REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE EJECUCIÓN EXTENSIÓN VALLES DE TUY

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Valles del Tuy, 22 de Noviembre de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : MP21-P-2007-002117
ASUNTO : MJ21-P-2008-000026


Corresponde a este Juzgado Primero (1º) de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, de conformidad con lo previsto en el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentar la decisión dictada en audiencia oral de fecha 19 de noviembre de 2010, mediante la cual se acuerda la procedencia de la formula alternativa de cumplimiento de pena de REGIMEN ABIERTO a la ciudadana ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017 (ampliamente identificado en autos). En consecuencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 479 numeral 1º y 500 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se decide en los siguientes términos:

CAPITULO I

Luego de realizarse una detenida y minuciosa revisión de las actuaciones que conforman el presente expediente, se observa que el ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017 (identificado plenamente en autos), fue condenado por el Juzgado Segundo (2º) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, en fecha 18 de noviembre de 2008, a cumplir la pena de OCHO (08) AÑOS de PRISION, al encontrarlo responsable de la comisión de los delitos de SECUESTRO EN GRADO DE COOPERACIÒN, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, más las penas accesorias contenidas en el artículo 16 ejusdem.

Posteriormente, en fecha 17 de Febrero de 2009, se procedió por éste órgano jurisdiccional a ejecutar la sentencia condenatoria dictada en fecha 18 Noviembre de 2008, por el Juzgado Segundo (2º) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, en contra de la ciudadana ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, practicándose en consecuencia el cómputo de pena respectivo conforme al artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ulteriormente en fecha 21 de Julio de 2009, se profirió decisión de éste Tribunal en Funciones de Ejecución, mediante la cual vistos los recaudos emanados de la Junta Rehabilitadora Laboral y Educativa del Instituto Nacional de Orientación Femenina, en la cual se proponía la redención de la pena por el Trabajo y el Estudio a favor de la penada ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, se concedió de conformidad con lo establecido en los artículos 507 y 508 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, la redención de la pena por el trabajo y el estudio por el lapso de cinco (05) meses, trece (13) días y veintiún (21) horas, procediéndose en data 30 de Julio de 2009 a practicar nuevo cómputo de pena conforme al articulo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, determinando de este modo las fechas a partir de las cuales la prenombrada penada optaría a las formulas alternativas de cumplimiento de pena e igualmente cuando cumpliría la pena o condena impuesta.

En fecha 16 de Agosto 2010, se recibió oficio Nº CJ.086.10, de data 11 de Agosto de 2010, emanado de la Junta Rehabilitadora Laboral y Educativa del Instituto Nacional de Orientación Femenina, en la cual se remitía anexo documentación contentiva de la proposición de la redención de la pena por el trabajo y el estudio a la penada ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, por un lapso de CUATRO (04) MESES y NUEVE (09) DIAS, pronunciándose éste Tribunal en torno a dicha Redención en fecha 19 DE Agosto, confiriéndosele la misma por el lapso previamente referido.

CAPITULO II

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, es de la competencia de éste Juzgado en funciones de Ejecución, conocer sobre todo lo concerniente a la procedencia o no de las formulas alternativas de cumplimiento de pena, que correspondan a los penados, determinándose en tal sentido la facultad de éste órgano jurisdiccional para conocer de la presente causa.

Así mismo se atribuye dicha competencia a los Tribunales de Ejecución de acuerdo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 292 Expediente Nº CC02-0195 de fecha 13/06/2002, de la cual se extrae:

“… De acuerdo con la competencia de los tribunales de ejecución, a éstos les corresponde no solamente la ejecución de la pena y las medidas de seguridad sino también todo lo relacionado con la libertad, las fórmulas alternativas para su cumplimiento, redención, conversión, conmutación, extinción y acumulación de las penas, es decir la vigilancia y el control del cumplimiento de las penas que fueron impuestas por el tribunal que emitió la sentencia. A su vez son competentes para velar por el cumplimiento del régimen penitenciario, a pesar de encontrarse recluido en un lugar distinto…”

Tal criterio sostenido por éste Tribunal en cuanto a su competencia para conocer en lo concerniente a las formulas alternativas de cumplimiento de pena, es igualmente reafirmado de manera pacífica y reiterada en jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 322 Expediente Nº 08-179 de fecha 01/07/2008, de la cuales entre otras cosas se establece:

“… todo aquello que tenga relación con la libertad del penado y las formas de cumplimiento de la condena, se le atribuyen como competencias expresas y exclusivas a los tribunales de Primera Instancia en funciones de Ejecución de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal…”.


