público; igualmente no se materializo el traslado del acusado desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, fijando como fecha para la celebración del referido acto, el día 30/09/2010, a las 12:00 p.m. En fecha 25/08/2010, se dicto auto mediante el cual se acordó diferir el acto de audiencia Oral de Prorroga, para el día 09/09/2010, en virtud que en fecha 12/08/2010, este Tribunal resolvió no dar Despacho, en virtud del reposo medico otorgado a la Juez Suscrita, por parte del Servicio Medico, adscrito a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En fecha 25/08/2010, se dicto auto mediante el cual se acordó refijar el acto de Juicio Oral y Publico, para el día 09/09/2010, en virtud que el acto de Audiencia Oral de Prorroga, fue fijado para la fecha antes mencionada. En fecha 31/08/2010, se recibió escrito interpuesto por la profesional del derecho FRANCIA COELLO, actuando en su carácter de defensora pública del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, mediante el cual solicita la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa en contra de su representado, a los fines que la misma fuera sustituida por una medida menos gravosa; para lo cual invocó el contenido del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 264 ejusdem. En fecha 31/08/2010, este Tribunal dicto decisión, mediante la cual DECLARO SIN LUGAR, la solicitud interpuesta por la Profesional del Derecho FRANCIA COELLO, actuando en su carácter de defensora pública del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, en el sentido se le otorgue la libertad a su representado, por considerar que se mantienen incólumes los supuestos establecidos en el artículo 250, en concordancia con lo previsto en el artículo 251 numerales 1, 2, 3, ambos del Código Orgánico Procesal; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264, adminiculado a lo previsto en el artículo 244, ambos del mencionado texto adjetivo penal y en consecuencia se Ratifico la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta en fecha 28/04/2008 al ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, por parte del Tribunal de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal. En fecha 09/09/2010, se difiere el acto de audiencia Oral de Prorroga, en virtud de ausencia de la representante del Ministerio Público; igualmente no se materializo el traslado del acusado desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, fijando como fecha para la celebración del referido acto, el día 07/10/2010, a las 10:00 a.m. En fecha 09/09/2010, se difiere el acto de audiencia Juicio Oral y Publico, en virtud de ausencia de la representante del Ministerio Público; igualmente no se materializo el traslado del acusado desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, fijando como fecha para la celebración del referido acto, el día 07/10/2010, a las 10:30 a.m. En fecha 07/10/2010, se difiere el acto de audiencia Oral de Prorroga, en virtud de ausencia del acusado, por cuanto no se materializo el traslado del mismo desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, fijando como fecha para la celebración del referido acto, el día 21/10/2010, a las 11:30 a.m. En fecha 07/10/2010, se difiere el acto de audiencia Juicio Oral y Publico, en virtud de ausencia del acusado, por cuanto no se materializo el traslado del mismo desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, fijando como fecha para la celebración del referido acto, el día 21/10/2010, a las 12:00 p.m. En fecha 21/10/2010, se dictaron autos mediante los cuales se acordó diferir los actos de audiencia Oral de Prorroga y Juicio Oral y Publico, para el día 04/11/2010, a las 10:00 a.m y 10:30 a.m, respectivamente, en virtud que en fecha 21/10/2010, este Tribunal se encontraba constituido en sala de audiencias, llevando a cabo la celebración del acto de continuación de Juicio Oral y Publico, en la causa signada con el N° 1M-255/10, seguida al acusado VIERA DOS SANTOS RICHARD. En fecha 21/10/2010, se dicto auto mediante el cual se acordó librar comunicaciones dirigidas al Director General de Custodia y Rehabilitación del Recluso Ministerio del Pode Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, a la Defensora del Pueblo Delegada del Estado Miranda y al Director del Internado Judicial Región Capital RODEO I, en virtud que el INTERNADO JUDICIAL REGION CAPITAL RODEO I, lugar donde actualmente permanece detenido el precitado acusado, no materializo ninguno de los traslado solicitados, por razones por este Juzgado desconoce; a los fines que giren las instrucciones pertinentes, con el objeto que dicho traslado se haga efectivo el día 04/11/2010, fecha para la cual están pautados los actos de audiencia Oral de Prorroga y Juicio Oral y Publico, respectivamente; en aras de garantizar una tutela Judicial efectiva tal y como lo consagra el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 29/10/2010, se recibió escrito interpuesto por la profesional del derecho FRANCIA COELLO, actuando en su carácter de defensora pública del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, mediante el cual solicita la libertad a favor de su representado, en virtud del tiempo transcurrido desde su detención, es decir, desde el mes de Abril del año 2008, sin que hasta la fecha se haya realizado el juicio oral y pública en la causa que se le sigue; para lo cual invocó el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. CAPITULO II De las razones de hecho y de derecho Ahora bien, revisadas como han sido la totalidad de las actuaciones que conforman la presente causa, esta Juzgadora pasa a pronunciarse a través del presente fallo, respecto a la solicitud de libertad interpuesta por la Defensa del acusado HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, quien se fundamenta en el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal; a