Expediente: 10-7279.
Parte recurrente: Sociedad Mercantil MAXIOFERTAS LOS SALIAS, C.A., inscrita ante la Oficina del Registro Mercantil Primero de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, ahora Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el día 26 de marzo de 1993, bajo el Nº 48. Tomo 123-A Pro.
Representación Judicial de la parte recurrente: Abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037.
Parte recurrida: Auto de fecha 28 de junio de 2010, dictado por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Mirada, en el expediente No. E-2010-067 (nomenclatura interna de ese Juzgado).
Acción: Resolución de Contrato.
Motivo: Recurso de Hecho.
I
NARRATIVA
Antecedentes
Corresponde a esta Alzada conocer del Recurso de Hecho presentado en fecha 01 de julio de 2010, por la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037, en virtud del auto de fecha 28 de junio de 2010 dictado por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante el cual NEGÓ el Recurso de Apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 18 de junio de 2010 en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO incoara la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA 33, S.R.L., en contra de la sociedad mercantil MAXIOFERTAS LOS SALIAS, C.A.
Se observa del folio uno (01) al seis (06) el escrito libelar presentado en fecha 01 de julio de 2010 por la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037, por ante el Juzgado de Segundo Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques.
Mediante diligencia de fecha 22 de julio de 2010, compareció la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, consignando las copias certificadas conducentes.
En fecha 28 de julio de 2010, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, declinó su competencia a este Juzgado Superior, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2009-0006 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 18 de marzo de 2009 y vigente desde el 02 de abril de 2009, siendo remitidas las actuaciones mediante oficio No. 0855-770 de fecha 09 de agosto de 2010.
Actuaciones en Alzada
En fecha 13 de agosto de 2010, este Tribunal Superior dio entrada a la presente causa signándola bajo el No. 10-7279 (Nomenclatura de esta Alzada), y de conformidad con el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil se fijó el quinto (5) día de despacho siguiente a la fecha para dictar sentencia.
Alegatos de la recurrente
En fecha 01 de julio de 2010, la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, presentó escrito mediante el cual expuso:
Que, en fecha 18 de junio de 2010, el A quo por sentencia de esa misma fecha, declaró con lugar la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoara en su contra la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA 33 S.R.L., con fundamento en una copia simple de un documento privado y tramitada bajo el procedimiento breve, condenándola a hacerle la entrega inmediata, a esta última, libre de bienes y personas del inmueble objeto de la demanda.
Que, en fecha 21 de junio de 2010 ejerció el recurso de apelación en contra de la sentencia aludida y solicitó que dicha apelación se escuchara en ambos efectos, en acatamiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, establecida al respecto mediante sentencia No. 328, de fecha 09 de marzo de 2001, en el expediente No. 00-2530, bajo la ponencia del Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.
Que, en fecha 22 de junio de 2010, la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA, S.R.L., solicitó la ejecución de la sentencia apelada.
Que, mediante auto dictado en fecha 28 de junio de 2010, el A quo negó el recurso de apelación interpuesto, manifestando que el monto libelar es inferior a Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.).
Solicitó, se revocara el auto de fecha 28 de junio de 2010, dictado por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias de esta misma Circunscripción Judicial; así como también, se ordene escuchar en ambos efectos la apelación interpuesta en contra de la sentencia dictada por dicho Juzgado en fecha 18 de junio de 2010, en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
Invocó los siguientes argumentos: 1) el derecho de recurrir del fallo ante Juez o Tribunal Superior, derecho humano consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, teniendo aplicación preferente a cualquier norma o resolución, por efecto del articulo 23 de la Carta Magna; y 2) todos los jueces en el ámbito de sus competencias, están obligados a asegurar la integridad de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 del texto Constitucional.
Concluyó solicitando, se habilite el tiempo necesario para decidir el presente Recurso de Hecho, en virtud de la urgencia del caso.
Del Fallo Recurrido
Consta del folio veintiuno (21) al veintitrés (23) de las actas que conforman el expediente, el auto de fecha 28 de junio de 2010, dictada por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante la cual negó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, exponiendo lo siguiente:
…omissis…
“Del texto de este dispositivo se desprende que el derecho al acceso a la impugnación de las sentencias donde se declara la culpabilidad –de cualquier orden- priva de manera general, salvo cuando la propia Carta Magna o la ley dispone otra cosa, pues este derecho tiende a garantizar la tutela judicial efectiva que se ejerce a través de los recursos establecidos por la Ley.
Específicamente, en nuestro proceso civil rige igualmente el principio del doble grado de jurisdicción, encontrando sus excepciones en determinados casos taxativamente establecidos, atendiendo a la naturaleza y a la entidad de los derechos controvertidos. En este sentido, el artículo 288 del texto adjetivo civil expresa: “De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario”.