Al quedar previamente asentado en el párrafo que antecede, que es de la competencia de éste Tribunal decidir sobre lo atinente a las formulas alternativas de cumplimiento de pena que proceda o correspondan al ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017, es menester determinar cual de esas medidas comúnmente denominadas de prelibertad, es aplicable al condenado antes mencionado, a los fines de verificar si se cumplen los requisitos legales exigidos en la norma adjetiva penal, específicamente en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, y por ende se debe acordar la procedencia de la misma, dándose génesis al otorgamiento de la libertad del encausado arriba referido.

En el orden de ideas que se viene hilvanando, se aprecia que del folio 24 a 29 de la cuarta pieza del expediente, auto emanado de éste órgano jurisdiccional, a través del cual se realizo el nuevo cómputo de pena en las presentes actuaciones, estableciéndose que el ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017, comienza a optar a la formula alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto), desde el día 29 de agosto de 2009, siendo en consecuencia la fórmula alternativa de cumplimiento de pena por la que optaría el mismo.

Ahora bien, luego de determinarse cual es la formula alternativa de cumplimiento de pena que le corresponde al penado de autos, debe inexorablemente por mandato legal expreso del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, observarse que quien es acreedor de tal medida cumpla ineludiblemente con los requisitos que prevé dicha norma adjetiva penal.

En el caso que nos ocupa atendiendo a lo dispuesto por la norma in comento, se establecen como condiciones de procedencia para que pueda ser acordado por el Tribunal la medida de Destino a Establecimiento Abierto, las siguientes exigencias:

1) Que el penado haya extinguido por lo menos una tercera parte de la pena impuesta.
2) Que no haya cometido algún hecho punible sometido a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena.
3) Que el interno haya sido clasificado previamente en el grado de mínima seguridad por la Junta de Clasificación y Tratamiento del Establecimiento penitenciario, la cual estará presidida por el Director o Directora del centro e integrado por los profesionales que coordinen los equipos jurídicos, médicos, de tratamiento y de seguridad del mismo, así como por un funcionario designado para supervisar periódicamente el cumplimiento del plan de actividades del interno y un representante del equipo técnico que realice la evolución progresiva a que se refiere el siguiente ordinal.
4) Que exista un pronóstico de conducta favorable sobre el comportamiento futuro del penado, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico constituido por un psicólogo, un criminólogo, un trabajador social y un médico integral, siendo opcional la incorporación de un psiquiatra.
5) Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena no hubiere sido revocada por el Juez de Ejecución previamente.
6) Que se presente oferta de trabajo por parte del penado.

Así mismo, el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario establece en su artículo 65 la posibilidad de otorgar la fórmula de cumplimiento de pena destino a establecimiento abierto siempre que:

1. El penado haya extinguido una tercera parte de la pena impuesta,
2. Que el penado haya observado conducta ejemplar,
3. Que el penado ponga de relieve espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad.

Finalmente, el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

“ La suspensión condicional de la ejecución de la pena, la autorización para trabajar fuera del establecimiento, el destino a establecimiento abierto y la libertad condicional, podrán ser solicitados al tribunal de ejecución, por el penado o penada, por su defensor o defensora, o acordados de oficio por el tribunal. De ser el caso, el Juez o Jueza solicitara a la dirección del establecimiento los informes que prevé la ley. Cuando la solicitud la formule el penado penada ante la dirección del establecimiento, ésta la remitirá inmediatamente al tribunal.
En el escrito contentivo de la solicitud, el penado o penada, si fuere el caso, deberá señalar el lugar o dirección donde fijará su residencia y demás informaciones que posibiliten su localización inmediata, lo que deberá ser verificado por el tribunal previamente a la concesión del beneficio o la medida.
De ser acordada la solicitud, el penado o penada informará previamente de cualquier cambio en los datos aportados, so pena de serle revocado el beneficio o medida.”

