TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CON SEDE EN GUARENAS.

PARTE SOLICITANTE PRESUNTA AGRAVIADA: MARIO SERGIO VILLEGAS
C.I. V- 20.285.813.

APODERADO JUDICIAL: CESAR ALVAREZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 77.077.

PARTE PRESUNTA AGRAVIANTE:
Sociedad mercantil HIDROPOTABLES GUAYANA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 04 de enero de 1996, quedando anotada bajo el N° 1, Tomo 9-A.

MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

EXPEDIENTE: A-050-11.

Vista como ha sido la pretensión de amparo constitucional autónomo que encabeza el presente expediente, interpuesta en fecha tres (03) de febrero de 2011, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, por el ciudadano MARIO SERGIO VILLEGAS, titular de la C.I.: V-20.285.813, debidamente asistido por el abogado CESAR ALVAREZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 77.077, contra la empresa HIDROPOTABLES GUAYANA, C.A., este Tribunal pasa a realizar algunas consideraciones respecto a la competencia de este órgano jurisdiccional, así como sobre las condiciones de admisibilidad exigidas a las pretensiones de tutela constitucional, en los siguientes términos:

La pretensión de amparo constitucional deducida por el ciudadano MARIO SERGIO VILLEGAS, encuentra su fundamento en que fue despedido por la presunta agraviante, encontrándose vigente el Decreto de Inamovilidad dictado por el Presidente de la República, motivo por el cual solicitó el reenganche y pago de salarios caídos ante la Inspectoría del Trabajo de Higuerote, siendo admitida dicha solicitud en fecha 17 de junio de 2010, culminando dicho procedimiento con la correspondiente providencia administrativa, de fecha 30 de noviembre de 2010, mediante la cual, alega, se declaró con lugar la solicitud, ordenándose la reincorporación del trabajador a las labores habituales que desempeñaba en la empresa antes de su írrito despido, así como el correspondiente pago de los salarios caídos hasta la fecha de su efectiva reincorporación; señalando que la empresa se negó a dar cumplimiento de dicha orden, agotándose , a su decir la vía administrativa.

De igual forma, denunció la parte accionante, que con el expresado desacato, la empresa accionada viola “…nuestro derechos Constitucionales como trabajadores contenidos en los artículos 2, 27, 49, 51, 55, 60, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como también lo dispuesto en los Artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…” (Sic).

Con base en todo lo expuesto, solicitó “…que el tribunal acuerde de la reincorporación a mi puesto habitual de trabajo con el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido, hasta el momento en que la empleadora ejecute lo ordenado en la Providencia Administrativa.” (Sic).
Asimismo, indicó:
“Con fundamento en el Artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, estimo la presente demanda a la cantidad de DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 12.294.882,00) BOLÍVARES.
De conformidad con el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales pido que se condene a la empresa agraviante con el pago de las costas procesales calculadas según los aprecie el tribunal, así como también los honorarios profesionales causados, tomando en cuenta las actuaciones realizadas en la Inspectoría del Trabajo” (Sic)..

Con base en lo anterior, pasa esta Juzgadora a hacer las siguientes consideraciones:

I
DE LA COMPETENCIA

En primer lugar, debe este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, con fundamento en la norma rectora para la atribución de la competencia constitucional, establecida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual señala:

“Artículo 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

(Omissis).”

En este sentido, es importante distinguir las particularidades del caso examinado, destacando que la pretensión procesal se contrae al cumplimiento de un acto administrativo que reconoce derechos de índole eminentemente laboral. De tal modo, con base en el criterio de afinidad, la doctrina jurisprudencial afirmó la competencia de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, los cuales conocen del primer grado de la jurisdicción, dada la afinidad evidente entre la naturaleza gubernativa del acto impugnado y la especialidad de los juzgados contencioso administrativos para conocer de la legalidad de la gestión estatal.

De la misma manera, dicha doctrina jurisprudencial ha sido reiterada en señalar que los tribunales competentes para confirmar o hacer cesar los efectos del acto o providencia administrativa, serán competentes –por defecto– para ordenar el cumplimiento de estas decisiones gubernativas, cuando su incumplimiento afecte los derechos y garantías constitucionales; o sea, el tribunal al cual por ley se ha atribuido la competencia para el conocimiento de los recursos de nulidad contra actos administrativos, es invariablemente competente para el conocimiento de los recursos de amparo constitucional respectivos.