Con respecto a este asunto la extinta Corte Suprema de Justicia en decisión de fecha 30 de junio de 1993 asentó que la doble instancia no podía considerarse como una garantía de orden constitucional ni tampoco como naturalmente inserida dentro del principio de inviolabilidad de la defensa del debido proceso, pues si así fuera, habría que presuponer contra toda lógica de sentido común, que el juez de primer grado actúa ímprobamente o con ignorancia del derecho, de allí que esta disposición legal en comento, aunque establece que por regla general rige el principio de la doble instancia respecto al proceso principal, deja a salvo los casos excepcionales en los que la ley niega el recurso ordinario contra sentencias definitivas de primer grado, sea en consideración a la escasa cuantía del juicio o a las particulares circunstancias de la litis.
Ahora bien, en la actualidad, de acuerdo con los parámetros de la vigente Constitución de 1999, Venezuela, constituida como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la justicia, la igualdad, la preeminencia de los derechos humanos y la ética, el derecho a la recurribilidad del fallo, es, sin lugar a dudas, una garantía constitucional; empero, como lo dispone la norma antes reproducida, acepta excepciones de la propia Carta Magna o de la ley.
Así, en el ámbito civil, el texto adjetivo establece casos en los cuales no se admite apelación contra sentencias definitivas, estos son:
1. La sentencia definitiva de instancia única en los juicios de invalidación: Artículo 337
2. La sentencia definitiva de árbitros: Artículo 624
3. La de rectificación de actas de estado civil sin oposición: Artículo 772.
4. La de juicios de retardo perjudicial: Artículo 817.
5. La del procedimiento oral según la cuantía: Artículo 878.
6. La del procedimiento breve según la cuantía.
7. La definitiva del recurso de queja: Artículo 845.
8. La sentencia de retasa de honorarios profesionales: Artículo 23 de la Ley de Abogados.
La norma señalada en el numeral 6, es la que motiva la solicitud de marras, la cual preceptúa:
“Artículo 891. De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares.”
El artículo reproducido con inmediata anterioridad fue modificado mediante Resolución No. 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.152 del 2 de abril de 2009, donde se incrementó la cuantía mínima para acceder al recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en los juicios breves, la cual se oirá cuando el valor del asunto debatido sea superior a QUINIENTAS (500) UNIDADES TRIBUTARIAS, lo que corresponde en la actualidad a la cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 32.500,00).
Es importante señalar que la disposición que limita la apelación en los juicios breves, ha estado vigente desde que se promulgó en 1986 el actual Código de Procedimiento Civil, sólo que cayó en desuso, sin perder su vigor, por volverse irrisorio con el paso del tiempo el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) que contenía la norma, lo que hacía que en la práctica, se oyera la totalidad de las apelaciones que en tales juicios se formulaban, pues todas excedían con creces dicha cantidad de dinero.
Entonces, cuando el alto Tribunal de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y, coetáneamente, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y máximo y último intérprete de la Constitución acordó la modificación objeto de estudio le dio nuevamente vida a la indicada limitación de acuerdo con el valor actual de la moneda expresada en unidades tributarias, a fin de que continúe teniendo vigencia sin la necesidad de reemplazos periódicos, es decir, fijó su permanencia en temporal, no alterándose con ello ninguna garantía constitucional.
Por las razones expuestas, este JUZGADO DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA no oye dicho recurso de apelación por cuanto la estimación de la demanda, fue fijada en TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 30.380,00), siendo este monto inferior a la cuantía fijada en la reforma. Así se declara.”
(Fin de la cita)
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Este Juzgado Superior con competencia funcional por la materia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en ejercicio de su potestad sentenciadora, la cual conlleva al estudio, tanto de los alegatos expuestos por el recurrente, así como el contenido del auto impugnado, al realizar el pertinente análisis en el sub-judice, observa:
La apelación, es considerada como un medio concedido a los litigantes para solicitar y obtener la reparación de una sentencia injusta, es una INSTITUCIÓN que data indudablemente de la más remota antigüedad. Desde que hubo litigantes y Jueces que dictaran sentencias, hubo de existir la potestad de la parte perdidosa que se creyó lesionada en sus intereses por la parcialidad, la ignorancia o el error de los Juzgadores; y conforme a la ley, las costumbres los usos de cada pueblo y de cada época, debió concederse un recurso más o menos apropiado para proveer a la necesidad de la reparación perdida. Asimismo, la apelación es un recurso legal en virtud del cual la parte que se cree agraviada por el fallo de una autoridad judicial, ocurre en revisión ante una autoridad inmediatamente superior en grado o jerarquía, lo cual implica el reconocimiento de dos o más instancias, esto es de dos o más grado de jurisdicción.