tales fines es necesario destacar que se desprende del contenido de los autos que el ciudadano ut supra identificado ha permanecido privado de libertad desde el día 26/04/2008, hasta el día de hoy, por los hechos imputados por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, los cuales fueron calificados como Homicidio Calificado por motivos fútiles. Si bien es cierto esta juzgadora constata que el prenombrado ciudadano ha permanecido hasta el día de hoy, con la imposición de la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de libertad, durante el transcurso de DOS (02) AÑOS, SEIS MESES (06) y SEIS (06) DÍAS, sin que hasta el día de hoy se haya logrado realizar el juicio oral y público en la causa que se le sigue, tal y como la ha manifestado la defensa en su escrito de solicitud; no es menos cierto que existe una solicitud de prórroga de la medida privativa de libertad, interpuesta por el Ministerio Público, la cual no ha sido resuelta en la audiencia convocada por éste órgano jurisdiccional, en virtud de la ausencia del acusado, por cuanto no se ha hecho efectivo su traslado desde la sede del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, por razones desconocidas para éste despacho. Aunado a lo antes expuesto, existe un total de diecinueve (19) diferimientos de diferentes actos pautados a lo largo del proceso, que son atribuibles a la falta de traslado del acusado HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, por parte del Internado Judicial Región Capital Rodeo I; siendo el caso que desde el 20/05/2010, hasta el 01/07/2010, tal falta de traslado se debió a la permanencia de los internos en una huelga, con ocasión a una situación de rebeldía judicial; lo cual implicó el diferimiento de todos los actos pautados, lo cual implicó un retardo procesal únicamente atribuible a los acusados que no puede ser computado en su favor. Al respecto, es necesario invocar el contenido de la normativa Constitucional y Procesal que contempla lo relacionado con el punto en análisis, así como el criterio reiterado y sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, a saber: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho inviolable de la libertad personal, instituyendo así mismo el principio de la afirmación de la libertad, desarrollado en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, a través del cual queda establecido como regla general el juzgamiento en libertad y sólo por vía de excepción la aplicación de la restricción de la libertad, orientados al logro de las finalidades del proceso, es decir, asegurar sus resultas y a la consecuente preservación del orden y paz social, debiendo, por tanto, adoptarse las medidas cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo tales mecanismos un límite a los derechos del procesado con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de Justicia; con el entendido que ello bajo ningún concepto debe significar el sacrificio de los derechos fundamentales del imputado y/o acusado en concordancia con el Principio de Presunción de Inocencia, establecido en el artículo 49 numeral 2 del Texto Fundamental y en el artículo 8 del instrumento adjetivo penal patrio, que lo ampara mientras no sea desvirtuado a través de una sentencia condenatoria firme; la cual hasta la presente fecha no se ha logrado en el caso que nos ocupa. Así las cosas, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. (Subrayado y Negrillas del Tribunal) Por su parte el artículo Artículo 244 ejusdem, consagra: Proporcionalidad. “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al Juez de control, una prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el querellante. En este supuesto, el Juez de control deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad. (Subrayado y Negrillas del Tribunal). Ahora bien, examinando la necesidad del mantenimiento de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, impuesta en contra del ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, a tenor de lo establecido en el artículo 264, en concordancia con lo previsto en el artículo 244, ambos del texto adjetivo penal, en virtud de la solicitud interpuesta por la defensa del referido acusado; lo cual constituye un derecho incuestionable del mismo; este Tribunal observa en principio que nos mantenemos en presencia de la comisión de un hecho punible de grave entidad, que merecen pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el delito de Homicidio Calificado por motivos fútiles; y además siguen existiendo los mismos fundados elementos de convicción para estimar que el referido ciudadano, ha sido autor o partícipe en la comisión de ese hecho delictivo; de igual forma, si bien el acusado de marras se ha mantenido preventivamente detenido durante un tiempo superior a lo señalado expresamente por el Legislador adjetivo Penal, en el primer aparte del mencionado artículo 244, el cual contempla como máximo de tiempo dos (02) años, a los fines de mantener una medida de coerción personal; no es menos cierto que existe una solicitud de prórroga interpuesta por el Ministerio Público, la cual debe ser resuelta en audiencia, a los fines de garantizar un Debido Proceso, especialmente, el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 numeral 1 Constitucional; de igual forma, se evidencia a un período de tiempo transcurrido por causa atribuible al propio acusado; aspectos éstos que han sido interpretados pacífica y reiteradamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de diversos fallos, siendo oportuno hacer referencia a algunas de las decisiones proferidas con alusión de tal particular, a saber: “...Advierte esta Sala que aun cuando el imputado efectivamente ha permanecido más de dos (2) años privado de su libertad, dicho retardo en el proceso se ha debido a causas no imputables al juzgado de la causa, sino por el contrario en su mayoría son imputables al defensor, por su no comparecencia a las respectivas audiencias...