TSJ Regiones - Decisión

Los Teques 28 de septiembre de 2010.-
200° y 151°
Juez Profesional: Dr. Ricardo Rangel Avilés.-
Secretaria: Abg. Ingrid Moreno.-

Defensa: Dra. Mercedes Adrián, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.-
Fiscal: Dra. Jeraldine Ramos, Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.-
Penado: Mervin del Carmen Rodríguez Salazar, titular de la cédula de identidad N° V-18.739.880.-
Delito: Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de Ocultamiento con Agravante, previsto y sancionado en el artículo 31en su segundo aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con el articulo 46 ordinal 5 ejusdem.-
Pena: Seis (06) años de prisión.-

En esta misma fecha se recibió expediente distinguido con el N° 4E-163-10, seguido a la ciudadana Mervin del Carmen Rodríguez Salazar, titular de la cédula de identidad N° V-18.739.880; procedente del Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 05 de éste Circuito Judicial Penal y sede; al respecto éste Juzgador pasa a realizar las siguientes consideraciones:

Primero: De la exhaustiva revisión de las actuaciones que conforman la causa signada bajo el N° 4E163-10 se desprende que en fecha 30/08/2010 se realizó por ante el mencionado Juzgado, Audiencia Preliminar; oportunidad en la cual se le impuso a la ciudadana Mervin del Carmen Rodríguez Salazar, el procedimiento especial de admisión de los hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En virtud de lo expuesto, el Tribunal en referencia, Condenó al ciudadano precedentemente identificado, a cumplir la pena de Seis (06) años de prisión, por ser responsable de la comisión del delito de Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de Ocultamiento con Agravante, previsto y sancionado en el artículo 31en su segundo aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con el articulo 46 ordinal 5 ejusdem; ordenando además remitir las actuaciones en fecha 03/09/2010, al Tribunal de Ejecución correspondiente.-
Segundo: En el acta de la Audiencia Preliminar en su parte in fine establece, que el texto íntegro de la sentencia será publicado dentro de los 10 días siguientes al pronunciamiento de la dispositiva de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal; así como las partes quedan debidamente notificadas de lo acordado, en atención al artículo 175 ejusdem.-
Tercero: En fecha 03/09/2010, se publica la Sentencia Condenatoria de la ciudadana Mervin del Carmen Rodríguez Salazar; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 del texto adjetivo penal; fallo en el cual se ordenó además, la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ejecución correspondiente.-
Cuarto: En fecha 20/09/2010, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05, libra oficio N° 1389-10 dirigido al Jefe de la Oficina de Alguacilazgo, remitiendo el expediente, con el objeto de su distribución en un Tribunal en funciones de Ejecución; correspondiendo su conocimiento a éste Tribunal.-

Ahora bien, del contenido del acta de la Audiencia Preliminar, se observa que efectivamente el ciudadano: Mervin del Carmen Rodríguez Salazar, fue Condenado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05 Circunscripcional, por aplicación del procedimiento especial de admisión de los hechos; a tenor de lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; no obstante en la dispositiva de la Audiencia en referencia, el órgano jurisdiccional respectivo se reserva el lapso a que se contrae el segundo aparte del artículo 365 ejusdem, a los fines de la publicación del texto íntegro de la sentencia definitiva; toda vez que consta en el acta de la Audiencia, cursante del folio ciento treinta y nueve (139) al ciento cincuenta y ocho (158) del expediente, que el Juzgado de Control difirió la redacción de la sentencia para dentro de los diez (10) días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva; motivo por el cual lo correspondiente y ajustado a derecho es dar cumplimiento con el contenido del artículo 49 numeral 1 Constitucional y los artículos 1, 12, 175, 176 y 365 del Código Orgánico Procesal Penal; de forma tal, que se proceda a notificar de la publicación del texto íntegro del fallo al acusado privado de libertad, garantizando el derecho a la defensa y dando de esta forma, cumplimiento con el contenido de la Sentencia N° 239 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24/05/2005, en el expediente signado con el N° C-2004-0227, con ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores. Y así se declara.-

No obstante lo anteriormente expuesto, observa quien aquí decide, que la redacción del texto íntegro de la sentencia fue publicado en fecha 03/09/2010; de cuyo contenido el acusado privado de libertad no fue notificado; lo cual evidentemente lo coloca en un estado de indefensión; más aún cuando de las actuaciones se desprende que en el cómputo de secretaría, no se indica expresamente la fecha en que el acusado fue notificado de la publicación de la sentencia, solo se hace mención del vencimiento del lapso para que las partes ejerzan sus recursos, a partir de la publicación del texto íntegro de la Sentencia, es decir no se señala cuando quedaron notificadas las partes de la publicación del texto de la sentencia, ni cuando se inicio el lapso para realizar la solicitud de aclaratoria o ejercer la apelación, si fuere el caso; todo lo cual no permite tener la certeza, del momento preciso en que se inician los lapsos a los fines de ejercer los recursos correspondientes; siendo el caso, que sin estar el acusado privado de libertad debidamente notificado de la publicación del fallo, en fecha 20/09/2010, se remiten las actuaciones a la Oficina de Alguacilazgo, a los fines de su distribución, ante un Tribunal de Primera Instancia en funciones de Ejecución; motivo por el cual se desprende que la sentencia proferida en fecha 03/09/2010 por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05 de éste Circuito Judicial Penal y sede, cuyo texto fue publicado en fecha 03/09/2010, no se encuentra definitivamente firme, en los términos de ley. Y así se declara.-

Al respecto el artículo 178 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Las decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, cuando no procedan o se hayan agotados los recursos en su contra…”

Por su parte, el artículo 479 ejusdem, establece expresamente, la competencia de los Tribunales de Ejecución, siendo del tenor siguiente:
“…Al tribunal de ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia conoce de:

1.- Todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena;

2.- La acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona;

3.- El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines, entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control..”