Ahora bien citaremos a Mortara Concil. Trident., De reforma., Sec. 24; Arminio Borjas:
“.. Si bien toda parte, al ser dictada la sentencia que lo agravia, es libre de promover o no contra ella el recuso de apelación, no lo es, en cambio, de renunciar previamente a su derecho de apelar, pues tal renuncia por adelantado equivale a una prorroga de jurisdicción, no en el sentido de que le sea sometido a un Tribunal de segundo grado el conocimiento de un asunto que corresponde al de la primera instancia, o viceversa, si no porque es innegable “ que el Magistrado ante el cual ocurren las partes después de haber renunciado recíprocamente a todo reclamo contra su decisión, no juzga entre ellas en primera, sino en única instancia, en ultima para decirlo mejor”
Cabe destacar la definición de Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág.; 353, 354:
“la apelación, o alzada, es el recurso concedido a un litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior.”
En conclusión, como bien lo dicen los tratadistas, la apelación se ha venido admitiendo de forma genérica y ha asentado la doctrina según la cual, cuando la apelación es ejercida en forma genérica, el conocimiento del asunto es devuelto al juez de alzada en forma absoluta y, en consecuencia; adquiere facultad para decidir todas las acciones, defensas y excepciones esgrimidas por las partes. Dándose así este efecto de la apelación genérica, entonces queda satisfecho el principio de la doble instancia por el solo hecho de que el proceso, considerado en su conjunto, haya sido decidido en las dos instancias establecidas en la ley, independientemente de que alguno de los sentenciadores haya dejado de pronunciarse sobre alguna acción o defensa por considerarlo innecesario en razón del resultado de otras así, conforme a esta reiterada doctrina, si por haber declarado con lugar una excepción de inadmisibilidad opuesta para ser decidida como punto previo en la oportunidad de la sentencia definitiva, el juez de la primera instancia no entra a conocer ni decidir las defensas perentorias, por considerarlo innecesario, una vez apelado en forma genérica el fallo en caso de desestimar la excepción de inadmisibilidad y, al hacerlo así, sea que absuelva o condene al demandado, se estaría dando cumplimiento al principio de la doble instancia.
Es importante traer a colación el Articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela el cual expresa lo siguiente:
“toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”
Igualmente, debemos destacar el articulo 49 ordinal 1° de nuestra Carta Magna, como bien lo cito la Jueza de Municipio del Municipio Los Salías, cuando realiza la interpretación de manera acertada de la doble Jurisdicción, aun mas señala de manera taxativa lo dispuesto en el ordinal:
“… toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.”
Se destaca con exactitud que las sentencias donde se declara la culpabilidad de cualquier orden, priva de manera objetiva y sin lugar a dudas, a excepción de la norma constitucional o que la Ley disponga otra cosa; pues evidentemente es un derecho que tiende a garantizar la tutela judicial efectiva; en consecuencia, no se debe interpretar la ley para violar derechos y garantías constitucionalmente establecidas.
Razón por la cual, es menester dejar claramente establecido que el Código de Procedimiento Civil en el Artículo 288 deja establecido lo siguiente:
“De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición en contrario.” (Negrillas y Subrayado del Tribunal)
Ahora bien, es fundamental transcribir parte de la Resolución de la Sala Plena, N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 39.152 del 2 de Abril de 2009, que establece las nuevas competencias y atribuciones de los Tribunales de Municipio, que textualmente expresa lo siguiente:
“se tramitaran por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 UT): así mismo las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 esjudem respecto al procedimiento breve expresados en bolívares, se fijan en Quinientas Unidades Tributarias (500 UT)”
De la Resolución anteriormente transcrita se desprende que la modificación a las competencias de los Tribunales de la República obedece a la necesidad de descongestionar la actividad que se realiza en los Juzgados de Primera Instancia, ya que se incremento su actuación como Juez de Alzada por la eliminación de los Juzgados de Parroquia, también por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa que se han distribuido, así como, los asuntos de familia donde no intervienen niños, niñas y adolescentes, lo cual atenta contra la eficacia judicial; es decir, no se puede deducir que se haya eliminado el recurso de apelación para las decisiones recaídas en los juicios breves. (Negrillas y subrayado del Tribunal)
La interpretación que la Jueza de Municipio del Municipio Los Salías desarrollo en el auto de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010), donde niega el derecho para apelar, es una interpretación acomodaticia para satisfacer las necesidades de su decisión, pero dañina y perjudicial para los derechos e intereses de las partes en el proceso. Además, de ser absolutamente inconstitucional por el hecho de colidir con el ordinal 1° del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza el recurso de apelación o revisión de las sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio, como garantía al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa. Solo en casos excepcionales y expresamente previsto por la ley puede no concederse el recurso en aras y en beneficio de la administración de justicia, pero en este caso concreto no solo la norma constitucional citada garantiza el ejercicio de este derecho, sino que está desarrollado en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y en la novedosa Resolución de la Sala Plena, N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, que establece los presupuestos fundamentales para ser oída la apelación contra la sentencia en ambos efectos y por normal interpretación de esta norma es obligante concluir que en aquellos casos que no se den los presupuestos del articulo 891 esjudem, es justo y apegado a derecho oír la apelación en un solo efecto. Este análisis y por consecuencia deducción es de obligatorio cumplimiento en nuestro ordenamiento procesal, porque así está previsto, con la finalidad de garantizar la doble instancia y colaborar con una sabia administración de justicia, que busque la paz y la armonía social. ASI SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO.
