REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, doce de Agosto de 2011. 201º y 152º PARTE DEMANDANTE: BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A., domiciliado en Caracas, Distrito Capital, inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, el 18 de Diciembre de 2009, bajo el N° 42, Tomo 288-A SDO, y modificado su documento Constitutivo Estatutario en fecha 13 de Enero de 2010, bajo el N° 2, Tomo 9-A SDO, por ante la citada Oficina de Registro Mercantil e inscrito en Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° G-20009148-7; ente resultante de la fusión por incorporación autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras conforme se desprende de Resolución N° 682.09 de fecha 16 de Diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.329 de la misma fecha, por lo que BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A., es el sucesor a título universal del patrimonio de la sociedad mercantil BANFOANDES BANCO UNIVERSAL COMPAÑÍA ANÓNIMA, “BANFOANDES C.A.”, domiciliada en la Avenida García de Hevia (5ta Avenida), Esquina Calle 5, Edificio Banfoandes, Parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, inscrita en el Registro de Comercio que por Secretaría llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 3 de Agosto de 1951, bajo el N° 39, modificados totalmente sus estatutos sociales y cambiada su denominación social, en virtud de la transformación a Banco Universal, conforme consta en asiento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 25 de Mayo de 2005, bajo el N° 71, Tomo 10-A.| APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada BRENDA GERARDINE NIÑO, venezolana, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.779 y de este domicilio. PARTE DEMANDADA: Ciudadana MARILUZ ROJAS YURIPE, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V- 8.525.820, con domicilio en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en su carácter de compradora con reserva de dominio y Deudora. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO. Consta de las actas procesales que desde el Veinticuatro (24) de Mayo de 2010, fecha en que el Ciudadano Alguacil manifestó que le fueron consignados los emolumentos necesarios para la elaboración de la compulsa, ha transcurrido más de un año, sin que la parte accionante haya ejecutado ningún acto de procedimiento; en tal virtud, este operador de justicia procede a analizar la norma que rige en materia de perención, contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “Toda instancia se extingue con el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención...” Nuestro máximo tribunal, se ha pronunciado acerca de la perención y el interés procesal en los siguientes términos: “La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio. Este instituto procesal encuentra justificación en el interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso...” (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 08 de febrero de 2002, Oscar Pierre Tapia, Nº 2, año 2002, página 423 y siguientes). “El interés procesal surge de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe. Esta Sala, en decisión del 1° de junio de 2001 (…) señaló: “...Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés”. (...) Para que se declare la perención o el abandono del trámite (sic), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso...” (Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 14 de febrero del 2002, Oscar Pierre Tapia, Nº 2, año 2002, página 372 y siguientes). Aplicando los anteriores criterios legales y jurisprudenciales al caso de autos, la pérdida de interés procesal desde el Veinticuatro (24) de Mayo de 2010, ha conllevado al decaimiento y extinción del proceso, en tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, la perención de la instancia debe ser declarada de oficio. Así se decide. Por los razonamientos expuestos anteriormente, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede civil, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, ha instaurado el BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL C.A., en su carácter de DEMANDANTE, representado por su apoderado judicial, abogada BRENDA GERARDINE NIÑO, venezolana, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.779 y de este domicilio, contra la Ciudadana MARILUZ ROJAS YURIPE, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V- 8.525.820, con domicilio en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en su carácter de compradora con reserva de dominio y Deudora. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso. A tenor de lo estipulado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas. De conformidad con lo previsto en el artículo 251 eiusdem, NOTIFÍQUESE de la presente decisión a la parte demandante, habida cuenta que la parte demandada no ha sido citada y resulta inoficiosa su notificación. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal. Abg. M. Sc. GREGORIO EDECIO PÉREZ AGUILAR Juez Temporal Abg. MARÍA E. VILLAMIZAR DE GALVIS Secretaria En la misma fecha se publicó la anterior decisión quedando registrada bajo el Nº 440 siendo las 02: 40 p.m., se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal y se libró boleta de notificación. Abg. MARÍA E. VILLAMIZAR DE GALVIS Secretaria Exp. Nº 5697-2010 Va si enmienda.