(omissis)...En tal sentido esta Sala considera que, no se les puede permitir a los accionantes que desvirtúen lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la proporcionalidad, en virtud que dicha norma sería objeto de actitudes desleales por parte de los imputados y sus defensores al retardar el proceso con el fin de poder obtener al cabo de dos (2) años el juzgamiento en libertad del mismo, sobre este particular cabe destacar que esta Sala señaló, respecto del contenido del entonces artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal (actualmente 244) en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (caso: Rita Alcira Coy y otros)...(omissis)...Por último, es menester aclarar que, la existencia de las condiciones establecidas en los artículos 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes al peligro de fuga y al peligro de obstaculización de la verdad, no deben ser tomadas en cuenta por el sentenciador al momento de decidir sobre el decaimiento de una medida, cuando un imputado ha permanecido privado de su libertad un tiempo mayor al establecido en el artículo 244 eiusdem, dado que, el propósito del legislador al crear dicha norma fue fijar un límite máximo de dos (2) años de duración, a toda medida de coerción personal, independientemente de su naturaleza, puesto que previó que ese lapso era suficiente para la tramitación del proceso. (Subrayado y Negrillas de éste Tribunal). (Expediente No. 03-0587, Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA, 02-03-2004) “…Al respecto, la Sala considera oportuno reiterar la doctrina establecida en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (Caso: Rita Alcira y otros), donde apuntó…(omissis)…es evidente que, en el presente caso, la medida de coerción personal impuesta al imputado sobrepasó el término establecido en el señalado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la garantía que el legislador ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, siempre y cuando no existan tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores para que el proceso penal pueda tardar más de dos años sin sentencia firme. De allí que, tal como lo declaró el juez constitucional, al no cursar en el expediente prueba alguna que permita determinar a quien debe atribuirse el retardo procesal, se hace necesario ordenar al Juzgado…(omissis)…que verifique si la dilación procesal fue obra del imputado o de su defensa, de no ser así el juez accionado debe proceder a revisar la medida cautelar sustitutiva que le fue acordada al imputado y sustituirla por otra medida de posible cumplimiento, que garantice la presencia del acusado en los actos del juicio…(omissis)…” (Expediente No. 04-1572, Magistrado Ponente: Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, 28-04-2005) En virtud de lo antes expuesto, cabe destacar que es innegable que el ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, se encuentra actualmente en calidad de procesado por la comisión de un delito de grave entidad, toda vez que no se ha logrado realizar el juicio oral y público en la causa que se le sigue, menos aún se ha logrado la imposición de una sentencia firme; ello en virtud de diversos factores, los cuales parcialmente son atribuibles a situaciones externas, ajenos a éste Tribunal, como lo es la ausencia del acusado, por falta de traslado por parte del Internado Judicial Región Capital Rodeo I, pues ello impide inevitablemente la consecución de las audiencias pautadas, como ha ocurrido en el caso en análisis. En virtud de lo anteriormente expuesto y siendo que hasta el día de hoy no han variado en lo absoluto los supuestos que motivaron al Tribunal de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal y sede, a imponer en fecha 28/04/2008 al ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad; estima ésta juzgadora que lo procedente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la solicitud interpuesta por la profesional del derecho FRANCIA COELLO en el sentido de que se le otorgue la Libertad a su representado; por considerar que se mantienen incólumes los supuestos establecidos en el artículo 250, en concordancia con lo previsto en el artículo 251 numerales 1, 2, 3, ambos del Código Orgánico Procesal; razón por la cual se ratifica la medida de coerción personal en los mismos términos impuestos. Y así se declara.- DECISIÓN: Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 01 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar la solicitud interpuesta por la profesional del derecho FRANCIA COELLO, en el sentido de que se le otorgue la Libertad a su representado, ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837; por considerar que se mantienen incólumes los supuestos establecidos en el artículo 250, en concordancia con lo previsto en el artículo 251 numerales 1, 2, 3, ambos del Código Orgánico Procesal; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264, adminiculado a lo previsto en el artículo 244, ambos del mencionado texto adjetivo penal. SEGUNDO: Se Ratifica la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta en fecha 28/04/2008 al ciudadano HERNANDEZ SOTO JOSE RAMON, titular de la cédula de identidad N° V-13.594.837, por parte del Tribunal de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal; por las razones precedentemente señaladas en el particular anterior. Notifíquese a las partes, conforme al único aparte del Artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, publíquese y déjese copia. Cúmplase.- La Juez de Juicio N° 1 Dra. Rosa Elena Rael Mendoza El Secretario Abg. José Luis Chaparro En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. Y así lo certifico El Secretario Abg. José Luis Chaparro Expediente N° 1U-152-08 RER/JLCH/RER