Ahora bien a la luz de la interpretación errónea de la resolución, realizada por la Jueza de Municipio del Municipio Los Salías de esta Circunscripción Judicial se debe dejar claramente establecido, lo que dejo sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de octubre de 2001, con ponencia del magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, (caso J.M. Sousa en Amparo).
En un análisis que en dicho fallo realiza del Artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, de que en aquellos procedimientos breves en los cuales la cuantía sea menor de cinco mil bolívares (hoy 500 U.T.), cabe apelación pero solo en un efecto, expresando que:
“…. No se puede inferir del texto del articulado precedentemente transcrito, que se niegue la posibilidad de apelar de las sentencias definitivas dictadas en los juicios cuya cuantía no excede de cinco mil bolívares (hoy quinientas unidades tributarias). Sólo se infiere que para que la apelación pueda escucharse en dos efectos, es necesario que ocurran dos elementos en forma concurrente: que se realice en tiempo hábil y que el asunto tenga una cuantía mayor de cinco mil bolívares (hoy quinientas (500) unidades tributarias).” (Negrillas y subrayado del Tribunal)
En los procedimientos cuya cuantía sea menor, existe apelación, pero se tramita en un solo efecto cuando ha sido propuesta dentro del término, por lo que cualquiera otra interpretación negaría el principio de la doble instancia, que es, como se indico precedentemente un principio constitucionalmente tutelado.
Criterio éste que comparte esta Superioridad y así debe quedar establecido en todos los juicios breves donde la cuantía sea menor a cinco mil bolívares (hoy quinientas unidades tributarias), en virtud de lo anteriormente expuesto el recurso debe ser oído en un solo efecto, como efectivamente lo declarara esta Alzada en la dispositiva de la presente decisión. Y ASI SE DECIDE.
Por último, esta Juzgadora con el poder disciplinario de índole administrativa y no jurisdiccional que tiene a su cargo, no puede pasar por alto hacer un llamado de atención, a la Juez del Tribunal de la causa, y se le apercibe para que en lo sucesivo, de estricto cumplimiento y atienda con verdadero empeño lo ordenado en la Resolución No. 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que realice interpretaciones que vayan en favor de la celeridad y la expedita administración de la justicia, ello con el fin de evitar desgastes jurisdiccionales innecesarios, puesto que es este Tribunal único Superior del Estado Miranda con competencia en las diversas materias Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que tiene atribuidas.
III
DISPOSITIVA
En mérito de lo precedentemente expuesto este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: CON LUGAR el Recurso interpuesto en fecha primero (1°) de julio de dos mil diez (2010) por la abogada SILVIA ESPERANZA PIÑANGO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MAXIOFERTAS LOS SALIAS, S.R.L., contra el auto dictado en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010) por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
SEGUNDO: En virtud de la declaratoria con lugar se deja sin efecto el auto de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010), y en consecuencia se ORDENA al Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, oír el Recurso de Apelación interpuesto en un solo efecto por la recurrente contra la decisión dictada en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010).
TERCERO: Remítase el presente expediente al Juzgado del Municipio Los Salias de esta misma Circunscripción Judicial.
CUARTO: Regístrese, publíquese, incluso en la página Web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Los Teques, veintidós (22) de septiembre del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR
DRA. YOLANDA DEL CARMEN DÍAZ
LA SECRETARIA,
KIAMARIS MAITA
En esta misma fecha, siendo las diez y veinte de la mañana (10:20 a.m.), se publicó, registró y diarizó la anterior decisión, en el expediente No.10-7279 tal y como fue ordenado.
LA SECRETARIA,
KIAMARIS MAITA
Exp. No. 10-7279.
YD/KM/vp.-
Expediente: 10-7279.