Al revisarse si efectivamente en el presente caso, concurren de manera conjunta tales circunstancias, a fin de que sea procedente la concesión del beneficio de Régimen Abierto al ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017, se aprecia previa revisión minuciosa del expediente, que evidentemente se cumplen simultáneamente tales requisitos, como son inicialmente el haber extinguido una tercera parte de la pena impuesta, verificable en el presente caso de la práctica del cómputo respectivo, pues el penado se encuentra detenido desde el día 21 de octubre de 2007, lo que conlleva o permite establecer fehacientemente que hasta el 19 de noviembre de 2010, fecha de la audiencia oral, se ha encontrado privado corporalmente de su libertad por un lapso de TRES (03) AÑOS, Y TRES (03) DÌAS, término de tiempo que ha extinguido de la pena que le fuera impuesta, termino de tiempo que debe ser adicionado al periodo que se le ha redimido judicialmente de la pena por el trabajo y el estudio en el transcurso del presente proceso, vale acotar NUEVE (09) MESES, VEINTIDOS (22) DÌAS Y VEINTIUN (21) HORAS, término que resulta de la sumatoria total de las dos (02) redenciones judiciales de pena por trabajo y estudio que se le han concedido, lo que permite concluir que la penada ha extinguido de la pena impuesta hasta la fecha de la audiencia en la cual se le concedió la libertad bajo la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de REGIMEN ABIERTO, un total de TRES (03) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DÌAS, lapso de tiempo superior a los DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, que es la tercera (1/3) parte de la pena de ocho (08) años de prisión que le fue atribuida como pena definitiva que deberá cumplir, siendo en tal sentido satisfecho tal requisito, restándole por cumplir de la pena que le fuera impuesta CUATRO (04) AÑOS, UN (01) MES Y DIEZ (10) DÌAS, pena ésta que cumplirá o culminará el día 02 DE ENERO DE 2015, siempre que sean verificadas el cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas bajo la fórmula alternativa de cumplimiento de pena bajo la cual se encuentre sometida, para lo cual se solicitarán los informen conductuales periódicamente al delegado de prueba que al efecto se designará.

En segundo lugar es necesario que quien opta por la formula alternativa de cumplimiento de pena de Régimen Abierto no haya incurrido en la comisión de un hecho punible durante el cumplimiento de la condena, lo cual puede verificarse del informe emanado por la División de antecedentes penales cursantes al folio 103 de la IV pieza del expediente, así como igualmente es menester que presente buena conducta durante su período de reclusión (detención), requisitos éstos cumplidos y satisfechos por el sub judice pues el mismo ha demostrado tener buena conducta durante su estadía en su centro de reclusión, vale acotar, el INSTITUTO NACIONAL DE ORIENTACION FEMENINA (INOF), adaptándose a las normas establecidas en el régimen penitenciario sin registrar informes negativos durante su permanencia en ese reciento carcelario, lo cual se constata de la constancia de buena conducta, suscrita por el Director del aludido Centro penitenciario y los demás miembros de la Junta de Conducta de dicho penal (folio 13 pieza IV), cumpliéndose en tal sentido con lo exigido por el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, donde se requiere que quien sea beneficiado con una de las formulas alternativas de cumplimiento de pena haya observado buena conducta durante su período de reclusión (detención efectiva).

En tercer lugar, exige el Código Orgánico Procesal Penal, en su numeral 2º del artículo 500, que exista un informe de clasificación y tratamiento de mínima seguridad del penado emitido por la Junta de Clasificación del Penal en el que se encuentra el sub judice. En este punto es imperativo que quien aquí decide establezca que en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.930 Extraordinario del 04 de Septiembre de 2009, se establece que es menester a los efectos de la concesión de la Libertad Condicional que el penado haya sido clasificado previamente en el grado de mínima seguridad por la Junta de Clasificación y Tratamiento del Establecimiento respectivo, la cual estará presidida por el Director o Directora del centro e integrado por los profesionales que coordinen los equipos jurídicos, médicos, de tratamiento y de seguridad del mismo, así como por un funcionario designado para supervisar periódicamente el cumplimiento del plan de actividades del interno y un representante del equipo técnico que realice la evolución progresiva, la cual consta al folio 42 pieza IV, de manera que se constata que la penada se encuentra clasificada en MINIMA SEGURIDAD cumpliendo de tal forma el requisito exigido en el mencionado numeral 2ª del precepto legal.

En este punto, se vislumbra que inserto a los autos cursa Informe Técnico Nº s/n (Estudio Psicosocial), suscrito por los funcionarios Lcdo. Juan Carlos Olivares Psicòlogo, Lcda. Clara Josefina Lovera Trabajadora Social, Crim. Inès Meza Criminòloga y Dra. Nancy Niño Araque Médico Psiquiatra, todos adscritos a la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios, quienes de manera conjunta emitieron OPINION FAVORABLE, en torno al otorgamiento de la medida sustitutiva de la pena, por lo que al existir el respectivo informe técnico con pronostico favorable, suscrito por más los profesionales respectivos como exige la norma in comento, se cumple cabalmente con tal condición, observándose igualmente del contexto de dicho informe que dicha opinión favorable tiene génesis en que el penado observa “proceso de reflexión personal y arrepentimiento. Ha extraído aprendizajes de la sanción recibida, cuenta con apoyo familiar y tiene prospección futura viable” (ver folio 46 pieza IV).

