TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.-
Los Teques
200° y 151°
PARTE ACTORA: IRMA MARÍN VALERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.961.706.
APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE ACTORA: RAMÓN A. GARCIA S. y MARIA N. OLIVER V. Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 65.012 y 38.834 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: CARMEN EDITH MONTOYA ESCALONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.385.506.
APODERADOS JUDICIALES No tiene apoderado judicial debidamente constituido
MOTIVO: NULIDAD
EXPEDIENTE Nro. 11715
CAPITULO I
SINTESIS DE LA LITIS

En fecha 15 de JUNIO de 2001, se inicia el presente procedimiento por ante este Juzgado, mediante libelo de demanda presentado por los abogados RAMÓN A. GARCIA S. y MARIA N. OLIVER V. Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 65.012 y 38.834, respectivamente; apoderados judiciales de la ciudadana IRMA MARIN VALERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.961.706 contra la ciudadana CARMEN EDITH MONTOYA ESCALONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.385.506.,.
En fecha 02 de JULIO de 2001, este Tribunal dictó auto de admisión de la demanda, ordenando emplazar a la parte demandada para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su citación, más un (1) día de término de distancia que se le concede, a fin de que contestara la demanda incoada en su contra.
En fecha 12 de noviembre de 2001, compareció ante este Tribunal, el apoderado judicial de la parte actora y mediante diligencia consignó los fotostatos requeridos a fin de dar cumplimiento al auto de admisión de la demanda.
En fecha 19 de noviembre de 2001, este Tribunal dictó auto ordenando librar la compulsa de citación a la parte demandada, y en fecha 29 de noviembre del mismo año, se comisionó al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, con oficio N° 0855-1940, la cual fue recibida sin cumplir.
En fecha 23 de mayo de 2002, se ordenó librar cartel de citación a la parte demandada, el cual fue debidamente entregado a la parte demandada, en fecha 31 de octubre de 2002.
En fecha 22 de septiembre de 2003, el apoderado judicial de la parte actora solicito la devolución de los originales consignados, la cual fue ordenada mediante auto de fecha 30 de septiembre de 2003, y recibidos por el solicitante el 02 de diciembre del mismo año.
En fecha 21 de septiembre de 2010. el Dr. HECTOR DEL V. CENTENO G., se abocó al conocimiento de la presente causa

CAPITULO II
MOTIVA
Este Tribunal para decidir observa que:
La perención es una sanción que la Ley impone a los litigantes negligentes que no impulsan debidamente el proceso, en tal sentido se ha señalado de manera pacífica en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la Ley, esto es, el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001 –Exp N° AA20-C-1951-000001).
En otra sentencia, la misma Sala de Casación Civil expresó:
“…en relación a la perención de la instancia, la Sala, en decisión de 2 de agosto de 2001, sentencia N° 217, expediente N° 00-535, juicio Luis Antonio Rojas Mora y otros contra Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones, estableció el siguiente criterio:
Considera la Sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso procesal dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada porque el juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del juzgador.
En criterio de la Sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado acto de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la presunción del juicio, porque si es menester que el juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la renuncia del sentenciador en dictar la providencia que requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio es imputable al Juez…” (Sala de Casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, 23 de julio de 2003-Exp N° AA20-C-2001-000914)
De modo pues, no existe ningún género de dudas, que la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiéndose por éstas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
Ahora bien, de la revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que en fecha 02 de diciembre de 2003, el apoderado actor retiró los originales, a los fines de su publicación en prensa, hasta la presente fecha, han transcurrido siete (06) años y nueve (9) meses sin que la parte haya realizado ningún acto de procedimiento tendientes a la continuación del proceso, lo que constituye, para quien aquí decide, inactividad procesal por falta de impulso procesal de las partes, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar perimida la instancia conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”, por aplicación analógica del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil y acogiendo este Despacho el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia antes transcrito; así lo hará quien aquí juzga en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.
CAPITULO III
DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa de NULIDAD propuesta por la ciudadana IRMA MARIN VALERA, contra la ciudadana CARMEN EDITH MONTOYA ESCALONA; ambas partes identificadas anteriormente.
No hay especial condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 251 eiusdem, notifíquense a las partes.
Publíquese, Regístrese y Notifíquense a las partes.
Déjese copia certificada del presente fallo, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 ejusdem.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. En Los Teques, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO

DR. HECTOR DEL V. CENTENO G.
EL SECRETARIO TITULAR,

ABG. FREDDY J. BRUZUAL
NOTA: En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 11:30 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de ley.
EL SECRETARIO TITULAR,
ABG. FREDDY J. BRUZUAL
HdVCG/yulmy
Exp.Nº 11715

El suscrito Abg. FREDDY BRUZUAL, Secretario Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, CERTIFICA: Que las copias que anteceden es traslado fiel y exacto de sus originales, las cuales corren insertan en el expediente N° 17029, que por DAÑO MORAL sigue la ciudadana IRMA MARIN VALERA, contra la ciudadana CARMEN EDITH MONTOYA ESCALONA. Certificación que se expide de conformidad con lo establecido en los Artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 1º de la Ley de Sellos.- Los Teques, veintiún (21) de septiembre del año dos mil diez (2010).-

EL SECRETARIO TITULAR,

ABG. FREDDY J. BRUZUAL

EXP N° 11715
FB/yulmy