Parte recurrente: Sociedad Mercantil MAXIOFERTAS LOS SALIAS, C.A., inscrita ante la Oficina del Registro Mercantil Primero de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, ahora Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el día 26 de marzo de 1993, bajo el Nº 48. Tomo 123-A Pro.
Representación Judicial de la parte recurrente: Abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037.
Parte recurrida: Auto de fecha 28 de junio de 2010, dictado por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Mirada, en el expediente No. E-2010-067 (nomenclatura interna de ese Juzgado).
Acción: Resolución de Contrato.
Motivo: Recurso de Hecho.
I
NARRATIVA
Antecedentes
Corresponde a esta Alzada conocer del Recurso de Hecho presentado en fecha 01 de julio de 2010, por la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037, en virtud del auto de fecha 28 de junio de 2010 dictado por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante el cual NEGÓ el Recurso de Apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 18 de junio de 2010 en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO incoara la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA 33, S.R.L., en contra de la sociedad mercantil MAXIOFERTAS LOS SALIAS, C.A.
Se observa del folio uno (01) al seis (06) el escrito libelar presentado en fecha 01 de julio de 2010 por la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037, por ante el Juzgado de Segundo Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques.
Mediante diligencia de fecha 22 de julio de 2010, compareció la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, consignando las copias certificadas conducentes.
En fecha 28 de julio de 2010, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, declinó su competencia a este Juzgado Superior, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2009-0006 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 18 de marzo de 2009 y vigente desde el 02 de abril de 2009, siendo remitidas las actuaciones mediante oficio No. 0855-770 de fecha 09 de agosto de 2010.
Actuaciones en Alzada
En fecha 13 de agosto de 2010, este Tribunal Superior dio entrada a la presente causa signándola bajo el No. 10-7279 (Nomenclatura de esta Alzada), y de conformidad con el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil se fijó el quinto (5) día de despacho siguiente a la fecha para dictar sentencia.
Alegatos de la recurrente
En fecha 01 de julio de 2010, la abogada SILVIA ESPERANZA GARCÍA PIÑANGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 32.037, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, presentó escrito mediante el cual expuso:
Que, en fecha 18 de junio de 2010, el A quo por sentencia de esa misma fecha, declaró con lugar la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoara en su contra la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA 33 S.R.L., con fundamento en una copia simple de un documento privado y tramitada bajo el procedimiento breve, condenándola a hacerle la entrega inmediata, a esta última, libre de bienes y personas del inmueble objeto de la demanda.
Que, en fecha 21 de junio de 2010 ejerció el recurso de apelación en contra de la sentencia aludida y solicitó que dicha apelación se escuchara en ambos efectos, en acatamiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, establecida al respecto mediante sentencia No. 328, de fecha 09 de marzo de 2001, en el expediente No. 00-2530, bajo la ponencia del Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.
Que, en fecha 22 de junio de 2010, la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA, S.R.L., solicitó la ejecución de la sentencia apelada.
Que, mediante auto dictado en fecha 28 de junio de 2010, el A quo negó el recurso de apelación interpuesto, manifestando que el monto libelar es inferior a Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.).
Solicitó, se revocara el auto de fecha 28 de junio de 2010, dictado por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias de esta misma Circunscripción Judicial; así como también, se ordene escuchar en ambos efectos la apelación interpuesta en contra de la sentencia dictada por dicho Juzgado en fecha 18 de junio de 2010, en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
Invocó los siguientes argumentos: 1) el derecho de recurrir del fallo ante Juez o Tribunal Superior, derecho humano consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, teniendo aplicación preferente a cualquier norma o resolución, por efecto del articulo 23 de la Carta Magna; y 2) todos los jueces en el ámbito de sus competencias, están obligados a asegurar la integridad de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 del texto Constitucional.
Concluyó solicitando, se habilite el tiempo necesario para decidir el presente Recurso de Hecho, en virtud de la urgencia del caso.
Del Fallo Recurrido
Consta del folio veintiuno (21) al veintitrés (23) de las actas que conforman el expediente, el auto de fecha 28 de junio de 2010, dictada por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante la cual negó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, exponiendo lo siguiente:
…omissis…
“Del texto de este dispositivo se desprende que el derecho al acceso a la impugnación de las sentencias donde se declara la culpabilidad –de cualquier orden- priva de manera general, salvo cuando la propia Carta Magna o la ley dispone otra cosa, pues este derecho tiende a garantizar la tutela judicial efectiva que se ejerce a través de los recursos establecidos por la Ley.
Específicamente, en nuestro proceso civil rige igualmente el principio del doble grado de jurisdicción, encontrando sus excepciones en determinados casos taxativamente establecidos, atendiendo a la naturaleza y a la entidad de los derechos controvertidos. En este sentido, el artículo 288 del texto adjetivo civil expresa: “De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario”.