En ese orden de ideas, el artículo 480 ejusdem, consagra:
“El tribunal de control, o el de juicio, según sea el caso, definitivamente firme la sentencia, enviará el expediente junto al auto respectivo, al tribunal de ejecución, el cual remitirá el cómputo de la pena al establecimiento penitenciario donde se encuentre el penado privado de libertad…” (Subrayado y Negrillas del Tribunal).-

De las normas antes transcritas se observa que es deber del Juzgador, bien sea en funciones de Control o Juicio, según corresponda, remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución una vez que la sentencia proferida se encuentre definitivamente firme; bien porque fue confirmada por la alzada respectiva; o bien porque vencieron los lapsos procesales sin que las partes ejercieran recurso alguno en su contra; sin embargo, en el caso de marras se desprende que la sentencia no se encuentra en esas condiciones; toda vez que el acusado privado de libertad no ha sido notificado de la publicación de la sentencia efectuada en fecha 03/09/2010; todo lo cual imposibilita a este Juzgador a dictar el auto de ejecución y cómputo de la pena impuesta; en aras de resguardar la Garantía del Debido Proceso, muy especialmente el Derecho a la Defensa; consagrado en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se declara.-

Al respecto, el último aparte del artículo 64 de la norma adjetiva penal vigente, establece lo siguiente:
“… Corresponde al tribunal de ejecución velar por la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas…”. (Subrayado y negrillas nuestras).

De igual forma, el tercer aparte del artículo 532, contempla las funciones jurisdiccionales, y textualmente señala:
“… Los jueces de ejecución de sentencia velarán por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en la sentencia, vigilando y haciendo respetar los derechos humanos del penado consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República y en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas…”.-

En tal sentido, el juez de ejecución constituye una instancia especialísima que garantiza al penado su reinserción en la sociedad (controlando y vigilando el adecuado régimen penitenciario) como fin de la pena, el respeto de los derechos que le otorgan las leyes nacionales e internacionales, el otorgamiento de los beneficios y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, siendo que su función comienza después que se ha dictado contra reo o rea una sentencia condenatoria definitivamente firme; lo cual no es el caso de marras.-
Se trata pues, de “…un juez con funciones específicas que va a tener por norte el manejo, control y evaluación del penado a los efectos de que busque el cumplimiento de su pena, sin que medien las violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, en la búsqueda de su reincorporación a la sociedad como elementos útiles, entre otras cosas, por el estímulo a la consecución de los beneficios que la propia ley adjetiva les concede…”, y así lo sostiene el profesional del derecho ARQUÍMIDES GONZALEZ FERNANDEZ, en su obra “CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL CON PRÁCTICA FORENSE”, páginas 704 y 705.-

El artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“... En cualquier estado del proceso el tribunal que esta conociendo de un asunto podrá declinarlo mediante auto motivado, en otro tribunal que considere competente....” (Negrillas y subrayado del Tribunal).

El artículo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales o administrativas, en consecuencia:
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley…”(Negrillas del Tribunal).-

Por su parte, el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone lo siguiente:
“La incompetencia por la materia debe ser declarada por el Tribunal de oficio, o a solicitud del Ministerio Público o del imputado…” (Negrillas y subrayado nuestro).-

En consecuencia, estima este Juzgador que en el caso de marras, carece de competencia funcional para notificar tal fallo, por tratarse de una decisión que no se encuentra definitivamente firme, por no haber sido notificado el acusado privado de libertad de la publicación del texto íntegro de la Sentencia, y sin embargo, fue remitida a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución; razón por la cual, este Tribunal se DECLARA INCOMPETENTE POR LA MATERIA, PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida a la ciudadana Mervin del Carmen Rodríguez Salazar, titular de la cédula de identidad N° V-18.739.880, y en tal sentido DECLINA LA COMPETENCIA de la misma, al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la Ciudad de los Teques, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 numeral 4 Constitucional y en los artículos 64 último aparte, 479, 532 último aparte, 67 y 77 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Remítase las presentes actuaciones. Y Así se declara.-

DECISIÓN:
Por los razonamiento anteriormente expuestos, éste Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución N° 04 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley; se DECLARA INCOMPETENTE POR LA MATERIA, PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida a la ciudadana Mervin del Carmen Rodríguez Salazar, titular de la cédula de identidad N° V-18.739.880; al considerar que carece de competencia funcional para ejecutar una sentencia que no se encuentra definitivamente firme; y en tal sentido se DECLINA LA COMPETENCIA de la misma, al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la Ciudad de los Teques, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 numeral 4 Constitucional y en los artículos 64 último aparte, 479, 532 último aparte, 67 y 77 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Remítase la presente causa con oficio al Tribunal en cuestión.-
Notifíquese a las partes, conforme al único aparte del Artículo 175 ejusdem.-.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada. Cúmplase.-
El Juez

Dr. Ricardo Rangel Avilés
La Secretaria

Abg. Ingrid Moreno
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede. Y así lo certifico.-
La Secretaria

Abg. Ingrid Moreno

Causa: 4E163-10
RRA/IM/rr.-