Igualmente se advierte que es imperioso que no se haya revocado previamente alguna formula alternativa de cumplimiento de pena al penado que solicita o le procede la medida, circunstancia igualmente cumplida por el ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017, pues al mismo no se le ha revocado precedentemente algún beneficio, ello fundamentado en la revisión total de las actuaciones, de donde no se desprende que se materialice tal circunstancia.

Así mismo, aprecia que inserto a las actuaciones cursa oferta de empleo o laboral a nombre del ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017, emitida por el ciudadano CARLOS AGUANA NUÑEZ, director de la sociedad mercantil INVERSIONES LIGHTS SPORT C.A debidamente verificada por medio del alguacilazgo de éste Circuito Judicial, cumpliendo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario (109 y 110 pieza IV).

Finalmente, cursa a los folios 107 y 108 de la IV pieza del expediente respectivamente, carta de residencia y su respectiva verificación por medio del alguacilazgo de éste Circuito Judicial, por medio de la cual se deja constancia de la dirección donde el ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017 fijará su residencia lo cual permitirá su inmediata y eventual localización, cumpliendo finalmente con lo establecido en el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal, motivo por el cual se evidencia que ineludiblemente cumple satisfactoriamente y de forma concurrente con todos los requisitos exigidos en el artículo 500 y 506 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, para que le sea concedida la formula alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto).

En consecuencia de todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, quien aquí decide, al observar que innegablemente se cumplen cabalmente con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 500 y 506 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario, los cuales concurren simultáneamente, es procedente y ajustado a derecho conceder al ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017, la medida alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto), por lo que se ordena su libertad en virtud de lo antes explanado, acordándose así mismo se proceda a imponer de las condiciones respectivas inherentes al cumplimiento de dicho beneficio, como son: A) Presentarse cada quince (15) días ante la sede de este Juzgado. B) Pernoctar en el centro de Tratamiento Comunitario Pbro. JOSE MARIA FABIAN RUBIO, Final Av. El Buen Pastor, Boleìta Norte, Caracas, Municipio Sucre. C) No ausentarse de la jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas y el Estado Miranda, sin previa autorización de éste Tribunal. D) Cumplir con las obligaciones que le sean impuestas por el delegado de prueba que se designe, enmarcadas tales obligaciones en el régimen penitenciario. E) Someterse a orientación psicológica por parte del Delegado de Prueba tratante que le sea designado quien deberá ser Trabajador Social o Psicólogo e igualmente evaluación diagnóstico y tratamiento psicológico para descarte de compromiso orgánico cerebral, exploración diagnóstico y tratamiento psiquiátrico de obligatorio cumplimiento para descarte de alteraciones emocionales y de personalidad, de lo cual se remitirá informe bimensual (cada 2 meses) a éste Juzgado. Así se decide.-

CAPITULO III

En base a los razonamientos de hecho y de derecho que preceden, este Juzgado Primero (1º) de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, acuerda otorgar la formula alternativa de cumplimiento de pena de Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto), al ciudadano ADRIANA DEL VALLE SALAVARRIA MOTA, titular de la cédula de identidad Nª 14.014.017, en virtud de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 500, 506 ambos del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario.

Publíquese, regístrese y diarícese la presente decisión judicial. Líbrese boleta de notificación a nombre del Fiscal Décimo (10º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con competencia en Ejecución de Sentencias y al Defensor del penado, notificando lo resuelto por éste Juzgado. Líbrese oficio dirigido al Director del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), informando la presente decisión, Ofíciese al Director (a) del Centro de Tratamiento Comunitario Pbro. JOSE MARIA FABIAN RUBIO, Final Av. El Buen Pastor, Boleìta Norte, Caracas, Municipio Sucre, notificando lo resuelto por este Tribunal, e igualmente que deberá recibir a dicho penado quien a partir de la presente fecha pernoctara en ese organismo, requiriéndole se le designe delegado de prueba que supervise al penado de autos, debiendo informar a éste Tribunal el cumplimiento de lo aquí ordenado. SE designa como correo especial a la penada a los fines de que se dirija personalmente al centro de Tratamiento con el oficio correspondiente.
LA JUEZ PRIMERO DE EJECUCION

SANDRA SATURNO MATOS El Secretario


NEPTALY GONZALEZ

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.


EL SECRETARIO

NEPTALY GONZALEZ