Con respecto a este asunto la extinta Corte Suprema de Justicia en decisión de fecha 30 de junio de 1993 asentó que la doble instancia no podía considerarse como una garantía de orden constitucional ni tampoco como naturalmente inserida dentro del principio de inviolabilidad de la defensa del debido proceso, pues si así fuera, habría que presuponer contra toda lógica de sentido común, que el juez de primer grado actúa ímprobamente o con ignorancia del derecho, de allí que esta disposición legal en comento, aunque establece que por regla general rige el principio de la doble instancia respecto al proceso principal, deja a salvo los casos excepcionales en los que la ley niega el recurso ordinario contra sentencias definitivas de primer grado, sea en consideración a la escasa cuantía del juicio o a las particulares circunstancias de la litis.
Ahora bien, en la actualidad, de acuerdo con los parámetros de la vigente Constitución de 1999, Venezuela, constituida como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la justicia, la igualdad, la preeminencia de los derechos humanos y la ética, el derecho a la recurribilidad del fallo, es, sin lugar a dudas, una garantía constitucional; empero, como lo dispone la norma antes reproducida, acepta excepciones de la propia Carta Magna o de la ley.
Así, en el ámbito civil, el texto adjetivo establece casos en los cuales no se admite apelación contra sentencias definitivas, estos son:
1. La sentencia definitiva de instancia única en los juicios de invalidación: Artículo 337
2. La sentencia definitiva de árbitros: Artículo 624
3. La de rectificación de actas de estado civil sin oposición: Artículo 772.
4. La de juicios de retardo perjudicial: Artículo 817.
5. La del procedimiento oral según la cuantía: Artículo 878.
6. La del procedimiento breve según la cuantía.
7. La definitiva del recurso de queja: Artículo 845.
8. La sentencia de retasa de honorarios profesionales: Artículo 23 de la Ley de Abogados.
La norma señalada en el numeral 6, es la que motiva la solicitud de marras, la cual preceptúa:
“Artículo 891. De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares.”
El artículo reproducido con inmediata anterioridad fue modificado mediante Resolución No. 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.152 del 2 de abril de 2009, donde se incrementó la cuantía mínima para acceder al recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en los juicios breves, la cual se oirá cuando el valor del asunto debatido sea superior a QUINIENTAS (500) UNIDADES TRIBUTARIAS, lo que corresponde en la actualidad a la cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 32.500,00).
Es importante señalar que la disposición que limita la apelación en los juicios breves, ha estado vigente desde que se promulgó en 1986 el actual Código de Procedimiento Civil, sólo que cayó en desuso, sin perder su vigor, por volverse irrisorio con el paso del tiempo el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) que contenía la norma, lo que hacía que en la práctica, se oyera la totalidad de las apelaciones que en tales juicios se formulaban, pues todas excedían con creces dicha cantidad de dinero.
Entonces, cuando el alto Tribunal de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y, coetáneamente, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y máximo y último intérprete de la Constitución acordó la modificación objeto de estudio le dio nuevamente vida a la indicada limitación de acuerdo con el valor actual de la moneda expresada en unidades tributarias, a fin de que continúe teniendo vigencia sin la necesidad de reemplazos periódicos, es decir, fijó su permanencia en temporal, no alterándose con ello ninguna garantía constitucional.
Por las razones expuestas, este JUZGADO DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA no oye dicho recurso de apelación por cuanto la estimación de la demanda, fue fijada en TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 30.380,00), siendo este monto inferior a la cuantía fijada en la reforma. Así se declara.”
(Fin de la cita)
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Este Juzgado Superior con competencia funcional por la materia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en ejercicio de su potestad sentenciadora, la cual conlleva al estudio, tanto de los alegatos expuestos por el recurrente, así como el contenido del auto impugnado, al realizar el pertinente análisis en el sub-judice, observa:
La apelación, es considerada como un medio concedido a los litigantes para solicitar y obtener la reparación de una sentencia injusta, es una INSTITUCIÓN que data indudablemente de la más remota antigüedad. Desde que hubo litigantes y Jueces que dictaran sentencias, hubo de existir la potestad de la parte perdidosa que se creyó lesionada en sus intereses por la parcialidad, la ignorancia o el error de los Juzgadores; y conforme a la ley, las costumbres los usos de cada pueblo y de cada época, debió concederse un recurso más o menos apropiado para proveer a la necesidad de la reparación perdida. Asimismo, la apelación es un recurso legal en virtud del cual la parte que se cree agraviada por el fallo de una autoridad judicial, ocurre en revisión ante una autoridad inmediatamente superior en grado o jerarquía, lo cual implica el reconocimiento de dos o más instancias, esto es de dos o más grado de jurisdicción.