Ahora bien, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, en su artículo 25, numeral 3, excluye expresamente de la competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las demandas de nulidad contra actos administrativos proferidos por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.

Esta excepción, encuentra su fundamento en el reconocimiento de los derechos laborales como “objeto” último de la pretensión de tutela; así pues, se debe señalar que si bien se trata de un acto gubernativo, la “causa” de esta actividad no es la revisión de la gestión pública, sino la necesaria superintendencia, control y supervisión que ejerce el Estado sobre la actividad de los administrados, y, de tal modo, tiene por “objeto” el reconocimiento de los derechos de los trabajadores frente a la actuación indebida de un particular (empleador) en la relación de trabajo. Entonces, a pesar que la Administración debe desarrollar y controlar su actividad conforme a los principios administrativos propios de la gestión pública, lo cual motivó la atracción de la competencia contencioso administrativa, el mérito de su decisión obedece verdaderamente a las normas, reglas y principios propios del Derecho Sustantivo del Trabajo, cuyo control es, por tanto, competencia de los órganos de la jurisdicción laboral, de conformidad con lo establecido en numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual señala:

“Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:
(Omissis).
3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
(Omissis).”

Así, comoquiera que la pretensión última del accionante en amparo es la realización efectiva del derecho a la estabilidad en el empleo, reconocido en la Providencia Administrativa proferida por la Administración del Trabajo, con fundamento en las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, y dada la competencia necesaria que en materia de amparo constitucional se atribuye a los órganos de la jurisdicción laboral, ex artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal de Juicio del Trabajo afirma su propia competencia para el conocimiento de la presente acción de amparo constitucional y asume la competencia referida. ASÍ SE DECIDE.
II
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Seguidamente, corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto de la admisibilidad de la pretensión de amparo constitucional propuesta, tomando en consideración las circunstancias del caso examinado.

De la revisión efectuada a las actas que conforman el presente expediente, se pudo evidenciar que la acción de amparo constitucional fue interpuesta en fecha tres (03) de febrero de 2011, por el ciudadano MARIO SERGIO VILLEGAS, asistido por el profesional del derecho CESAR ALVAREZ, ampliamente identificados supra, sin que conste en autos documento poder alguno, otorgado por el accionante al mencionado abogado, mediante el cual se establezca la facultad expresa para ejercer la representación judicial de aquél.

En este sentido, considera necesario esta Juzgadora, señalar el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1894 de fecha 27 de octubre de 2006, respecto a la suficiencia del poder para intentar acciones de amparo constitucional, señalando lo siguiente:

“…esta Sala advierte que, revisadas las actas que conforman el presente expediente contentivo de la acción de amparo constitucional y el poder presentado por los abogados Jesús Efraín Muñoz y Oscar Bernal Segovia, otorgado el 15 de febrero de 2005, ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América que corre del folio 13 al folio 15, que tales apoderados judiciales de la accionante realizaron actuaciones procesales afirmando tener representación para ello; no obstante, el poder con que actuaron no es eficaz y suficiente por no atribuir facultad para intentar acciones de amparo constitucional. (Subrayado del presente fallo).

En este orden de ideas, se colige que el poder con que actuaron los abogados Jesús Efraín Muñoz y Oscar Bernal Segovia, es un poder para un caso específico, que únicamente faculta a dichos apoderados judiciales a actuar ante los organismos allí enunciados. Por lo tanto, dichos abogados incurrieron en un error al pretender actuar como representantes de la accionante Cleveland Indians Baseball Company en el presente amparo constitucional, con fundamento en el poder general que este último le otorgó a los fines de que ejercieran la defensa de sus intereses en un proceso distinto.

Precisado lo anterior, considera oportuno esta Sala, reiterar la jurisprudencia dictada en esta materia, la cual ha quedado expresada en sentencia N° 1364 del 27 de junio de 2005 (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias N° 2603 del 12 de agosto de 2005 (caso: Gina Cuenca Batet), N° 152 del 2 de febrero de 2006 (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y N° 1316 del 3 de junio de 2006 (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.), en las que se señaló que:

‘Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el “andamiento” de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…’.