Ahora bien citaremos a Mortara Concil. Trident., De reforma., Sec. 24; Arminio Borjas:
“.. Si bien toda parte, al ser dictada la sentencia que lo agravia, es libre de promover o no contra ella el recuso de apelación, no lo es, en cambio, de renunciar previamente a su derecho de apelar, pues tal renuncia por adelantado equivale a una prorroga de jurisdicción, no en el sentido de que le sea sometido a un Tribunal de segundo grado el conocimiento de un asunto que corresponde al de la primera instancia, o viceversa, si no porque es innegable “ que el Magistrado ante el cual ocurren las partes después de haber renunciado recíprocamente a todo reclamo contra su decisión, no juzga entre ellas en primera, sino en única instancia, en ultima para decirlo mejor”
Cabe destacar la definición de Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág.; 353, 354:
“la apelación, o alzada, es el recurso concedido a un litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior.”
En conclusión, como bien lo dicen los tratadistas, la apelación se ha venido admitiendo de forma genérica y ha asentado la doctrina según la cual, cuando la apelación es ejercida en forma genérica, el conocimiento del asunto es devuelto al juez de alzada en forma absoluta y, en consecuencia; adquiere facultad para decidir todas las acciones, defensas y excepciones esgrimidas por las partes. Dándose así este efecto de la apelación genérica, entonces queda satisfecho el principio de la doble instancia por el solo hecho de que el proceso, considerado en su conjunto, haya sido decidido en las dos instancias establecidas en la ley, independientemente de que alguno de los sentenciadores haya dejado de pronunciarse sobre alguna acción o defensa por considerarlo innecesario en razón del resultado de otras así, conforme a esta reiterada doctrina, si por haber declarado con lugar una excepción de inadmisibilidad opuesta para ser decidida como punto previo en la oportunidad de la sentencia definitiva, el juez de la primera instancia no entra a conocer ni decidir las defensas perentorias, por considerarlo innecesario, una vez apelado en forma genérica el fallo en caso de desestimar la excepción de inadmisibilidad y, al hacerlo así, sea que absuelva o condene al demandado, se estaría dando cumplimiento al principio de la doble instancia.
Es importante traer a colación el Articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela el cual expresa lo siguiente:
“toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”
Igualmente, debemos destacar el articulo 49 ordinal 1° de nuestra Carta Magna, como bien lo cito la Jueza de Municipio del Municipio Los Salías, cuando realiza la interpretación de manera acertada de la doble Jurisdicción, aun mas señala de manera taxativa lo dispuesto en el ordinal:
“… toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.”
Se destaca con exactitud que las sentencias donde se declara la culpabilidad de cualquier orden, priva de manera objetiva y sin lugar a dudas, a excepción de la norma constitucional o que la Ley disponga otra cosa; pues evidentemente es un derecho que tiende a garantizar la tutela judicial efectiva; en consecuencia, no se debe interpretar la ley para violar derechos y garantías constitucionalmente establecidas.
Razón por la cual, es menester dejar claramente establecido que el Código de Procedimiento Civil en el Artículo 288 deja establecido lo siguiente:
“De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición en contrario.” (Negrillas y Subrayado del Tribunal)
Ahora bien, es fundamental transcribir parte de la Resolución de la Sala Plena, N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 39.152 del 2 de Abril de 2009, que establece las nuevas competencias y atribuciones de los Tribunales de Municipio, que textualmente expresa lo siguiente:
“se tramitaran por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 UT): así mismo las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 esjudem respecto al procedimiento breve expresados en bolívares, se fijan en Quinientas Unidades Tributarias (500 UT)”
De la Resolución anteriormente transcrita se desprende que la modificación a las competencias de los Tribunales de la República obedece a la necesidad de descongestionar la actividad que se realiza en los Juzgados de Primera Instancia, ya que se incremento su actuación como Juez de Alzada por la eliminación de los Juzgados de Parroquia, también por el gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa que se han distribuido, así como, los asuntos de familia donde no intervienen niños, niñas y adolescentes, lo cual atenta contra la eficacia judicial; es decir, no se puede deducir que se haya eliminado el recurso de apelación para las decisiones recaídas en los juicios breves. (Negrillas y subrayado del Tribunal)
La interpretación que la Jueza de Municipio del Municipio Los Salías desarrollo en el auto de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010), donde niega el derecho para apelar, es una interpretación acomodaticia para satisfacer las necesidades de su decisión, pero dañina y perjudicial para los derechos e intereses de las partes en el proceso. Además, de ser absolutamente inconstitucional por el hecho de colidir con el ordinal 1° del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza el recurso de apelación o revisión de las sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio, como garantía al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa. Solo en casos excepcionales y expresamente previsto por la ley puede no concederse el recurso en aras y en beneficio de la administración de justicia, pero en este caso concreto no solo la norma constitucional citada garantiza el ejercicio de este derecho, sino que está desarrollado en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y en la novedosa Resolución de la Sala Plena, N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, que establece los presupuestos fundamentales para ser oída la apelación contra la sentencia en ambos efectos y por normal interpretación de esta norma es obligante concluir que en aquellos casos que no se den los presupuestos del articulo 891 esjudem, es justo y apegado a derecho oír la apelación en un solo efecto. Este análisis y por consecuencia deducción es de obligatorio cumplimiento en nuestro ordenamiento procesal, porque así está previsto, con la finalidad de garantizar la doble instancia y colaborar con una sabia administración de justicia, que busque la paz y la armonía social. ASI SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO.
Ahora bien a la luz de la interpretación errónea de la resolución, realizada por la Jueza de Municipio del Municipio Los Salías de esta Circunscripción Judicial se debe dejar claramente establecido, lo que dejo sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de octubre de 2001, con ponencia del magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, (caso J.M. Sousa en Amparo).
En un análisis que en dicho fallo realiza del Artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, de que en aquellos procedimientos breves en los cuales la cuantía sea menor de cinco mil bolívares (hoy 500 U.T.), cabe apelación pero solo en un efecto, expresando que:
“…. No se puede inferir del texto del articulado precedentemente transcrito, que se niegue la posibilidad de apelar de las sentencias definitivas dictadas en los juicios cuya cuantía no excede de cinco mil bolívares (hoy quinientas unidades tributarias). Sólo se infiere que para que la apelación pueda escucharse en dos efectos, es necesario que ocurran dos elementos en forma concurrente: que se realice en tiempo hábil y que el asunto tenga una cuantía mayor de cinco mil bolívares (hoy quinientas (500) unidades tributarias).” (Negrillas y subrayado del Tribunal)
En los procedimientos cuya cuantía sea menor, existe apelación, pero se tramita en un solo efecto cuando ha sido propuesta dentro del término, por lo que cualquiera otra interpretación negaría el principio de la doble instancia, que es, como se indico precedentemente un principio constitucionalmente tutelado.
Criterio éste que comparte esta Superioridad y así debe quedar establecido en todos los juicios breves donde la cuantía sea menor a cinco mil bolívares (hoy quinientas unidades tributarias), en virtud de lo anteriormente expuesto el recurso debe ser oído en un solo efecto, como efectivamente lo declarara esta Alzada en la dispositiva de la presente decisión. Y ASI SE DECIDE.
Por último, esta Juzgadora con el poder disciplinario de índole administrativa y no jurisdiccional que tiene a su cargo, no puede pasar por alto hacer un llamado de atención, a la Juez del Tribunal de la causa, y se le apercibe para que en lo sucesivo, de estricto cumplimiento y atienda con verdadero empeño lo ordenado en la Resolución No. 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que realice interpretaciones que vayan en favor de la celeridad y la expedita administración de la justicia, ello con el fin de evitar desgastes jurisdiccionales innecesarios, puesto que es este Tribunal único Superior del Estado Miranda con competencia en las diversas materias Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que tiene atribuidas.
III
DISPOSITIVA
En mérito de lo precedentemente expuesto este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: CON LUGAR el Recurso interpuesto en fecha primero (1°) de julio de dos mil diez (2010) por la abogada SILVIA ESPERANZA PIÑANGO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MAXIOFERTAS LOS SALIAS, S.R.L., contra el auto dictado en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010) por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
SEGUNDO: En virtud de la declaratoria con lugar se deja sin efecto el auto de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010), y en consecuencia se ORDENA al Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, oír el Recurso de Apelación interpuesto en un solo efecto por la recurrente contra la decisión dictada en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010).
TERCERO: Remítase el presente expediente al Juzgado del Municipio Los Salias de esta misma Circunscripción Judicial.
CUARTO: Regístrese, publíquese, incluso en la página Web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Los Teques, veintidós (22) de septiembre del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR
DRA. YOLANDA DEL CARMEN DÍAZ
LA SECRETARIA,
KIAMARIS MAITA
En esta misma fecha, siendo las diez y veinte de la mañana (10:20 a.m.), se publicó, registró y diarizó la anterior decisión, en el expediente No.10-7279 tal y como fue ordenado.
LA SECRETARIA,
KIAMARIS MAITA
Exp. No. 10-7279.
YD/KM/vp.-
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