Dentro de este orden de ideas, la legitimación activa en materia de amparo constitucional, corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales; y en el caso sub júdice la supuesta agraviada no otorgó de manera suficiente un mandato o poder que permitiera que estos profesionales del derecho ejercieran su representación válidamente en el presente procedimiento de amparo constitucional. (Resaltado nuestro).

De igual forma, en sentencia de la misma Sala, N° 941, de fecha 20 de agosto de 2010, se reitera el criterio señalado en los términos siguientes:

“Ahora bien, observa la Sala que la representación que se atribuye el abogado Gonzalo Oliveros deriva de un poder otorgado a él y otros abogados con ocasión de un proceso laboral incoado por el mencionado ciudadano contra la sociedad mercantil Servicios Técnicos Industriales C.A. (SETICA, C.A.), el cual reza lo siguiente:

‘Yo, José Luis Muñoz Castro, venezolano, mayor de edad (…) obrando en mi propio nombre y en ejercicio de mis derechos e intereses, declaro: Confiero poder amplio, bastante y suficiente en cuanto a derecho se requiere a los abogados Gonzalo Oliveros Navarro, Ildegar Garrido Fajardo, Miguel Medrano López, (…) para que conjunta o separadamente representen mis derechos e intereses en el proceso judicial que habré de incoar contra mi patrono, a los efectos de hacer efectivo los derechos que la legislación laboral me concede. En ejercicio del mandato conferido los prenombrados apoderados tendrán cuantas facultades procesales fueren pertinentes inclusive las contempladas en los Artículos 154 y 217 del Código de Procedimiento Civil cuyo contenido conozco y doy por reproducido. En consecuencia los mismos podrán intentar la respectiva demanda, darse por notificados, asistir a las audiencias preliminares o de juicio, promover y hacer evacuar medios de prueba, oponer recursos ordinarios o extraordinarios, incluyendo Casación o Control de Legalidad, convenir, desistir o transigir, recibir cantidades de dinero otorgando recibos o finiquitos, hacer posturas en remate y en general realizar cuantas actividades procesales fueren conducentes, en virtud de que la anterior enumeración de facultades tiene carácter enunciativo y no limitativo…’.

Así pues, el referido poder resulta ineficaz e insuficiente para que el mencionado abogado actúe en representación del hoy accionante, pues la acción de amparo es autónoma e independiente de cualquier otro juicio, aun cuando pueda originarse con ocasión de una sentencia u omisión de un órgano jurisdiccional.
(Omissis)
En este sentido, el artículo 133 cardinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable al procedimiento de amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé la falta de representación como una causal de inadmisibilidad, en los siguientes términos:

‘Artículo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:
(Omissis)
3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúe en su nombre, respectivamente.’

En consecuencia, y con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala debe forzosamente declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta contra la sentencia del 16 septiembre de 2009, dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de conformidad con el artículo 133 cardinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.” (Resaltado de este Juzgado)

De modo que, conteste con la doctrina jurisprudencial antes expuesta, debe concluirse que, al no acreditarse en autos poder alguno para actuar como APODERADO JUDICIAL del accionante, ciudadano MARIO SERGIO VILLEGAS, en la presente acción de amparo constitucional, resulta forzoso para este Tribunal, declarar su INADMISIBILIDAD. Así se decide.
I
DISPOSITIVA

Con fundamento en las razones que anteceden, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN GUARENAS, actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MARIO SERGIO VILLEGAS, en su carácter de presunto agraviado, contra la sociedad mercantil HIDROPOTALBLES GUAYANA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04 de enero de 1966, quedando anotado bajo el N° 1, Tomo 9-A, del Libro de Registros respectivo.

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominada Región Miranda.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas, a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil once (2010) AÑOS: 200° y 152°.
LA JUEZA

Abg. GERALDINE GÁSPERI SEBASTIANI

Abg. SOFIA CISNEROS
LA SECRETARIA

Nota: En esta misma fecha, siendo la once horas de la mañana (11:00 a.m.), se dictó y público la anterior decisión.

Abg. SOFIA CISNEROS
LA SECRETARIA

Exp. 050-11.
GGS.